CAMBIO SOCIAL Y REFORMAS LEGISLATIVAS ANÁLISIS DEL TEXTO

El texto expone la necesidad de alcanzar una igualdad real entre mujeres y hombres en España. Señala la existencia de diversas desigualdades y justifica la creación de leyes, como la Ley Orgánica 3/2007, para eliminarlas mediante políticas activas. La idea central o principal es que la igualdad efectiva entre hombres y mujeres aún no se ha conseguido. En él se destaca que existen discriminaciones en ámbitos como el empleo, los salarios o la representación política.
Ante dicha problemática se defiende la necesidad de una intervención del Estado mediante leyes, por lo que se recalca que la igualdad es un derecho reconocido por la Constitución Española de 1978 y que esta misma contribuye al desarrollo económico y social.
Si nos centramos en las ideas secundarias la ley menciona problemas concretos como la violencia de género, el desempleo femenino o la dificultad de conciliación familiar. Habla de la existencia de discriminaciones directas e indirectas. Se plantea la necesidad de eliminar estereotipos sociales que perpetúan la desigualdad o la segregación de género involuntaria. Otra de las ideas es la importancia de las políticas preventivas, no solo las que sancionan. Finalmente, otra de las ideas secundarias que se extraen y no menos importante es la de proporcionar, a través de una lectura general, una visión de beneficio colectivo (para toda la sociedad), la aspiración de una igualdad, implicando de esa manera a la esfera masculina. Como consecuencia directa, la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 impulsó políticas de igualdad en el ámbito laboral y social. Favorecíó una mayor presencia de mujeres en la política y en puestos de responsabilidad. También reforzó la lucha contra la discriminación y complementó y mejoró legislación de gobiernos anteriores desde 1982. En definitiva nos permite un mayor desarrollo del Estado de Bienestar y alcanzar una sociedad más igualitaria y democrática.  

. COMENTARIO

El texto se sitúa en la España democrática actual, la cual debe entenderse dentro del proceso iniciado tras la muerte de Francisco Franco en 1975. A partir de ese momento se inicia la Transición a la democracia, culminada con la aprobación de la Constitución Española de 1978, que establece un Estado social y democrático y reconoce la igualdad ante la ley. A partir de entonces, España experimenta una profunda transformación política, económica y social. En 1982 con el gobierno de Felipe González se consolida la democracia y se impulsa la modernización del país. En este contexto, España entra en la OTAN en 1982 y en la Comunidad Económica Europea (CEE y futura UE) en 1986, lo que favorece el crecimiento económico y la integración internacional. En este gobierno de González se sentaron las bases de una política de igualdad y de liberación de la mujer, tras décadas de opresión de la Dictadura franquista, como la creación del Instituto de la Mujer (1983), Ley del Divorcio (1981), Despenalización del Aborto (1985) y políticas fundamentales para la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral y las primeras medidas contra la violencia de género. Entre 1996 hasta 2004 con el gobierno de José María Aznar las políticas fueron más moderadas, pero continuistas. En concreto se trabajó en planes de igualdad de oportunidades y conciliación laboral y familiar, más apoyo al empleo femenino y lucha contra la violencia de género. A partir de entonces, España vive un importante boom económico, especialmente entre 1997 y 2007, con crecimiento del empleo, desarrollo de infraestructuras y aumento del nivel de vida. Además en 2002 se adopta el Euro, reforzando la integración económica europea y dejando atrás a la peseta que nos había acompañado como moneda nacional desde 1868. No obstante, estos avances económicos no eliminaron completamente las desigualdades sociales. Los gobiernos democráticos llevaron a cabo políticas propias del Estado de Bienestar, ampliando derechos sociales y promoviendo la igualdad. 

 El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, desde 2004 a 2011, aprobó importantes reformas sociales, como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo (2005) y la Ley de Igualdad (2007), a la que pertenece la práctica.  Estas medidas reflejan un cambio profundo en la sociedad española, orientado hacia la igualdad real, el respeto a la diversidad, la libertad sexual y la identidad de género. También se refuerza la lucha contra la violencia de género y la discriminación, integrando estos objetivos dentro del desarrollo económico y social del país. El texto se enmarca en una etapa de consolidación democrática y modernización, en la que España pasa de una dictadura a una sociedad avanzada, integrada en Europa y comprometida con los derechos y libertades de todos sus ciudadanos. De ahí que se buscase un aumento del nivel de vida, incorporación masiva de la mujer al trabajo y expansión de derechos sociales. Sin embargo, persistían desigualdades, especialmente en relación con la mujer, como la violencia de género o la discriminación laboral. Por ello, los gobiernos impulsaron reformas legales para avanzar hacia una igualdad real y efectiva. En cuanto a la violencia contra la mujer, se convirtió en una cuestión central, impulsando leyes específicas y medidas de protección. La violencia de género ha sido uno de los principales problemas sociales en la España democrática desde los años 80, cuando comenzaba a visibilizarse. Aunque en las primeras décadas no existían registros oficiales completos, se estima que las cifras eran elevadas y con escasa protección legal. Desde la aprobación de leyes como la Ley Orgánica 1/2004, las muertes han tendido a disminuir, pasando de más de 100 víctimas mortales (estimación en los años 80), a 70 víctimas anuales a mediados de los años 2000 a cifras en torno a 50 o menos en la actualidad. Aun así, el problema persiste y sigue siendo un desafío clave del Estado de Bienestar.