El Precedente Administrativo

Los precedentes administrativos se refieren a las actuaciones y decisiones previas de la Administración que pueden influir o ser tenidas en cuenta en la resolución de un caso administrativo actual. Los precedentes cumplen una función relevante en varios aspectos del Derecho Administrativo, como en la búsqueda de uniformidad, seguridad jurídica y en el trato igualitario ante situaciones similares. 13 Derecho administrativo I 3º GAP

Características Principales de los Precedentes Administrativos según Parejo Alfonso:

• Carácter no vinculante: A diferencia del precedente judicial en sistemas anglosajones, donde el stare decisis⁴ impone seguir resoluciones anteriores de tribunales, en el Derecho Administrativo español los precedentes no obligan legalmente a la Administración. Sin embargo, se valora su utilización por razones de coherencia y seguridad jurídica.
• Seguridad jurídica: La Administración, al basarse en precedentes, contribuye a que los ciudadanos puedan prever cómo se aplicarán ciertas normativas y cómo se resolverán casos similares, fortaleciendo la estabilidad y confianza en el sistema administrativo.
• Igualdad ante la Ley: Al seguir precedentes, se garantiza un tratamiento igualitario para todas las personas que se encuentren en situaciones semejantes, lo que refuerza el principio de igualdad ante la ley.
• Margen de discrecionalidad: Aunque la Administración puede utilizar precedentes, también tiene la libertad de apartarse de ellos si encuentra razones justificadas y debidamente motivadas para hacerlo, especialmente cuando las circunstancias del caso actual difieren de las anteriores.
• Fundamentación: Cuando la Administración se aparta de un precedente, debe motivar adecuadamente la razón de este cambio para evitar posibles arbitrariedades.

Estos precedentes no forman parte del concepto de jurisprudencia obligatoria, pero son un referente para la toma de decisiones administrativas que, aunque no impiden nuevas interpretaciones, sirven como un recurso valioso para la coherencia y el desarrollo de la práctica administrativa.

Los Principios Generales del Derecho Administrativo

Los principios generales del Derecho Administrativo son fundamentales para la interpretación y aplicación de este campo del derecho en el marco del sistema jurídico español. Los principales son:

• Principio de legalidad: Es el principio rector del Derecho Administrativo. La Administración Pública solo puede actuar en el marco de lo que le permite el ordenamiento jurídico, es decir, sus actos y decisiones deben estar sujetos a la ley. La actuación fuera de este marco implicaría una extralimitación.
• Principio de igualdad: Este principio garantiza que la Administración no puede discriminar entre los administrados, debiendo tratar a todas las personas por igual ante situaciones análogas, salvo que existan razones objetivas y razonables que justifiquen un trato diferente.
• Principio de proporcionalidad: Este principio exige que las medidas adoptadas por la Administración sean adecuadas, necesarias y proporcionales a los fines que persiguen. La Administración no debe imponer cargas o restricciones excesivas a los derechos de los ciudadanos.
• Principio de imparcialidad: Las actuaciones de los funcionarios y autoridades públicas deben estar guiadas por la objetividad y neutralidad, sin que prevalezcan intereses personales o partidistas.
• Principio de eficacia: La Administración debe actuar con el objetivo de cumplir eficazmente los fines de interés general que tiene encomendados, buscando resultados óptimos y maximizando los recursos.
• Principio de eficiencia: Está ligado a la gestión económica y de recursos, exigiendo que la Administración actúe de manera eficiente en la utilización de los recursos públicos, evitando el despilfarro y optimizando la asignación de los mismos.
• Principio de responsabilidad: Las Administraciones Públicas y sus agentes deben responder de los daños causados a los ciudadanos por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
• Principio de transparencia: La actuación administrativa debe ser transparente, facilitando la rendición de cuentas y permitiendo a los ciudadanos acceder a la información sobre la gestión pública.
• Principio de buena fe: Este principio implica que las actuaciones de la Administración deben ser realizadas con rectitud, honradez y lealtad, tanto en relación con los ciudadanos como en el funcionamiento de los procedimientos internos.
• Principio de seguridad jurídica: Garantiza la estabilidad y previsibilidad del ordenamiento jurídico, de modo que los ciudadanos puedan conocer y prever las consecuencias jurídicas de sus actuaciones y las de la Administración.