Portada » Historia » La Decadencia del Sistema de la Restauración y el Fin de la Monarquía Alfonsina
En 1902, Alfonso XIII asumió la corona con tan solo 16 años. Durante su reinado se mantuvo el sistema canovista, el turno de partidos y la Constitución de 1876; sin embargo, dicho sistema político comenzó a dar muestras de fragilidad y su deterioro se aceleró con el paso de los años. Las pruebas de esto fueron: la quiebra de la estabilidad política, la desafortunada gestión de Alfonso XIII como jefe de Estado, la persistencia del caciquismo y la corrupción administrativa. Entre los años finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, se desarrolló una corriente ideológica de protesta contra el régimen de la Restauración que recibió el nombre de regeneracionismo. Uno de los activistas más sobresalientes fue Joaquín Costa, que exigía la completa destrucción del sistema político de la Restauración.
Durante el reinado de Alfonso XIII, diversos grupos se opusieron al sistema de la Restauración, buscando reformas o un cambio radical:
Lograron atraer a sectores sociales cada vez más amplios entre las clases medias urbanas y los trabajadores asalariados. Cuando Alfonso XIII comenzó su reinado se podían distinguir dos tendencias dentro del republicanismo:
El republicanismo aparecía dividido en varias formaciones políticas:
Creado en 1908 por Lerroux, estaba decidido a romper con el entramado del turnismo y acabar con el fraude caciquil. Intentó construir un moderno partido de masas, para lo cual creó organizaciones femeninas.
Creado en 1912 por Álvarez, sus propuestas eran la democratización de las instituciones políticas y la ampliación de la intervención económica del Estado.
Durante el reinado de Alfonso XIII, los carlistas solo mantuvieron respaldo social en las provincias de Navarra, Vizcaya y Guipúzcoa. Estaba formado por figuras como Gil Robles, Juan Vázquez, Victor Pradera y el marqués de Cerralbo. Hacia 1907 se creó el Requeté, una milicia formada por jóvenes carlistas que fue organizada para luchar contra los republicanos.
La Lliga Regionalista mantuvo el predominio en la vida política de Cataluña y obtuvo repetidas victorias electorales hasta el inicio de la dictadura militar en 1923. Cambó conservó el liderazgo del movimiento nacionalista catalán. Tras la huelga general de 1917, como consecuencia del incremento de la conflictividad social, de la violencia terrorista anarquista y de la ofensiva revolucionaria del movimiento proletario, los catalanistas de la Lliga tomaron la decisión de conceder prioridad a la defensa de los intereses económicos.
Tras la muerte de Sabino Arana, el PNV inició una etapa de expansión y consiguió sus primeros éxitos electorales; crearon un sindicato obrero nacionalista llamado ELA-STV en 1911. Surgieron dentro del partido dos tendencias:
Fue una iniciativa de Blas Infante, quien creó y presidió en Sevilla el primer Centro Andaluz e impulsó la edición de la revista Andalucía como órgano de expresión. Fue promotor de la Asamblea Regionalista de Ronda, donde se defendió un programa autonomista y se elaboró una propuesta de competencias.
Encabezada por figuras como Pestaña, Seguí y Peiró, la corriente anarcosindicalista se distanció del uso de la violencia y adoptó una actuación menos extremista y más sindicalista. Crearon en 1910 la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). En 1927 se creó la Federación Anarquista Ibérica (FAI).
Los marxistas españoles experimentaron una expansión espectacular: la UGT llegó a los 240.000 afiliados en 1921 y el PSOE contaba con 43.000 afiliados.
Tras el Desastre del 98, la mayoría de los líderes de los partidos turnistas eran conscientes de la necesidad de introducir cambios en el sistema político para modernizar el viejo régimen. Los tres objetivos comunes eran:
El primero de los proyectos fue impulsado por el líder conservador Francisco Silvela, cuando ocupó la presidencia del gobierno entre 1902 y 1903. Definió su programa como una “revolución hecha desde arriba”.
Antonio Maura llevó a cabo el proyecto reformista más ambicioso y completo de todos los emprendidos. Los objetivos de las propuestas mauristas guardaban semejanzas con los contenidos del programa silvelista: potenciar la participación cívica, garantizar el respeto a las leyes acabando con la corrupción, el “pucherazo” y el caciquismo.
Maura comprendía que su plan reformista removería los fundamentos que habían sostenido el régimen de la Restauración desde 1875, y que esta maniobra política podría provocar el hundimiento de todo el sistema. En 1903, Maura accedió por primera vez a la jefatura del gobierno e inició los trámites para garantizar la inamovilidad de los funcionarios e introducir los exámenes por oposición.
Asimismo, presentó numerosos proyectos para la mejora de la administración de justicia. Todos concluyeron en fracaso. José Canalejas presentó el siguiente programa: el anticlericalismo, el intervencionismo estatal para resolver los problemas sociales y la democratización.
Las tentativas revisionistas más tardías fueron planteadas, pero jamás llevadas a la práctica, en 1919. El liberal Santiago Alba planteó una completa reorganización del Estado que incluía una modificación del texto constitucional.
La movilización contra la guerra se inició en el puerto de Barcelona el día 18 de julio de 1909, mientras se realizaba el embarque de tropas hacia Marruecos. La revuelta se prolongó.
Los incidentes en la calle se multiplicaron, se levantaron barricadas, se produjeron enfrentamientos con las fuerzas del orden público y, finalmente, explotó un fuerte sentimiento anticlerical que desembocó en el ataque e incendio de más de 80 establecimientos religiosos. Las autoridades respondieron declarando el estado de guerra y enviando refuerzos para reprimir las manifestaciones.
En 1917 se produjo una grave crisis que puso de manifiesto la debilidad del sistema canovista. Sus causas fueron: la división interna de los partidos dinásticos, la falta de políticos relevantes y el impacto de la Primera Guerra Mundial, que provocó una fuerte subida de precios de los productos, dando lugar a la disminución del poder adquisitivo de la clase obrera.
Esta crisis se manifestó de tres formas:
El excesivo cuadro de mando impedía la modernización del ejército. Los ascensos por mérito de guerra favorecían a los militares africanistas. La subida de precios hizo disminuir los salarios de los militares. Las Juntas de Defensa reivindicaron una subida salarial, se opusieron a los ascensos por méritos de guerra y consideraron al gobierno causante de todos los males del país.
El gobierno de Eduardo Dato (conservador), ante la grave situación que vivía el país, disolvió las Cortes y suspendió las libertades constitucionales. Esto provocó en julio de 1917 la reunión de una Asamblea Parlamentaria en Barcelona, formada por senadores y diputados pertenecientes a la Lliga, que exigieron un cambio de gobierno y la convocatoria de unas Cortes Constituyentes que redactaran una nueva constitución.
El descenso de los salarios en un momento de fuertes beneficios para los empresarios provocó la primera huelga general que se produjo en España en 1917, organizada por la UGT y la CNT.
En esas condiciones, la crisis general del sistema parecía casi inevitable, más aún cuando los problemas económicos, sociales y militares se agravaron a partir de 1914. En ese año estalló la Primera Guerra Mundial, en la que España se mantuvo neutral. Esta posición permitió en un primer momento un excepcional crecimiento económico gracias al incremento de las exportaciones industriales y mineras. Pero como el incremento de las exportaciones no se vio acompañado de una mejora de la productividad, ocasionó una espiral inflacionista de graves consecuencias. Entre 1916 y 1918 los precios de los productos de primera necesidad casi se duplicaron, lo que explica el incremento de huelgas (212 en 1914, 463 en 1918, más de un millar en 1920). La fractura social se unía a la crisis política.
A partir de 1906, España inició su penetración en el norte de África. La Conferencia de Algeciras (1906) y el posterior Tratado Hispano-francés (1912) supusieron su entrada en el reparto de zonas de influencia entre los países europeos. Bajo el influjo de Gran Bretaña, que deseaba limitar la presencia francesa en el norte de África, se estableció un protectorado franco-español en Marruecos. A España se le concedió una franja en el norte, el Rif, y un enclave en la costa atlántica (Ifni y Río de Oro).
En 1921 el ejército español fue derrotado en Annual por indígenas marroquíes dirigidos por Abd-el-Krim.
Frente a esta situación, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de Estado y se hizo con el poder el día 13 de septiembre de 1923. Le apoyaron el rey y el Ejército, y no fue mal visto por la burguesía catalana e incluso por los socialistas, deseosos de lograr la paz en las calles y con la esperanza puesta en que el nuevo régimen iniciara alguna reforma de tipo social.
Primo de Rivera formó un gobierno compuesto exclusivamente por generales, un gobierno militar fuerte. Este Gobierno contó con una gran popularidad al solucionar algunos de los problemas políticos más importantes: acabó con el terrorismo y restableció el orden público; además, pacificó definitivamente Marruecos con el Desembarco de Alhucemas, operación militar que contaba con el apoyo del ejército francés. El disolver la Mancomunidad de Cataluña, especie de gobierno autónomo catalán, le restaría el apoyo de la burguesía.
A partir de 1925, el régimen de Primo de Rivera, que hasta ahora se había constituido con carácter provisional y hasta que se solucionara la caótica situación, decidió institucionalizarse y perpetuarse. Prueba de ello es la creación de la Unión Patriótica, el partido único que representaba al Gobierno; se inspiraba en el partido fascista italiano, con cuyo régimen existen abundantes paralelismos. Se formó un gobierno compuesto por civiles. La coyuntura económica fue sumamente favorable y esto favoreció el desarrollo industrial del país: construcción de carreteras, electrificación, planes de trasvase y de grandes obras hidráulicas, creación de grandes monopolios que nacen en esta época como Telefónica, Tabacalera, Campsa…
Tras la caída del dictador, la Monarquía tenía también sus días contados, el rey se había comprometido en política y había perdido. Alfonso XIII encargó al general Berenguer la formación de un gobierno que preparara al país para el restablecimiento de las libertades democráticas y volver al caduco sistema del turno de partidos. Pero a Berenguer le faltó decisión y el pueblo no aceptó volver al sistema democrático como si no hubiera pasado nada; frente al rey se abrió una coalición de partidos antimonárquicos.
La sustitución de Berenguer por Aznar con el encargo de convocar elecciones municipales no solucionó nada. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 dieron el triunfo a las fuerzas antimonárquicas en las grandes ciudades, zonas no controladas por el caciquismo rural. Alfonso XIII, intentando evitar enfrentamientos, abandonó el país, y el 14 de abril de 1931 se proclamó la II República.