Derechos Fundamentales Específicos

Derecho a la Seguridad Social

La seguridad social es el conjunto de principios y normas que buscan prevenir o enfrentar los diversos riesgos o contingencias por los que atraviesa la vida de una persona en el ámbito biológico, laboral o social, tales como, por ejemplo, el envejecimiento.

Dimensiones de la Seguridad Social

1. Prevención
2. Asistencia social

Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Libre de Contaminación (Ley 19.300)

Es el derecho de toda persona para exigir que las demás se abstengan de contaminar y, por otra parte, el derecho a exigir que el Estado adopte medidas de conservación, reparación y mejoramiento ambiental.

Protección Procesal

• Queda protegido por el recurso de protección, pero tiene algunos matices.
• Solo procede respecto de acciones u omisiones ilegales.

Principios de Igualdad Constitucional

1. Igualdad en Dignidad y Derechos

Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos: Toda persona, por ser persona, tiene la misma dignidad y tiene los mismos derechos que los demás. No admite excepciones.

2. Igualdad de Oportunidades

Es una igualdad esencialmente material, ella busca asegurar a todas las personas un mínimo de bienestar material compatible con las exigencias de la dignidad humana. Con el paso del tiempo, las personas se diferencian en el ejercicio de sus derechos porque algunas son más aptas que otras. Por ello, se destaca la importancia de la igualdad de oportunidades, la cual debe ser garantizada por el Estado. Este tiene la responsabilidad de asegurar que todos puedan acceder a la educación, la salud y una vivienda digna, facilitando así el acceso al trabajo y a una vida plena. Además, el Estado debe eliminar los obstáculos que impidan el pleno goce de los derechos de las personas.

3. Igualdad ante la Ley (Igualdad en el Derecho)

La ley garantiza que todas las personas sean iguales ante la ley y también asegura la igualdad en la ley. En términos generales, esto significa la igualdad en el Derecho, es decir, el derecho de toda persona a que no existan normas que otorguen un trato arbitrario o discriminatorio a individuos, grupos, corporaciones, fundaciones o empresas, tal como lo establece la Constitución.

Criterio de Arbitrariedad

Se considera que una norma es arbitraria cuando el trato que establece no tiene fundamento en la razón, la justicia o el bien común, o cuando no existe una relación proporcional entre el tratamiento que impone y el objetivo que busca alcanzar.

4. Igualdad ante la Aplicación de la Norma (Igualdad ante el Ordenamiento Jurídico)

Es la igualdad ante la aplicación de la norma. Es el derecho que tiene toda persona para exigir que no se le haga víctima de una discriminación arbitraria con motivo de la aplicación de las normas jurídicas.

Manifestación en la CPR (Constitución Política de la República)

En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.

5. Igualdad ante la Justicia y Debido Proceso

a) Igualdad ante la Justicia Propiamente Tal

Derecho que toda persona que está siendo juzgada tiene a no ser víctima de discriminación arbitraria en la aplicación de las leyes, tanto sustantivas como procesales, por parte de autoridades administrativas o judiciales. Si el juzgador interpreta erróneamente la ley y provoca una discriminación, vulnera este derecho. La igualdad ante la justicia constituye una forma específica de la igualdad ante la ley.

b) Derecho a la Acción

El derecho a la acción es el derecho que tiene toda persona, por el solo hecho de serlo, de acceder a un tribunal y provocar el ejercicio de la jurisdicción, es decir, que el tribunal conozca, resuelva y ejecute lo juzgado en una causa civil o penal.

Relación con otros Principios

• El caso del Solve et repete, que impone condiciones para acceder a la justicia.
• El principio de inexcusabilidad, según el cual el juez no puede negarse a conocer un asunto, incluso si no existe una norma específica que lo regule.

c) Derecho al Debido Proceso

Derecho que toda persona tiene a ser juzgada por el tribunal establecido por la ley, en la oportunidad que fije la Constitución, conforme a un proceso previo, legalmente tramitado y dentro de un procedimiento e investigación racionales y justos.

Toda sentencia debe basarse en un proceso legal previo, y corresponde al legislador asegurar las garantías de un procedimiento justo.

Elementos del Debido Proceso

• El tribunal debe estar establecido por ley, salvo los que la Constitución autorice.
• Debe existir antes de la comisión del hecho por el cual se juzga.
• Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino solo por el tribunal legalmente establecido y competente.

Proceso Previo

El principio del proceso previo, vigente desde la Carta Magna de 1215, establece que nadie puede ser condenado sin antes haber sido sometido a un proceso en el que tenga la oportunidad de ser escuchado, presentar pruebas, alegar y defenderse.

En materia laboral, este principio se aplica también, aunque existen procedimientos especiales como el procedimiento monitorio, que busca una resolución más rápida de los conflictos sin vulnerar las garantías del debido proceso.

Procedimiento Racional y Justo

Al establecer los procedimientos e investigaciones, especialmente en materia penal, el legislador tiene la responsabilidad de asegurar que estos sean racionales y justos, garantizando así la justicia y la protección de los derechos de las personas que intervienen en ellos.

Un procedimiento racional es aquel que permite a las partes hacer valer de forma efectiva sus pretensiones, derechos e intereses.

Elementos Esenciales de un Procedimiento Racional y Justo

• Notificación de la demanda y plazo adecuado para responder.
• Bilateralidad de la audiencia, garantizando igualdad de oportunidades para ambas partes.
• Derecho a la defensa jurídica, mediante abogado o asesoría legal.
• Posibilidad de presentar pruebas y alegaciones para sustentar las pretensiones.
• Revisión de resoluciones judiciales a través de recursos procesales.
• Dictación del fallo en tiempo oportuno, evitando dilaciones injustificadas.

Bases Constitucionales del Proceso

Las normas constitucionales que garantizan la justicia y racionalidad de los procedimientos incluyen diversas disposiciones que protegen los derechos fundamentales de las personas durante los procesos judiciales. Entre ellas se destacan:

• Prohibición de todo apremio ilegítimo, es decir, ninguna persona puede ser sometida a maltratos o presiones indebidas.
• Derecho a la defensa jurídica, que asegura a todas las personas el acceso a un abogado para su defensa o asesoría.
• Prohibición de declarar bajo juramento sobre el hecho propio para el imputado, evitando que se le obligue a incriminarse o a cometer un nuevo delito en caso de mentir.
• Esta protección se extiende al cónyuge, ascendientes, descendientes y padres o hijos adoptivos del imputado, garantizando también su derecho a no declarar en su contra.

Error Judicial

El error judicial se produce cuando una persona es acusada o condenada injustamente por un delito que no cometió. En estos casos, la Constitución reconoce el derecho a solicitar una indemnización por error judicial en materia penal.

Aunque el texto constitucional utiliza el término “procesado”, en el sistema penal actual esa figura ya no existe; hoy se emplean las categorías de “imputado” (persona investigada) o “acusado” (cuando se presenta formalmente una acusación). Por lo tanto, el término procesado debe entenderse como equivalente a acusado en el contexto del nuevo proceso penal.

Quiénes Acceden a la Indemnización por Error Judicial

1. Sobreseimiento definitivo: Cuando el juez de garantía determina durante el proceso que no hay delito o que el imputado no participó en él, dictando una resolución de sobreseimiento (equivalente a sentencia absolutoria).
2. Sentencia absolutoria al final del proceso: La persona es acusada, pero al concluir el proceso recibe sentencia absolutoria; aquí no hay sobreseimiento porque el proceso terminó.
3. Condena revocada: La persona fue condenada pero, mediante recursos (nulidad, apelación, revisión, queja), obtiene finalmente sentencia absolutoria, quedando habilitada para reclamar indemnización.

Irretroactividad de la Ley Penal

Este principio establece que nadie puede ser condenado por un hecho si no existía una ley vigente que lo tipificara como delito al momento de cometerlo.

Excepción

Se permite la retroactividad de la ley cuando la nueva norma es más benigna que la anterior, beneficiando al imputado.

Ley Penal en Blanco

En materia penal rige el principio de reserva legal, según el cual tanto el delito como la pena deben estar establecidos en la ley.

Una ley penal en blanco ocurre cuando la ley que establece el delito no describe completamente la conducta, sino que remite a otro instrumento jurídico para completarla.

Tipos y Constitucionalidad

• Ley penal en blanco impropia (Constitucional): Cuando la ley remite a otro instrumento de igual jerarquía (otra ley) para complementar el tipo delictivo.
• Problema constitucional: Surge si la ley remite a un instrumento de menor jerarquía que la ley, generando un riesgo de inconstitucionalidad.

Distinción del Tribunal Constitucional

• Leyes penales en blanco constitucionales: La parte más sustancial del delito está en la ley, y la parte menos sustancial (accidental o contingente) se regula en el reglamento u otro instrumento.
• Leyes penales en blanco inconstitucionales: Cuando lo sustancial del delito se deja a un instrumento de menor jerarquía, afectando la seguridad jurídica.

Igualdad ante las Cargas Públicas

El principio de igualdad ante las cargas públicas establece que las exigencias o gravámenes que el Estado impone deben ser justas y equitativas.

Características Principales

• La repartición tiene que ser igualitaria.
• Todas las cargas públicas, ya sean reales o personales, deben establecerse por ley.
• Se prohíben los tributos manifiestamente desproporcionados o injustos.
• Se prohíben los tributos de afectación, es decir, aquellos que destinan recursos a fines específicos sin fundamento legal.

Definición según el Artículo 19 N° 20 de la Constitución

Cargas públicas: Exigencias o gravámenes que el Estado impone para fines de interés general, afectando patrimonio o libertad de las personas.

Tipos de Cargas

• Reales: Afectan el patrimonio.
• Personales: Afectan la libertad de las personas.

Repartición Igualitaria

Para que una carga pública sea igualitaria, no basta con que todos la soporten; debe cumplir dos condiciones:

1. Justificación válida: La carga debe tener un fundamento de razón, justicia o bien común, evitando cualquier discriminación arbitraria.
2. Proporcionalidad: Incluso si tiene fundamento, la carga debe guardar relación proporcional con el fin que la motiva; de lo contrario, no puede considerarse igualitaria.

Repartición de los Tributos

La repartición de los tributos es competencia del legislador, según el Art. 65 CPR N° 1, quien decide cómo se distribuirán los tributos. La Constitución establece dos criterios principales, aunque el legislador puede definir otros:

Criterios Constitucionales

• Proporcionalidad: Una tasa fija sobre la renta o el hecho gravado.
• Progresión: La tasa aumenta a medida que crece la renta gravada, beneficiando la equidad.

Otros Criterios Distributivos

• Impuestos directos: Gravan directamente la renta o patrimonio del contribuyente (p. ej., proporcionales o progresivos).
• Impuestos indirectos: Gravan actos jurídicos o consumos; son socialmente regresivos, porque afectan por igual a ricos y pobres, lo que plantea consideraciones sobre su constitucionalidad.