Portada » Historia » El Régimen Franquista: Instituciones, Leyes y Oposición (1939-1975)
El régimen franquista fue una dictadura autoritaria liderada por Francisco Franco, caracterizada por la concentración absoluta del poder, la falta de libertades y una fuerte represión. No existía una separación de poderes, ya que Franco ejercía simultáneamente como Jefe del Estado, del Gobierno y Generalísimo del Ejército.
Acumulaba todo el poder bajo tres títulos: Generalísimo, Jefe del Estado y Caudillo del Movimiento Nacional (FET-JONS y CNS). Eliminó cualquier oposición interna dentro del ejército y gobernó sin contrapesos institucionales.
No eran un parlamento democrático, sino un órgano deliberativo cuyos miembros, llamados procuradores, eran designados por el régimen desde sindicatos, familias o municipios. En 1969, estas Cortes juramentaron a Juan Carlos I como sucesor de Franco, instaurando la monarquía.
La única estructura política permitida, integrada por la Falange (FET-JONS) y el Sindicato Vertical (CNS), que controlaba la vida política y sindical del país.
El ejército garantizaba la estabilidad del régimen y la Iglesia legitimaba su autoridad, influyendo en la educación y la moral pública.
Organizada en municipios y diputaciones, con alcaldes nombrados directamente por Franco o elegidos por el sistema de tercios.
El régimen no tuvo una Constitución, sino un conjunto de Leyes Fundamentales que regulaban el sistema:
Primera legislación franquista, de carácter corporativista, que prohibía los sindicatos libres.
Instrumento represivo para castigar a opositores.
Creación de las Cortes Españolas sin poder real.
Proclamaba derechos formales, pero sin garantías efectivas.
Permitía consultas populares, pero sin transparencia democrática.
Declaraba España como un reino y otorgaba a Franco el derecho de designar sucesor, eligiendo en 1969 a Juan Carlos I.
Reafirmaban la ideología franquista y la unidad del régimen.
Recopilación de las leyes fundamentales, reafirmando la autoridad de Franco y adaptando su discurso para mejorar su imagen exterior.
Regulaba la administración municipal, centralizando el control en el Estado.
Durante los primeros años, el franquismo tuvo una fuerte influencia fascista, pero tras la Segunda Guerra Mundial, se vio obligado a adaptar su imagen. Entre 1945 y 1947, se aprobaron leyes como la Ley de Cortes y la Ley de Jefatura del Estado, que buscaban dar una apariencia menos autoritaria. Sin embargo, la estructura de poder permaneció intacta.
En los años 60, la autarquía económica fue sustituida por el desarrollismo impulsado por tecnócratas, pero el régimen mantuvo su naturaleza represiva hasta la muerte de Franco en 1975. La Transición a la democracia comenzó con la proclamación de Juan Carlos I y culminó con la Constitución de 1978.
Este documento es un texto legal que recoge la Ley de 25 de septiembre de 1941, por la cual se crea el Instituto Nacional de Industria (INI). Se trata de una fuente primaria, ya que es un testimonio directo de la legislación franquista y de su política económica.
El texto expone la necesidad de impulsar la industrialización de España en un momento de gran debilidad económica tras la Guerra Civil. Se menciona que la balanza de pagos es tradicionalmente desfavorable y que la inversión privada no es suficiente para desarrollar sectores clave. Muchas industrias requieren inversiones demasiado grandes o tienen una rentabilidad baja, lo que desincentiva a los empresarios y a los organismos financieros. Por ello, el Estado interviene creando el INI, un organismo público con personalidad jurídica propia, encargado de financiar y fomentar el desarrollo industrial en sectores estratégicos, con especial atención a la defensa nacional y la autosuficiencia económica. Además, el INI permite canalizar el ahorro nacional para destinarlo a la industria, asegurando que este proceso se lleve a cabo según los principios políticos del franquismo.
El contexto de esta ley es el de la España de posguerra, marcada por la devastación económica, la falta de recursos y el aislamiento internacional. Tras la Guerra Civil, el país quedó en una situación crítica, con una industria debilitada y graves problemas de abastecimiento. A esto se sumó el rechazo de la comunidad internacional hacia el régimen franquista, lo que dificultó el acceso a créditos y comercio exterior. Ante esta situación, el franquismo adoptó una política económica autárquica, basada en la autosuficiencia y el control estatal de la producción.
Sin embargo, este modelo pronto mostró sus limitaciones. La falta de competencia y la ineficiencia del Estado provocaron problemas de estancamiento y escasez. Con el paso de los años, especialmente a partir de la década de 1950, España comenzó a abandonar progresivamente esta estrategia, dando paso a una mayor liberalización económica y a la entrada de capital extranjero, lo que marcó el inicio del desarrollo económico del país.
Este texto es un fragmento de un texto jurídico, una fuente primaria que recoge parte de la Ley Orgánica del Estado, promulgada el 11 de enero de 1967. Se trata de una de las últimas Leyes Fundamentales del franquismo, cuyo propósito era actualizar y consolidar la estructura del régimen, otorgándole una apariencia de institucionalización.
El contenido de la ley reafirma el carácter autoritario y centralista del Estado español. En sus artículos se establece que España es un reino, con una soberanía nacional única e indivisible, lo que excluye cualquier forma de descentralización o delegación del poder. El Jefe del Estado, cargo ocupado por Francisco Franco, es definido como la máxima autoridad, concentrando en su persona los poderes político, administrativo y militar, además de presidir el Movimiento Nacional, el partido único del régimen. También se menciona la figura del Presidente del Gobierno, quien debía ser nombrado directamente por Franco con la intervención del Consejo del Reino, aunque en la práctica su papel estaba subordinado al del dictador.
El contexto en el que se promulga esta ley es el de una España en transformación. Durante la década de 1960, el país experimentó un crecimiento económico impulsado por el Plan de Estabilización de 1959 y la apertura parcial a la inversión extranjera. Sin embargo, en el ámbito político, el franquismo seguía siendo un sistema dictatorial, sin separación de poderes, sin libertades democráticas y con una represión sistemática de la oposición.
A pesar de la modernización económica y de esta aparente «institucionalización» del régimen, la sociedad española seguía sin derechos políticos ni libertades fundamentales, lo que generaba un creciente descontento, sobre todo entre estudiantes, trabajadores y sectores intelectuales. En el ámbito internacional, el régimen también enfrentaba presiones para democratizarse, aunque Franco se resistía a cualquier cambio real. En conclusión, la Ley Orgánica del Estado de 1967 fue un intento del franquismo por legitimar su estructura política y adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su carácter autoritario. Sin embargo, no supuso una democratización real, sino una reafirmación del control absoluto de Franco hasta su muerte en 1975.
Este texto es un fragmento de un texto jurídico, una fuente primaria que corresponde a la Ley de Responsabilidades Políticas, promulgada en febrero de 1939, poco antes de finalizar la Guerra Civil Española. Su objetivo principal era perseguir y castigar a todas aquellas personas, partidos y organizaciones que hubieran apoyado la República o que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional desde el 1 de octubre de 1934.
Esta ley fue una de las principales herramientas de represión del franquismo, estableciendo un carácter retroactivo en la persecución de los vencidos. En ella se establecen tres aspectos fundamentales:
Tribunales especiales con una composición de jueces pertenecientes al Ejército, la Magistratura y la Falange, garantizando así juicios expeditivos y sin garantías legales.
Responsabilidad penal de republicanos y opositores, no solo por sus acciones desde el golpe militar de 1936, sino también por hechos ocurridos desde 1934, juzgando incluso a personas ya fallecidas o exiliadas.
Prohibición y confiscación de bienes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones afines a la República, cuyos activos pasaban a ser propiedad del Estado.
Este decreto forma parte de la estrategia del régimen para legitimar su dictadura y presentarse como el vencedor absoluto de la guerra. Franco justificó su gobierno bajo la idea de una cruzada contra los “rojos”, denominando a su golpe de Estado como “Glorioso Alzamiento Nacional” y a su régimen como “Movimiento Nacional”.
La represión franquista se intensificó en los primeros años de la posguerra. La Ley de Responsabilidades Políticas fue el pilar jurídico de esta persecución, complementada en 1940 con la Ley de Represión del Comunismo y la Masonería. Además, se instauró un estado de guerra permanente que suspendía los pocos derechos reconocidos por el régimen en textos como el Fuero de los Españoles.
Podemos identificar tres niveles en los que se aplicó la represión:
Cultural: eliminación de lenguas y expresiones culturales distintas a la visión oficial del franquismo.
Política: supresión de partidos, sindicatos y asociaciones no alineadas con el régimen.
Moral y religiosa: imposición del nacionalcatolicismo, con la Iglesia como pilar ideológico del nuevo Estado.
Esta ley pertenece a la primera etapa de la dictadura, caracterizada por la persecución política, la Causa General y la lucha contra la resistencia guerrillera (maquis). Sucesivas normativas ampliarían este marco represivo, como el Tribunal de Orden Público (TOP) en 1963.
En definitiva, la Ley de Responsabilidades Políticas consolidó el poder de Franco, instaurando un Estado basado en la represión y la eliminación de cualquier oposición. Esta legislación sirvió como instrumento de castigo y venganza, llevando a la cárcel, al exilio o a la muerte a miles de republicanos, entre ellos Lluís Companys, Joan Peiró y Julián Zugazagoitia, entregados por la Gestapo y ejecutados en 1940.
La oposición al franquismo se divide en dos etapas principales: el primer franquismo (1939-1956) y el segundo franquismo (1956-1975). Durante ambas fases, la represión fue una constante, aunque las estrategias opositoras evolucionaron desde la lucha armada hasta la movilización social y política.
La oposición en esta etapa fue débil debido a la represión política, cultural y social del régimen. Se destacaron tres frentes principales:
Oposición en el exilio: Partidos como el PSOE y el PCE se reubicaron en el extranjero, intentando reorganizar la resistencia desde el exterior.
Oposición interna: Dentro de España, la resistencia estuvo liderada por el PCE y el PSUC, con movimientos guerrilleros urbanos y rurales. La invasión del Valle de Arán en 1944 fue uno de los intentos más relevantes de derrocar el franquismo mediante la lucha armada, aunque fracasó.
Movimientos monárquicos: En 1945, Don Juan de Borbón publicó el Manifiesto de Lausana, pidiendo la restauración de la monarquía. Esto generó tensiones con Franco, quien logró desactivar esta amenaza asegurando que su sucesor fuera Juan Carlos I.
En 1956, la oposición estudiantil tuvo un papel importante cuando en Madrid se pidieron elecciones libres para delegados universitarios. La respuesta del régimen fue la represión de maestros y estudiantes.
A partir de la década de 1960, la oposición tomó formas más organizadas y efectivas:
La represión de los sindicatos obligó a los trabajadores a integrarse en el Sindicato Vertical. Sin embargo, Comisiones Obreras (CCOO), ligada al PCE, logró articular protestas y huelgas masivas. En los años 70, el Proceso 1001 llevó a los dirigentes de CCOO a la cárcel.
En 1956 se registraron los primeros altercados en la Universidad de Madrid, y en los años 60 y 70 las universidades se convirtieron en focos de oposición, generando una respuesta represiva por parte del régimen.
En 1971 se creó la Asamblea de Cataluña.
En 1974 surgieron la Plataforma y la Junta Democrática (Plata-Junta).
Algunos sectores franquistas, como Manuel Fraga, comenzaron a buscar una modernización del sistema, fundando en los años 70 Alianza Popular.
ETA: Fundada en 1959, inicialmente con un enfoque nacionalista vasco, en 1964 inició su actividad terrorista. En 1968 cometió su primer asesinato.
Juicio de Burgos (1970): Intento del régimen de desmantelar ETA, aunque terminó generando mayor simpatía por la causa vasca.
Atentado contra Carrero Blanco (1973): ETA asesinó al presidente del Gobierno, lo que aceleró la crisis del franquismo.
Otros grupos armados: Surgieron organizaciones de izquierda como el FRAP y el GRAPO.
En septiembre de 1975, el régimen realizó sus últimas ejecuciones. Dos meses después, en noviembre de 1975, falleció Franco, lo que abrió paso a la Transición Democrática.
La política exterior del franquismo (1939-1975) estuvo marcada por la necesidad de garantizar la supervivencia del régimen, adaptándose a las circunstancias internacionales. Franco dirigió personalmente la diplomacia, nombrando ministros de Asuntos Exteriores alineados con sus objetivos.
Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Franco se declaró neutral debido a la situación económica y militar del país. Sin embargo, con la caída de Francia en 1940, adoptó una posición no beligerante, buscando beneficios de la victoria alemana. En octubre de ese año, se reunió con Hitler en Hendaya, pero rechazó entrar en la guerra al no recibir las concesiones deseadas, como Gibraltar.
En 1941, con la invasión nazi a la URSS, Franco envió la División Azul como gesto de apoyo. No obstante, tras la entrada de EE.UU. en la guerra en 1941 y el cambio del curso bélico en 1942, comenzó a distanciarse del Eje. Las presiones de EE.UU. lo llevaron a retirar la División Azul en 1944, iniciando un giro hacia la neutralidad.
Tras la derrota del Eje en 1945, la comunidad internacional aisló a España por su carácter fascista. La ONU condenó el régimen en 1946, lo que provocó la retirada de embajadas extranjeras. Además, España quedó excluida del Plan Marshall, agravando la crisis económica.
En respuesta, Franco intentó mejorar su imagen, eliminando algunos símbolos fascistas y presentándose como un baluarte contra el comunismo en plena Guerra Fría. Buscó apoyo en Iberoamérica, estableciendo vínculos con Perón en Argentina y manteniendo relaciones con Portugal y el Reino Unido.
Con la Guerra Fría, EE.UU. reconsideró su postura hacia España. En 1953, firmó el Tratado de Madrid con Franco, permitiendo la instalación de bases militares estadounidenses a cambio de ayuda económica y militar. Este acuerdo marcó el fin del aislamiento. En 1955, con el respaldo de EE.UU., España fue admitida en la ONU.
En los años 60, el régimen intentó acercarse a Europa, pero no pudo ingresar en la CEE debido a su falta de democracia. Aun así, mantuvo relaciones con los países del bloque occidental y estableció lazos con los países árabes por intereses petroleros. También mejoró sus relaciones con algunos países comunistas del Este.
En 1957-1958, España luchó en la Guerra de Ifni contra Marruecos, perdiendo parte del control sobre el Sahara Occidental. En 1975, con Franco gravemente enfermo, se aceptó la entrega de este territorio a Marruecos y Mauritania tras la Marcha Verde.
A pesar de la apertura diplomática, el régimen nunca logró integrarse plenamente en el bloque occidental. La transición a la democracia tras la muerte de Franco en 1975 estuvo influenciada por EE.UU., Alemania y Francia, facilitando el ingreso de España en la OTAN (1982) y en la CEE (1986).
La política exterior franquista fue pragmática, ajustándose a las circunstancias para asegurar la continuidad del régimen. Pasó del aislamiento al reconocimiento internacional, aunque sin lograr una plena integración en el mundo occidental debido a su carácter dictatorial.