El Papel de la Jurisprudencia en el Derecho Mercantil

Tras la reforma del Código Civil, efectuada el 30 de mayo de 1974, el artículo 1.6 de dicho cuerpo legal atribuye a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo la función de complementar el ordenamiento jurídico. Esta labor se materializa a través de «la doctrina que de modo reiterado establezca dicho Tribunal al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del Derecho».

La jurisprudencia en el ámbito mercantil posee una relevancia particular como fuente indirecta del Derecho. Su importancia se ha visto acentuada, especialmente con la doctrina emanada del Tribunal Constitucional, en lo referente a la delimitación de lo que debe considerarse legislación mercantil y en la resolución de conflictos de constitucionalidad derivados de la interpretación de normativas entre las Comunidades Autónomas y el Estado. Asimismo, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (anteriormente Comunidad Económica Europea) son fundamentales en esta materia.

Es crucial recordar que, si bien la doctrina del Tribunal Supremo complementa el ordenamiento, sus sentencias no tienen un carácter vinculante general, lo que justifica su consideración como fuente indirecta del Derecho Mercantil.

Competencia de los Juzgados de lo Mercantil

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), mediante la reforma introducida por la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la reforma Concursal, creó los juzgados de lo mercantil. Estos órganos jurisdiccionales conocen de todas las cuestiones que se susciten en materia concursal, conforme a lo dispuesto en su ley reguladora.

Jurisdicción Exclusiva y Excluyente en Materia Concursal

La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en las siguientes materias:

• Acciones civiles con trascendencia patrimonial: Aquellas dirigidas contra el patrimonio del concursado, con la excepción de las ejercitadas en procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores (referidas en el Título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Con el mismo alcance, conocerá de la acción mencionada en el artículo 17.1 de la Ley Concursal.
• Acciones sociales colectivas: Las que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo del concursado como empleador, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección. Si estas medidas implican modificar condiciones de convenio colectivo, se requerirá acuerdo con los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, se aplicarán las normas específicas de la Ley Concursal, pero se tendrán en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral.
• Ejecuciones contra bienes del concursado: Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, independientemente del órgano que la hubiera ordenado.
• Medidas cautelares: Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, salvo las adoptadas en los procesos civiles excluidos de su jurisdicción (punto 1º) y sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan decretar los árbitros en un procedimiento arbitral.
• Asistencia jurídica gratuita: Las cuestiones que, en el procedimiento concursal, deba adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita.
• Responsabilidad de administradores y auditores: Las acciones para exigir responsabilidad civil a los administradores sociales, auditores o liquidadores por perjuicios causados al concursado durante el procedimiento.

Otras Competencias en el Orden Jurisdiccional Civil

Los juzgados de lo mercantil también conocerán de otras cuestiones propias del orden jurisdiccional civil, respecto de:

• Competencia desleal, propiedad industrial e intelectual, publicidad: Demandas que ejerciten acciones relativas a estas materias, así como cuestiones promovidas al amparo de la normativa sobre sociedades mercantiles y cooperativas.
• Transportes: Pretensiones promovidas al amparo de la normativa en materia de transportes, tanto nacional como internacional.
• Derecho Marítimo: Pretensiones relativas a la aplicación del Derecho Marítimo.
• Condiciones generales de la contratación: Acciones relativas a condiciones generales de la contratación en los casos previstos por la legislación específica.
• Recursos contra resoluciones registrales: Recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, conforme a la Ley Hipotecaria.
• Derecho de la Competencia: Procedimientos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (actualmente artículos 101 y 102 TFUE) y su derecho derivado, así como los procedimientos de aplicación de los artículos que determine la Ley de Defensa de la Competencia.

Reconocimiento y Ejecución de Resoluciones Extranjeras

Finalmente, los Juzgados de lo Mercantil tienen competencia para el reconocimiento y ejecución de sentencias y otras resoluciones judiciales extranjeras, siempre que versen sobre materias de su competencia, a menos que tratados u otras normas internacionales atribuyan dicho conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.