Portada » Ciencias sociales » La Ciudadanía y la Evolución Histórica de los Derechos: Civil, Político y Social
La ciudadanía moderna es la condición jurídica para el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes establecidos legalmente en el marco de una comunidad determinada. Esta se relaciona con los derechos y los deberes que hacen posible la vida en común a partir de la existencia y el funcionamiento de las leyes.
Existen dos perspectivas fundamentales sobre la ciudadanía:
John Stuart Mill define el ámbito de la ciudadanía como aquella esfera individual inviolable donde la acción estatal y de la sociedad no tiene injerencia. Sostiene que los derechos individuales son anteriores a la sociedad y deben ser respetados, porque solo en un marco de libertad acontece el desarrollo pleno del individuo.
Además, agrega que el poder solamente puede ser ejercido legítimamente sobre una persona para evitar que perjudique a otros miembros de su comunidad. El espacio de la ciudadanía es privado y comprende una serie de libertades de carácter individual. La ciudadanía que concibe Mill se asocia al concepto de ciudadanía normativa y busca garantizar un espacio jurídico reservado exclusivamente a los individuos reconocidos como ciudadanos.
Desde la perspectiva de Karl Marx, las libertades consagradas respondían al hombre egoísta, independiente de la sociedad, y estaban ligadas al interés personal. Señala que, para el liberalismo, la sociedad constituye una limitación para el individuo. La libertad se definía en sentido negativo y las restricciones buscaban limitar la acción para no perjudicar a quienes efectivamente ejercen los derechos (los integrantes de la clase burguesa).
Según él, la verdadera ciudadanía implica que la clase oprimida pueda emanciparse, y la condición para que ello se consiga es la eliminación de la propiedad privada.
Desde la perspectiva de Thomas H. Marshall, se registró una larga y persistente tendencia hacia la expansión de los derechos, producto de luchas sociales y políticas por su reconocimiento y ejercicio efectivo. La ampliación de los derechos permite lograr una sociedad más justa y democrática, capaz de limitar los aspectos negativos de la desigualdad económica.
Marshall clasificó los derechos de ciudadanía en tres categorías:
Los derechos civiles se refieren a los derechos fundamentales que las personas poseen por su condición de individuos, es decir, por el hecho de existir y sin diferenciaciones de color de piel, nacionalidad, género o posición económica. Son derechos defendidos por los liberales.
La Revolución Gloriosa (la primera revolución política realizada por la burguesía) refleja la lucha por la consagración de los derechos civiles. Tuvo lugar en Inglaterra, en 1688, en un contexto de disputa del poder entre la monarquía y el Parlamento.
La revolución triunfó cuando se incitó a Guillermo III a ocupar el trono de Jacobo II con la condición de que mantuviera el protestantismo. También acordaron que dejara gobernar al Parlamento y aceptara la Bill of Rights (Declaración de Derechos) y la Ley de Tolerancia (leyes que contenían una serie de derechos individuales que la Corona debía reconocer). Este movimiento luego se fue extendiendo a otros países.
Los derechos políticos se refieren a aquellos derechos que involucran la participación política de los ciudadanos y habitantes de los Estados. Además del acto eleccionario, también abarcan otras formas de participación política:
Muchas de estas formas de participación que hoy resultan familiares se encuentran traducidas en derechos, como por ejemplo el sufragio universal.
Hacia 1789, Francia estaba regida por una monarquía absoluta, donde había restricciones políticas propias (los nobles y los miembros del clero eran considerados superiores y los únicos capacitados para gobernar). Durante el reinado de Luis XVI se produjo una severa crisis financiera.
Luego de la declaración de la bancarrota del Estado francés, el rey convocó a los Estados Generales. Sin embargo, el Tercer Estado exigió la reunión de una Asamblea Nacional en la cual los tres estamentos pudieran deliberar y tomar decisiones en conjunto. Finalmente, tras la negativa del rey de aceptar este cambio, el Tercer Estado constituyó la Asamblea Nacional que se arrogó la representación de la soberanía de los franceses.
Dentro de las medidas tomadas por la asamblea se destaca la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que proclamó que los hombres nacen libres e iguales en derechos. Esta igualdad permitió el acceso a los derechos políticos. La conquista de derechos políticos no consistió en crear nuevos derechos, sino en garantizar los derechos ya reconocidos a nuevos sectores de la población.
Desde que el derecho a participar en la toma de decisiones dejó de ser un privilegio de la nobleza, los Estados ya no basaron su legitimidad en la herencia o en el poder divino, sino en la soberanía popular. Hannah Arendt analiza la Revolución Francesa y la somete a una crítica a partir de la comparación con la Revolución de Independencia norteamericana. La revolución se asentaba en la libertad para los americanos y en la igualdad para los franceses.
Para Arendt, los revolucionarios franceses cometieron el error de declarar que los hombres nacían libres y con derechos que debían preservarse de los abusos del poder. Así, se instauró una libertad en sentido negativo, solo como defensa frente al Estado. En cambio, la concepción arendtiana de libertad se acerca al ideal de la revolución norteamericana, en la que la libertad se crea y se instituye con la república en la medida en que los hombres actúan en el espacio público. Asimismo, Arendt sostiene que en Francia se generó una “ficción liberadora”: es decir, se intentó construir un mundo de engañosa igualdad sin resolver las necesidades insatisfechas del pueblo.
Los derechos sociales son aquellos destinados a garantizar un mínimo de condiciones de seguridad y de bienestar. Tienen como finalidad lograr que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales, vivir en condiciones dignas y alcanzar su pleno desarrollo. Estos fueron conquistados tardíamente, a principios del siglo XX.
Como consecuencia de los cambios económicos y sociales que produjo la Revolución Industrial, surgió con fuerza la Cuestión Social. Esta se refiere al conjunto de problemáticas asociadas a la explotación laboral y a las pésimas condiciones de vida de los trabajadores en las ciudades.
Los Estados —por entonces liberales— se abstenían de intervenir en el mercado y en las relaciones laborales y, por lo tanto, eran incapaces de resolver el problema social. Así, el Estado y la clase obrera entraron en un conflicto abierto.
El surgimiento de los derechos sociales es resultado de la lucha de los trabajadores organizados colectivamente en movimientos obreros. Para aliviar la violencia, los Estados se vieron obligados a sancionar algunas leyes protectoras de los trabajadores y a poner en marcha políticas de asistencia para cubrir las necesidades más elementales de los sectores populares.
