Introducción

Aprobada el 4 de marzo de 2011, la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, busca crear un marco de mejora económica y competitiva, incorporando criterios de responsabilidad en la gestión pública y empresarial. Esta ley incluye disposiciones sobre informes de gobierno corporativo y memorias de sostenibilidad, promoviendo la RSE y facilitando su aplicación en las PYMES. Además, establece que las administraciones públicas deben difundir buenas prácticas y estimular el estudio sobre los efectos de la RSE en la competitividad empresarial.

Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio: Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas

Contenido General

La Ley Orgánica 5/2010 introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, permitiendo que estas sean imputadas por delitos cometidos por sus administradores o durante el ejercicio de sus actividades. La responsabilidad puede surgir de:

• Delitos cometidos por administradores en nombre de la empresa.
• Delitos realizados durante las actividades sociales que beneficien a la empresa.

El Tribunal Supremo, en la Sentencia 154/2016, aclara que el término «beneficio» se refiere a cualquier ventaja que contribuya a la subsistencia de la persona jurídica. La falta de control por parte de los administradores se considera un incumplimiento grave.

Imputaciones y Atenuantes

Para imputar a una persona jurídica, es necesario que el delito ocurra en el marco de su operativa normal y que no se hayan implementado medidas adecuadas para prevenirlo. Las atenuantes incluyen la confesión de infracciones y la colaboración en investigaciones.

Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo: Programas de Compliance y Exención de Responsabilidad

Contenido General

La modificación del artículo 31 quater establece que la implementación de programas de buen gobierno puede eximir a las empresas de responsabilidad penal. Para ello, deben cumplirse ciertos requisitos, como la adopción de modelos de gestión eficaces y la supervisión por un órgano autónomo.

Sentencia del Tribunal Supremo 154/2016

Esta sentencia confirma la responsabilidad penal de las personas jurídicas, estableciendo que debe existir un delito cometido por un miembro de la empresa y un incumplimiento en las medidas de control. La falta de una cultura corporativa de respeto a la ley puede facilitar la comisión de delitos.

Programas de Cumplimiento (Compliance) Penal

Los programas de compliance son esenciales para prevenir delitos y controlar responsabilidades penales. Estos programas deben incluir:

• Medidas de vigilancia y control.
• Un órgano autónomo para supervisar el cumplimiento.
• Protocolos para la toma de decisiones.

Normas de Certificación: UNE 19601

La norma UNE 19601 establece buenas prácticas en la gestión del cumplimiento penal, alineándose con el Código Penal español. Su implementación ayuda a las organizaciones a gestionar riesgos y a demostrar que han adoptado medidas de prevención.

Tipos de Delitos Imputables a Personas Jurídicas

Las conductas abarcadas en el Código Penal incluyen, entre otras, los siguientes delitos:

• Tráfico y trasplante ilegal de órganos (art. 156 bis).
• Trata de seres humanos (art. 177 bis).
• Prostitución y corrupción de menores (arts. 187 a 189 bis).
• Descubrimiento y revelación de secretos (arts. 197 a 197 quinquies).
• Estafa (arts. 248 a 251 bis).
• Alzamiento de bienes (arts. 257 a 258 ter).
• Insolvencia punible (arts. 259 a 261 bis).
• Daños informáticos (arts. 264 a 264 quater).
• Delitos de propiedad intelectual e industrial (arts. 270 a 276).
• Divulgación de patente secreta (art. 277 bis).
• Delitos contra el mercado y consumidores (arts. 278 a 286).
• Corrupción en los negocios (arts. 286 bis a 286 quinquies).
• Blanqueo de capitales (art. 302).
• Financiación ilegal de partidos políticos (art. 304 bis).
• Delitos fiscales y contra la Seguridad Social (arts. 305 a 310 bis).
• Tráfico ilegal e inmigración clandestina (art. 318 bis).
• Delitos contra el urbanismo y el medio ambiente (arts. 319 a 343).
• Delitos contra la salud pública y tráfico de drogas (arts. 359-369 bis).
• Falsificación de moneda y documentos (art. 386 y art. 399 bis).
• Cohecho y tráfico de influencias (arts. 420 a 430).
• Delitos contra derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 510 y 510 bis).
• Captación de fondos para el terrorismo (art. 576 bis).

Tipos de Penas para Personas Jurídicas

Las penas para las personas jurídicas pueden incluir:

• Multas de hasta nueve millones de euros.
• Disolución de la entidad.
• Suspensión de actividades.

Ley Orgánica 1/2015 de 13 de marzo: Extensión de la Jurisdicción Española en Delitos de Corrupción

Contenido General y Jurisdicción Extraterritorial

La ley establece que los delitos cometidos por españoles o extranjeros fuera de España pueden ser juzgados en tribunales españoles bajo ciertas condiciones, como la punibilidad en el lugar de ejecución y la no absolución del delincuente en el extranjero.

Ámbito de Aplicación: Delitos de Corrupción

El Caso 2 se centra en los delitos de corrupción que pueden ser cometidos por españoles o extranjeros residentes en España. Estos delitos pueden involucrar a:

• Directivos.
• Administradores.
• Empleados.
• Colaboradores de empresas o entidades con sede en España.

Además, se incluye a personas jurídicas, como empresas y organizaciones, que tengan su sede o domicilio social en el país.

Extensión de la Jurisdicción Española

La jurisdicción española se extiende a los casos en los que un español o un extranjero residente en España comete delitos de corrupción en el extranjero. Esto implica que:

• Las personas jurídicas con sede en España pueden ser penalmente responsables por delitos cometidos fuera del país.
• La ley asegura que estas entidades estarán bajo la jurisdicción penal española, independientemente de la ubicación del delito.

Limitaciones de la Jurisdicción Legal

Sin embargo, existen limitaciones a esta jurisdicción, que se aplican en los siguientes casos:

• Procedimientos en tribunales internacionales: Si ya se ha iniciado un procedimiento en un tribunal internacional, la jurisdicción española puede verse afectada.
• Procedimientos en el Estado donde se cometieron los hechos: Si se ha iniciado un procedimiento en el país donde ocurrió el delito o en el país de nacionalidad de la persona imputada, la jurisdicción española se limita, siempre que:
  • La persona imputada no se encuentra en España.
  • Se haya iniciado un procedimiento de extradición al país donde se cometieron los hechos o al país de nacionalidad de las víctimas, o para entregarla a un tribunal internacional, a menos que la extradición sea denegada.

Este marco legal busca equilibrar la responsabilidad penal y la jurisdicción en casos de corrupción, asegurando que se tomen en cuenta las normativas internacionales y los derechos de los imputados.