Portada » Derecho » El Régimen Jurídico de la Administración Corporativa e Institucional en el Sector Público
La Administración Corporativa hace referencia a las Corporaciones Públicas Sectoriales de base privada. Estas entidades se definen como personas jurídicas de carácter asociativo-corporativo, es decir, agrupaciones de personas para la consecución de un fin común.
Dentro de esta categoría se incluyen:
Las Corporaciones se diferencian de las Asociaciones en dos aspectos fundamentales:
Su carácter público se justifica por múltiples razones:
Son corporaciones de carácter sectorial, ya que no existe una regulación general y común para todas ellas, sino que cada una se regula en función del sector correspondiente.
Se dice que son de base privada porque, junto al ejercicio de funciones públicas, realizan también funciones privadas en beneficio de sus miembros y actúan como órganos de defensa y representación de sus intereses, contando incluso con legitimación procesal activa para impugnar actos y acuerdos de las Administraciones Territoriales.
La Administración Institucional se refiere a un conjunto de entidades de naturaleza fundacional creadas por otra Administración Pública con el objetivo de desempeñar funciones que forman parte de la competencia de la Administración matriz o de desarrollar actividades privadas para las que dicha Administración tiene reconocida plena capacidad jurídica.
De esta definición se desprenden varias notas características:
El denominado sector público institucional se regula en el Título II de la Ley 40/2015, con aplicación directa en el ámbito estatal. No obstante, algunas de sus disposiciones tienen carácter de legislación básica y resultan de obligado cumplimiento para los organismos y entidades vinculados o dependientes de las Administraciones autonómicas y locales.
Entre los principios generales que rigen la actuación del sector público institucional se encuentran:
La Ley 40/2015 establece, además, la obligación de que todas las Administraciones Públicas implanten un sistema de supervisión continua sobre sus entidades dependientes.
Finalmente, la misma norma crea un Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, configurado como un registro público administrativo que ofrece información y publicidad acerca de las entidades que forman parte del sector público institucional y sobre las características específicas de cada una de ellas.
