Concepto del Contrato de Transacción

Si bien comúnmente el sustantivo «transacción» alude a cualquier tipo de convención, en sentido técnico, “la transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio, o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas” (art. 1641 del Código Civil y Comercial de la Nación).

Método del Código Civil y Comercial

El derogado Código de Vélez legislaba la materia dentro de la parte concerniente a la “extinción de las obligaciones”, siguiendo de tal forma el método expuesto por Freitas en el Código Civil de Brasil. Por ende, el instituto estaba enumerado como un medio de extinción en el art. 724, y tratado en los arts. 832 y siguientes del anterior cuerpo legal. Sin embargo, el Código Civil y Comercial, siguiendo en este sentido al Proyecto de 1998, al considerar a la transacción como un contrato la regula dentro del Título IV “Contratos en particular”, del Libro Tercero (Derechos Personales).

Creemos acertada la técnica legislativa seguida por la Comisión Reformadora, puesto que de tal manera se enrola concomitantemente con lo que la doctrina mayoritaria venía pregonando en los últimos tiempos. Vale decir que así es como se encuentra legislado el instituto en la mayoría de los ordenamientos jurídicos del Derecho comparado, como son los Códigos civiles de España (art. 1809), Italia (art. 1965), Francia (art. 2044 y ss.), entre otros.

Requisitos Esenciales de la Transacción

La transacción, al ser un contrato, debe contener necesariamente los elementos de todo negocio jurídico bilateral (capacidad, objeto y forma), pero además es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

• Concesiones recíprocas: Este requisito caracteriza a la transacción y la distingue de otras figuras jurídicas afines. En efecto, la ley exige que las partes se hagan concesiones y que estas sean recíprocas, lo cual significa que cada una deberá sacrificar en alguna medida sus derechos o pretensiones. En otras palabras, podemos decir que en la transacción se exige que ambas partes renuncien parcial y recíprocamente a sus pretensiones, pues si las hubiese solo de una de las partes, nos hallaríamos en presencia de una renuncia, en lugar de una transacción, o de un allanamiento, si solo medió admisión de los derechos del accionante.
• Extinción de obligaciones dudosas o litigiosas: Este instituto consiste en un acuerdo de voluntades tendiente a producir la extinción de relaciones jurídicas dudosas o litigiosas. Por consiguiente, los derechos de las partes deben estar en tela de juicio. Las obligaciones litigiosas son aquellas cuya existencia o eficacia resultan ser inciertas y son materia de un juicio contradictorio que esperan ser dilucidadas por los tribunales, por lo cual la transacción persigue poner fin a dicho litigio (transacción judicial). En cambio, hablamos de obligación dudosa cuando, sin haberse iniciado proceso judicial alguno, en la opinión de las partes sus derechos son inciertos o discutibles y, por ende, deba recurrirse posteriormente a una litis para dirimir la cuestión, con lo cual a través de la transacción se persigue evitar la promoción de un proceso judicial (transacción extrajudicial).

Caracteres del Contrato de Transacción

• Consensual: Nace solamente por el consentimiento de las partes, quienes deciden extinguir, a través de dicho acuerdo, obligaciones litigiosas o dudosas.
• Bilateral: Ambas partes quedan obligadas mediante obligaciones principales interdependientes entre sí. Se reconoce a la transacción como una convención destinada a prevenir controversias futuras, que involucra la declaración y el reconocimiento de derechos de las partes que la celebran, a cambio del sacrificio de una porción de sus pretensiones originarias que ellas también realizan mutuamente.
• Onerosa: Cada parte obtiene una ventaja a cambio de resignar parte de su pretensión inicial, que es justamente la prestación que ella realiza a cambio de dicha ventaja.
  

  “Gratuidad y transacción son conceptos incompatibles porque si a una parte le sale gratis el acuerdo, ello quiere decir que nada ha cedido para obtenerlo y, consecuentemente, no se evidencia uno de los requisitos esenciales de la transacción cual es el de las concesiones recíprocas” (López Mesa).

• De interpretación restrictiva: El art. 1642 del CCyC en su parte final establece que la transacción es de interpretación restrictiva. En función de ello, podemos decir que no caben interpretaciones extensivas y, en caso de duda, se debe concluir que solo afectan a los derechos que inequívocamente hayan sido transados.

Forma y Prueba de la Transacción

La transacción debe hacerse por escrito. Si recae sobre derechos litigiosos solo es eficaz a partir de la presentación del instrumento firmado por los interesados ante el juez en que tramita la causa. Mientras el instrumento no sea presentado, las partes pueden desistir de ella (art. 1643 CCyC).

Por lo tanto, si la transacción recae sobre derechos litigiosos (transacción judicial), en orden a lo dispuesto por el artículo 1643 del Código, es necesaria la presentación del instrumento suscripto por los interesados ante el juez donde tramita la causa para que la misma sea eficaz.

Por otra parte, si la transacción es realizada sobre derechos litigiosos o dudosos respecto de bienes inmuebles, a la forma escrita hay que agregarle la exigencia de ser formalizada mediante escritura pública. Tal es lo previsto expresamente en el art. 1017 del CCyC.

Clases de Transacción

Como hemos visto anteriormente, la transacción puede ser judicial o extrajudicial.

Transacción Judicial

Habrá transacción judicial cuando se produce durante el transcurso de un proceso judicial. No obstante ello, agrega Pizarro que, para que se considere tal, además de versar sobre derechos litigiosos, judicialmente controvertidos, se exige que también haya sido notificada la demanda, es decir, que se encuentre trabada la litis.

Controversia sobre la Homologación Judicial

Un tema que genera controversia tiene que ver con la necesidad o no de que dicho acuerdo transaccional requiera la homologación judicial para que sea válido. Existen dos posturas doctrinarias principales:

• Un sector de la doctrina (Calvo Costa) considera que no es necesaria la homologación judicial, puesto que la transacción es eficaz a partir de su presentación en el expediente donde tramita la causa, sin exigir el art. 1643 del CCyC ninguna formalidad adicional.
• Otro sector (Arazi) considera, en mérito a lo prescripto por el art. 308 del Código Procesal de la Nación, que cuando la transacción se presenta en un proceso en trámite, debe ser homologada por el juez, quien también deberá analizar la concurrencia de los requisitos exigidos para su validez. En virtud de lo cual, la homologación del convenio importa la finalización de la instancia como un modo anormal de terminación del proceso, en tanto dicha convención produce para las partes los efectos de una sentencia definitiva (cosa juzgada), y en caso de que no se homologue, continuarán los procedimientos del juicio.

Este tema, que genera cierta polémica, ha llevado a autores a preguntarse:

“¿Cuál sería el objeto de presentar la transacción en el expediente judicial, si el juez nada debiera hacer con ella, si no debiera evaluarla a los efectos de su homologación o rechazo?” (López Mesa).

Transacción Extrajudicial

Por su parte, la transacción es extrajudicial cuando es realizada respecto de obligaciones o derechos dudosos (no litigiosos aún), sin intervención de los tribunales.

Sujetos y Capacidad para Transigir

La capacidad exigida para la transacción es la misma que se requiere para contratar. Sin embargo, el art. 1646 determina que no pueden hacer transacciones:

• Las personas que no puedan enajenar el derecho respectivo (ej.: personas por nacer, menores de edad, etc.).
• Los padres, tutores o curadores respecto de las cuentas de su gestión, ni siquiera con autorización judicial. De contrariarse esta prohibición, el acto es nulo de nulidad absoluta por afectar el orden público.
• Los albaceas, en cuanto a los derechos y obligaciones que confiere el testamento, sin la autorización del juez de la sucesión.

Respecto de la representación necesaria para transar, resulta necesario poner de manifiesto que no se puede transigir en nombre de otra persona sino con un poder especial, con indicación de los derechos u obligaciones sobre los cuales debe versar la transacción.

Objeto del Contrato de Transacción

En principio, cualquier derecho susceptible de ser objeto de un acto jurídico también puede ser susceptible de transacción. Al tratarse de un contrato, se le aplican todas las normas del Código que regulan el objeto de los actos jurídicos y de los contratos. En consecuencia, podemos decir que se puede efectuar una transacción sobre todos aquellos derechos subjetivos que sean disponibles para las partes, siempre y cuando no se vulneren normas de orden público.

El art. 1644 del CCyC establece qué derechos no pueden ser objeto de transacción al prescribir:

“No puede transigirse sobre derechos en los que está comprometido el orden público, ni sobre derechos irrenunciables. Tampoco pueden ser objeto de transacción los derechos sobre las relaciones de familia o el estado de las personas, excepto que se trate de derechos patrimoniales derivados de aquéllos, o de otros derechos sobre los que, expresamente, este Código admite pactar”.

Efectos de la Transacción

Autoridad de cosa juzgada

La transacción produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial (art. 1642 del CCyC). El efecto de la cosa juzgada que produce la transacción provoca la imposibilidad de que se reitere posteriormente un reclamo entre las mismas partes o por el mismo asunto, y que se vuelva a juzgar un hecho que ha sido motivo de un acuerdo transaccional. Asimismo, debemos advertir que la norma consagra la innecesariedad de que exista homologación judicial para que la transacción sea eficaz.

Efecto declarativo

La transacción no tiene efecto traslativo sino declarativo de derechos. Como consecuencia de ello, al reconocer el derecho de la otra parte, uno de los transigentes no está transmitiendo derecho alguno, sino solo reconociendo la preexistencia de dicho derecho en cabeza de quien lo tiene plenamente reconocido luego de efectuada la transacción. No podemos dejar de soslayar que la declaración o reconocimiento de esos derechos (sobre los que se transa) no obliga al que la hace a garantirlos, ni le impone responsabilidad alguna en caso de evicción (arts. 1044 y 1045 CCyC), puesto que esto último solo puede corresponder a quien transmite un derecho.

Efecto extintivo

La transacción extingue los derechos y obligaciones que las partes hubiesen renunciado, incluyendo también los accesorios y garantías de ellos. Si la transacción es extrajudicial, las partes para hacerla cumplir tienen la acción mediante el respectivo proceso de conocimiento; en cambio, si es judicial, tiene para las partes la autoridad de cosa juzgada, confiriendo, por tanto, acción para obtener su cumplimiento a través del procedimiento previsto para la ejecución de sentencias ante el mismo juez y dentro del proceso que motivó la transacción.

Efecto vinculante

Al ser un contrato, la transacción obliga a las partes que la han realizado, por lo cual ambas quedan vinculadas jurídicamente, lo que implica la facultad de exigir a la otra el cumplimiento de lo convenido en el acto transaccional. Sin embargo, y en virtud del principio del efecto relativo de los contratos, no puede ser oponible a terceros, alcanzando sus efectos únicamente a las partes y a sus herederos y sucesores universales.