Portada » Economía » Marco Legal y Seguridad Alimentaria: Claves para la Protección del Consumidor
El derecho alimentario es una rama fundamental para garantizar la salud pública y la equidad en el comercio. A continuación, se exploran sus definiciones, antecedentes, conceptos clave y su impacto en la sociedad.
El Derecho Alimentario es la rama del Derecho Sanitario que regula la industria alimentaria. Surgió como una defensa contra las adulteraciones y fraudes alimentarios, velando por la sanidad y la protección del consumidor.
Es de obligado cumplimiento para personas físicas (individuales) y jurídicas (empresas). Su área de acción se extiende desde la producción hasta el consumo de los alimentos.
Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta, como destinatario final, productos o bienes.
El Derecho Alimentario busca producir un impacto positivo en:
Establece normas y reglamentos actualizados con bases científicas que sirven para un control efectivo de la inocuidad de los alimentos.
Facilita una mayor disponibilidad de alimentos con una disminución creciente del riesgo de aparición de enfermedades transmitidas por alimentos.
Incrementa la disponibilidad de alimentos, incrementando las exportaciones y contribuyendo al desarrollo económico del país.
Estableciendo normas conjuntas, con base científica, transparente y equitativa.
El objetivo del Codex Alimentarius es elaborar y unificar la normativa alimentaria internacional.
Del latín “código de los alimentos”, es un conjunto de normas generales y específicas, códigos de prácticas, directrices y otras recomendaciones relativas a la seguridad alimentaria.
Actualmente, es una referencia mundial de enorme influencia para la armonización de la legislación alimentaria.
Estos principios garantizan credibilidad, objetividad y aceptabilidad.
Participan especialistas en química, tecnología, microbiología de los alimentos, micología, residuos de plaguicidas y medicamentos veterinarios. El objetivo es el intercambio de información científica de los alimentos.
Esta ley buscaba:
El Código Alimentario Español (CAE) es relativamente reciente. Fue aprobado por Decreto 2484/1967 y entró en vigor en 1975.
Es un conjunto de normas básicas y sistematizadas relativas a los alimentos, condimentos, estimulantes y bebidas, materias primas, y por extensión a los productos, utensilios y enseres de uso y consumo doméstico.
Es de estricta aplicación en todo el territorio nacional:
Es de obligado cumplimiento para toda persona física o jurídica que se halle en el territorio español.
El Derecho Alimentario Español se basa en el Código Alimentario Español y se complementa con:
La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana (FAO).
En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (Roma, 1996), se firmó el compromiso mundial de eliminar el hambre y la malnutrición y garantizar la seguridad alimentaria sostenible para toda la población.
El sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos), desarrollado en la década de 1960 y obligatorio desde 1993 en la Unión Europea, es un sistema de autocontrol que permite a la industria o establecimiento garantizar que los productos que en ella se manipulan o elaboran son inocuos para la salud.
Un punto crítico es una fase en la que se puede aplicar un control y es esencial para prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad de un alimento.
La trazabilidad es una herramienta fundamental para la seguridad alimentaria. Es el conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de unas herramientas determinadas.
El Reglamento (CE) 178/2002 la define como la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso o un ingrediente, lo cual reviste una importancia decisiva para la protección de los consumidores.
La trazabilidad actúa como una herramienta para la calidad y seguridad alimentaria.
El Reglamento (CE) 931/2011 fija requisitos específicos de trazabilidad para los alimentos de origen animal, que incluyen:
El Reglamento (CE) 178/2002, de 28 de enero de 2002, establece los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y fija procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.
Dependiendo de la actividad en la cadena alimentaria, la trazabilidad se clasifica en varias direcciones:
TRACES (Trade Control and Expert System) es una herramienta de la Comisión Europea que gestiona los requisitos sanitarios de todos los productos, tanto de importación como de miembros de la UE: animales, semillas, plantas, etc.
TRACES debe asegurar:
El fraude alimentario es una actividad que tiene por objetivo estafar a los compradores en relación con los alimentos o sus ingredientes a fin de obtener un beneficio económico. No es un fenómeno nuevo y tiene numerosos antecedentes históricos.
Una crisis alimentaria es aquella situación en la que la gestión del riesgo es muy compleja y no se puede gestionar de forma adecuada, implicando un riesgo grave para la salud pública y la extensión del riesgo a otras comunidades o países. Los alimentos derivados de una crisis alimentaria no son inocuos, nutritivos ni aceptables.
Originada en el Reino Unido en la década de 1980, cuando la industria buscó reducir el consumo energético en la elaboración de harinas cárnicas para piensos, disminuyendo el tiempo y la temperatura de procesamiento. El prión, una proteína tóxica sin ADN, no se destruyó debido a la baja temperatura en la elaboración de las harinas y se incorporó a la cadena alimentaria a través de los piensos del ganado bovino. La EEB afectó al sistema nervioso de los animales que lo consumieron, provocando su muerte. La Unión Europea prohibió las exportaciones del Reino Unido. El primer caso de contagio en humanos fue en 1996 en el Reino Unido (164 muertes). En España se confirmaron 5 casos, lo que generó una alerta por la posibilidad de contagio y la adopción de medidas de emergencia.
Una intoxicación alimentaria masiva se inició en Torrejón de Ardoz (Madrid) y se extendió a provincias colindantes, aumentando el número de afectados. La primera hipótesis fue un accidente causado por armas biológicas, pero la investigación posterior apuntó a la ingestión de aceites sin marca distribuidos por venta ambulante. El origen fue una partida de aceite de colza desnaturalizado (con aditivos para consumo industrial, como anilina) importado de Francia con fines industriales, que se comercializó para el consumo humano. Fue un consumo de producto nocivo por adulteración de un aceite de consumo humano con uno industrial. Hubo más de 1.000 fallecidos y 10.000 personas afectadas. El Tribunal Supremo calificó el hecho como delito de homicidio y lesiones, ya que se conocía el peligro del consumo de este aceite.
Se produjo en la República Checa debido al consumo prolongado de aceite de oliva contaminado con hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), que pueden inducir células cancerígenas. Ante la posible contaminación, los análisis de muestras confirmaron la presencia de alfa-benzopireno. La falta de regulación en la UE y a nivel nacional, junto con el grave riesgo que representaba esta molécula orgánica, llevó a la aplicación del principio de precaución. Se activó la alerta alimentaria, con inmovilización y retirada del producto comercializado. A raíz de este incidente, se legisló para un control mucho más eficaz.
Una alerta declarada sin justificación adecuada, debido a una mala gestión del riesgo y la adopción inadecuada de medidas provisionales. Esto tuvo graves consecuencias para el sector agrícola español, incluyendo una disminución de ingresos (55 millones de euros), pérdida de confianza de los mercados y reclamación de ayudas para compensar las pérdidas.
Causado por policlorodibenzofuranos (PCDF) y policlorodibenzodioxinas (PCDD). Se produjo en Bélgica debido a piensos contaminados con dioxinas en aves, resultado de la mezcla de aceites industriales con PCBs y harinas para piensos. Se tomaron medidas preventivas como restringir las explotaciones de granjas de aves, ampliar la restricción al ganado porcino y bovino, prohibir la exportación y puesta en el mercado, y destruir productos sin garantías. Tuvo grandes consecuencias, impulsando una nueva normativa de vigilancia y control de dioxinas: los Reglamentos (CE) 1566/1999, 466/2004 y 199/2006, y el Real Decreto 465/2003, que fijaron límites máximos permitidos de dioxinas para prevenir la exposición del animal a alta contaminación.
Estos laboratorios analizan los productos y alimentos del mercado con el fin de detectar aquellos que puedan suponer un riesgo para la salud pública.
Existe una Red de Laboratorios de Seguridad Alimentaria (RELSA) que mantiene una base de datos de capacidad analítica.
Estudian el aspecto del alimento, olor, gusto y sensaciones táctiles.
Incluyen métodos físicos, químicos, microscópicos y microbiológicos.
Estudian las propiedades físicas de los alimentos (apariencia, color, textura, etc.).
Incluyen todos los métodos destinados a determinar los componentes nutritivos de los alimentos, los que afectan a su sabor y los considerados como contaminantes o impurezas.