La Segunda República

La proclamación de la II República

El 12 de abril de 1931, las elecciones municipales convocadas por el gobierno del almirante Aznar, que debían suponer el inicio de la transición para retomar un sistema constitucional, dieron un claro vuelco político al país. Estos resultados se explican por el hastío que produjo la dictadura del general Miguel Primo de Rivera y por el apoyo que prestó la monarquía a los militares durante esos años.

El día 14 de abril se proclamaba en Eibar la II República, hecho que se extendió, con gran apoyo popular, a otras importantes ciudades a lo largo de ese mismo día. En ese contexto, Alfonso XIII emitía un comunicado y abandonaba el país, partiendo hacia el exilio.

La formación del gobierno provisional

En el verano de 1930, con el gobierno en plena crisis, se produjo un pacto de unión entre diversos sectores (Pacto de San Sebastián). Sus principales integrantes fueron:

• El republicanismo “histórico”, encarnado en la figura de Alejandro Lerroux, fundador del Partido Radical en 1908.
• La nueva izquierda republicana de Manuel Azaña, que junto a Marcelino Domingo y Álvaro Albornoz, representaba los elementos del radical-socialismo.
• El republicanismo moderado con personajes como Niceto Alcalá Zamora o Miguel Maura. Alcalá Zamora sería elegido presidente del comité revolucionario creado con la firma del Pacto de San Sebastián.
• Los socialistas, cuyas principales figuras eran Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos. Fue Prieto quien convenció a los socialistas de que se unieran a las posiciones pro-republicanas.
• El catalanismo de izquierdas con figuras como Carrasco Formiguera, Matías Malliol y Jaume Aiguader.
• El regionalismo gallego, con Casares Quiroga al frente de la ORGA, partido republicano gallego.

Una vez proclamada la República, serán precisamente los firmantes del Pacto de San Sebastián los encargados de formar un gobierno provisional con mayoría de republicanos, socialistas y nacionalistas. Siguiendo lo acordado en el Pacto, se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes para el 28 de junio con el objetivo de dotar al nuevo régimen de una Carta Magna. Igualmente, se decretaron una serie de reformas que se consideraron esenciales y de extrema urgencia.

No obstante, desde sus inicios, la II República hubo de enfrentarse a numerosos problemas. Además de la negativa coyuntura económica a nivel internacional producida por el crac de Wall Street (1929), podemos destacar los conflictos sociales en forma de huelgas (Sevilla, Asturias, Barcelona…); la animadversión de empresarios y grandes propietarios agrícolas y la oposición de la Iglesia, todos ellos temerosos de las reformas, de los movimientos obreros y del anticlericalismo; o la proclamación de la república catalana por Francesc Macià.

Finalmente, el 28 de junio de 1931 se celebraron elecciones con un notable índice de participación que superaba el 70%. Las elecciones dieron la mayoría de los escaños a los socialistas y republicanos, los partidos que pertenecían a la izquierda y al centro. Manuel Azaña fue elegido nuevo jefe de gobierno.

La Constitución de 1931

Al día siguiente se formó la Comisión Constitucional, que rápidamente elaboró un proyecto y lo presentó al pleno el 27 de agosto. Después de tres meses de intenso debate, el 9 de diciembre quedó definitivamente aprobada. Sus principales características son:

1. La definición del Estado como “República democrática de trabajadores de toda clase”, subrayando el carácter popular de la soberanía.
2. Una extensa declaración de derechos; la república se convertía así en uno de los primeros países en reconocer el sufragio universal femenino. La Constitución regulaba además estrictamente la suspensión de derechos en casos de notoria e inminente gravedad, concediendo a las Cortes, que no podían ser disueltas, la última decisión. En la parte relativa a familia, economía y cultura se recogían los principios más modernos y democráticos de esta materia: matrimonio civil basado en la igualdad de los cónyuges y susceptible de disolución (divorcio), etc.
3. Las Cortes quedan configuradas como la representación principal del pueblo. Elegidas cada cuatro años, constan de una sola cámara.
4. El Presidente de la República es elegido cada seis años por los diputados y un número igual de compromisarios.
5. Se establece un poder judicial totalmente independiente, con un Tribunal de Garantías Constitucionales.
6. El debate estrella fue, sin duda, el de los artículos 26 y 27, en los que se abordaba la cuestión religiosa.
7. El tema de las autonomías fue, después del religioso, el más debatido y las Cortes constituyentes lo abordaron con mucha prudencia. El artículo I definía a España como un “estado integral” y todo el título primero dibuja la posibilidad de que varias provincias se constituyan en región autónoma.

Tras la aprobación de la Constitución, el 10 de diciembre fue elegido Alcalá Zamora como primer Presidente de la República.

El bienio reformista (1931-1933)

En ese período se impulsaron una serie de reformas que profundizaron en las ya realizadas por el gobierno provisional.

A) La cuestión religiosa

La propia Constitución y la legislación emanada por el gobierno en los primeros meses de la República tenderán a limitar ese poder. Así, el artículo 26 establecía la separación Iglesia-Estado. A lo largo de 1932 y 1933, la República se dedicó en cuerpo y alma a la promulgación de leyes destinadas a acabar con la influencia de la Iglesia en la sociedad: disolución de la Compañía de Jesús y confiscación de sus bienes; matrimonio civil, divorcio y secularización de cementerios; prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas.

B) El problema social

El movimiento anarquista constituía la oposición más violenta a la República. En el resto de Europa, el anarquismo como fenómeno de masas había desaparecido después de la I Guerra Mundial; en España, siguió creciendo.

C) El problema regional

La nueva Constitución republicana mencionaba la posibilidad de conceder la autonomía a aquellas regiones que lo solicitasen. Atendiendo a las crecientes demandas del catalanismo político, la República accedió a que se celebrase un plebiscito en Cataluña para otorgar a dicha región su anhelado estatuto de autonomía. El resultado fue abrumadoramente favorable.

D) El problema militar

Frente a las aspiraciones autonomistas de algunas regiones españolas, el Ejército se mostró como la institución más ofendida, pues la unidad de la patria les obsesionaba. La República se proponía modernizar este ejército anticuado y con exceso de oficiales.

E) El problema agrario

Los campesinos de toda España esperaban que la llegada de la República representara el fin de todos sus problemas, especialmente la falta de tierras, que suponía una reforma en el sistema de propiedad. Una serie de primeros decretos persiguieron proteger a los campesinos sin tierra y a los arrendatarios: prohibición de poner fin a los contratos de arrendamiento, jornada laboral de ocho horas, salarios mínimos, obligación de poner en cultivo las tierras baldías, etc. Sin embargo, la cuestión de fondo se intentó llevar a cabo con la Ley de Reforma Agraria. En definitiva, la reforma agraria sólo sirvió para desilusionar a muchos jornaleros e irritar a los terratenientes, que se opusieron, aún más si cabe, a la República.

El bienio conservador (1933-1936)

Los graves hechos de Casas Viejas, junto al crecimiento del número de huelgas y el peligro de revolución social, hicieron que los socialistas abandonaran el gobierno y obligaron a Azaña a dimitir, convocándose elecciones para noviembre de 1933, a las que la derecha llegaba, ahora sí, preparada y unida. Sus esperanzas se centraban en una nueva coalición, la CEDA.

La CEDA se convirtió en el principal partido de las Cortes y Gil Robles en el ídolo de la España conservadora. José Antonio Primo de Rivera obtuvo acta por Falange Española, partido fundado hacía pocos meses. Del otro lado, Cayetano Bolívar fue el primer representante del PCE en las Cortes. Este hecho denota la polarización y radicalización de la sociedad española, que será constante hasta el estallido de la guerra.

La izquierda estaba alarmada, convencida de que detrás de Gil Robles se escondía la amenaza del fascismo. Para calmarles, se formó un gobierno de centro dirigido por el jefe del Partido Radical, Alejandro Lerroux. Gil Robles y la CEDA lo apoyaban, pero no entraron a formar parte del mismo, a pesar de que era el partido más votado. La República dio un giro a la derecha, y el proceso de reformas quedó paralizado.

La situación fue tornándose cada vez más confusa. Ante las vacilaciones del presidente de la República en promulgar la ley que perdonaba a Sanjurjo y los conspiradores de 1932, Lerroux dimitió en mayo de 1934, siendo sustituido por otro radical, Ricardo Samper, que contaba con muchos menos apoyos en las Cortes. Alcalá Zamora no hizo otra cosa que volver a encomendar su formación a Lerroux, pero ahora Gil Robles exigió que tres de sus partidarios de la CEDA entraran como ministros.

Todo ello produjo la radicalización de las fuerzas de izquierda y de los anarquistas, proliferando las huelgas y conflictos sociales, a lo que el gobierno respondió con contundencia. En Barcelona, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó el Estado Catalán. El movimiento revolucionario fracasó en todo el país, con una excepción: Asturias. Las guarniciones en Asturias se vieron impotentes para frenar una ofensiva revolucionaria que unió a socialistas, comunistas y anarquistas y que produjo violentos combates. Los generales Manuel Goded y Francisco Franco coordinaron la ofensiva desde Madrid.

El castigo a los rebeldes de 1934 suscitó las primeras divisiones en el seno del gobierno de centro-derecha. Gil Robles y la CEDA eran partidarios de la aplicación de varias penas de muerte. Alcalá Zamora les recordó las medidas de gracia impuestas a los conspiradores de 1932 y no las ejecutó, por lo que los ministros de la CEDA retiraron el apoyo al gobierno radical de Lerroux, aunque en marzo de 1935 se vio obligado a incluir cinco nuevos ministros de dicha formación y con Gil Robles al frente del Ministerio de la Guerra.

La influencia de la CEDA se tradujo en un anteproyecto para modificar la Constitución, en el que se presentaba una visión restrictiva de las autonomías, se abolía el divorcio o se negaba la posibilidad de socializar la propiedad. No obstante, el proyecto no fue votado por el surgimiento de una nueva crisis en el gobierno. Las nuevas elecciones quedaron fijadas para el 16 de febrero.

El Frente Popular y el estallido de la Guerra Civil

Oponiéndose a ellos, se formó el Frente Nacional o de Orden, cuya cabeza más visible era la CEDA de Gil Robles, que lanzó una agresiva campaña electoral presentándose como la última y única alternativa de defensa ante una inevitable revolución bolchevique. Entre estas dos formaciones se contaban los diferentes partidos de centro.

Vistos los resultados, además de la ajustada victoria del Frente Popular, se aprecia perfectamente la polarización y división de la sociedad española. Tras estos resultados, la población salió a la calle pidiendo la amnistía para los opositores del gobierno de 1934. Las huelgas y las invasiones de tierra aumentaron, los conflictos sociales y laborales amenazaban más que nunca el orden constitucional.

Unos 15.000 militantes de las juventudes de la CEDA abandonaron el partido y se unieron a un movimiento más combativo, la Falange, que, como ya hemos visto, había sido fundada por José Antonio Primo de Rivera en 1933. En 1934, junto a Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo, fundadores de las JONS, había negociado su fusión con la Falange.

El presidente de la República pidió nuevamente a Manuel Azaña que formara gobierno. Pero nada podía ya detener las pasiones políticas. En la ciudad, los puños y las pistolas habían reemplazado al debate político; en el campo, la violencia se había convertido en el último recurso para escapar de la pobreza. El descontento popular tenía el signo opuesto en Navarra, el feudo carlista de campesinos profundamente conservadores que estaban dispuestos a defender Dios, Patria y Rey hasta la muerte.

Para un número creciente de militares, el golpe de estado era la única forma posible de restablecer el orden. El general Franco fue enviado a las islas Canarias; el general Mola fue únicamente trasladado a Pamplona, donde se convirtió en el “Director”, el cerebro del complot. Dimitido éste, Manuel Azaña fue el único candidato a ocupar su puesto que estaban dispuestos a votar las izquierdas. La jefatura del gobierno pasó a otro republicano, Santiago Casares Quiroga.

Durante esa jornada, los discursos inflamados del líder socialista Francisco Largo Caballero contribuyeron a la radicalización de las masas. Largo Caballero, apodado “el Lenin español”, se había convertido poco a poco en un líder revolucionario.

Entretanto, el 25 de mayo, el general Mola, desde Pamplona, dio un plan estratégico detallado sobre la preparación del alzamiento. Dos días después, entró en contacto desde la cárcel Modelo de Madrid con José Antonio, el líder de la Falange, que inicialmente no estuvo completamente de acuerdo con el desarrollo del plan.

Finalmente, desde las Canarias, el general Franco se comunicó con el cerebro de la conspiración, a pesar de que aún no estaba seguro de que hubiera llegado el momento propicio para el levantamiento. Pese a todo, el plan para trasladar a Franco a Marruecos para ponerse al frente de la rebelión en la zona siguió adelante.

Esa noche en Madrid, iba a desencadenarse la tragedia. El teniente de la Guardia de Asalto José Castillo salía de su casa para empezar su servicio. Fue muerto a tiros por cuatro hombres armados que escaparon. Alguien sugirió que fueran a la casa del líder de la CEDA, José María Gil Robles, pero éste se encontraba ausente de vacaciones, por lo que finalmente se decidió ir al domicilio del diputado conservador José Calvo Sotelo. Calvo Sotelo fue asesinado a pesar de que las autoridades republicanas no habían ordenado su detención. Pero inevitablemente se culpó al gobierno de su muerte.

Por su parte, el gobierno republicano de Casares Quiroga parecía no tomarse totalmente en serio la situación. Diversos políticos de izquierda visitaron al jefe de gobierno rogándole que hiciera todo lo posible para evitar cualquier intentona del ejército, incluso le pidieron que repartiera armas al pueblo, pero Casares, temeroso de perder su última posibilidad de mantener el orden, se negaba constantemente, limitándose a decir que estaba seguro de que no ocurriría nada. El 17 de julio de 1936, nada podía salvar ya a España de una guerra civil.