Portada » Historia » Historia de la Guerra de Independencia Española y las Cortes de Cádiz: Un Legado Liberal
Los últimos años del reinado de Carlos IV estuvieron llenos de problemas, afectando su imagen y la de su esposa, María Luisa de Parma, y su valido, Manuel de Godoy. La desamortización y la relación con Francia llevaron a la derrota en la Batalla de Trafalgar en 1805. En 1807, se firmó el Tratado de Fontainebleau, permitiendo la entrada de tropas francesas en España para invadir Portugal, que se dividiría en tres provincias, una de las cuales sería de Godoy. La oposición a esta política se unió alrededor del heredero, Fernando VII, quien conspiró contra su padre. En marzo de 1808, la nobleza organizó el Motín de Aranjuez, resultando en la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo. Con las tropas francesas en España, Napoleón reunió a Carlos y Fernando en Bayona, haciendo que ambos renunciaran al trono, que pasó a su hermano, José I Bonaparte. El 2 de mayo de 1808, los madrileños se levantaron contra los franceses, lo que desencadenó una represión brutal y una insurrección que se extendió por España, iniciando la Guerra de la Independencia bajo el lema de Nación, patria, rey y religión.
En el desarrollo de la guerra, después de la victoria española en la Batalla de Bailén en julio de 1808, José I tuvo que dejar Madrid, y Napoleón tuvo que recuperar la capital. Durante este tiempo, se llevaron a cabo reformas liberales como la supresión de la Inquisición. José I firmó el Estatuto de Bayona, que otorgaba ciertos derechos a los habitantes, aunque no era constitucional y mantenía al rey como figura superior. La conquista francesa se extendió entre 1810 y 1813, con solo Cádiz y algunas zonas del este libres. La campaña de Napoleón en Rusia fracasó, y las derrotas en Vitoria y San Marcial en 1813 llevaron a la firma del Tratado de Valençay, que finalizó el conflicto.
El gobierno francés dividió la política española en dos grupos: los afrancesados (liberales) y los patriotas (absolutistas). Ante la ausencia del rey, se formaron juntas de defensa para organizar la lucha contra Napoleón, que llevaron a la creación de la Junta Central en 1808. Esta Junta asumió el mando, convocó elecciones a Cortes en 1810 mediante sufragio masculino indirecto, un hecho novedoso en la historia.
La convocatoria de las Cortes se llevó a cabo en Cádiz debido a la invasión francesa, enfrentándose a grandes dificultades. La ocupación de la mayor parte del territorio español y el asedio a Cádiz complicaron la llegada de diputados electos desde América, quienes eran reconocidos como ciudadanos con los mismos derechos que los peninsulares. Aunque no había partidos políticos organizados, los diputados se dividían en tres corrientes ideológicas: absolutistas, que querían mantener el modelo anterior; liberales, que defendían la soberanía nacional y los derechos políticos de la Revolución Francesa; y reformistas, que proponían un modelo intermedio. La mayoría de los 300 diputados eran eclesiásticos, juristas, funcionarios y militares, y el carácter comercial de Cádiz permitió que los liberales se convirtieran en la mayoría, buscando modernizar y sacar a España de su atraso. La facción absolutista era minoritaria. Tras la expulsión de los franceses, las Cortes se trasladaron a Madrid en 1814.
La labor legislativa de las Cortes se centró en romper con el absolutismo, proclamando la soberanía nacional y la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos de España y América, eliminando la sociedad estamental y sus privilegios. Se abolieron varios elementos del Antiguo Régimen, como el voto de Santiago, la Inquisición y ciertos derechos señoriales, aunque algunos se mantuvieron en la práctica. Se suprimió el mayorazgo y se declaró la libre propiedad. La división provincial se reorganizó, y se programó la desamortización de los bienes de la Iglesia para estimular la economía. Las reformas incluyeron la mejora de la Hacienda pública y la libertad de comercio, culminando en la Constitución de 1812, la primera en la historia de España.
La Constitución fue proclamada el 19 de marzo de 1812 tras intensos debates sobre el papel de la monarquía. Se estableció que la Constitución debía ser cumplida por todos, incluso el rey, como fundamento de un régimen constitucional. Incluía principios del liberalismo como la soberanía nacional y la igualdad ante la ley, así como derechos y libertades individuales, como la libertad de imprenta, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la propiedad y a la educación.
La Constitución estableció la división de poderes: el legislativo en las Cortes, el ejecutivo en el rey y ministros, y el judicial en tribunales, buscando evitar la arbitrariedad del poder monárquico. Las Cortes, como representantes de la soberanía nacional, debían ser elegidas por sufragio masculino universal con ciertos requisitos económicos para los candidatos. Aunque perdió algunas facultades, la monarquía aún mantenía grandes poderes, como el derecho a promulgar leyes y a veto temporal. Se creó una Milicia Nacional para defender el sistema constitucional y se proclamó la religión católica como la oficial del reino, para evitar conflictos con la Iglesia.
La Constitución reformó profundamente la economía, eliminando gremios y privilegios, y estableciendo una única contribución para todos, en lugar del sistema fiscal estamental. Se promovió la libertad de industria y la desamortización de propiedades que estaban inactivas. Sin embargo, estas reformas generaron conflictos con la Iglesia, llegando a expulsar al Nuncio del Papa. La Constitución de 1812 tuvo dificultades para aplicarse debido a la ocupación francesa y, tras el regreso del rey Fernando VII en 1814, se suprimieron todas las medidas liberales, incluida la Constitución. A pesar de esto, su importancia es fundamental, ya que se convirtió en un referente del liberalismo español y del proceso de independencia de las colonias en América.