Teoría general de las causas de justificación

La misión del Derecho Penal es proteger los bienes jurídicos. Por ello, toda conducta que los dañe se denomina conducta típica y antijurídica, salvo que exista concurrencia en las causas de justificación (normas permisivas).

Principios fundamentales

• Ausencia de justificación: La conducta está tipificada y el titular no tiene interés en proteger el bien. En el elemento del tipo, el consentimiento del titular hace que la conducta sea atípica, es decir, no lesiona al bien jurídico protegido. Este principio fundamenta una causa de justificación donde el legislador protege el bien con independencia de lo que piense el titular del mismo; sin embargo, si el titular renuncia a la protección que el ordenamiento le ofrece al bien, esta renuncia puede ser tenida en cuenta. Hay que tener en cuenta que el bien puede tener varios titulares, ya sean inmediatos o mediatos.
• Interés preponderante: Un interés jurídicamente relevante para el Derecho Penal es autorizado por la ley penal en determinadas circunstancias. Cuando existe concurrencia en el hecho típico de un interés que entra en conflicto con el bien jurídico protegido por el tipo, o bien cuando la ley estima ese interés prevalente en el caso concreto respecto del primero, el fundamento de la justificación de la conducta típica es la presencia de un interés preponderante. A veces ocurre un conflicto de interés entre dos bienes jurídicos (ya sea lesionado o puesto en peligro); el interés atendido por la causa de justificación puede ser:

• Hacer prevalecer el Derecho frente a una agresión injusta y proteger el bien jurídico atacado (legítima defensa).
• Evitar otro mal mayor que el mal que se causa con la acción típica (estado de necesidad).
• El ejercicio de un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico (ejercicio legítimo de un derecho).
• Salvaguardar la norma que obliga a realizar la conducta típica (cumplimiento de un deber).

Las causas de justificación pueden ser de rango distinto (por ejemplo, el cumplimiento del deber: el policía detiene al delincuente) o implicar bienes desiguales (estado de necesidad de bienes desiguales: se sacrifica el patrimonio ajeno para salvar la propia vida). También pueden ser de igual rango debido a las circunstancias, como en la legítima defensa cuando el agredido tiene que matar al agresor injusto para salvar su propia vida; en tal caso, el conflicto se resuelve a favor de la vida del inocente frente a la del agresor injusto.

Naturaleza objetiva y subjetiva

La mayoría de la doctrina y la jurisprudencia exige que quien actúa con una causa de justificación tenga el ánimo de ejercitarla. Existen diferentes posturas:

• Posturas objetivas: Compensan el desvalor del resultado asociado a la tipicidad por la concurrencia de un interés preponderante. Si están presentes los presupuestos objetivos de la causa de justificación, el interés preferente que permite justificar la conducta se cumple en todo caso.
• Posturas mixtas: El texto legal (por ejemplo, el Art. 20) se limita a exigir, además de otros requisitos objetivos, que el sujeto obre en determinadas circunstancias: en defensa (4.º), en estado de necesidad (5.º: «para evitar un mal propio o ajeno»), en cumplimiento de un deber (7.º) o en ejercicio de un derecho, oficio o cargo (7.º). DRAL (no sentido final; sí locativo, temporal o modal) o «Obrar en» (si sentido final). La doctrina y jurisprudencia vienen exigiendo que el autor tenga el animus que cada causa postula; de lo contrario, se puede hablar de falta de justificación de la conducta o de una eximente incompleta.

Efectos de las causas de justificación

• La conducta no es antijurídica: se obra legítimamente.
• No cabe utilizar una causa de justificación contra otra.
• Quien participa en un hecho justificado también está exento de responsabilidad penal.
• Cabe autoría mediata.
• No cabe imponer medidas de seguridad a quien actúa amparado por una causa de justificación.
• Eximen de responsabilidad criminal y civil derivada de delito (art. 118.3ª CP).

Causas de justificación

1. Cumplimiento de un deber (Art. 20.7)

Actúa jurídicamente quien obra en cumplimiento de un deber (público o privado), ya sea por obligación de cumplirlo o por el ejercicio de un derecho (libre o no). En la naturaleza jurídica, el principio que fundamenta esta causa es el interés preponderante, que puede ser, por ejemplo, el de la educación de los ciudadanos (deber de los padres de educar a sus hijos), evitar la comisión de delitos o el castigo de los culpables (deber de denunciar los delitos, detener y poner a disposición judicial a los presuntos delincuentes), o el funcionamiento de la administración del Estado (obediencia debida).

Su extensión comprende:

• Deberes públicos: Los mandatos antijurídicos obligatorios (art. 410.1). Se castiga al funcionario que no cumple una orden de una autoridad superior, salvo que el mandato constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de la ley u otra disposición general (sensu contrario). Requisitos:

• Las órdenes deben proceder de la autoridad superior; debe existir una relación de subordinación entre quien da la orden y quien la recibe.
• Deben darse dentro de los límites de la respectiva competencia.
• Han de estar revestidas de las formalidades legales.

En síntesis: el funcionario está obligado a obedecer cuando su superior le manda con las formalidades correspondientes y salvo que la orden constituya una violación manifiesta y terminante de una ley.

Deberes del derecho privado: Velar por los hijos no emancipados, alimentarlos, tenerlos en su compañía, educarlos (Art. 154 CC).

Deberes profesionales: Asumidos por vía contractual y recogidos en una ley, reglamento o estatutos (por ejemplo, denunciar ciertos delitos; obligaciones de órganos jurisdiccionales; adoptar medidas disciplinarias en ámbitos profesional, laboral y militar).

2. Ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo

Se trata de la actuación de quien, por derecho legítimo (jurídico) —ley, reglamentos, costumbre o usos sociales— realiza una actividad propia de su oficio o cargo. La palabra «oficio» incluye cualquier profesión privada, aunque no se exija para su ejercicio un título (manual o liberal, retribuida o gratuita). La palabra «cargo» incluye el ejercicio de funciones públicas, permanentes o transitorias.

En su extensión encontramos:

• El derecho de corrección: Se fundamenta en el interés preponderante de la educación (Arts. 154 y 268 CC): corregir a los hijos o pupilos (patria potestad o tutela). Requiere necesidad y proporcionalidad del fin educativo (animus corrigendi).
• Lesiones en los deportes.
• Tratamiento médico: En algunos casos supone ausencia de interés y, en otros, un interés preponderante. Se considera ejercicio legítimo de un oficio o cargo toda actividad orientada objetivamente a la mejora de la salud con previo consentimiento informado válido (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente: Art. 8 — libre y voluntario — y supuesto de prescindibilidad: grave riesgo para la salud pública e integridad física o psíquica) y con aplicación de la lex artis, reguladora de la actividad profesional.

Dentro de este ámbito:

• Tratamientos médicos coactivos: Cumplimiento de un deber por parte de un médico mediante medios no violentos (casos de fuerzas armadas o del Estado para evitar epidemias). Los testigos de Jehová plantean, en ciertos casos, un conflicto de intereses preponderante: libertad religiosa o de conciencia.
• Tratamientos voluntarios: Curativos donde no existe dolo de muerte (aunque puede existir dolo de lesionar, por lo que la conducta es típica). El problema se plantea en la imprudencia (ex artis), por lo que dichos casos deben valorarse mediante el principio del doble efecto (operaciones de riesgo). También se incluyen tratamientos cosméticos y la donación de órganos (Art. 156).
• Imputaciones a terceras personas distintas a calumnias o injurias: los requisitos son los ya expuestos en casos anteriores.

3. Legítima defensa

La legítima defensa es el empleo de la fuerza necesaria para repeler una agresión injusta, dirigida contra el que se defiende o contra un tercero. Jiménez de Asúa considera legítima defensa la repulsa de la agresión ilegítima, actual o inminente, por el atacado o una tercera persona, sin traspasar la necesidad de defensa y dentro de la racional proporción de los medios empleados (acto reactivo ante una agresión). Rodríguez Devesa y Antón Oneca destacan la falta de protección estatal al agredido que provoca una tácita delegación del Estado en el defensor para oponerse al que perturba el orden jurídico.

La doctrina dominante sostiene un fundamento doble:

• De carácter individual: la necesidad de proteger los bienes jurídicos individuales atacados por la agresión injusta.
• De carácter supraindividual: la conveniencia de posibilitar, dentro de unos límites razonables, la primacía del Derecho frente a lo injusto; es decir, la necesidad de defender el orden jurídico.

La naturaleza jurídica considera que la legítima defensa es un derecho y no un deber. Este doble fundamento explica la legítima defensa aun cuando con ella se lesionen bienes jurídicos de mayor valor que los atacados por la agresión ilegítima (por ejemplo, vida o libertad sexual). La mera tutela del bien jurídico individual no sería suficiente para compensar la lesión típica de un bien de mayor valor; es el carácter ilegítimo de la agresión y el carácter legítimo de la defensa (primacía del Derecho frente a la ilicitud), junto con la necesidad de protección de bienes individuales, lo que permite afirmar la justificación de la lesión de un bien de mayor jerarquía.

Regulación legal (Art. 20.4.º): Quien obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes:

• Agresión ilegítima: Para la defensa de los bienes, se reputará agresión ilegítima el ataque que constituya delito o falta y que ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes esos bienes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas.
• Necesidad racional del medio empleado: El medio debe ser racionalmente necesario para impedirla o repelerla.
• Falta de provocación suficiente por parte del defensor: No debe existir provocación suficiente previa por parte de quien se defiende.

En la extensión encontramos:

• Bienes defendibles: Cualquier bien jurídico inherente a la propia existencia del sujeto: vida, salud, integridad corporal, libertad sexual, etc. También bienes que revistan la forma de un derecho: libertad, honor, propiedad, morada. Los bienes patrimoniales también pueden ser defendidos cuando el ataque constituya delito o falta y suponga grave peligro de deterioro o pérdida inminentes.
• Personas que pueden defenderlos: Puede defenderse el agredido o un tercero; esto se denomina legítima defensa de terceros.

Requisitos legales detallados:

1. «Agresión ilegítima»: Todo género de ataque físico, material y directo contra cualesquiera bienes que puedan ponerse en peligro. No aplica frente a un animal (para aquello será aplicable el estado de necesidad). La agresión debe ser actual e inminente. No cabe la «legítima defensa anticipada» ni el exceso extensivo en la defensa. Existe la legítima defensa putativa (error sobre la existencia de la agresión).
2. Necesidad racional del medio empleado: Proporcionalidad entre ataque y reacción o entre el bien jurídico atacado por agresor y defensor. Puede causarse un mal mayor que el que se repele, lo cual sería injusto. Se exige un medio menos dañino o racionalmente bastante, valorando el bien jurídico agredido y los medios utilizados por el agresor.
3. Falta de provocación suficiente por parte del defensor: Debe descartarse que exista una riña mutuamente aceptada o una reacción comprensible por provocación previa. El legislador pretende evitar dejar sin legítima defensa a un ciudadano cuando un tercero que pretende defenderle duda si la víctima lo ha provocado. Cuando faltan parcialmente los requisitos 2.º y 3.º, puede acudirse a una eximente incompleta.

4. Estado de necesidad (Art. 20.5)

El artículo 20.5 recoge: «El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos»:

• Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.
• Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.
• Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.

En la doctrina, el estado de necesidad implica un estado peligroso actual para intereses legítimos que únicamente puede conjurarse mediante la lesión de intereses legítimos ajenos; implica la existencia de una situación en la que, para un determinado bien, existe el peligro de un quebranto grave que solamente puede ser evitado mediante el sacrificio de bienes jurídicos ajenos. La diferencia con la legítima defensa radica en que en la legítima defensa la fuerza se utiliza para repeler la agresión y se dirige contra el injusto agresor, mientras que en el estado de necesidad se actúa contra una cosa o persona inocente; por ello, el estado limita los bienes o deberes que puedan lesionarse.

Su extensión plantea:

• Bienes y derechos incluidos en la eximente: Se puede lesionar un bien jurídico de otra persona o infringir un deber; el bien jurídico debe estar protegido por el Derecho Penal y tratarse de un deber jurídicamente exigible cuya infracción constituya delito.
• Auxilio necesario: «Para evitar un mal propio o ajeno». «Ajeno» no es propio: incluye bienes personales e impersonales y cualquier relación.

Requisitos esenciales:

• Estado de necesidad: Conflicto entre bienes e intereses: la salvación de uno depende del sacrificio del otro.
• Situación de peligro: Real, inminente y grave. En el estado de necesidad el peligro puede ser putativo (error) desde la perspectiva del sujeto que actúa.
• Necesidad de lesionar un bien jurídico: No debe existir un medio menos lesivo que el utilizado (principio de subsidiariedad).
• Elemento subjetivo: animus conservationis (intención de conservar o salvar el bien). Aplicable a delitos imprudentes (por ejemplo, traslado de un herido) e intermediación en un secuestro.
• Ponderación de males/valores: Valor material más valor ético-social da lugar al valor cualitativo, no cuantitativo: importancia del bien, forma y gravedad del ataque, perturbación del orden jurídico, dignidad de la persona y su situación económica. También determina la imposición de penas previstas en el Código Penal.
• Falta de intencionalidad: Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto; puede existir solo imprudencia o deportes peligrosos como causa de la situación de necesidad.
• Obligación de sacrificarse: Se exige que la persona no tenga, por su oficio o cargo, la obligación de sacrificarse.

Nota final: Todos los apartados y ejemplos expuestos deben valorarse conforme a la normativa aplicable y la interpretación jurisprudencial vigente, atendiendo siempre a la concurrencia de requisitos objetivos y subjetivos que cada causa exige.