Portada » Historia » Historia de España: Guerra Civil, Franquismo y Transformación Económica
El bombardeo de Guernica fue un ataque aéreo devastador sobre población civil, perpetrado por la Legión Cóndor alemana y la Aviación italiana, ambas al servicio del bando franquista. Las estimaciones de víctimas mortales varían significativamente, desde 120 hasta casi 2.000 fallecidos. Cuando las tropas sublevadas tomaron la villa, quemaron los archivos parroquiales, lo que imposibilita un recuento preciso de las víctimas. Guernica, un símbolo de los fueros vascos, contaba con 5.000 habitantes, a los que se sumaban soldados y refugiados que huían del avance franquista.
Al parecer, fue el coronel Wolfram von Richthofen quien ordenó el bombardeo, que se prolongó por tres horas con bombas explosivas e incendiarias. Curiosamente, el puente y la fábrica de armas, que constituían los objetivos preferentes, quedaron intactos, al igual que la Casa de Juntas, pero el casco urbano resultó completamente devastado. No obstante, no existe consenso sobre si Franco estuvo informado y dio personalmente la orden, ya que no se conserva documentación al respecto. La Iglesia, por su parte, se sumó a la negación de la autoría franquista y justificó la matanza. La controversia sobre la autoría, el número de víctimas y el alcance de la destrucción se explica porque este acontecimiento fue utilizado con fines propagandísticos por ambos bandos desde el momento inicial, una polémica que aún persiste en la historiografía actual.
Aunque los datos siguen siendo controvertidos, se estima que las víctimas mortales del conflicto ascendieron a unas 400.000 personas, lo que representaría aproximadamente el 1.5% de la población del país. Las bajas en combate habrían oscilado entre las 75.000 y las 100.000 por bando, mientras que las víctimas causadas por bombardeos, hambre y enfermedades habrían rondado las 50.000, mayoritariamente en el sector republicano, más castigado por la aviación.
A estas cifras habría que sumar los asesinados en las respectivas retaguardias, otros 75.000-100.000 por bando, casi siempre fruto de venganzas personales mezcladas con motivaciones ideológicas. En la inmediata posguerra, el bando vencedor fue el único que ejerció la represión contra los vencidos. Según diversos autores, las víctimas mortales de esta represión contra los republicanos habrían oscilado entre las 50.000 y las 125.000 personas.
Otra importante repercusión de la guerra fue el exilio de unas 500.000 personas, cuyos principales destinos fueron Francia (440.000) y la Unión Soviética, donde a lo largo de la guerra ya se habían enviado unos 37.000 menores conocidos como los Niños de Moscú. También miles se dirigieron a México y Argentina. Aunque muchos de estos emigrados acabarían retornando a España a partir de los años 50, se calcula que unas 200.000 personas (excombatientes, políticos, artistas, intelectuales, profesionales liberales y funcionarios republicanos con sus familias) pasaron a formar parte del exilio permanente.
La reforma militar del bienio reformista (1931-1933) pretendía superar la mala dotación económica y tecnológica del Ejército, el exceso de mandos, el predominio ideológico ultraconservador y el descrédito castrense ante la ciudadanía, que identificaba a los militares con la represión. Ya el Gobierno Provisional había procesado a algunos implicados en el Desastre de Annual y en el fusilamiento de los capitanes Galán y Hernández en 1930.
Manuel Azaña, ministro de Guerra, suprimió los tribunales de honor y prohibió los símbolos monárquicos. Para depurar mandos antirrepublicanos, exigió la promesa de fidelidad a la República. Con el objetivo de adecuar las plantillas al limitado presupuesto disponible, se suprimieron 4.000 oficiales, a los que se ofreció un retiro voluntario con sueldo íntegro. Para mejorar la capacidad operativa, se fomentó la formación técnica, que pasó a prevalecer en el sistema de ascensos sobre los méritos de guerra o la libre designación. Este sistema perjudicó especialmente a los militares africanistas.
Además, se redujo el número de academias militares y la jurisdicción militar quedó restringida al ámbito castrense. Por último, como contrapeso a la militarizada Guardia Civil, se creó una milicia urbana republicana, la Guardia de Asalto.
Sin embargo, la crisis económica, la brevedad del mandato de Azaña y la resistencia a los cambios por parte de la oficialidad, especialmente de generales como Franco (director de la clausurada Academia General de Zaragoza), impidieron que las reformas en el Ejército surtieran el efecto deseado. Todos estos cambios provocaron un notable resentimiento hacia la República entre los militares más conservadores, muchos de los cuales perpetrarían golpes de Estado (Sanjurjo, Mola, Franco, entre otros) que acabarían conduciendo, entre otros factores, al estallido de la Guerra Civil en 1936.
Durante la posguerra civil española (1939-1948), se implantaron las cartillas de racionamiento, aunque las primeras medidas de racionamiento ya se habían establecido en la zona republicana por Largo Caballero en marzo de 1937. Estas cartillas eran cuadernillos formados por cupones emitidos por el Gobierno franquista y canjeables por una determinada cantidad de alimentos u otros productos de primera necesidad (tabaco, jabón).
Sus objetivos eran repartir de forma equitativa este tipo de bienes entre la población e impedir el acaparamiento de mercancías que se desviaban para el enriquecimiento de los especuladores del estraperlo, muchos de los cuales eran figuras prominentes del régimen. La falta de suministros, causada por la devastación bélica y agravada por el aislamiento de España, provocó, según datos de la Fundación BBVA, entre 1940 y 1945 la muerte por hambre de más de 3.000 personas, mientras que alrededor de medio millón sufrían desnutrición.
Inicialmente, estos documentos tuvieron un carácter familiar, pero en 1943 se convirtieron en individuales. La prensa publicaba la ración diaria de cada producto, así como los lugares para conseguirlo. Existían cartillas de primera, segunda y tercera categoría, según el nivel social del consumidor, su estado de salud o su posición familiar. El pan blanco era un artículo de lujo, pero sí había acceso al pan negro, el tocino, las patatas, el arroz, el aceite y la leche. Las cartillas desaparecieron en 1952.
A continuación, se presenta una enumeración y breve caracterización de las etapas de la evolución económica de España durante el régimen franquista:
Fue un periodo de penuria material y aislamiento internacional, agravado por el analfabetismo económico de los dirigentes, que tomaron decisiones contraproducentes. Se devolvieron los bienes confiscados por la Segunda República a sus anteriores propietarios, mientras los salarios se mantuvieron en niveles ínfimos. La corrupción tuvo su mejor expresión en el mercado negro o estraperlo. Se creó el Instituto Nacional de Industria (INI, 1941), inspirado en el IRI de Mussolini, que pretendía reactivar la actividad industrial en sectores estratégicos como la siderurgia, la química pesada o la automoción. Sin embargo, los productos eran de mala calidad e imposibles de exportar.
La crisis agraria provocó desabastecimiento y hambre, sobre todo en la antigua zona republicana. Se creó el Servicio Nacional del Trigo para garantizar el abastecimiento y el Instituto Nacional para la Colonización, centrado en la expansión del regadío. No hubo crecimiento económico real hasta 1948. La inflación se disparó, los salarios apenas crecieron y se mantuvo el sistema de trabajo forzado para los presos republicanos. Las cartillas de racionamiento estuvieron vigentes durante todos estos años. El sector bancario, por su parte, multiplicó sus ganancias por siete.
Esta etapa obedece al cambio de postura de Washington respecto a España debido a la Guerra Fría, cuando Franco se convirtió en un valioso aliado. Se inició una liberalización económica que dio lugar a un crecimiento acelerado que desembocó en una burbuja económica, lo que obligó a «enfriar» la economía durante el periodo 1957-1959 bajo la dirección de los tecnócratas del Opus Dei. Era necesario racionalizar la Administración, equilibrar el presupuesto y consolidar la peseta. España ingresó en el FMI (1958) y se promulgó la Ley de Convenios Colectivos (1958), que ponía fin al Fuero del Trabajo de 1938.
Se implantó el Plan de Estabilización Económica de 1959, que seguía las pautas aplicadas para el Mercado Común Europeo (MCE): industrialización del país, consolidación de la estructura productiva y financiera, fomento del ahorro familiar y el consumo racional, y estabilización de precios. Se devaluó la peseta, se restringió el crédito y se atrajo inversión extranjera. A corto plazo hubo desempleo, caída del consumo e incremento de la emigración, pero a medio y largo plazo se consolidó un crecimiento económico sostenido que daría comienzo a la verdadera industrialización del país. El sector primario se mecanizó y mejoró su productividad en medio de un éxodo rural masivo. En el sector terciario, el turismo despegó gracias a la recuperación económica de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Estos turistas aportaron ingresos fundamentales para equilibrar la balanza comercial y de pagos, crear miles de puestos de trabajo y construir nuevas infraestructuras.
Este fue el periodo de mayor crecimiento económico de la historia reciente de España, que aflojó las tensiones sociales y permitió al régimen limitar la represión. El país alcanzó el pleno empleo, ayudado por la emigración a Europa, y un porcentaje significativo de mujeres se incorporó al mercado laboral. España se convirtió en la cuarta potencia mundial en construcción naval. También experimentó una explosión la producción de automóviles y de electrodomésticos, reflejo del creciente nivel de vida.
El objetivo era el ingreso en el MCE mediante una doble política de planificación económica: indicativa para el sector privado, pero obligatoria para el sector público. Solamente el primer Plan de Desarrollo (1964-1967) se llevó a cabo al completo, logrando un crecimiento del PIB del 6% anual. Este plan trataba de corregir los defectos estructurales de la economía española y desarrollar algunas regiones desfavorecidas con potencial de crecimiento. Se designaron dos tipos de núcleos: polos de desarrollo (Valladolid, Vigo, etc.) y polos de promoción (Burgos, Huelva).
Descendió el paro, aumentó el nivel de vida, se incrementó la cualificación profesional y la productividad, se terciarizó la economía y hacia 1970 España se posicionó como la novena economía mundial. No obstante, se incrementaron los desequilibrios regionales y se aceleró el despoblamiento interior. También se mantuvieron el intervencionismo estatal y la dependencia del capital y la tecnología extranjeros.
Esta etapa estuvo influenciada por el abandono de Estados Unidos del patrón oro en 1971 y el fin del petróleo barato a raíz de la Guerra del Yom Kippur, que arrastró a las economías industrializadas a una crisis de costes. La dependencia petrolera de España era absoluta, aunque la crisis se dejó sentir más tarde gracias al acuerdo especial que había con países árabes exportadores de crudo. Sin embargo, España no pudo librarse del paro, la inflación y la agitación social.