Nociones Fundamentales del Derecho

El Derecho se concibe como un conjunto de normas cuya finalidad es ordenar la convivencia social y encauzar las relaciones entre las personas, diferenciándose de la moral. Regula las conductas externas y prevé sanciones en caso de incumplimiento, mientras que la moral actúa sobre la conciencia sin imponer castigos.

El Derecho puede entenderse desde tres perspectivas complementarias:

• Primero, como un conjunto de reglas que limitan la libertad individual a través de normas prohibitivas, ejerciendo un carácter represivo.
• Segundo, como un instrumento que garantiza la libertad, la seguridad y la propiedad de las personas, protegiéndolas frente a la injerencia de otros y ampliando sus posibilidades de actuación (como ocurre al permitir el paso de peatones cuando el semáforo está en verde).
• Y tercero, como un sistema que recoge prácticas sociales preexistentes, revistiéndolas de un ropaje jurídico y otorgándoles derechos y obligaciones (como sucede con el matrimonio o el trabajo).

En definitiva, el Derecho busca dar respuesta a las necesidades sociales estableciendo normas que encaucen la convivencia.

Concepto y Características del Derecho Administrativo

El Derecho Administrativo es la rama del Derecho Público que regula las relaciones de las Administraciones Públicas entre sí, así como sus relaciones con los ciudadanos o particulares. Tradicionalmente se les ha llamado «administrados», aunque este término resulta impreciso y se prefiere hablar de ciudadanos o particulares que disfrutan de los derechos otorgados por la Administración.

Aunque carezcan de derechos políticos (cuando no sean nacionales de la Unión Europea o no exista reciprocidad internacional), este Derecho tiene como finalidad buscar un equilibrio entre los privilegios y prerrogativas que se atribuyen las Administraciones Públicas y las garantías que corresponden a los ciudadanos. Un ejemplo es la expropiación forzosa, que permite privar a un particular de su propiedad pero exige una compensación adecuada mediante indemnización.

El Derecho Administrativo se caracteriza por ser estatutario, porque afecta a un grupo concreto de personas (como ocurre en el Derecho Mercantil), y también por ser un Derecho persuasivo en la política, pues la Administración es dirigida por el gobierno. Todos sus empleados públicos están sujetos al principio de imparcialidad y objetividad para garantizar el servicio a los intereses generales.

Además, es un Derecho cambiante que se adapta a las nuevas exigencias de la realidad social y que exige que las Administraciones actúen siempre persiguiendo el interés público, con principios como la eficacia administrativa, el principio de proporcionalidad (que exige ajustar los medios a los fines) y la utilización de la descentralización y desconcentración administrativa para optimizar la gestión pública.

Gobernanza en el Derecho Público y la Huida del Derecho Administrativo

El concepto de gobernanza en el ámbito del Derecho Público implica un modo de gobernar que va más allá de la simple ejecución de actividades y que exige eficacia, calidad, transparencia y honestidad en la gestión pública.

Mientras que el término cogobernanza se refiere a la participación conjunta entre el gobierno central y los gobiernos regionales o locales, con el objetivo de involucrar a los ciudadanos no solo en la elección de sus representantes cada cuatro años, sino también en la gestión de la toma de decisiones y el control de las políticas públicas.

A todos los niveles, esta participación se articula mediante instrumentos como los consejos económicos y sociales, que operan en el ámbito internacional (como el ECOSOC de Naciones Unidas), a nivel europeo (con el Comité Económico y Social Europeo de la UE) y a nivel estatal (con los consejos económicos y sociales de las comunidades autónomas). Además, el Consejo de Política Fiscal y Financiera coordina las políticas presupuestarias y la política de endeudamiento regional entre el Estado y las comunidades autónomas. La gobernanza europea se materializa en instituciones como el Tribunal de Cuentas, que garantiza la transparencia y la correcta gestión de los fondos públicos.

La huida del Derecho Administrativo se produce cuando la rigidez de sus normas dificulta la consecución de la eficacia administrativa, optándose por recurrir a soluciones del Derecho Privado, que ofrece mayor flexibilidad y adaptabilidad. Un ejemplo de esta huida son las concesiones de servicios públicos a empresas privadas, como en el caso de las autopistas de peaje, cuya construcción y explotación se confía a entidades privadas bajo mecanismos de control por parte de la Administración.

Privilegios y Garantías en el Derecho Administrativo

El Derecho Administrativo confiere a la Administración Pública privilegios o prerrogativas que la sitúan en una posición de superioridad respecto a los ciudadanos. Tales como:

• La presunción de legitimidad de sus actos, que implica que estos se consideran válidos salvo prueba en contrario.
• La posibilidad de actuar coactivamente sobre las personas y bienes mediante la ejecución forzosa (sin necesidad de intervención judicial) o el privilegio de ejecutoriedad, que permite a la Administración ejecutar directamente sus decisiones.
• La inmunidad de embargo respecto a sus bienes.
• La facultad de recuperación de oficio de bienes públicos ocupados indebidamente.

Sin embargo, estos privilegios se equilibran con las garantías de los ciudadanos, expresadas en la sumisión de la Administración a todo el ordenamiento jurídico y a la jurisdicción de los tribunales, la obligación de seguir procedimientos administrativos reglados y el principio de seguridad jurídica, que exige la publicación de las normas y su conocimiento público.

En definitiva, estos privilegios y garantías coexisten como mecanismos que buscan un equilibrio entre la satisfacción del interés general y la protección de los derechos de los ciudadanos.