Cuestionario de Derecho Administrativo: Conceptos Clave y LPAC
1. Señale la afirmación correcta:
a. La personalidad jurídica de cada administración es única.
b. Cada administración tiene su propia personalidad jurídica distinta de las demás.
c. Ambas afirmaciones son correctas.
2. Respecto al Derecho Administrativo, señale la respuesta INCORRECTA:
a. Es el derechoestatutario común y normal de las administraciones públicas.
b. Es un derecho de privilegios, garantías y armonizador.
c. La totalidad de sus normas están recogidas en un código administrativo.
3. Señale la respuesta CORRECTA:
a. Los estatutos de autonomía son una norma autonómica, la más importante (no es una norma autonómica, sino orgánica).
b. Los estatutos de autonomía son leyes orgánicas estatales.
c. Los estatutos de autonomía se reforman por una ley ordinaria de la asamblea legislativa de cada comunidad autónoma.
4. Señale la afirmación INCORRECTA:
a. Los órganos administrativos se pueden clasificar por criterios funcionales, territoriales y estructurales.
b. Desde el punto de vista funcional los órganos pueden ser activos y de control.
c. Desde un punto de vista estructural los órganos pueden ser unipersonales y colegiados.
5. En cuanto a los principios organizativos:
a. La descentralización da lugar a una traslación de competencia intersubjetiva, pudiendo ser territorial y funcional.
b. La desconcentración da lugar a una traslación de competencia interorgánica y por ello presenta un marcado carácter técnico.
c. Ambas afirmaciones son ciertas.
6. En cuanto a las técnicas de traslación de competencias, señale la respuesta INCORRECTA:
a. La delegación de firmas no altera la competencia del órgano delegante.
b. La encomienda de gestión puede tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la Ley de Contratos del Sector Público.
c. La avocación no afectará a la titularidad de las competencias.
7. En cuanto a las normas gubernamentales con fuerza de ley, señale la respuesta CORRECTA:
a. Las leyes de bases se utilizan como delegantes para la formación de textos articulados.
b. El decreto ley tiene un carácter provisional y debe ser sometido a la ratificación del Congreso.
c. Ambas afirmaciones son correctas.
8. Señale la respuesta CORRECTA:
a. Los reglamentos se clasifican en ejecutivos y de necesidad.
b. Los reglamentos se clasifican en ejecutivos, independientes y de necesidad.
c. Los reglamentos se clasifican en independientes y de necesidad; los ejecutivos son actos administrativos comunes.
9. En la Administración General del Estado:
a. El Gobierno tiene atribuida la potestad reglamentaria originaria.
b. La potestad reglamentaria de los ministros es derivada.
c. Ambas afirmaciones son correctas.
10. El art. 37 de la LPAC regula el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, que consiste en que:
a. Las resoluciones administrativas con carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas tengan igual o superior rango a éstas.
b. No consiste en eso porque el principio de jerarquía siempre se aplica, aún en este caso.
11. Señale la respuesta CORRECTA:
a. La capacidad de obrar del administrado en Derecho Administrativo es idéntica a la establecida por el Derecho Civil.
b. El menor de edad, para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses en el ámbito administrativo, podrá actuar por sí mismo si la norma lo permite, sin la actuación de sus padres, tutores o curadores.
c. Ambas afirmaciones son incorrectas.
12. Señale la respuesta INCORRECTA:
a. La vecindad administrativa es una de las circunstancias modificativas de la capacidad en Derecho Administrativo.
b. Tienen la condición de vecinos residentes en el municipio tanto españoles como extranjeros, y tanto mayores de edad como los menores.
c. La vecindad administrativa se obtiene por el mero hecho de vivir en un municipio, sin ningún otro requisito formal.
19. En la regulación de las fases del procedimiento, la emisión de informes es un elemento de la instrucción. Respecto de ellos:
a. Los informes vinculantes desfavorables siempre son de obligada observancia por el órgano que resuelve, lo que no ocurre con los favorables, ya que el órgano que resuelve los puede acatar o no.
b. Pueden ser emitidos por una unidad de la Administración Pública actuante o por otra Administración Pública distinta.
c. Ambas respuestas son correctas.
20. En la instrucción del procedimiento de prueba:
a. Engloba la proposición y práctica de la prueba; no puede ser, según la LPAC vigente, ni inferior a 10 días ni superior a 30 días.
b. Engloba la proposición y práctica de la prueba y siempre tiene que ser de 15 días.
c. Engloba solamente la proposición de la prueba y no puede ser, según la LPAC vigente, ni inferior a 10 días ni superior a 30.
21. Los modos de terminación del procedimiento:
a. Mediante acto expreso decisorio del fondo del asunto solo puede considerarse que es por resolución unilateral.
b. Mediante acto expreso decisorio del fondo del asunto puede ser por resolución unilateral o por terminación convencional.
c. Ambas respuestas son erróneas.
22. En cuanto al plazo máximo para resolver los procedimientos, según la LPAC vigente:
a. No podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.
b. Si la norma reguladora del procedimiento no fija plazo máximo, éste será de tres meses.
c. Ambas son correctas.
23. En cuanto al cómputo del plazo para resolver y notificar:
a. En los procedimientos iniciados de oficio, la LPAC vigente declara que la fecha del acuerdo de iniciación es la fecha de comienzo del procedimiento.
b. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, también declara que la fecha del comienzo del procedimiento es la del acuerdo de iniciación.
c. Ambas son correctas.
24. El dies ad quem:
a. Es la fecha en la que se debe considerar el inicio del procedimiento.
b. Siempre coincide con el acuerdo de inicio notificado por la Administración Pública.
c. Ambas son erróneas.
25. En la LPAC vigente y respecto del silencio administrativo y las resoluciones tardías:
a. La Administración Pública siempre debe resolver, aún habiendo transcurrido el plazo establecido para ello.
b. Si es un procedimiento en el que el silencio administrativo es estimatorio, la resolución tardía podrá ser estimatoria o denegatoria.
c. Si es un procedimiento en el que el silencio administrativo es desestimatorio, la resolución tardía solo podrá ser desestimatoria.
26. El acto administrativo:
a. Es una declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo de una Administración Pública.
b. Es un acto unilateral y fiscalizable, regulado por el Derecho Administrativo.
c. Ambas son ciertas.
27. Señale la respuesta correcta:
a. Los reglamentos no son actos administrativos, pues aunque presentan ciertas características comunes, su naturaleza jurídica es diferente y se encuentran sometidos a regímenes jurídicos distintos.
b. Los reglamentos son actos administrativos, pues aunque presentan ciertas características diferentes, su naturaleza jurídica es idéntica y se encuentran sometidos a idénticos regímenes jurídicos.
c. Ambas son ciertas.
28. Los actos administrativos se clasifican, entre otras categorías. Señale la respuesta incorrecta:
a. Según su modo de expresión pueden ser: expresos, tácitos o presuntos.
b. En función del número de destinatarios pueden ser: singulares o generales.
c. Según su nivel de procedimiento pueden ser de trámite o definitivos, y según su posibilidad de impugnación pueden ser firmes y no firmes.
29. En cuanto al grado de vinculación de la AP al momento de dictar los actos:
a. Son actos discrecionales aquellos que la Administración Pública dicta en el ejercicio de potestades discrecionales.
b. Estos actos no tienen por qué ser motivados, precisamente por ser discrecionales.
c. Ambas son correctas.
30. Señale la respuesta correcta:
a. Los actos administrativos no son aptos para producir efectos desde que se producen, ya que requieren el cumplimiento de ciertos requisitos adicionales.
b. Los actos administrativos se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
c. Ambas son incorrectas.
31. La ejecutoriedad de los actos que establece el artículo 98 de la vigente LPAC:
a. Que la Administración Pública tiene potestad para ejecutar un acto por sí misma cuando el particular no lo hace.
b. Esa potestad se denomina también autotutela ejecutiva o ejecución de oficio de los actos administrativos.
c. Ambas son correctas.
32. El artículo 106.1 regula la revisión de oficio o declaración de nulidad y supone que:
a. El objeto de este procedimiento es la declaración de nulidad de los actos de trámite y los definitivos que hayan devenido firmes o que hayan agotado la vía administrativa.
b. El objeto de este procedimiento es la declaración de nulidad de los actos de trámite, no de los definitivos, que hayan devenido firmes o que hayan agotado la vía administrativa.
c. El objeto de este procedimiento es la declaración de nulidad de actos definitivos, no los de trámite, que hayan devenido firmes o que hayan agotado la vía administrativa.
33. El artículo 109.1 regula la revocación de oficio, que:
a. Permite a las Administraciones Públicas revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
b. Permite a las Administraciones Públicas revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
c. Ambas son erróneas.
34. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48:
a. Previa su declaración de oportunidad para el interés público.
b. Previa su declaración de lesividad para el interés público.
c. Previa su declaración de interés público general.
35. El recurso de ALZADA:
a. Tiene un plazo de interposición de 1 mes contra los actos expresos y 3 meses contra los actos presuntos.
b. Se ha de resolver por el órgano superior jerárquico en el plazo de 3 meses desde su fecha de inicio, y el silencio administrativo es desestimatorio.