Portada » Historia » Transformación Política y Conflictos Sociales durante el Reinado Isabelino
En 1833 se inició un proceso de cambio y revolución, en un contexto de guerra civil, entre carlistas e isabelinos, que supuso la implantación definitiva del Estado liberal.
Moderados, progresistas, unionistas y demócratas pugnaron entre ellos para imponer su propio modelo, pero fueron los moderados quienes consiguieron un mayor protagonismo. Su impronta marcó de forma decisiva el sistema liberal español, que se vio dificultado por factores que complicaron el desarrollo constitucional.
Tras la muerte de Fernando VII en 1833, los partidarios del hermano del rey, Carlos María Isidro, defensores del absolutismo, llevaron a cabo una insurrección que desembocó en una guerra civil entre los partidarios carlistas y los de Isabel II, hija del difunto rey.
Tras una primera etapa con gran influencia carlista en la zona norte, estos comenzaron a debilitarse y se dividieron en transaccionistas e intransigentes. Los primeros firmaron el Convenio de Vergara (1839), mientras que los segundos optaron por continuar la guerra hasta ser derrotados en 1840.
La tibia reacción de la regente María Cristina contra los carlistas y las insuficientes reformas del gobierno absolutista de Cea Bermúdez no obtuvieron el apoyo de los liberales, lo que permitió la expansión territorial carlista. Por ello, la regente nombró un nuevo gobierno, liderado por el moderado Martínez de la Rosa, el cual promulgó el Estatuto Real (1834), entendido por los moderados como el camino hacia la transición reformista con el acuerdo de los absolutistas.
Mientras, el malestar social crecía y el descontento con el gobierno por su inacción contra los carlistas. En 1835, se produjeron protestas y motines y se crearon juntas que pedían reinstaurar la Constitución de 1812, por lo que la reina nombró un gobierno liderado por el progresista Mendizábal para alcanzar el orden y el apoyo progresista.
El primer objetivo de Mendizábal fue derrotar al carlismo. El segundo objetivo fue crear un Estado liberal, por lo que convocó elecciones para reformar el Estatuto Real. También llevó a cabo una reforma agraria, con la desamortización de tierras eclesiásticas y la supresión de congregaciones religiosas.
Las reformas de Mendizábal dividieron aún más a progresistas y moderados, y María Cristina nombró un nuevo gobierno moderado, con Istúriz, atendiendo a la oposición del gobierno. Esto dio lugar a un motín de sargentos en La Granja, que provocó que la reina aceptara la Constitución de 1812 y llamara al progresista Calatrava a formar gobierno, con Mendizábal como ministro de Hacienda.
Este nuevo gobierno trató de acabar con el Antiguo Régimen, implantando un régimen liberal. Por ello, decidieron redactar una nueva Constitución, aprobada en 1837, que dejaba una serie de cuestiones en manos de leyes orgánicas para ser apoyada por progresistas y moderados y reconocía:
Asimismo, se prosiguió con la reforma agraria, destacando las desamortizaciones de Mendizábal.
Aprobada la Constitución, se convocaron nuevas elecciones, que fueron ganadas por los moderados. Estos trataron de suprimir la Constitución y restringir libertades, frenaron la desamortización eclesiástica y centralizaron más la política con la Ley de Ayuntamientos (1840), que reforzaba el poder de la Corona y el gobierno.
Sintiéndose expulsados del sistema por dicha ley, los progresistas se enfrentaron a los moderados, a los que la regente apoyó, pero tuvo que marchar al exilio tras su derrota.
Espartero fue nombrado regente, comenzando su gobierno con un claro impulso de las libertades. Sin embargo, pronto derivó hacia el autoritarismo, colaborando tan solo con su camarilla de afines y alejado de las Cortes, lo que lo aisló de los progresistas.
En 1842, se aprobó un arancel librecambista que abría el mercado español a los tejidos ingleses. Pero la industria catalana se vio amenazada y se produjo un levantamiento en Barcelona de la burguesía y las clases populares, a lo que Espartero respondió bombardeando la ciudad para conseguir su sumisión.
En 1843 se produjo un nuevo levantamiento que desencadenó el exilio de Espartero. Las conspiraciones de O’Donnell y Narváez llevaron a los moderados al poder. Finalmente se decidió adelantar la mayoría de edad de Isabel II, proclamada reina a los trece años.
El liberalismo se basó en cuatro pilares fundamentales: los partidos políticos, los militares, las juntas y las milicias. Estos partidos tenían poco arraigo social; no eran más que una agrupación de personas en torno a algún notable, vinculados por su ideología.
Destacaron especialmente el partido moderado y el progresista por dominar la vida política española del siglo XIX, situándose entre ellos ideológicamente la Unión Liberal.
También aparecieron otras opciones defensoras de las clases populares, como el Partido Democrático (que defendía el sufragio universal y una monarquía sin intervención política) y el Partido Republicano (contrarios a la monarquía).
El siglo XIX destacó por el papel de los militares en la política, los cuales recurrían sistemáticamente a los pronunciamientos para derribar a los gobiernos. Mediante conspiraciones militares, o incluso revueltas populares, accedían al gobierno por imposición a la Corona. Una vez en el poder, convocaban elecciones, las cuales eran amañadas. Los pronunciamientos eran en nombre de un partido político y no de las fuerzas armadas.
Además, las juntas nacen en la Guerra de Independencia como expresión de la soberanía popular y aparecieron reiteradamente a lo largo del siglo XIX en momentos en que el absolutismo provocaba un recorte de las libertades (apareciendo en los pronunciamientos de 1820, 1854 y 1868).
Las milicias, por su parte, tienen su reconocimiento en las Cortes de Cádiz. Son un ejército no permanente de carácter liberal y aparecen siempre que corren peligro las libertades, enfrentándose al ejército absolutista. En las milicias todos los cargos eran elegidos y formados por voluntarios.
Con el nuevo gobierno de Narváez, gracias a la amplia mayoría moderada en las elecciones de 1844, se trató de frenar la etapa revolucionaria y establecer un régimen basado en la autoridad, el orden y la represión, tratando de garantizar el dominio de una oligarquía.
Este gobierno se basó en tres pilares fundamentales:
Con el objetivo de mejorar las relaciones con la Iglesia, deteriorada por las desamortizaciones, se firmó el Concordato con la Santa Sede (1851).
Los gobiernos moderados tuvieron que hacer frente a diversos conflictos, como un nuevo levantamiento carlista en Cataluña (Guerra dels Matiners, 1846-1849) y a las acciones de demócratas y republicanos.
Por otro lado, las divisiones internas provocaron inestabilidad gubernamental y la vida política se alejó de las Cortes. Esto culminó en la reforma de 1852, en la que el gobierno de Bravo Murillo restringió aún más el sufragio y tenía la posibilidad de suspender las Cortes y gobernar por decreto, lo que provocó mayor división en su partido y la fuerte oposición de progresistas y demócratas, cada vez más apartados del sistema.
El autoritarismo del régimen moderado propició el levantamiento de progresistas, demócratas, republicanos y algunos moderados. En 1854, se produjo el levantamiento del general moderado O’Donnell en Vicálvaro y, con la incorporación de los progresistas, que publicaron el Manifiesto de Manzanares, se inició una revuelta popular. La reina se vio obligada a aceptar el cambio y nombró un nuevo gobierno presidido por Espartero, con O’Donnell como ministro de Guerra, cuya alianza condujo a la formación de la Unión Liberal.
Convocaron Cortes constituyentes con la ley electoral de 1837, la cual dio una mayoría a progresistas e unionistas. Las nuevas Cortes redactaron una nueva Constitución (1856) que no llegó a publicarse.
Las reformas llevadas a cabo permitieron una época de desarrollo y expansión económica hasta la crisis de 1866, destacando la aprobación de una nueva Ley de Desamortización civil y eclesiástica (1855), de Pascual Madoz, y la Ley de Ferrocarriles (1855), con el objetivo de impulsar la construcción del ferrocarril.
El nuevo gobierno tuvo que afrontar graves problemas sociales: una crisis de subsistencias, que provocó levantamientos campesinos y motines populares, y la conflictividad obrera, especialmente en Cataluña, que pedían la mejora de su situación.
Las fuertes medidas represivas, amparadas por O’Donnell, para acabar con la conflictividad social de 1856, provocaron el enfrentamiento con Espartero y la intervención de la reina en favor de O’Donnell, que tras enfrentarse a la resistencia progresista, puso fin al bienio.
Tras el golpe militar de 1856, O’Donnell restableció la Constitución de 1845, con un carácter más liberal, y mantuvo las leyes desamortizadoras. Pero perdió la confianza de la reina, que nombró nuevo presidente a Narváez, el cual trató de volver a la situación anterior a 1854, suspendiendo las desamortizaciones y restringiendo libertades. Se aprobó la Ley de Instrucción Pública de Moyano (1857) para disminuir el analfabetismo. La reina decidió destituir a Narváez y finalmente volvió a nombrar a O’Donnell, que consolidó el partido Unión Liberal.
Este nuevo gobierno fue de relativa tranquilidad y llevó a cabo una política interior de carácter liberal, aumentando las libertades, y prosiguiendo con la expansión del ferrocarril y las desamortizaciones.
En cuanto a política exterior, aprovechó los beneficios de la Hacienda para participar en costosas operaciones militares y tratar de rehacer la imagen colonial y estimular el patriotismo, en una época expansionista de otras potencias. Las campañas realizadas fueron:
Pero el desgaste de la coalición gubernamental y la incorporación de Prim al gobierno provocaron que O’Donnell tuviera que dimitir.
Desde 1863, se vivió una época de autoritarismo y fuerte intervencionismo de la reina, que provocaron inestabilidad, con un gobierno moderado de 1863 a 1865 y uno unionista de 1866 a 1868. Los progresistas, demócratas y republicanos solo encontraron en los pronunciamientos la forma de acceso al poder. La sublevación de sargentos del cuartel de San Gil en 1866, desencadenó que Narváez cerrara las Cortes e implantara una especie de dictadura.
La situación empeoró con la crisis de subsistencias de 1866. Progresistas, demócratas y republicanos firmaron el Pacto de Ostende para acabar con la monarquía de Isabel II y cambiar la situación, a lo que se sumaron los unionistas posteriormente.
