El Estado: Concepto, Evolución y Forma Política en España

1. El Estado: Concepto y Elementos Fundamentales

Origen del Estado Moderno

• Nace en la Edad Moderna (siglo XV), rompiendo con la fragmentación del poder medieval.
• Subordinación del poder religioso al civil (monarquía absoluta).

Concepto de Estado

• Organización jurídica de un pueblo en un territorio, bajo un gobierno soberano.

Elementos del Estado

• Territorio: Espacio geográfico delimitado por fronteras.
• Población o Pueblo: Comunidad humana con conciencia nacional.
• Organización Política: Independiente y soberana dentro de su territorio.

2. El Estado de Derecho

Definición

• Modelo de Estado donde tanto gobernantes como ciudadanos están sometidos al Derecho.

Orígenes Históricos

• Bill of Rights (1689) en Inglaterra.
• Filosofía ilustrada: Locke, Montesquieu, Rousseau, Kant.
• Revoluciones liberales (EE. UU. 1776, Francia 1789).

Principios Fundamentales

• Soberanía Popular: El poder reside en el pueblo (art. 1.2 CE).
• División de Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
• Principio de Legalidad: Todos están sujetos al Derecho (art. 9.3 CE).
• Reconocimiento de Derechos Fundamentales: (Título I CE).

3. El Estado Social y Democrático de Derecho (Art. 1.1 CE)

No es un modelo distinto del Estado de Derecho, sino una evolución que incorpora componentes sociales y democráticos.

El Estado Social

• Surge tras la Segunda Guerra Mundial.
• Influencias:
  • Revolución Industrial y el surgimiento del proletariado.
  • Críticas al liberalismo (socialismo, comunismo, anarquismo).
  • Revolución Rusa, Constituciones de México (1917) y Weimar (1919).
• Características:
  • El Estado interviene activamente en la sociedad y la economía.
  • Garantiza derechos sociales (educación, sanidad, trabajo, etc.).
  • Busca la igualdad real entre clases sociales.

El Estado Democrático

• Soberanía Popular: La ciudadanía como titular del poder.
• Sufragio Universal: Elección libre de representantes.
• Pluralismo Político y Derechos Fundamentales.

4. Forma Política del Estado Español: Monarquía Parlamentaria (Art. 1.3 CE)

Jefatura del Estado: El Rey

• Funciones simbólicas, moderadoras y representativas (Título II CE).
• No tiene poder político ni soberanía.
• Necesita refrendo para sus actos (salvo excepciones: art. 65.2 CE).

Sistema Parlamentario

• Soberanía Popular: El pueblo como origen del poder estatal.
• Poder Legislativo Central: La elección del Ejecutivo depende del Parlamento (art. 99 CE).
• Relación de Confianza entre Legislativo y Ejecutivo: El Gobierno necesita la confianza del Congreso de los Diputados (art. 108 CE).

La Constitución Española de 1978: Supremacía y Contenido

1. Supremacía Normativa de la Constitución

Concepto

• La Constitución es la norma jurídica suprema que organiza el Estado y garantiza la convivencia.

Origen

• Emana del poder constituyente del pueblo.

Tipos de Supremacía

• Formal: La Constitución se sitúa en la cúspide del ordenamiento jurídico, regulando el sistema de fuentes y limitando la producción normativa.
• Material: Toda norma debe ajustarse a la Constitución; de lo contrario, es inválida y nula.

2. Supremacía Formal: Regulación y Reforma Constitucional

a) Fuente de las Fuentes del Derecho

La Constitución Española de 1978 (CE/78) asigna competencias normativas a diversos órganos:

• Cortes Generales (art. 66.2 CE): Potestad legislativa.
• Gobierno (arts. 82-86 CE): Normas con rango de ley y potestad reglamentaria.

Además, regula materias y procedimientos para elaborar leyes (orgánicas, decretos-ley, presupuestos, etc.).

b) Reforma Constitucional (Título X, arts. 166-169 CE)

• Rigidez Constitucional: No se puede modificar como cualquier otra norma.
• Fundamento: Estabilidad, consenso y permanencia.
• Reformas hasta hoy: Art. 13.2 (1992), art. 135 (2011), art. 49 (2024).

c) Procedimientos de Reforma

• Ordinario (art. 167 CE): Para reformas parciales que no afecten al Título Preliminar, los derechos fundamentales (arts. 15-29 CE) o el Título II (La Corona).
  • Necesita mayoría de 3/5 en ambas Cámaras.
  • Referéndum si lo solicitan 1/10 de diputados o senadores.
• Agravado (art. 168 CE): Para reformas que afecten a partes esenciales de la CE.
  • Mayoría de 2/3 en ambas Cámaras.
  • Disolución de las Cortes.
  • Ratificación por las nuevas Cortes.
  • Referéndum obligatorio.

3. Garantía de Supremacía: El Control de Constitucionalidad

• Tribunal Constitucional (TC): Garantiza la supremacía constitucional (Título IX CE). Controla leyes y normas con rango de ley.
• Jueces y Tribunales Ordinarios: Controlan reglamentos (normas de rango inferior).

4. Contenido de la Constitución Española de 1978

a) Estructura General

• Preámbulo: El pueblo como poder constituyente.
• 169 Artículos: Distribuidos en:
  • Título Preliminar (arts. 1–9): Principios esenciales.
  • Títulos I–X: Organización estatal y derechos.
  • Disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final.

b) Clasificación Doctrinal

• Parte Preliminar: Título Preliminar.
• Parte Dogmática: Título I (Derechos y Deberes).
• Parte Orgánica: Títulos II a VI.
• Parte Técnica: Títulos IX (TC) y X (Reforma).
• Otros Contenidos: Título VII (Economía), Título VIII (Territorio).

5. Principales Contenidos Constitucionales

• Título Preliminar (arts. 1–9):
  • España como Estado Social y Democrático de Derecho (art. 1.1 CE).
  • Valores: Libertad, justicia, igualdad, pluralismo político.
  • Soberanía nacional (art. 1.2 CE).
  • Monarquía parlamentaria (art. 1.3 CE).
  • Unidad nacional y autonomía de nacionalidades y regiones (art. 2 CE).
  • Lenguas oficiales, capital del Estado, partidos, sindicatos, Fuerzas Armadas, etc.
• Título I: Derechos y Deberes Fundamentales (arts. 10–55):
  • Capítulo I: Españoles y extranjeros (arts. 11–13).
  • Capítulo II: Derechos y libertades (arts. 14–38):
    • Sección 1ª (arts. 15–29): Derechos fundamentales y libertades públicas.
    • Sección 2ª (arts. 30–38): Derechos y deberes ciudadanos.
  • Capítulo III: Principios rectores de la política social y económica (arts. 39–52).
  • Capítulo IV: Garantías (arts. 53 y 54).
  • Capítulo V: Suspensión de derechos (art. 55).

6. Otros Títulos Importantes

• Título II: La Corona (arts. 56–65).
• Título III: Cortes Generales (arts. 66–96).
• Título IV: Gobierno y Administración (arts. 97–107).
• Título V: Relaciones Gobierno–Cortes (arts. 108–116).
• Título VI: Poder Judicial (arts. 117–128).
• Título VII: Economía y Hacienda (arts. 128–136).
• Título VIII: Organización Territorial del Estado (arts. 137–158).
• Título IX: Tribunal Constitucional (arts. 159–165).
• Título X: Reforma Constitucional (arts. 166–169).

Organización Institucional del Estado Español

Fundamento Constitucional

• España se configura como un Estado Social y Democrático de Derecho (art. 1.1 CE).
• Se basa en la soberanía popular y adopta la forma política de Monarquía Parlamentaria.

División de Poderes

El Estado español se estructura en torno al principio de división de poderes:

• Poder Legislativo.
• Poder Ejecutivo.
• Poder Judicial.

Organización Territorial

Se caracteriza por la unidad del Estado y la autonomía de las Comunidades Autónomas (CCAA), entidades locales y ciudades autónomas.

Poder Legislativo: Las Cortes Generales

Las Cortes Generales son el órgano legislativo supremo del Estado y representan al pueblo español.

Estructura Bicameral

• Congreso de los Diputados: Compuesto por 350 miembros, con mayor protagonismo.
• Senado: Cámara de representación territorial. Sus miembros son elegidos por sufragio universal y designados por las CCAA.

Funciones Principales

• Función Legislativa: Aprueban las leyes estatales.
• Control del Gobierno: Mediante preguntas, interpelaciones, mociones de censura, cuestiones de confianza, etc.
• Función Financiera: Aprueban los Presupuestos Generales del Estado.

Parlamentos Autonómicos

• Cada Comunidad Autónoma tiene un Parlamento unicameral (Cortes, Asamblea o Parlamento).
• Sus funciones son similares a las de las Cortes Generales, dentro de sus respectivas competencias.

Poder Ejecutivo: El Gobierno

El Gobierno es el órgano constitucional que dirige la política general del Estado.

Funciones (Art. 97 CE)

• Dirección de la política interior y exterior.
• Dirección de la defensa, la administración civil y militar.
• Ejecución de leyes y ejercicio de la potestad reglamentaria.

Composición

• Presidente del Gobierno: Elegido por el Congreso y nombrado por el Rey. Lidera el Gobierno, dirige su acción y propone al resto de miembros.
• Vicepresidentes (opcionales): Sustituyen al Presidente si es necesario.
• Ministros: Dirigen los departamentos ministeriales. Son nombrados por el Rey a propuesta del Presidente.

Órganos Colegiados

• Consejo de Ministros: Aprueba leyes, reglamentos, planes, estados de alarma, etc.
• Comisiones Delegadas del Gobierno: Coordinan varios ministerios.

Cese del Gobierno

El Gobierno puede cesar por diversas causas:

• Elecciones generales.
• Dimisión o fallecimiento del Presidente.
• Pérdida de confianza parlamentaria, a través de:
  • Cuestión de confianza (arts. 112 y 114 CE).
  • Moción de censura (art. 113 CE).

Poder Judicial

La función jurisdiccional es exclusiva de Juzgados y Tribunales: juzgar y ejecutar lo juzgado.

Principios

• Independencia, inamovilidad, responsabilidad y sometimiento a la ley (art. 117 CE).
• No existe un poder judicial propio en las CCAA.
• Regulado en el Título VI de la CE y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Organización Jurisdiccional

• Por Materias:
  • Civil.
  • Penal.
  • Contencioso-Administrativo.
  • Social.
  • Militar (excepción).
• Por Territorio:
  • Juzgados de Paz: Municipios.
  • Juzgados de Primera Instancia: Partido Judicial.
  • Audiencias Provinciales: Provincias.
  • Tribunales Superiores de Justicia: CCAA.
  • Tribunal Supremo: Todo el territorio nacional (salvo materia constitucional).
  • Audiencia Nacional: Ciertos asuntos penales, sociales y contencioso-administrativos a nivel estatal.

Tribunal Constitucional (TC)

El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Es el intérprete supremo de la Constitución (Título IX CE, LO 2/1979).

• Es un órgano independiente, compuesto por 12 magistrados designados por los tres poderes del Estado y nombrados por el Rey.
• Su duración es de 9 años, con renovación por tercios cada 3 años.

Funciones del TC

• Control de Constitucionalidad de Leyes:
  • Recurso de inconstitucionalidad.
  • Cuestión de inconstitucionalidad.
• Recurso de Amparo: Para la protección de derechos fundamentales (arts. 14–29 y 30.2 CE).
• Conflictos de Competencias entre:
  • Órganos constitucionales.
  • Estado y CCAA.
  • CCAA entre sí.

Modelo Territorial del Estado Español

1. El Estado de las Autonomías

España es un Estado descentralizado, organizado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas (CCAA). No es un Estado federal ni regional, sino un modelo sui generis denominado por la doctrina y el Tribunal Constitucional como Estado de las Autonomías.

Fundamento Constitucional

• Art. 2 CE: Reconoce la unidad de la Nación y el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones.
• Título VIII CE (arts. 137-158): Establece la estructura territorial del Estado.

2. Principios del Estado Autonómico

• Unidad y Autonomía: Principios complementarios, no contradictorios.
• Solidaridad Interterritorial (art. 138 CE): Busca el equilibrio económico y la corrección de desequilibrios.
• Igualdad (art. 139 CE): Garantiza los mismos derechos y obligaciones para todos los ciudadanos, sin exigir uniformidad.

3. Principio Dispositivo

La Constitución Española no crea directamente las CCAA ni impone un mapa territorial, sino que ofrece opciones para que los territorios opten por la autonomía «autonomía a la cart»).

No establece:

• El listado de CCAA ni sus límites geográficos.
• Sus competencias concretas.
• Su organización institucional (solo directrices generales en el art. 152.1 CE).

4. Vías de Acceso a la Autonomía

• Vía Lenta (art. 143 CE):
  • Para provincias limítrofes o uniprovinciales con identidad histórica.
  • Menor nivel de competencias inicial.
  • Requiere 5 años para ampliar competencias.
• Vía Rápida (art. 151 CE):
  • Requisitos más exigentes (incluyendo referéndum).
  • Acceso directo al mayor nivel de autogobierno.
  • Usada por CCAA históricas: Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía.

5. Estatutos de Autonomía (EA)

Son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma.

• Contenido Mínimo (art. 147 CE): Denominación, territorio, instituciones, competencias y procedimiento de reforma.
• Son aprobados por Ley Orgánica, pero no pueden ser modificados por otra Ley Orgánica, solo por el procedimiento previsto en cada EA.
• No son «constituciones autonómicas», pero sí normas cuasi-constitucionales.

6. Distribución de Competencias

Se basa en el principio de voluntariedad: las CCAA asumen competencias si así lo desean en su Estatuto de Autonomía.

• Art. 149.1 CE: Establece las competencias exclusivas del Estado.
• Art. 148.1 CE: Enumera las materias que las CCAA pueden asumir.
• Art. 149.3 CE: Contiene una cláusula residual a favor del Estado.

Evolución

Inicialmente, existía una diferencia entre la vía lenta y la rápida. Tras 1992, se produjo una equiparación casi total mediante la LO 9/1992 y reformas estatutarias (32 competencias transferidas).

7. Tipos de Competencias

• Exclusivas: Pertenecen solo al Estado o solo a la Comunidad Autónoma.
• Compartidas: Estado y Comunidad Autónoma se reparten funciones sobre la misma materia.
• Concurrentes: Ambos niveles de gobierno pueden regular sobre la misma materia.

8. Ejercicio de Competencias

• Legislación Estatal / Ejecución Autonómica: El Estado dicta las normas y la Comunidad Autónoma las aplica (sin potestad reglamentaria de ejecución).
• Legislación Básica Estatal / Desarrollo Legislativo y Ejecución Autonómica: El Estado fija las bases comunes, y la Comunidad Autónoma desarrolla leyes respetando esas bases.

Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Marco General

El modelo de organización de la Junta de Andalucía se basa en el art. 152.1 CE (vía rápida), que establece:

• Asamblea Legislativa (Parlamento).
• Presidente (elegido por la Asamblea, nombrado por el Rey).
• Consejo de Gobierno (con funciones ejecutivas).

Todas las CCAA siguen este modelo.

Instituciones de Autogobierno Andaluz (Junta de Andalucía)

La Junta de Andalucía está compuesta por:

• Parlamento de Andalucía.
• Presidente de la Junta.
• Consejo de Gobierno.
• Otras instituciones (Cap. VI, Título IV del Estatuto de Autonomía de Andalucía, EAA).

Parlamento de Andalucía

Características

• Representa al pueblo andaluz.
• Ejerce el poder legislativo de la Comunidad Autónoma.
• Es unicameral, inviolable y goza de autonomía parlamentaria.

Composición

• 109 diputados (según el EAA y la Ley Electoral de Andalucía, LEA).
• Elegidos cada 4 años por sufragio universal.
• Las circunscripciones son las provincias andaluzas.
• Se utiliza un sistema proporcional.

Organización

• Goza de autonomía reglamentaria, presupuestaria, administrativa y disciplinaria.
• Órganos Rectores: Presidente, Mesa y Junta de Portavoces.
• Funcionamiento: En Pleno, Comisiones, Diputación Permanente y Grupos Parlamentarios.

Funciones

1. Legislativa: Aprueba leyes autonómicas.
2. Financiera: Aprueba los presupuestos.
3. Control Político al Consejo de Gobierno: Mediante mociones de censura, preguntas, comparecencias, comisiones de investigación.
4. Otras Funciones: Elegir senadores autonómicos, interponer recursos de inconstitucionalidad, presentar propuestas legislativas al Congreso.

Consejo de Gobierno

Naturaleza

• Órgano colegiado ejecutivo (equivalente al Gobierno estatal).
• Regulado por el EAA (arts. 119 y ss.) y la Ley 6/2006 del Gobierno de Andalucía (LGA).

Composición

• Presidente.
• Vicepresidente/s (opcional).
• Consejeros (nombrados por el Presidente).

Formación

• Investidura del Presidente por el Parlamento, seguida de su nombramiento por el Rey.
• El Presidente elige libremente a los consejeros.

Cese

Cesa el Consejo completo junto con el Presidente por causas como elecciones, dimisión, fallecimiento, moción de censura, etc.

Funciones

• Dirige la política autonómica.
• Ejerce la iniciativa legislativa.
• Aprueba Decretos-leyes, Decretos legislativos y reglamentos.
• Interpone recursos y conflictos ante el Tribunal Constitucional.
• Dirige la Administración andaluza.

Presidente de la Junta de Andalucía

Nombramiento

• Diputado propuesto por el Presidente del Parlamento andaluz.
• Se somete a votación: 1ª votación (mayoría absoluta), 2ª votación (48h después, mayoría simple).
• Si no hay investidura en 2 meses, se disuelve el Parlamento y se convocan nuevas elecciones.
• Nombramiento formal por el Rey (acto debido).

Cese

Por moción de censura, cuestión de confianza, dimisión, incapacidad, condena penal, etc.

Funciones

• Representa a la Comunidad Autónoma y al Estado en Andalucía.
• Dirige y coordina el Consejo de Gobierno.
• Nombra y cesa a los consejeros.
• Coordina la Administración autonómica.

Vicepresidentes

• Cargo opcional y flexible.
• Nombramiento y cese igual que los consejeros.
• Funciones: Delegadas por el Presidente. Ejercen la suplencia. Si son consejeros, también ejercen funciones propias de su consejería.

Consejeros

Equivalentes a ministros autonómicos, con doble función:

• Miembros del Consejo de Gobierno (política general).
• Jefes superiores de sus Consejerías (gestión).

• Nombrados y cesados libremente por el Presidente.
• Funciones: Ejecutan políticas en su área. Dictan órdenes y reglamentos (potestad reglamentaria dentro de su consejería).

Introducción a las Fuentes del Derecho Español

1. ¿Qué son las Fuentes del Derecho?

Las fuentes del Derecho son aquello de donde procede el Derecho. Se distinguen dos elementos clave:

1. Autor de la Norma: El poder o entidad que la crea (Constituyente, Legislativo, Ejecutivo, etc.).
2. Medio de Expresión de la Norma: La forma en que se manifiesta (Constitución, Ley, Reglamento, Costumbre, Principios Generales del Derecho, etc.).

Simplificando, una fuente es un tipo o categoría de norma jurídica.

Estructura del Sistema de Fuentes en España

El sistema de fuentes español se basa en el modelo de la Pirámide Normativa de Kelsen, regido por el principio de jerarquía normativa: las normas superiores prevalecen sobre las inferiores, y estas últimas no pueden contradecir a las primeras, so pena de invalidez.

Principios que Rigen la Estructura

1. Jerarquía Normativa: (art. 9.3 CE, art. 1.2 Código Civil).
2. Temporalidad: La norma posterior deroga la anterior (siempre que sean del mismo o superior rango).
3. Competencia: Cada norma debe ser dictada por el órgano competente dentro de su ámbito.
4. Validez de las Normas: Deben respetar tanto los requisitos formales como los materiales.

Las Fuentes del Derecho (Art. 1.1 Código Civil)

El orden jerárquico de las fuentes del Derecho en España, revisado con la doctrina y la Constitución de 1978, es el siguiente:

1. Constitución Española (CE 1978): Norma suprema.
2. Tratados Internacionales: Superiores a la ley, pero inferiores a la CE.
3. Leyes en Sentido Amplio:
   • Leyes del Poder Legislativo: Orgánicas, ordinarias, autonómicas.
   • Normas del Poder Ejecutivo con valor de ley: Decretos-leyes y Decretos legislativos.
4. Reglamentos: Normas del Poder Ejecutivo y Administraciones Públicas con rango inferior a la ley.
5. Costumbre: Rige en defecto de ley aplicable. No puede contradecir la moral ni el orden público.
6. Principios Generales del Derecho: Aplicación subsidiaria (cuando no hay ley ni costumbre). Inspiran el ordenamiento jurídico y sirven de apoyo a la interpretación.

Derecho Internacional y Derecho de la Unión Europea

• Tratados Internacionales: Posición intermedia entre la CE y las leyes.
• Derecho de la Unión Europea: Tiene primacía sobre el Derecho interno, incluso sobre leyes nacionales.

Pirámide Normativa del Derecho Español

1. Constitución Española de 1978.
2. Derecho de la Unión Europea (primacía).
3. Tratados Internacionales.
4. Leyes (y normas con rango de ley).
5. Reglamentos.
6. Costumbre.
7. Principios Generales del Derecho.

El Reglamento en el Derecho Administrativo

1. Concepto de Reglamento

El reglamento es una norma escrita, subordinada a la ley, dictada por el Poder Ejecutivo. Posee fuerza jurídica, pero su rango es inferior al de la ley. Es dictado tanto por el Gobierno estatal y autonómico como por ciertos órganos de la Administración Pública, y está sujeto a control judicial por el orden contencioso-administrativo.

No debe confundirse con reglamentos parlamentarios, comunitarios o de autoorganización.

2. Fundamento de la Potestad Reglamentaria

• Justificación Histórica: Convivencia entre el principio democrático (ley) y el monárquico (reglamento).
• Justificación Práctica: El legislador no puede regularlo todo, lo que requiere la agilidad técnica del Ejecutivo.
• Base Jurídica: Art. 97 CE y el principio de legalidad.

3. Relación entre Ley y Reglamento

• La Ley es superior al Reglamento (jerarquía normativa).
• El Reglamento nunca puede modificar o derogar una ley.
• Reserva de Ley: Ciertas materias solo pueden ser reguladas por ley (reserva material y formal). El Reglamento solo actúa cuando hay habilitación o remisión legal.

4. Límites Formales al Reglamento

a) Competencia

• Estatal: Consejo de Ministros (Real Decreto), Presidente del Gobierno (Real Decreto), Ministros (Órdenes Ministeriales).
• Autonómico: Consejo de Gobierno, Presidente de la CCAA, Consejerías.
• Local: Plenos de Ayuntamientos/Diputaciones, Alcaldes.
• Otros Entes: Banco de España (Circulares), Universidades, Colegios Profesionales.

b) Jerarquía Normativa

• Los reglamentos están subordinados a normas superiores.
• Existe jerarquía intrarreglamentaria en el Estado y las CCAA, pero no en el ámbito local.

c) Procedimiento de Elaboración

• Participación ciudadana (consulta pública, audiencia e información pública).
• Los reglamentos deben acompañarse de estudios, memoria e informes (impacto de género, económico, jurídico).
• Dictámenes: Consejo de Estado o Consejo Consultivo (no vinculantes).
• Existen procedimientos distintos para el Estado, las CCAA y los entes locales.

d) Publicación Oficial

• Estatales: Boletín Oficial del Estado (BOE).
• Autonómicos: Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
• Locales: Boletín Oficial de la provincia.

5. Límites Materiales al Reglamento

• No puede regular materias reservadas a la ley (principio de legalidad).
• Delegación Legislativa: Permite al reglamento actuar sobre materias reservadas mediante:
  • Remisión normativa (reglamento ejecutivo).
  • Deslegalización (degradación del rango legal a reglamentario).
• Debe respetar los principios generales del Derecho y ser no retroactivo.

6. Inderogabilidad Singular

La Administración está obligada a cumplir sus propios reglamentos y no puede dejarlos sin efecto mediante actos administrativos individuales.

7. Clases de Reglamentos

a) Por su Relación con la Ley

• Ejecutivos: Desarrollan la ley.
• Independientes: Sin necesidad de habilitación legal (muy limitados).
• De Necesidad: Para situaciones de emergencia.

b) Por su Origen

• Estatales, autonómicos, locales, de entes institucionales (universidades, bancos, etc.).

8. Control de Reglamentos Ilegales

• Son nulos de pleno derecho (art. 47.2 LPACAP).
• Control Ordinario por el Poder Judicial:
  • Recurso Directo: Impugnación del reglamento en sí (plazo: 2 meses).
  • Recurso Indirecto: Impugna un acto basado en un reglamento ilegal.
  • Cuestión de Ilegalidad: Cuando el juez no puede resolver directamente sobre el reglamento.
• Control Excepcional por el Tribunal Constitucional:
  • Impugnaciones del Gobierno contra CCAA por inconstitucionalidad.
  • Conflictos de competencias entre Estado y CCAA.
• Revisión de Oficio: Posible anulación del reglamento por la misma Administración que lo dictó.

La Administración Pública y su Organización

1. ¿Qué es la Administración Pública?

La Administración Pública es un concepto complejo que puede analizarse desde diversas perspectivas (jurídica, sociológica, económica). Desde el punto de vista jurídico, es el objeto del Derecho Administrativo, que regula su estructura, competencias, procedimientos y relaciones jurídicas.

Concepciones de la Administración Pública

• Orgánica (subjetiva): La Administración es una organización con estructura y funciones.
• Funcional (objetiva): La Administración es una función del Estado.

En España, predomina la concepción orgánica: la Administración es una persona jurídica pública que actúa bajo la dirección del Gobierno y está sujeta al principio de legalidad.

2. La Administración Pública en el Derecho Español

Es un poder público con personalidad jurídica propia, capacidad jurídica y de obrar, y está sometida a control judicial. Depende del Gobierno, pero no forma parte de él directamente (art. 97 CE). Definición resumida: Organización dotada de personalidad jurídica, dirigida por el Gobierno, encargada de satisfacer los intereses generales mediante la prestación de servicios públicos.

3. Poder Ejecutivo y Administración

El Gobierno (Presidente, Ministros y órganos colegiados) dirige a la Administración. Aunque separados jurídicamente, el Gobierno ejerce funciones administrativas (potestad reglamentaria, sancionadora, subvenciones, etc.).

4. Características de la Administración Pública

• Subordinación política al Gobierno.
• Finalidad: Satisfacción del interés general (no intereses propios).
• Legalidad estricta: Solo actúa si la ley se lo permite.
• Control judicial (art. 106 CE).
• Organización burocrática: Funcionarios seleccionados por mérito y capacidad.
• Continuidad y estabilidad.
• Neutralidad ideológica.
• Supremacía frente al ciudadano, pero con límites y control.

5. Organización Territorial del Estado

Se basa en la descentralización (art. 137 CE): el Estado se organiza en:

• Municipios.
• Provincias.
• Comunidades Autónomas.

6. Tipos de Administraciones Públicas

• Territoriales: Estado, CCAA (ej. Junta de Andalucía), Entes Locales (ayuntamientos, diputaciones, etc.). Tienen universalidad de fines y potestades públicas (reglamentaria, sancionadora, etc.).
• No Territoriales: Institucionales (universidades, agencias) y Corporativas (colegios profesionales). Tienen fines específicos y competencias limitadas a ciertos colectivos.

7. Funciones de la Administración Pública

• Normativa: Tiene potestad reglamentaria (aprueba reglamentos).
• Gestión de Servicios Públicos: Educación, sanidad, limpieza, seguridad, etc.
• Administración de Ciudadanos: Impuestos, licencias, sanciones, etc.
• Función Cuasi-Judicial: Resuelve conflictos con base legal (recursos administrativos).

8. Actuación Administrativa

• Basada en potestades administrativas: Solo puede actuar si la ley lo permite.
• Actividad procedimentalizada: Debe seguir un procedimiento legal (Ley 39/2015), por ejemplo, para sancionar, subvencionar o contratar.
• Existen también actividades materiales o técnicas (sin procedimiento).

9. Control de la Administración

• Externo: Control judicial (principalmente contencioso-administrativo), Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, etc.
• Interno: Control del gasto, asesoría jurídica, órganos consultivos, participación ciudadana, recursos administrativos y revisión de oficio.

10. El Derecho Administrativo

Rama del Derecho público que regula:

• Organización de las Administraciones Públicas (AAPP).
• Ejercicio de sus potestades.
• Control judicial.

Características

• Derecho público, estatutario, común y normal de la Administración.
• Regula relaciones Administración-ciudadano, interadministrativas e intra-administrativas.
• A veces regula relaciones entre particulares.
• Regula actividades accesorias de otros órganos del Estado.
• Equilibra privilegios de la Administración con garantías para el ciudadano.
• Derecho no codificado, de gran amplitud y variabilidad.

Organización Administrativa

1. Concepto de Organización Administrativa

La Administración Pública es una organización compleja, formada por:

• Elemento Personal: Funcionarios.
• Elemento Material: Recursos.
• Elemento Normativo: Normas organizativas con valor jurídico.

A diferencia de las empresas privadas, la Administración tiene fines públicos y está dirigida por el Gobierno.

2. Modelo Español: Organización Burocrática Centralizada

Inspirado en el modelo napoleónico y teorizado por Max Weber, se caracteriza por:

• División del trabajo.
• Estructura jerárquica.
• Uniformidad normativa.
• Profesionalidad del personal.

En España, la descentralización territorial ha modificado el modelo original centralizado.

3. Potestad Organizatoria

Atribución de competencias para crear, estructurar y modificar entes y órganos administrativos.

• Amplia: Engloba todas las actuaciones organizativas.
• Restringida: Solo normas organizativas.

4. Órgano Administrativo

Unidad funcional con competencias públicas.

• Tipos:
  • Amplio: Cualquier unidad funcional.
  • Estricto: Unidades con funciones con efectos jurídicos externos.
• No tienen personalidad jurídica propia.
• Elementos:
  • Subjetivo: Personas que lo integran.
  • Objetivo: Funciones que realiza.
  • Dinámico: Imputación de actos a la Administración.

5. Titulares de la Potestad Organizatoria

• Parlamento: Regula aspectos esenciales.
• Ejecutivo y Administraciones: Amplio poder organizativo dentro de límites legales.

Requisitos para Crear Órganos (Art. 5 LRJSP)

• Estructura jerárquica.
• Funciones y competencias delimitadas.
• Recursos económicos suficientes.
• No duplicidad innecesaria.

6. Principio de Jerarquía

Organización piramidal y relaciones de mando entre órganos. Ha sido matizada por:

• Profesionalización.
• Distribución jurídica de competencias.
• Reemplazo parcial por coordinación y cooperación.

Técnicas

• Órdenes e instrucciones.
• Revisión, inspección, fiscalización.

7. Principio de Descentralización

• Territorial: Reparto del poder entre Estado y CCAA. Cada ente tiene competencias propias y personalidad jurídica.
• Funcional: Creación de entes instrumentales con autonomía (Administración institucional). Problema: riesgo de “huida del Derecho Administrativo”.

8. Desconcentración y Coordinación

• Desconcentración: Traspaso de competencias dentro de una misma Administración.
• Coordinación:
  • Interadministrativa: Entre distintos entes territoriales.
  • Interorgánica: Entre órganos de una misma Administración.

9. Clasificación de Órganos

• Por Número de Miembros:
  • Unipersonales: Una sola persona.
  • Colegiados: Varias personas.
• Por Función:
  • Activos: Toman decisiones.
  • Consultivos: Emiten informes/dictámenes.
  • Fiscalizadores: Controlan a otros órganos.
• Por Ámbito Territorial:
  • Centrales: Todo el territorio.
  • Periféricos: Parte del territorio.

10. Órganos Colegiados

Normativa básica: arts. 15–18 LRJSP.

Composición

• Presidente: Dirige debates, tiene voto de calidad.
• Miembros: Deliberan y votan.
• Secretario: Da fe, certifica y gestiona.

Funcionamiento

• Constitución Válida: Quórum mínimo según el tipo de órgano.
• Sesiones: Presenciales o a distancia.
• Acuerdos: Mayoría simple. Solo sobre asuntos del orden del día (salvo urgencia). Responsabilidad solo de quienes votan a favor.
• Actas: Reflejan acuerdos, deben aprobarse.

Competencia Administrativa y Conflictos

1. Concepto de Competencia Administrativa

• Desde el punto de vista material: Conjunto de atribuciones, funciones y potestades que el ordenamiento jurídico asigna a un Ente Público y sus órganos.
• Desde el punto de vista subjetivo: Condición que ostenta un órgano al ser titular de esas atribuciones (ser “competente”).

2. Régimen Jurídico de la Competencia (Art. 8 LRJSP)

• Solo puede atribuirse por norma jurídica.
• Es irrenunciable, intransmisible y su ejercicio suele ser obligatorio.
• Solo se puede ejercer por órganos titulares, salvo delegación, avocación u otras técnicas previstas legalmente.

3. Criterios de Distribución de Competencias

1. Material / Funcional / Objetivo: Por razón de la materia o especialización (ej. Ministerios, Consejerías).
2. Territorial: Según el ámbito espacial de actuación (central, autonómico, provincial, etc.).
3. Jerárquico: Entre niveles jerárquicos (vertical), atribuye mayores competencias a órganos superiores.

4. Técnicas de Traslación o Alteración del Ejercicio de Competencias

a. Entre Entes Públicos (Intersubjetivas)

• Transferencia de competencias.
• Delegación intersubjetiva.
• Gestión ordinaria.
• Avocación intersubjetiva.
• Encomienda de gestión intersubjetiva.

b. Entre Órganos de una Misma Administración (Interorgánicas)

• Desconcentración: Traspaso permanente de titularidad y ejercicio.
• Delegación de Competencias: Solo se transfiere el ejercicio, no la titularidad.
• Avocación: El órgano superior asume directamente un asunto concreto.
• Encomienda de Gestión: Se encarga a otro órgano la realización de actos materiales/técnicos.
• Delegación de Firma: No altera la competencia, solo delega la firma.
• Suplencia: Sustitución temporal del titular de un órgano.

5. Detalles Importantes de Algunas Técnicas

• Delegación de Competencias (art. 9 LRJSP):
  • No se permite sobre competencias delegadas, reglamentarias ni resolutorias de recursos.
  • Debe constar en resolución y publicarse oficialmente.
  • El delegado actúa en nombre del delegante.
• Avocación (art. 10 LRJSP):
  • El órgano superior puede asumir asuntos por razones justificadas (técnicas, jurídicas, etc.).
  • Requiere acuerdo motivado y notificación previa a la resolución.
• Encomienda de Gestión (art. 11 LRJSP):
  • Actividades materiales/técnicas, no jurídicas.
  • No cede titularidad ni competencia.
  • Formalizada mediante convenio (intersubjetiva) o acuerdo (interorgánica).
• Delegación de Firma (art. 12 LRJSP):
  • El superior puede delegar la firma en un subordinado jerárquico.
  • No requiere publicación oficial, pero debe constar en los actos firmados.
• Suplencia (art. 13 LRJSP):
  • Se da por ausencia, enfermedad, vacante o recusación del titular.
  • No modifica la titularidad ni se publica oficialmente.

6. Conflictos de Competencia

• Entre Poderes del Estado: Regulados por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y resueltos por el Tribunal Constitucional.
• De Jurisdicción: Entre órganos judiciales y administrativos (resueltos por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción).
• Entre Entes Territoriales: Estado-CCAA, CCAA entre sí, o con Entidades Locales (EELL).
• Entre Órganos de la Misma Administración (Conflictos de Atribuciones): Solo si no hay relación jerárquica. Resueltos por órganos superiores o autoridades designadas por normativa específica.

Conflictos entre Entes Territoriales

En España, el Estado está organizado territorialmente en tres niveles principales: el Estado central, las Comunidades Autónomas (CCAA) y las Entidades Locales (EELL), como municipios y provincias. Todos estos entes tienen competencias propias, pero a veces surgen conflictos sobre quién debe ejercerlas. Este apartado analiza cómo se resuelven esos conflictos.

1. Control sobre las Comunidades Autónomas

Aunque las CCAA tienen autonomía política y legislativa, el Estado puede supervisarlas, siempre con respeto a su autonomía.

Tipos de Control

• Judicializado: Se realiza a través de jueces y tribunales, lo cual garantiza imparcialidad.
• Ejecutivo: Artículo 155 de la Constitución. Solo se usa si una CA incumple gravemente la ley o la Constitución (ejemplo: aplicación en Cataluña en 2017).

Formas de Control Ordinario

• Tribunal Constitucional (TC):
  • Revisa si las leyes autonómicas son constitucionales.
  • Decide quién tiene la competencia cuando hay disputas entre Estado y CCAA o entre varias CCAA.
  • El Gobierno puede impugnar actos autonómicos si considera que infringen la Constitución.
• Tribunal de Cuentas: Supervisa el uso del dinero público por parte de las CCAA.
• Gobierno Central (con informe del Consejo de Estado): Controla cómo las CCAA usan competencias delegadas (es decir, que el Estado les ha cedido temporalmente).
• Juzgados Contencioso-Administrativos: Resuelven conflictos prácticos (no de leyes) entre administraciones, por ejemplo, si una CA acusa al Estado de invadir su competencia con una resolución administrativa.

2. Conflictos de Competencias entre Estado y CCAA

Ocurren cuando dos administraciones creen tener (o no tener) una competencia sobre un asunto.

a) Conflictos Positivos (ambos quieren hacer algo)

• Ejemplo: El Estado aprueba un reglamento sobre educación, y una CA alega que esa es su competencia exclusiva.
• ¿Quién puede iniciar el conflicto? El Gobierno del Estado o los Gobiernos autonómicos.
• ¿Qué ocurre? Se presenta un requerimiento previo (una especie de advertencia). Si no hay acuerdo, se acude al Tribunal Constitucional. En algunos casos, la norma queda suspendida automáticamente mientras decide el TC.

b) Conflictos Negativos (nadie quiere hacerse cargo)

• Ejemplo: Un ciudadano pide una autorización, y tanto el Estado como la CA declaran que no es su competencia.
• ¿Qué pasa? El ciudadano puede acudir al Tribunal Constitucional. El TC decide quién debe resolver el asunto.
• También el Estado puede reclamar a una CA que ejerza una competencia que le fue transferida y que la CA no quiere asumir. Si no actúa, puede haber consecuencias (se conecta con el artículo 155 CE).

3. Impugnación de Actos Autonómicos sin Fuerza de Ley

El Gobierno del Estado puede impugnar reglamentos o resoluciones autonómicas que no sean leyes, si considera que invaden competencias estatales o son inconstitucionales.

• ¿Qué ocurre al impugnar? La norma queda suspendida automáticamente mientras el TC decide.

4. Conflictos con Entidades Locales (Municipios, Provincias, etc.)

Existen distintos tipos de conflictos dependiendo del actor implicado.

a) Cuando el Estado o las CCAA Impugnan Actos de las EELL

• El conflicto se resuelve por la jurisdicción contencioso-administrativa.
• Requiere (o no) un requerimiento previo, dependiendo de si se trata de:
  • Un problema general (ej. incumplimiento de una norma).
  • Un problema competencial (ej. quién tiene autoridad para aprobar una ordenanza).
• En casos excepcionales, el Delegado del Gobierno puede suspender temporalmente un acto municipal si lo considera gravemente ilegal.

b) Defensa de la Autonomía Local

Si un municipio o un grupo de municipios considera que una ley estatal o autonómica lesiona su autonomía, pueden acudir al Tribunal Constitucional. El TC no anula la ley directamente, pero sí puede declarar que invade competencias locales. Solo declarará la ley inconstitucional si lo plantea de oficio el propio TC.

c) Conflictos entre Entidades Locales

• Ejemplo: Dos municipios se disputan quién debe prestar un servicio en una zona limítrofe.
• ¿Quién decide?
  • Si están en la misma CA: la administración autonómica.
  • Si son de CCAA distintas: decide la Administración General del Estado, con consulta previa a las CCAA implicadas.
• Las EELL pueden recurrir estas decisiones ante los tribunales.

Relaciones Interadministrativas

España es un Estado compuesto por varios niveles de gobierno: el Estado, las Comunidades Autónomas (CCAA) y las Entidades Locales (EELL). Para que todo funcione correctamente, estas administraciones deben colaborar entre sí. Este apartado explica cómo deben relacionarse, qué principios deben seguir y qué instrumentos pueden utilizar para cooperar y coordinarse.

1. Normativa que Regula las Relaciones Interadministrativas

La principal norma es la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), especialmente el Título III (arts. 140-158). Su fundamento legal está en el art. 149.1.18.ª CE, que otorga al Estado la competencia para establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

Para relaciones con Entidades Locales, también se aplica la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), en sus arts. 55 a 62.

2. Principios Rectores de las Relaciones entre Administraciones

Son los valores y normas de conducta que deben guiar la relación entre administraciones:

• Lealtad Institucional: Actuar con respeto, sin bloquear a otras administraciones ni abusar de las propias competencias.
• Adecuación al Reparto Competencial: Respetar lo establecido en la Constitución, los Estatutos y la normativa local sobre quién ejerce cada competencia.
• Colaboración, Cooperación y Coordinación: Principios básicos que se detallarán más adelante.
• Eficiencia en el uso de recursos públicos.
• Responsabilidad en el cumplimiento de deberes y compromisos.
• Garantía de igualdad de derechos para los ciudadanos.
• Solidaridad Interterritorial: Una obligación constitucional (arts. 2 y 138 CE).

3. Colaboración, Cooperación y Coordinación: Diferencias Clave

3.1. Colaboración

• Qué es: Deber general de actuar conjuntamente para lograr fines comunes.
• Cómo se Concreta: No entorpecer a otras administraciones. Facilitar información o ayuda cuando otra administración lo necesite.
• Ejemplo: El Estado y una Comunidad Autónoma comparten información para gestionar emergencias sanitarias.
• Técnicas (art. 142 LRJSP): Suministro de datos, ayuda operativa, sistemas compartidos de información, etc.

3.2. Cooperación

• Qué es: Relación voluntaria y recíproca entre administraciones para actuar juntas en un proyecto.
• Diferencia clave con la colaboración: No es un deber, sino un acuerdo libre y bilateral o multilateral.
• Ejemplo: Varios municipios crean un plan conjunto de turismo rural.
• Técnicas (arts. 144–154 LRJSP): Participación en órganos de cooperación (comisiones, conferencias), cesión de medios, emisión de informes, creación de entidades conjuntas.

Órganos Específicos de Cooperación

• Conferencia de Presidentes (art. 146 LRJSP): Reunión entre presidentes de Gobiernos.
• Conferencias Sectoriales (arts. 147–152 LRJSP): Especializadas por áreas (educación, sanidad, etc.).
• Comisiones Bilaterales y Territoriales (arts. 153–154 LRJSP): Entre dos administraciones o por zona.

3.3. Coordinación

• Qué es: Asegurar que distintas administraciones que actúan en una misma materia no se contradigan.
• Característica clave: Supone una cierta dirección o límite impuesto por una administración de nivel superior (por ejemplo, el Estado sobre una CA).
• Importante: Aunque implica control, no es jerarquía: la administración coordinada sigue siendo titular de sus competencias.
• Ejemplo: El Estado establece un calendario marco para vacunar a toda la población, que luego aplican las CCAA.
• Problema: La LRJSP no define claramente las técnicas de coordinación ni las regula sistemáticamente.
• Principio Subsidiario: Solo se debe recurrir a la coordinación si no es posible usar otras formas más suaves como la cooperación (STS de 11 de julio de 2000).

4. Instrumentos para Transferir o Alterar Competencias

A veces, una administración puede delegar o ceder competencias a otra. Estas son las formas legales en que eso puede hacerse.

4.1. Entre Estado y CCAA

• Ley Marco (art. 150.1 CE): El Estado da pautas para que las CCAA desarrollen legislación propia.
• Ley de Delegación (art. 150.2 CE): El Estado transfiere competencias específicas a las CCAA.
• Ley de Armonización (art. 150.3 CE): El Estado unifica ciertas normas entre CCAA.
• Artículo 155 CE: Coerción estatal en casos excepcionales si una CA incumple sus obligaciones.

4.2. Entre Estado/CCAA y Entidades Locales

• Delegación a municipios (art. 27 LBRL) y a provincias (art. 37 LBRL).
• Gestión ordinaria de competencias por diputaciones.
• Avocación, Sustitución o Subrogación (art. 60 LBRL): Casos excepcionales en que otra administración asume la competencia.
• Disolución de Órganos Locales (art. 61 LBRL): Medida extraordinaria y muy infrecuente.

La Administración General del Estado (AGE)

1. ¿Qué es la Administración General del Estado?

La Administración General del Estado (AGE) es el conjunto de órganos administrativos que depende directamente del Gobierno de la Nación y que tiene como finalidad gestionar los servicios y funciones esenciales para la comunidad en todo el territorio nacional.

Dos Sentidos del Término

• Sentido Amplio: Incluye tanto la Presidencia del Gobierno y los Ministerios, como los entes instrumentales (organismos autónomos, agencias, entidades públicas, etc.) que tienen personalidad jurídica propia.
• Sentido Estricto: Solo incluye la Presidencia del Gobierno y los Ministerios, dejando fuera los entes instrumentales. En este sentido, la AGE tiene una única personalidad jurídica.

2. Principios de Organización de la AGE

La AGE se organiza siguiendo los principios de:

• Descentralización Funcional: Reparto de funciones entre diferentes entidades u órganos especializados.
• Desconcentración Territorial y Funcional: Delegación de funciones dentro de la misma Administración, pero en diferentes órganos o niveles territoriales.
• Jerarquía: La organización se basa en una estructura jerárquica, donde los órganos superiores dirigen a los inferiores.

Además, según la Ley 40/2015 (arts. 3 y 54), toda actuación administrativa debe respetar principios como la eficacia, eficiencia, transparencia, responsabilidad, etc.

3. Estructura General de la AGE

La AGE se divide en tres niveles principales:

1. Organización Central: Incluye órganos con competencia sobre todo el territorio nacional, como los Ministerios y los servicios comunes del Estado.
2. Organización Territorial: También llamada «Administración periférica del Estado», agrupa órganos que actúan solo sobre parte del territorio, como las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y las Subdelegaciones del Gobierno en las provincias.
3. Administración en el Exterior: Se refiere a la organización que actúa fuera de España, regulada por la Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.

4. Los Órganos de la AGE

• Órganos Superiores:
  • Ministros: Dirigen los Ministerios, forman parte del Gobierno y son responsables de la política en su ámbito.
  • Secretarios de Estado: Colaboran con los Ministros y ejecutan políticas en sectores específicos.
• Órganos Directivos: Ejecutan las decisiones políticas de los órganos superiores. Se dividen en:
  • Centrales: Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales, Subdirectores Generales.
  • Territoriales:
    • Delegados del Gobierno: Uno por Comunidad Autónoma, con rango de Subsecretario.
    • Subdelegados del Gobierno: Uno por provincia, con rango de Subdirector General.
• Órganos de Nivel Inferior a Subdirección General: Son creados por orden ministerial y no están nombrados explícitamente en la ley. Tienen funciones específicas, pero no rango de órgano.
• Unidades Administrativas: No tienen consideración de órganos (no cumplen con requisitos del art. 5.1 LRJSP). Son estructuras básicas formadas por puestos de trabajo, con una jefatura que coordina su actividad.

5. Organización Interna de los Ministerios

Cada Ministerio está estructurado de la siguiente manera:

• Ministro/a: Máxima autoridad del Ministerio.
• Secretarías de Estado (opcional): Se encargan de áreas específicas.
• Secretarías Generales (opcional): Alternativa a las Secretarías de Estado.
• Subsecretaría (obligatoria): Representación ordinaria del Ministerio y dirige los servicios comunes.
• Secretaría General Técnica (obligatoria): Apoya técnicamente al Ministerio en normativa, publicaciones, etc.
• Direcciones Generales: Se encargan de una o varias áreas homogéneas.
• Subdirecciones Generales: Ejecutan tareas concretas dentro del Ministerio.

Además, existen servicios comunes, como los de planificación, presupuestos, asesoría jurídica, recursos humanos, etc., que dan soporte al resto de órganos.

6. Nombramiento y Cese de Cargos

Los nombramientos se realizan por criterios de mérito, capacidad, profesionalidad y experiencia, conforme a la Ley 3/2015 sobre altos cargos.

• Ministros/as: Nombrados por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno. Requisitos: ser español, mayor de edad, tener derechos políticos y no estar inhabilitado judicialmente.
• Secretarios de Estado: Nombrados por Real Decreto (RD) del Consejo de Ministros.
• Secretarios Generales, Subsecretarios, Directores Generales: Nombrados también por RD del Consejo de Ministros. Deben ser funcionarios del subgrupo A1, salvo excepciones justificadas.
• Subdirectores Generales: Nombrados por el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan. También deben ser funcionarios del subgrupo A1.

7. Organización Territorial de la AGE

• Delegaciones del Gobierno (en cada Comunidad Autónoma):
  • Representan al Gobierno en las CCAA.
  • Ejercen funciones de coordinación, control de legalidad, seguridad ciudadana, etc.
  • Su estructura se establece por Real Decreto. Tienen una Secretaría General para servicios comunes.
• Subdelegaciones del Gobierno (en cada provincia):
  • Solo en CCAA pluriprovinciales, o en uniprovinciales si hay justificación.
  • Dirigen los servicios estatales en la provincia, coordinan con otras AAPP y dirigen la protección civil.
• Comisiones de Asistencia: Órganos colegiados que asesoran y apoyan al Delegado o Subdelegado del Gobierno. Ayudan a coordinar actuaciones y mejorar la eficiencia administrativa.
• Directores Insulares: Existen en algunas islas y dependen del Delegado o Subdelegado del Gobierno. Ejercen competencias similares a los Subdelegados en su territorio.

La Administración de la Junta de Andalucía (AJA)

1. Concepto y Naturaleza de la AJA

La Administración de la Junta de Andalucía (AJA) es el conjunto de órganos y entidades que ejercen las competencias administrativas propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Su función es ejecutar las decisiones políticas adoptadas por el Consejo de Gobierno andaluz, que es el órgano superior del poder ejecutivo autonómico.

Se trata de una administración territorial, al igual que otras Administraciones públicas autonómicas, lo que significa que su ámbito de actuación es el del territorio andaluz, y tiene atribuidas competencias propias, exclusivas y compartidas, según el Estatuto de Autonomía.

2. Normativa Reguladora

La AJA está regulada principalmente por:

• Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (LAJA).
• Reglamentos que desarrollan la Ley.
• Normas básicas del Estado, como la Ley 40/2015, que se aplican supletoriamente.

3. Sentidos del Término «AJA»

• Sentido Amplio: Incluye a:
  • Consejerías (órganos administrativos con personalidad jurídica única).
  • Organizaciones instrumentales, como agencias, empresas públicas y entes autónomos, que sí tienen personalidad jurídica propia.
• Sentido Estricto: Se limita a las Consejerías y sus estructuras internas. No incluye las organizaciones instrumentales. La AJA, en este sentido, se concibe como una administración con una única personalidad jurídica.

4. Principios Organizativos

La AJA se organiza bajo principios similares a los de la Administración General del Estado:

• Eficiencia y eficacia: Debe actuar con el menor coste posible y con resultados útiles.
• Jerarquía: Los órganos se ordenan en distintos niveles, donde los superiores dirigen a los inferiores.
• Desconcentración y descentralización: Se distribuyen competencias para acercar la gestión a los ciudadanos.
• Servicio al interés general y proximidad a la ciudadanía.

5. Estructura Organizativa General

• Planta Departamental: La AJA se divide en Consejerías, similares a los Ministerios en el Estado. Cada una gestiona un ámbito funcional como salud, educación, agricultura, etc. Su número, nombre y funciones las determina el Presidente de la Junta mediante Decreto.
• Tipos de Estructura:
  • Organización Central: Órganos con competencias en toda Andalucía.
  • Organización Territorial o Periférica: Órganos que solo actúan en parte del territorio (por ejemplo, en una provincia).

6. Clasificación Jerárquica de los Órganos

• Órgano Superior:
  • Consejeros/as: Máximas autoridades de cada Consejería. Dirigen políticamente su departamento y forman parte del Consejo de Gobierno.
• Órganos Directivos:
  1. Viceconsejeros/as: Siempre existen en cada Consejería. Son el segundo mando tras el Consejero/a. Dirigen órganos y servicios comunes.
  2. Secretarios Generales: Solo existen si la norma de estructura de la Consejería lo establece. Gestionan áreas homogéneas dentro de la Consejería.
  3. Secretarios Generales Técnicos: Existen en todas las Consejerías. Se encargan de servicios comunes (normativa, personal, finanzas, etc.).
  4. Directores Generales: Ejecutan políticas en ámbitos funcionales concretos. Pueden depender del Consejero, Viceconsejero o Secretario General.

7. Órganos Menores y Unidades Administrativas

• Órganos de Nivel Inferior: No tienen nombre concreto. Son creados por Decreto del Consejo de Gobierno y dependen de los órganos superiores.
• Unidades Administrativas: No se consideran órganos. Son conjuntos de puestos de trabajo organizados por tareas. Se crean/modifican mediante las relaciones de puestos de trabajo (RPT).

8. Estructura Interna de las Consejerías

Cada Consejería puede tener la siguiente organización:

• Consejeros/as → dirección política.
• Viceconsejería → dirección funcional ordinaria.
• Secretaría General → gestión de áreas específicas (no obligatoria).
• Secretaría General Técnica → obligatoria, gestiona recursos, normas, personal.
• Direcciones Generales → ejecutan y desarrollan políticas públicas.
• Órganos inferiores y unidades administrativas → ejecutan funciones concretas.

Además, existen órganos colegiados como comisiones interdepartamentales y órganos de participación ciudadana, que fomentan la coordinación y la transparencia.

9. Nombramiento y Cese de Cargos

• Consejeros/as:
  • Nombramiento: Por el Presidente de la Junta.
  • No se exige requisito específico.
  • Debe respetarse la representación equilibrada entre hombres y mujeres (mínimo 40% por sexo).
• Viceconsejeros, Secretarios Generales, Técnicos y Directores Generales:
  • Nombramiento: Por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería.
  • No se exigen requisitos específicos, salvo excepciones técnicas.
  • Excepciones: Algunos puestos requieren ser funcionarios de carrera con título universitario (grado o equivalente), como: Secretarios Generales Técnicos, Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía, Intervención General (órgano superior de control económico interno).

10. Organización Territorial de la AJA

Evolución

Antiguamente, cada Consejería tenía una Delegación Provincial. En 1996 se crearon las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, con funciones de coordinación.

Situación Actual

Tras reformas en 2012 y 2024, existen dos modelos posibles, que se eligen mediante Decreto:

• Modelo Tradicional:
  • Delegaciones del Gobierno de la JA: una por provincia.
  • Delegaciones Provinciales: una por Consejería.
• Modelo Vigente (más moderno):
  • Delegaciones del Gobierno de la JA: se mantienen igual.
  • Delegaciones Territoriales: pueden asumir servicios de varias Consejerías, lo que reduce la cantidad de órganos.

11. Órganos Territoriales: Funciones y Nombramientos

• Delegado/a del Gobierno de la JA:
  • Representa a la Junta en la provincia.
  • Nombrado por Decreto del Consejo de Gobierno.
  • Supervisa y coordina los servicios de la AJA en la provincia.
• Delegado/a Provincial:
  • Representa a una Consejería en la provincia.
  • Nombrado por el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero correspondiente.
  • Tiene autoridad inmediata sobre servicios provinciales.
• Delegado/a Territorial:
  • Puede agrupar competencias de una o varias Consejerías.
  • Nombramiento igual que el anterior.
  • Ejercen funciones directivas de coordinación.

12. Otros Órganos Territoriales

La LAJA permite crear órganos específicos por debajo del nivel provincial si hay razones de eficacia o proximidad al ciudadano. Ejemplo actual: Subdelegación del Gobierno de la JA en el Campo de Gibraltar.

La Administración Local

1. ¿Qué es la Administración Local?

La Administración Local forma parte de la organización territorial del Estado y está integrada por las entidades locales, principalmente municipios y provincias. Tiene como finalidad gestionar los intereses propios de las comunidades vecinales, garantizando su autonomía, en el marco de la Constitución y las leyes.

Fundamento Constitucional

• Artículo 137 CE: Reconoce la autonomía de municipios y provincias.
• Artículo 140 CE: Garantiza la autonomía municipal y las elecciones democráticas.
• Artículo 141 CE: Define las provincias y regula su gobierno mediante diputaciones.

2. Naturaleza de la Autonomía Local

La autonomía local se traduce en la capacidad de autogobierno y de autoorganización, aunque con ciertas limitaciones frente a la autonomía política de las Comunidades Autónomas.

Diferencias con las CCAA

• Las CCAA tienen autonomía política: pueden aprobar leyes.
• Las EELL (Entidades Locales) tienen autonomía administrativa: solo pueden dictar reglamentos y actuar dentro del marco normativo superior.

Sin embargo, las EELL tienen gobiernos representativos elegidos por sufragio universal. La autonomía local no es menor en dignidad, sino en grado: su capacidad normativa es más limitada, pero no inexistente.

3. Garantías Constitucionales de la Autonomía Local

• El Estado debe organizarse obligatoriamente en municipios y provincias.
• No pueden eliminarse las EELL como instituciones sin reformar la Constitución.
• La ley debe garantizar que disponen de competencias propias para gestionar sus intereses.
• La actuación de otras administraciones no puede vaciar de contenido la autonomía local (doctrina del Tribunal Constitucional).

4. Régimen Jurídico de la Administración Local

Normas Fundamentales

• Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local (LBRL): Norma básica estatal.
• Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía (LAULA): Desarrollo autonómico.
• Estatuto de Autonomía de Andalucía: Reconoce y protege el régimen local.

5. Tipos de Entidades Locales

A. Entidades Locales Básicas

• Municipios.
• Provincias.
• Islas (Cabildos en Canarias, Consejos Insulares en Baleares).

B. Entidades Locales Potestativas (no obligatorias)

• Comarcas: Agrupaciones de municipios por intereses comunes.
• Áreas Metropolitanas: Grandes núcleos urbanos que requieren coordinación.
• Mancomunidades: Unión voluntaria de municipios para prestar servicios conjuntos.

Estas entidades tienen personalidad jurídica propia y pueden crearse por Ley autonómica.

6. El Municipio

Es la entidad local básica. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para cumplir sus fines.

Elementos

• Territorio: El término municipal.
• Población: Los vecinos empadronados.
• Organización: Puede ser:
  • Ayuntamiento (régimen común, con alcalde y concejales).
  • Concejo Abierto (democracia directa, en municipios pequeños o con tradición).

• Padrón Municipal: Registro donde figuran todos los vecinos. Gestionado por el Ayuntamiento, coordinado por el INE.
• Modificación del Término Municipal: Puede realizarse por fusión, agregación o segregación. Requisitos: mínimo 4.000 habitantes, sostenibilidad económica y calidad de servicios.

7. Organización del Municipio (Régimen Común)

• Órganos Necesarios:
  • Pleno: Todos los concejales, aprueban normas y controlan al alcalde.
  • Alcalde: Dirige el gobierno municipal. Es elegido por los concejales o automáticamente si encabeza la lista más votada.
  • Tenientes de Alcalde: Sustituyen al alcalde en su ausencia.
• Órganos Complementarios:
  • Junta de Gobierno (en municipios > 5.000 hab.).
  • Comisiones informativas, de cuentas, de sugerencias y reclamaciones.

8. Municipios de Gran Población

Se aplica a:

• Municipios con +250.000 habitantes.
• Capitales de provincia con +175.000 habitantes.
• Otros municipios por decisión autonómica, si cumplen ciertos requisitos.

Características

• Organización más compleja.
• Se crean distritos para descentralizar la gestión.
• Existen órganos nuevos como: Consejo Social de la Ciudad, Órgano de gestión económico-financiera, Jurado Tributario.

9. Régimen de Concejo Abierto

Forma especial de organización donde:

• El Alcalde es elegido directamente por los vecinos.
• El gobierno lo ejerce la Asamblea Vecinal.

Es común en pequeños municipios rurales del norte de España.

10. Competencias de las Entidades Locales

Tipos de Competencias (Art. 7 LBRL)

1. Propias: Asignadas por ley y se ejercen con plena autonomía.
2. Delegadas: El Estado o las CCAA delegan su gestión, pero conservan la titularidad.
3. Otras (no propias ni delegadas): Solo si:
   • No se compromete la sostenibilidad financiera.
   • No se duplica un servicio ya prestado por otra administración.

11. Servicios Municipales Obligatorios

Según el número de habitantes, los municipios deben prestar ciertos servicios:

Habitantes	Servicios Obligatorios Adicionales
Todos	Alumbrado, cementerio, agua potable, limpieza, pavimentación.
+5.000	Biblioteca, parque público, tratamiento de residuos.
+20.000	Servicios sociales, bomberos, instalaciones deportivas.
+50.000	Transporte público urbano, medio ambiente urbano.

12. La Provincia

Funciones

• Entidad local con personalidad jurídica propia.
• Agrupa municipios y garantiza la prestación de servicios municipales, especialmente en pueblos pequeños.

Órganos (Diputación Provincial)

• Pleno.
• Presidente (elegido entre los diputados provinciales).
• Junta de Gobierno.
• Vicepresidentes.
• Comisiones.

Elección

• Indirecta, a través de los concejales municipales.
• Proceso regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

13. Competencias de las Diputaciones Provinciales

Tipos

• Propias (art. 36 LBRL): Asistencia a municipios, servicios provinciales, cooperación.
• Delegadas: Por parte del Estado o CCAA.
• Encomiendas de Gestión: Ejecución de servicios autonómicos por parte de la Diputación.

• Instrumento Clave: Plan Provincial de Cooperación, para coordinar inversiones y servicios con municipios.

14. Regímenes Provinciales Especiales

• CCAA Uniprovinciales: La provincia no existe como EELL, la CCAA asume esas funciones.
• Territorios Históricos del País Vasco: Tienen Diputaciones Forales y Juntas Generales.
• Islas (Canarias y Baleares): Tienen Cabildos y Consejos Insulares como gobiernos locales.

15. Entidades Supramunicipales

• Comarcas: Agrupaciones de municipios con características comunes. Solo existen si una Ley autonómica las crea.
• Áreas Metropolitanas: Grandes áreas urbanas que requieren coordinación conjunta de servicios.
• Mancomunidades: Asociación voluntaria de municipios para gestionar servicios de forma común.

16. Entidades Inframunicipales

• Antes de 2013: Tenían personalidad jurídica propia (aldeas, concejos, etc.).
• Tras la reforma de la LBRL: Ya no tienen personalidad jurídica propia. Son órganos administrativos dependientes del Ayuntamiento. Solo se mantienen como Entes locales las constituidas antes de 2013.

La Administración Institucional

I. Concepto y Naturaleza de la Administración Institucional

La Administración Institucional es un subconjunto del sector público que comprende un conjunto plural de entes —denominados entes institucionales, instrumentales, filiales, etc.— que, aunque formal y jurídicamente separados de la Administración territorial matriz (Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales), ejercen funciones públicas por delegación o encargo de esta.

1. Características Esenciales

• Origen Fundacional: Resultado de un proceso de descentralización funcional; se crean para gestionar funciones específicas que corresponden a la administración matriz.
• Personalidad Jurídica Propia: Independiente de la administración que los crea.
• Autonomía Patrimonial y Organizativa: Disponen de patrimonio, tesorería y estatutos propios.
• Régimen Jurídico Específico: Pueden regirse total o parcialmente por el Derecho Privado, lo que da lugar a la llamada “huida del Derecho Administrativo”.
• Instrumentalidad: Su actividad está orientada al cumplimiento de los fines públicos atribuidos a la administración de origen.
• Relaciones Internas y Externas:
  • Ad intra: Relación de dependencia o tutela con la administración matriz.
  • Ad extra: Actuación directa frente a los ciudadanos como si fueran la propia administración.

II. La Relación de Instrumentalidad

La instrumentalidad es el vínculo funcional que une al ente institucional con su administración matriz. A pesar de la autonomía jurídica del ente, las competencias encomendadas siguen siendo de titularidad de la administración que lo crea, la cual responde última y jurídicamente por su actuación.

Mecanismos de Control por Parte de la Administración Matriz

1. Creación, modificación o supresión del ente (normalmente por Ley).
2. Aprobación de sus estatutos.
3. Nombramiento y cese de los miembros de los órganos rectores.
4. Dirección estratégica: emisión de directrices, contratos de gestión, planes de actuación.
5. Revisión de actos: posibilidad de anulación, modificación o impugnación por parte de la administración matriz.

Excepción: Entes independientes, que están excluidos de la relación de tutela o subordinación (ej. autoridades administrativas independientes).

III. Clasificación de los Entes Institucionales

A. Por su Naturaleza Jurídica

1. Entes con Personalidad Jurídico-Pública y Régimen Jurídico Público:
   • Están plenamente integrados en la Administración Pública.
   • Pueden ejercer potestades administrativas (ej. sancionar, expropiar).
   • Se rigen íntegramente por el Derecho Administrativo.
2. Entes con Personalidad Jurídico-Pública y Régimen Jurídico Mixto:
   • Rigen su actividad habitual por el Derecho Privado.
   • Se les aplica el Derecho Administrativo en funciones específicas (potestades, contratación pública, etc.).
3. Entes con Personalidad Jurídico-Privada y Régimen Jurídico Privado:
   • Son personas jurídicas de Derecho privado (ej. sociedades mercantiles, fundaciones).
   • En principio, no ejercen potestades administrativas, salvo que una Ley expresamente lo permita.
   • Aun así, forman parte del sector público económico.

B. Por su Dependencia Administrativa (Administración Matriz)

• Estatales: Vinculados a la Administración General del Estado.
• Autonómicos: Creados por cada Comunidad Autónoma (ej. Junta de Andalucía).
• Locales: Dependientes de entidades como ayuntamientos o diputaciones.

IV. Marco Normativo Común

Normativa Básica: Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

Principales Previsiones

• Todos los entes institucionales deben inscribirse en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local (registro público administrativo).
• Obligatoriedad de implantar sistemas de supervisión continua de las entidades dependientes.
• Regulación detallada sobre creación, transformación, fusión, extinción y liquidación de entes.

V. La Administración Institucional Estatal

La Administración Institucional del Estado incluye diversos tipos de entes regulados íntegramente por la LRJSP, que sustituye regímenes anteriores con el objetivo de homogeneizar estructuras y evitar disfunciones administrativas.

1. Organismos Públicos (Personalidad Jurídico-Pública)

• a) Organismos Autónomos (O.A.):
  • Estructuras administrativas diferenciadas y dependientes de la AGE.
  • Actividades: Promoción, prestación de servicios públicos, gestión administrativa o producción de bienes.
  • Régimen Jurídico: Derecho Administrativo.
• b) Entidades Públicas Empresariales (E.P.E.):
  • Orientadas a la gestión eficiente mediante técnicas empresariales.
  • Actividades: Prestacionales o de gestión, financiadas en gran parte con ingresos de mercado.
  • Régimen Jurídico: Mixto (predomina Derecho Privado, con elementos de Derecho Administrativo).

2. Agencias Estatales

Entidades con autonomía funcional y de gestión, que ejecutan políticas públicas concretas. Se rigen por:

• Un estatuto propio.
• Un contrato plurianual de gestión.
• Un plan de acción anual.

3. Autoridades Administrativas Independientes (AAI)

• Supervisan sectores económicos sensibles.
• Requieren independencia funcional y autonomía respecto a la AGE.
• Régimen Jurídico: Ley específica de creación. Derecho Administrativo y supletoriamente Derecho común.

4. Sociedades Mercantiles Estatales

• Sociedades de capital público (>50% de participación estatal).
• Personalidad jurídico-privada.
• No ejercen potestades públicas, salvo habilitación expresa.
• Régimen: Derecho privado + normativa sectorial presupuestaria, contable, etc.

5. Fundaciones del Sector Público Estatal

• Fundaciones con participación mayoritaria estatal o patrimonio mayoritariamente público.
• No ejercen potestades públicas.
• Régimen: Derecho privado + control público económico-financiero.

6. Consorcios

• Entidades creadas por varias administraciones para la gestión común de actividades o servicios.
• Tienen personalidad jurídica propia.
• Regulación: LRJSP (excepto art. 128.2).

VI. Administración Institucional de la Junta de Andalucía

1. Entidades Instrumentales

• Concepto: Entes con personalidad jurídica propia, controlados o participados por la Junta de Andalucía.
• Creación motivada por razones de eficiencia y cercanía con la ciudadanía.
• Se rigen por la LAJA (Ley de la Administración de la Junta de Andalucía).

2. Clasificación de Agencias Públicas (Personalidad Jurídico-Pública)

• a) Agencias Administrativas:
  • Actúan bajo el Derecho Administrativo.
  • Desarrollan actividades de promoción, gestión de servicios, prestación de funciones públicas.
• b) Agencias Públicas Empresariales:
  • Tipo A: Producción de bienes y servicios en régimen de libre mercado.
  • Tipo B: Ejecución de competencias sin orientación al mercado.
  • Régimen Jurídico: Tipo A: Derecho privado, salvo potestades y organización. Tipo B: Derecho Administrativo, aunque puede complementarse con el Derecho Privado si así lo exige su gestión específica.
• c) Agencias de Régimen Especial: Se crean para ejercer funciones que impliquen autoridad pública, como potestades administrativas intensas, según el tipo de actividad y sus necesidades de gestión. Su régimen jurídico es principalmente de Derecho Administrativo.

3. Otras Entidades Instrumentales de la Junta de Andalucía

• a) Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz:
  • Son personas jurídicas de Derecho Privado, definidas por la Ley del Patrimonio de la CA y la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía.
  • La Junta de Andalucía tiene una participación mayoritaria directa o indirecta en su capital.
  • Su objeto es desarrollar actividades comerciales o de gestión de servicios en régimen de mercado, bajo principios de libre competencia.
  • No pueden ejercer potestades administrativas.
• b) Fundaciones del Sector Público Andaluz:
  • Tienen personalidad jurídica privada.
  • Se rigen por la Ley andaluza de Fundaciones y Derecho Privado.
  • Su gestión es pública si: la Junta participa mayoritariamente en su capital o patrimonio, o tiene la mayoría de representantes en el patronato.
  • No pueden ejercer potestades administrativas.

VII. Otras Formas de Administración Institucional de la Junta de Andalucía

1. Consorcios

• Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia.
• Formados por la Junta con otras administraciones públicas y, en su caso, entidades privadas.
• Finalidad: Gestionar actividades de interés común dentro de las competencias respectivas.
• No se rigen por el Título III de la LAJA, sino por la normativa básica estatal (LRJSP).
• Su creación e integración de la Junta en ellos requiere autorización del Consejo de Gobierno.

2. Administraciones Independientes

• Entidades vinculadas a la Junta que gozan de independencia funcional o autonomía especial reconocida por Ley.
• Se regulan por su normativa específica.
• No se consideran entidades instrumentales ni se rigen por el Título III de la LAJA.
• Supletoriamente, pueden aplicar normas de las agencias públicas según sus características.
• En lo económico, contable y de control: aplican la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía.

VIII. Control y Supervisión de los Entes Institucionales

A Nivel General

• Supervisión Continua: Desde su creación hasta su extinción, para asegurar que cumplen los requisitos legales y su objetivo fundacional.
• Evaluación de Eficacia: Se realiza anualmente por el departamento al que esté adscrito el ente. Verifica cumplimiento de objetivos y uso adecuado de los recursos públicos.

En la Junta de Andalucía

Las Agencias están sometidas a:

Control de eficacia: a cargo de la Consejería a la que están adscritas. Control presupuestario, económico-financiero, contable: según la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía. Régimen de impugnación: Actos con potestades administrativas → recursos administrativos conforme al Derecho estatal. Gestión tributaria → vía económico-administrativa. TEMA 6: LA ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA: I. LAS CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO: 1. Denominaciones diversas: Estas entidades son conocidas por varios nombres:. Corporaciones de Derecho Público. Administración Corporativa. Entes corporativos.  Corporaciones sectoriales de base privada. Entes públicos asociativos 2. Concepto: Las corporaciones de derecho público son agrupaciones de personas físicas privadas (no funcionarios ni órganos estatales), que: Comparten fines comunes (profesionales, económicos o sociales).  

Se organizan en una estructura institucional para la consecución de esos fines. Son los propios miembros quienes eligen democráticamente a sus órganos de gobierno.  Se financian mediante cuotas aportadas por los mismos miembros. 3. Caracterización general: Base sectorial privada: Compuestas exclusivamente por personas privadas unidas por intereses comunes. Creación legal: No nacen por iniciativa libre de los ciudadanos, sino por voluntad expresa de la ley. Funcionamiento democrático: Sus órganos de dirección deben ser elegidos a través de procedimientos democráticos internos. Funciones públicas y privadas: Funciones públicas: Les son atribuidas por ley; relacionadas con la regulación o control del sector al que pertenecen. Funciones privadas: Relacionadas con la prestación de servicios a sus miembros y la defensa de intereses particulares. 4. Ejemplos en España:  Colegios Profesionales (abogados, médicos, ingenieros…). Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. Otras entidades sectoriales: Comunidades de usuarios de aguas. Cofradías de pescadores. La ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles). II. DIFERENCIAS ENTRE CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO Y ASOCIACIONES PRIVADAS: 1. Régimen de creación:  Corporaciones de derecho público: Requieren una ley estatal o autonómica para su constitución, que define su estructura, fines y funcionamiento. Asociaciones privadas: Se crean libremente en ejercicio del derecho fundamental de asociación (art. 22 CE). 2. Naturaleza jurídica y régimen mixto: No son administraciones públicas ordinarias, como los ayuntamientos o ministerios. Son agrupaciones privadas, con un régimen jurídico mixto: Público: Para su creación, organización y funciones públicas. Se les aplica el Derecho Administrativo y son controladas por la jurisdicción contencioso-administrativa. Referencias normativas: Art. 2.4 de la Ley 39/2015 (LPACAP). Art. 2.c) de la Ley 29/1998 (LJCA). Privado: Para sus actividades privadas o de autorregulación interna. Se rigen por el Derecho Civil o el Derecho Laboral y su control corresponde a la jurisdicción civil o social. III. LOS COLEGIOS PROFESIONALES: 1. Definición: Son corporaciones de derecho público reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y capacidad plena para el cumplimiento de sus fines, que consisten en: Ordenar la profesión. Representarla institucionalmente. Proteger intereses profesionales y sociales. 2. Marco normativo: Artículo 36 CE: Reconoce explícitamente los colegios profesionales. Impone reserva de ley y exige funcionamiento democrático. Ley 2/1974, de 13 de febrero: Ley estatal básica de Colegios Profesionales (modificada varias veces). Leyes autonómicas: En Andalucía: Ley 10/2003, modificada en 2011 + reglamentos de desarrollo.  

Normativa interna: Estatutos particulares y reglamentos de régimen interior. 3. Fines principales: Ordenación del ejercicio profesional: Dentro del marco legal, evitando intrusismo o malas prácticas. Representación institucional exclusiva: En profesiones con colegiación obligatoria, sólo el colegio puede representarlas. Protección de consumidores y usuarios: Supervisan la calidad del servicio profesional prestado. Defensa de intereses profesionales: Actúan como órganos de apoyo y defensa de sus colegiados. 4. Miembros (colegiados): Son titulados en la profesión correspondiente. La colegiación puede ser obligatoria si así lo establece una ley estatal. Garantías institucionales: El Estado y las CCAA deben garantizar el ejercicio de las profesiones colegiadas. El ejercicio profesional debe respetar la libre competencia y la legislación económica: Ley de Defensa de la Competencia. Ley de Competencia Desleal.  IV. LAS CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN: 1. Definición: Son corporaciones de derecho público con: Personalidad jurídica propia. Plena capacidad de obrar. Función principal: actuar como órganos consultivos y colaboradores de la Administración Pública** en materia económica, sin perder su vínculo con el sector privado. 2. Marco normativo: Artículo 52 CE: No menciona las Cámaras directamente, pero reconoce organizaciones profesionales que defienden intereses económicos (reserva de ley y funcionamiento democrático). Ley 4/2014, de 1 de abril: Ley básica estatal de Cámaras Oficiales. En Andalucía: Ley 10/2001, con su reglamento de desarrollo. 3. Fines esenciales: Representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y la navegación. Prestación de servicios de apoyo, información, formación y asesoramiento a empresas. 4. Miembros: Sujetos obligados: Personas físicas o jurídicas (españolas o extranjeras) que desarrollen actividades comerciales, industriales, de servicios o navegación dentro de una circunscripción determinada. Adscripción automática: No requiere solicitud ni genera obligación económica ni carga administrativa directa. TEMA 7: LA ADMINISTRACIÓN CONSULTIVA Y DE CONTROL: La Administración consultiva está compuesta por órganos y entidades que asesoran a los órganos con competencias resolutorias (la llamada «Administración activa») para ayudarles en la toma de decisiones. Este concepto es muy amplio, pues incluye tanto órganos sin personalidad jurídica como entidades con personalidad propia, pertenecientes a cualquier nivel de las Administraciones Públicas, y con funciones de asesoramiento jurídico, técnico, político u otro tipo, ya sea como competencia principal o accesoria. Su labor consiste principalmente en emitir informes o dictámenes que ayudan a formar el criterio del órgano decisor, pero también cumplen una función de garantía y

fiscalización, ya que su finalidad última es asegurar que las decisiones se ajusten al principio de legalidad. Tradicionalmente, la función consultiva ha sido ejercida por órganos colegiados, técnicos y no representativos, con competencia general y procedimientos formales. Ejemplos clásicos son el **Consejo de Estado** en España, así como sus equivalentes en otros países (Francia, Italia, Colombia, etc.). Además de estos órganos institucionalizados, existen otros que asesoran de manera continua y cercana a los centros de decisión, como los gabinetes de altos cargos (Presidente del Gobierno, Ministros, Secretarios de Estado) y las Secretarías Generales Técnicas. La Ley 40/2015, en su artículo 7, establece que el asesoramiento puede prestarse mediante órganos con autonomía respecto a la Administración activa o a través de sus propios servicios jurídicos, siempre que estos actúen con independencia funcional y sin recibir instrucciones del órgano consultado.  En la Administración General del Estado, destacan como órganos consultivos autónomos el Consejo de Estado y, en calidad de entidad, el Consejo Económico y Social. La Administración de control: La Administración de control se refiere al conjunto de órganos encargados de vigilar, comprobar, fiscalizar o intervenir la actuación de otros órganos administrativos, con el fin de asegurar que su actividad se ajuste a la legalidad y a los fines del ordenamiento jurídico. Esta función es clave dentro del Estado de Derecho y puede clasificarse en control interno (ejercido desde dentro de la misma organización) y control externo (por órganos ajenos a la organización controlada). 1. Control interno de la Administración: En el ámbito administrativo, el control interno tiene como objetivo garantizar la legalidad y la eficacia de la actuación administrativa (art. 103.1 CE). Puede ser ejercido por: Órganos especializados en fiscalización y evaluación. Órganos activos mediante instrumentos como los recursos administrativos, la revisión de oficio o la función consultiva. La Administración de control está integrada por órganos que ejercen inspección, vigilancia, comprobación y revisión para detectar y corregir desviaciones respecto a los objetivos normativos. 2. Principales órganos de control interno en la Administración General del Estado: Inspecciones Generales de Servicios de cada Ministerio: dependen de la Subsecretaría ministerial y se ocupan de controlar y evaluar los servicios internos y de organismos públicos dependientes; Dirección General de Gobernanza Pública**: coordina y supervisa las inspecciones y programas para evaluar la eficacia y eficiencia de los servicios públicos; Intervención General de la Administración del Estado (IGAE): principal órgano de control económico-financiero del sector público estatal.  

Realiza: Control previo de legalidad. Control financiero y auditoría pública. Elaboración de cuentas del sector público. Verificación del uso correcto de subvenciones y fondos públicos, incluidos los europeos; La IGAE actúa con autonomía funcional e independencia profesional, apoyada en cuerpos técnicos especializados como los Interventores y Auditores del Estado; También existen Intervenciones Delegadas en cada Ministerio o entidad pública, que ejercen funciones de control contable y financiero de manera independiente del órgano controlado; Además, existen unidades especializadas como la Intervención General de Defensa, la de la Seguridad Social y la de Clases Pasivas. 3. Ámbito autonómico: Las Comunidades Autónomas disponen de órganos equivalentes. Por ejemplo, en Andalucía destacan: La Inspección General de Servicios (adscrita a la Consejería de Administración Pública). La Intervención General de la Junta (adscrita a Hacienda Pública, según la Ley 9/2007). Estos órganos reflejan cómo el control interno se despliega en distintos niveles de la organización administrativa para garantizar legalidad, eficacia y eficiencia en la gestión pública.