Artículo 50: Infracciones por Obstrucción a la Labor Inspectora

1. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, según la gravedad del incumplimiento y su impacto en la labor inspectora.
2. Son graves las acciones u omisiones que dificulten o impidan las funciones de inspección, incluidas las que afecten a funcionarios de prevención de riesgos laborales, salvo si están tipificadas como leves o muy graves.
3. Son leves:
   • Retrasos en obligaciones de información, salvo durante visitas de inspección y para documentos exigidos en el centro de trabajo.
   • Ausencia del Libro de Visitas de la Inspección.
4. Son muy graves:
   • Impedir la entrada, negarse a identificar a personas o reincidir en conductas graves.
   • Coacciones, amenazas o violencia contra inspectores.
   • Incumplir los deberes de colaboración, como no entregar información electrónica cuando sea obligatorio.
5. Las sanciones se aplicarán conforme a la ley según el ámbito afectado.
6. La Inspección podrá solicitar apoyo de las autoridades si es necesario.

Artículo 26: Infracciones Muy Graves

1. Fraude en prestaciones: Obtener o prolongar indebidamente prestaciones con documentos falsos, simulando relaciones laborales u omitiendo declaraciones obligatorias.
2. Compatibilidad ilegal de prestaciones y trabajo: Percibir prestaciones por desempleo o cese de actividad mientras se trabaja, salvo excepciones legales.
3. Connivencia con el empresario: Colaborar con el empresario para obtener prestaciones indebidas de la Seguridad Social.
4. No aplicación o desviación en la aplicación de prestaciones: Usar incorrectamente las prestaciones por desempleo en programas de fomento de empleo.

Principios Fundamentales del Derecho Sancionador

Principio de Legalidad

El artículo 25.1 de la Constitución Española establece:

“Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”.

Principio de Reserva de Ley

El principio de reserva de ley establece que los delitos, faltas e infracciones deben estar recogidos en una norma con rango de ley para garantizar su constitucionalidad, como exige el artículo 25 de la Constitución Española.

En el ámbito penal, este principio es estricto y únicamente admite leyes en sentido estricto, como la Ley Orgánica. En cambio, en el ámbito de la potestad sancionadora administrativa, aunque la Ley juega un papel esencial para definir infracciones, puede complementarse con normas reglamentarias subordinadas o convenios colectivos, siempre que estas no regulen de forma independiente. Según la jurisprudencia constitucional (STC 42/1987), las remisiones a normas reglamentarias deben estar claramente subordinadas a la ley y no ser autónomas.

Principio de Tipicidad

El principio de tipicidad exige que las conductas infractoras estén claramente definidas en las normas aplicables, garantizando la seguridad jurídica del ciudadano. También debe cumplir con el rango legal, aunque en el ámbito administrativo puede complementarse con normas de rango inferior, como reglamentos o convenios colectivos, siempre que estén subordinadas a una base legal.

A su vez, también se conecta con la irretroactividad de la norma, que impide sancionar conductas que, en el momento de su comisión, no estaban tipificadas como infracción o delito, aunque posteriormente una norma las declare como tales.

Principio Non Bis In Idem

La aplicación de este principio impide que un mismo sujeto sea sancionado dos veces por la comisión de un mismo ilícito, tanto para las sanciones penales como administrativas, conforme al artículo 25.1 de la C.E. y el 3.1 de la LISOS. Se procede a la aplicación del principio non bis in idem siempre que exista, en primer lugar, identidad de sujetos; en segundo lugar, identidad de las conductas objeto de sanción; y por último, identidad del fundamento jurídico que sustenta la acción. Por lo que, nada impide que dos sujetos sean sancionados por el mismo hecho con el mismo fundamento jurídico o que el mismo sujeto sea sancionado por la comisión de un mismo ilícito en dos momentos diferentes. Asimismo, la concurrencia de dos ilícitos, uno penal y otro administrativo, conlleva la suspensión de la actuación administrativa hasta que se pronuncie la autoridad judicial.

Principio de Proporcionalidad

En relación con el principio de proporcionalidad, debemos hacer mención a lo establecido en el artículo 131 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas (LRJAP), que exige la adecuación entre la gravedad de la infracción y la sanción aplicada. En materia social, el artículo 1.3 de la LISOS establece que las infracciones se califican como leves, graves y muy graves atendiendo a la naturaleza del deber infringido y la entidad del derecho afectado. Por ello, la infracción leve debe ser sancionada con la sanción calificada como leve, la grave con lo previsto para las sanciones graves y las muy graves con lo previsto para las sanciones muy graves. Además, cada uno de los grados mencionados establece un grado mínimo, medio y máximo, cada uno con sus topes. Para entender si se supera el juicio de proporcionalidad se deben cumplir 3 requisitos:

1. Juicio de idoneidad: si la medida servirá para conseguir el objetivo propuesto.
2. Juicio de necesidad: si la medida es necesaria y no existe otra más moderada.
3. Juicio de proporcionalidad en sentido estricto: si de la medida derivarán más ventajas que perjuicios para el interés general.

Principio de Culpabilidad e Imputabilidad

El principio de culpabilidad e imputabilidad en el ámbito administrativo laboral se centra en identificar al sujeto responsable de una infracción para imponer sanciones, según el artículo 2 de la LISOS. A diferencia del ámbito penal, donde la culpabilidad es clave, en lo administrativo basta con la imputabilidad, incluso por simple inobservancia. Las personas jurídicas pueden ser responsables en infracciones administrativas, a pesar de no tener voluntad o conciencia como en el ámbito penal. Aunque se pueden considerar elementos como dolo o culpa, la responsabilidad se asigna conforme al artículo 2 de la LISOS, sin requerir un grado específico de culpabilidad.

Principio de Defensa en el Curso del Proceso

El derecho de defensa en el curso del proceso, reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución Española, garantiza derechos fundamentales aplicables también al ámbito sancionador administrativo, según el Tribunal Constitucional (STC 18/1981). Esto incluye la posibilidad de aportar pruebas, realizar alegaciones y defenderse plenamente en el procedimiento.

El artículo 135 de la LRJAP asegura al presunto responsable derechos clave como la notificación de los hechos imputados, las infracciones correspondientes y las posibles sanciones, así como el acceso a la defensa y a la formulación de alegaciones. Además, el artículo 137 de la LRJAP establece el derecho a la presunción de inocencia y a la presentación de pruebas relevantes.

El TC, en la STC 76/1990, define la presunción de inocencia señalando que:

1. La sanción debe basarse en pruebas incriminatorias.
2. La carga de la prueba recae en quien acusa.
3. Nadie está obligado a probar su inocencia.
4. La insuficiencia probatoria debe llevar a una resolución absolutoria.
5. Toda sanción requiere certeza sobre los hechos.

Principio de Revisión Judicial de la Sanción Administrativa

El principio de revisión judicial de la sanción administrativa se basa en el derecho a la tutela judicial efectiva, establecido en el artículo 24.1 de la Constitución Española, que garantiza a las personas la protección de sus derechos e intereses legítimos. Según el artículo 54 de la LISOS, las resoluciones de los procedimientos sancionadores pueden ser impugnadas mediante los recursos administrativos y jurisdiccionales pertinentes.

El Tribunal Constitucional (STC 77/1983) afirma que la potestad sancionadora está limitada por la «subordinación a la autoridad judicial», lo que implica que los actos administrativos deben ser controlados por la autoridad judicial a través de recursos.

Prescripción de Infracciones y Sanciones

Artículo 4: Prescripción de las Infracciones

1. Las infracciones en el orden social prescriben a los tres años desde la fecha de la infracción, salvo excepciones.
2. Las infracciones en materia de Seguridad Social prescriben a los cuatro años.
3. En prevención de riesgos laborales, las infracciones prescriben:
   • Leves: 1 año.
   • Graves: 3 años.
   • Muy graves: 5 años.
4. En legislación de sociedades cooperativas, las infracciones prescriben:
   • Leves: 3 meses.
   • Graves: 6 meses.
   • Muy graves: 1 año.

Prescripción de las Sanciones

Las sanciones prescriben en cinco años desde que la resolución sancionadora es firme. El plazo se interrumpe al iniciar el procedimiento de ejecución, pero si este se paraliza más de un mes sin culpa del infractor, el plazo se reinicia. Esto ha sido criticado por favorecer a la Administración y perjudicar al sancionado.

Sanciones

Artículo 39: Criterios de Graduación de las Sanciones

39.3: Criterios en Prevención de Riesgos Laborales

En las sanciones por infracciones en prevención de riesgos laborales, se consideran:

1. Peligrosidad de las actividades.
2. Naturaleza de los riesgos (permanentes o transitorios).
3. Gravedad de los daños reales o potenciales.
4. Número de trabajadores afectados.
5. Medidas preventivas adoptadas por el empresario.
6. Incumplimiento de advertencias previas.
7. Desatención de propuestas de prevención.
8. Conducta general del empresario respecto a las normas de prevención.

39.4: Criterios en Sociedades Cooperativas

Las infracciones en materia de sociedades cooperativas se graduarán, a efectos de su correspondiente sanción, atendiendo al número de socios afectados, repercusión social, malicia o falsedad y capacidad económica de la cooperativa.

Reincidencia

La reincidencia ocurre si se comete una infracción del mismo tipo dentro de los 365 días siguientes a la notificación de una sanción previa ya firme.

• Si hay reincidencia, la sanción puede duplicarse, sin superar las cuantías máximas legales.
• Para las empresas de trabajo temporal, reincidir en infracciones muy graves puede conllevar la suspensión de actividades por un año, tras lo cual deben solicitar nueva autorización.
• Si reinciden en infracciones muy graves (art. 19 bis.2), empresas de otros Estados miembros de la UE o del EEE pueden ser prohibidas de operar en España por un año o, tras dos sanciones, de manera indefinida.

Las resoluciones de suspensión o prohibición son competencia del Ministerio de Trabajo o de las autoridades autonómicas.

Sistemática del Código Penal (Título XV y XV bis)

Título XV: Delitos contra los Derechos de los Trabajadores

• Art. 311 y 311 bis: Prisión (6 meses a 6 años) y multa por violar derechos laborales, contratar sin Seguridad Social o permiso de trabajo. Penas mayores si hay fuerza o intimidación.
• Art. 312: Prisión (2-5 años) y multa por tráfico ilegal de mano de obra o empleo engañoso.
• Art. 313: Mismas penas que el 312 por favorecer la emigración con engaños.
• Art. 314: Prisión (6 meses a 2 años) o multa por discriminación grave en el empleo no corregida tras requerimiento administrativo.
• Art. 315: Prisión (6 meses a 3 años) o multa por limitar la libertad sindical o el derecho a huelga, con penas más altas si hay coacción.
• Art. 316 y 317: Prisión (6 meses a 3 años) y multa por incumplir normas de riesgos laborales. Pena menor si hay imprudencia grave.
• Art. 318: Sanciones aplicables a responsables de empresas.

Título XV bis: Delitos contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros

• Art. 318 bis: Multa o prisión (3 meses a 1 año) por ayudar a extranjeros no comunitarios sin lucro. Penas mayores (4-12 años) si hay lucro, crimen organizado o abuso de autoridad. No se sanciona la ayuda humanitaria.

Bien Jurídico Protegido

El concepto de bien jurídico protegido en derecho sancionador representa los valores, derechos e intereses que el ordenamiento jurídico protege mediante sanciones. En el caso del derecho penal laboral, se trata de preservar derechos fundamentales de los trabajadores, que incluyen desde la integridad física hasta la dignidad y el derecho a condiciones de trabajo justas.

Criterios Sancionadores en Materia de Prevención o de Cooperativas

Materia de Cooperativas

Son sujetos responsables las propias cooperativas respecto de sus socios trabajadores y socios de trabajo.

Materia de Prevención

En materia de prevención de riesgos laborales, la LISOS abarca una amplia variedad de obligaciones y sujetos responsables debido a la diversidad de conductas infractoras.

• El artículo 2.8 de la LISOS incluye como responsables a empresarios titulares de centros de trabajo, promotores, propietarios de obras y trabajadores autónomos.
• El artículo 2.9 de la LISOS amplía esta lista, incorporando otros sujetos obligados según las infracciones tipificadas.

La amplitud y complejidad de esta normativa ha llevado a una constante expansión de los sujetos responsables.

Artículo 14: Contenido de las Actas de Infracción

1. Datos del infractor: Nombre, razón social, domicilio, actividad, identificación fiscal y de Seguridad Social. Si hay responsables solidarios o subsidiarios, se incluirán los mismos datos con la justificación de su responsabilidad.
2. Hechos comprobados: Relativos a la infracción, medios utilizados y criterios para la graduación de la sanción. Se indicará si la actuación fue por visita, comparecencia o expediente.
3. Infracción: Preceptos vulnerados, su calificación y número de trabajadores afectados (si relevante para graduar la sanción).
4. Propuesta de sanción: Importe total y posibles sanciones accesorias. Se indicará la posibilidad de reducción del 40% si se paga y renuncia a recursos.
5. Órgano competente: Para resolver e instruir, con plazos para alegaciones.
6. Firmas y fecha: Funcionario actuante, visado del inspector (si aplica) y fecha del acta.
7. Medidas provisionales: El inspector podrá establecer medidas para garantizar eficacia y evitar efectos de la infracción.
8. Perjuicios económicos: Si los hay, se incluirán con los requisitos de validez para demandas.
9. Actas simultáneas: Las infracciones graves que generen propuestas de liquidación se formalizarán simultáneamente.
10. Reincidencia: Requiere firmeza de una sanción previa del mismo tipo dentro de los últimos 365 días. Incrementa la sanción según la normativa.
11. Reducción de sanciones: Pago anticipado con renuncia a recursos reduce un 40% (no aplicable a sanciones concurrentes con actas de liquidación). En infracciones con varios responsables, aplica si uno paga y ninguno presenta alegaciones.