Portada » Historia » La España del Siglo XIX: Ocupación Napoleónica, Guerra de Independencia y Trienio Liberal
El rey Carlos IV ascendió al trono español en 1788 y se vio afectado por las consecuencias de la expansión en España de los ideales de la Revolución Francesa de 1789.
La Revolución Francesa en España favoreció la difusión de las ideas liberales, generando, a su vez, reacciones de rechazo en la Corte y entre los privilegiados. El rey Carlos IV suprimió toda influencia ilustrada en su gobierno, nombrando a Manuel Godoy secretario de Estado y cerrando la frontera para evitar el contagio de dichos ideales. Tras la ejecución de Luis XVI en 1793, Carlos IV decidió unirse a la coalición militar europea en guerra contra Francia. La derrota de las tropas españolas fue inevitable, los costes económicos fueron extraordinarios y la Paz de Basilea (1795) marcó la dependencia de España respecto a los intereses franceses. La subida al poder de Napoleón provocó un cambio en la política exterior. España se alió con Francia, lo que llevó a la guerra contra Gran Bretaña, que supuso la derrota de la flota franco-española en Trafalgar. La Hacienda se vio carente de los recursos procedentes de las colonias por la interrupción del comercio atlántico. Godoy, con el fin de conseguir recursos, recurrió al endeudamiento, al aumento de las contribuciones y a la desamortización de tierras eclesiásticas. Esto supuso:
La situación empeoró cuando España firmó el Tratado de Fontainebleau (1807), que autorizaba a los ejércitos franceses a entrar en el país para atacar a Portugal. Además, fijaba un futuro reparto del país vecino, del que Godoy recibiría un principado. Con la entrada de las tropas francesas (febrero de 1808) se produjo la ocupación de plazas estratégicas (Barcelona, Vitoria…), a pesar de no figurar en el tratado. Las autoridades españolas aceptaron su presencia, hasta que la familia real huyó a Aranjuez debido a la llegada de las fuerzas imperiales a Madrid, para iniciar el avance y la ocupación hacia el sur peninsular. Fue entonces cuando se produjo el motín de Aranjuez (18 de marzo de 1808), impulsado por nobles y eclesiásticos y protagonizado por soldados y sectores populares, que exigían la destitución de Godoy y la renuncia de Carlos IV al trono a favor de su hijo Fernando. Al día siguiente, fue proclamado rey Fernando VII, pero su padre Carlos IV solicitó la ayuda de Napoleón para recuperar el trono. Bonaparte, constatando la debilidad de los Borbones, convocó a los monarcas en Bayona y ocupó España para anexionarla a su imperio. Ambos reyes aceptaron abdicar de la Corona, por lo que Napoleón consiguió nombrar a su hermano José I rey de España y convocar unas Cortes en Bayona para aprobar un código constitucional (Estatuto de Bayona), que abolía los privilegios y reconocía la igualdad de los españoles ante la ley, los impuestos y el acceso a los cargos públicos.
La tensa situación en las poblaciones con presencia francesa provocó motines y resistencias en las ciudades ante la pasividad de las autoridades españolas, ya que era evidente que se trataba de una invasión y no de un tránsito. Dichas revueltas fueron motivadas por las extorsiones realizadas por el ejército imperial (alimentos, ocupación de viviendas…) y el rumor de que Napoleón había secuestrado por la fuerza a los reyes en Bayona. El levantamiento de Madrid (2 de mayo de 1808) fue el detonante que generalizó la revuelta. El alzamiento contra los franceses fue impulsado por las clases populares, notables locales y el clero, en defensa de la religión católica y de la monarquía.
Incapaces de controlar la rebelión popular y de frenar la ocupación francesa, las instituciones perdieron el control político generando un vacío en el poder y el desmoronamiento institucional del Antiguo Régimen. Los patriotas crearon juntas integradas por las élites locales. Los voluntarios consiguieron victorias como las de Bruc (Barcelona) y Bailén (Jaén), obligando así a José I a replegarse al norte del Ebro. Las juntas locales crearon una Junta Suprema Central (septiembre de 1808), que reconoció a Fernando VII como rey de España.
En el otoño de 1808, Napoleón entró en España y ocupó Aragón, Cataluña y Madrid, quebrando fuertes resistencias y bombardeando ciudades como Girona y Zaragoza. En enero de 1809, José I regresó a Madrid. El dominio francés adquirió su máximo nivel a principios de 1812, cuando las tropas napoleónicas dominaron Valencia. Posteriormente, sin embargo, se fue debilitando debido al inicio de la invasión de Rusia, lo que obligó a Napoleón a desplazar efectivos militares hacia el nuevo frente. Ello facilitó el contraataque de las tropas británicas y españolas por el general Wellington, que vencieron en Arapiles (Salamanca, julio de 1812), lo que supuso un cambio irreversible en el curso de la guerra. Su avance obligó a huir a José I y permitió recuperar Madrid (agosto de 1813). Napoleón, ante la imposibilidad de mantener dos frentes, firmó el Tratado de Valençay (diciembre de 1813), por el que retiraba sus tropas y restablecía la monarquía de Fernando VII. Fue una guerra atípica, en la que el ejército español se desarticuló tras la batalla de Bailén. Sus componentes se sometieron al ejército británico, o bien se integraron en la guerrilla, que eran grupos reducidos caracterizados por su continuo hostigamiento a los franceses y que estaban dirigidos por militares, clérigos y campesinos, que actuaban de manera informal en zonas rurales.
La guerra provocó hambre, miseria y enfermedades en las clases sociales populares urbanas y del campesinado; estos últimos quedaron sometidos a la extorsión y derechos señoriales.
Junto al régimen de José I, se situaron los afrancesados. Eran reformistas, ilustrados, intelectuales y también hombres de negocios que se enriquecieron con actividades vinculadas al nuevo régimen.
La oposición a los franceses encubría actitudes ideológicas diversas:
Fue una guerra larga, de una crueldad extrema y muy destructiva. La mortalidad alcanzó en algunas zonas el 50% de la población, con contrastes regionales muy marcados. En cuanto a la economía, la producción agraria quedó destruida y la industrial quedó colapsada. El comercio se paralizó y el transporte quedó afectado por la incautación militar de bueyes, mulos y caballos. El coste global fue extraordinario y provocó una deuda pública inasumible: en 1815, el déficit de las finanzas era 20 veces mayor que los ingresos del Estado.
En medio del conflicto bélico, la Junta Central Suprema organizó una consulta al país y, ante el hundimiento del Estado, puso en marcha una convocatoria de Cortes, ya que señalaba a Carlos IV como responsable de la situación, por lo que planteaban la necesidad de reformas que limitasen su poder.
Sin embargo, la Junta no pudo sobreponerse a las derrotas militares, por lo que cesó en sus funciones y fue reemplazada por una regencia encabezada por el obispo de Orense (enero de 1810). Este, con recelos y dificultades, convocó las Cortes en Cádiz, única ciudad que resistía el asedio francés con la ayuda de Gran Bretaña.
Los diputados, dado el contexto bélico, no siempre pudieron representar a sus circunscripciones, por lo que lo hicieron personas presentes en Cádiz. Finalmente se reunieron 300 diputados y se acordó que las Cortes serían unicamerales y no estamentales, y se inauguraron en septiembre de 1810.
El primer día, los liberales consiguieron la soberanía nacional. Asimismo, acordaron la división de poderes y reconocían a Fernando VII como rey de España. Adquirieron, pues, un carácter revolucionario ya que rompían con la doctrina tradicional de la soberanía como atributo real y liquidaban los privilegios estamentales al establecer que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley y tenían los mismos derechos.
Durante más de tres años, las Cortes desarrollaron una intensa actividad legislativa.
Aprobaron una serie de leyes y decretos, así como la primera Constitución de la España contemporánea, lo que permitió sentar las bases de un nuevo sistema liberal y acabar con el Antiguo Régimen.
La Constitución española de 1812 fue promulgada por las Cortes Generales españolas reunidas extraordinariamente en Cádiz el 19 de marzo de 1812.
Fue un texto de contenido muy avanzado para la época, que se convirtió en una referencia no solo en la península sino también en Europa y América. En sus artículos se definían los derechos del ciudadano, las libertades civiles y la igualdad jurídica y fiscal a través del reparto proporcional de los impuestos.
Se establecía el sufragio universal masculino para mayores de 25 años, mediante un sistema de elección indirecto, en diversas instancias electivas (parroquia, municipio y provincia). También se garantizaba la seguridad individual a través de la inviolabilidad del domicilio, los derechos penales y procesales y la abolición de la tortura.
Cuando Fernando VII regresó a España, no cumplió sus promesas de acatamiento del régimen constitucional. A través de la conspiración, y amparándose en las peticiones de los absolutistas formuladas en el Manifiesto de los Persas (ver doc. 1), procedió al restablecimiento del Antiguo Régimen. Tras su llegada a Madrid, declaró nula la Constitución y los decretos de Cádiz e inició la persecución de liberales y afrancesados, que fueron detenidos y ejecutados, o huyeron al exilio. En los meses siguientes, el rey procedió a la restauración de las antiguas instituciones y del régimen señorial. Rehusó emprender reformas y no se tomaron medidas ni para reconstruir la sociedad de posguerra, ni para sanear Hacienda y hacer frente a la deuda. Además, el estallido de movimientos de emancipación de las colonias exigió recursos extraordinarios para hacerles frente e interrumpió los flujos monetarios que llegaban de América. Los gobiernos se mostraron incapaces de solucionar los problemas, ya que diversos ministros de Hacienda planteaban reformas fiscales, pero el rey no las aceptó y se negó a aprobar medidas que alterasen las normas tradicionales.
A pesar de la represión, la guerra contra Napoleón había cambiado a la sociedad.
Entre el campesinado se mantuvo la resistencia a pagar determinadas rentas señoriales y los diezmos. Los sectores adinerados, que habían comprado tierras con las desamortizaciones, reclamaban que se respetase la propiedad de sus nuevas adquisiciones. También quienes habían desarrollado nuevas formas de producción mostraban su descontento por la interrupción del tráfico comercial. Finalmente, en las ciudades, el malestar era perceptible entre artesanos, jornaleros, pequeña burguesía… Todo ello favorecía la reivindicación liberal y constitucional y estimulaba los pronunciamientos militares como método para acceder al poder. Estos consistían en el levantamiento de un sector del ejército a favor de la Constitución, y con el apoyo civil en las ciudades pretendían conseguir suficiente fuerza para imponerse al monarca.
El 1 de enero de 1820 triunfó un pronunciamiento en favor de la Constitución encabezado por el coronel Rafael del Riego. La pasividad del ejército real y la acción de los liberales en las ciudades obligaron al rey a aceptar la Constitución de 1812. También se formó un nuevo gobierno que proclamó una amnistía, que permitió el regreso de liberales y afrancesados, y convocó elecciones, las cuales fueron ganadas por los liberales.
Las nuevas Cortes se formaron con una mayoría de diputados liberales e iniciaron una importante obra reformista. Una serie de leyes desarrollaron las libertades de imprenta, asociación y reunión, lo que permitió el impulso de la prensa y de las sociedades patrióticas formadas por liberales.
El principal objetivo del Trienio fue consolidar la abolición del Antiguo Régimen, iniciada por las Cortes de Cádiz y frenada tras el regreso de Fernando VII. Para ello, se procedió a:
Para mantener el orden público y defender el régimen constitucional, se instauró la Milicia Nacional, un cuerpo de ciudadanos armados, formados por clases medias urbanas. También se procedió a la división del territorio en provincias, para organizar nuevos ayuntamientos y diputaciones por medio del sufragio. Asimismo se promulgó un primer Código Penal, se procedió a la reforma del ejército y se planteó el impulso de la educación, organizado en tres grados: primario, secundario y universitario.
Las reformas suscitaron rápidamente la oposición de la monarquía y de los absolutistas. Fernando VII había aceptado el nuevo régimen forzado por las circunstancias, aunque conspiró contra el gobierno, buscando recuperar su poder absoluto mediante el apoyo de las potencias absolutistas.
Asimismo, el descontento de los campesinos se tradujo en protestas y levantamientos, ya que las reformas del Trienio no incorporaban aspiraciones básicas como el acceso a la propiedad de la tierra y una efectiva rebaja de los impuestos. Los antiguos señores eran ahora los nuevos propietarios y los campesinos se convertían en arrendatarios o jornaleros que podían ser expulsados de las tierras si no pagaban, por lo que perdían sus derechos tradicionales. Además, a estos les afectó el pago monetario, ya que predominaba el intercambio en especie. Al verse indefensos ante las nuevas relaciones capitalistas, se sumaron a la agitación liberal. La nobleza tradicional y la Iglesia, perjudicadas por la supresión del diezmo y los privilegios, y por la venta de bienes monacales, estimularon la revuelta contra el Trienio. Consiguieron capitalizar parte del descontento de los campesinos al solucionar sus problemas mediante el restablecimiento del orden tradicional. Finalmente, las tensiones se produjeron entre los liberales, divididos en dos tendencias:
El triunfo del liberalismo en España contagió a otros territorios (Nápoles, Portugal…) y alarmó a las potencias que habían formado la Santa Alianza (Prusia, Rusia y Austria, a las que se añadió Francia) con el objetivo de intervenir militarmente ante cualquier amenaza liberal. Las demandas de ayuda de Fernando VII como “rey secuestrado por los liberales” dieron lugar a la formación de un ejército francés, los Cien Mil Hijos de San Luis, que bajo el mando del duque de Angulema atravesó los Pirineos con el fin de restablecer el orden tradicional. La resistencia del ejército liberal fue escasa. En Cataluña, las tropas al mando de Francisco Espoz y Mina se enfrentaron a los invasores, sin éxito. Tampoco se consiguió la intervención ciudadana ni la ayuda británica. Tras la ocupación de Madrid, se nombró un Consejo de Regencia y un gobierno absolutista, que derogó las normas y decretos promulgados durante el Trienio. Fernando VII recuperó su condición de monarca absoluto (octubre de 1823) e inició inmediatamente la persecución de los liberales e implantó un régimen de terror.