Portada » Historia » Historia de España: Del Régimen de Franco a la Democracia (1939-1982)
Tras el golpe militar fallido de 1936, España se sumió en una sangrienta Guerra Civil que concluyó el 1 de abril de 1939 con la victoria de los sublevados. Se instauró así una dictadura de casi cuarenta años bajo el mando absoluto del general Francisco Franco. Durante este período, Franco construyó un Estado centralizado, basado en el militarismo, el tradicionalismo y la negación de cualquier tipo de diversidad o pluralismo. Su régimen promovió una visión única de la nación, con el apoyo de la Iglesia Católica y el anticomunismo como fundamentos ideológicos.
La dictadura se sustentó en varios principios: el totalitarismo (Franco concentraba todos los poderes), el militarismo (con gran protagonismo del ejército y sus valores), el fascismo (inspirado en Mussolini y Hitler, con partido único y control de prensa y sindicatos), el nacionalcatolicismo (alianza estrecha entre Iglesia y Estado), el nacionalismo español (supresión de las autonomías y culturas regionales), el sindicalismo vertical (con un solo sindicato controlado) y un férreo anticomunismo.
En el plano político, Franco trató de dar apariencia de legalidad a través de las Siete Leyes Fundamentales, que regulaban el mundo laboral, la representación en Cortes, los derechos ciudadanos, los referéndums, la sucesión en la jefatura del Estado, los principios ideológicos y la organización general del Estado.
El franquismo se apoyó en diversos sectores: el Ejército, la Falange, la Iglesia Católica, los monárquicos (a quienes Franco prometió restaurar la monarquía) y otros grupos como empresarios, terratenientes, clases medias acomodadas y obreros apolíticos. Esta base social permitió consolidar un régimen autoritario que marcó profundamente la historia de España hasta la transición democrática tras la muerte de Franco en 1975.
Durante la dictadura franquista, España vivió una etapa marcada por la represión y la falta de libertades. Franco castigó con dureza a la oposición, amparándose en la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. El final de la Guerra Civil provocó un exilio masivo de simpatizantes republicanos, entre ellos numerosos intelectuales y científicos, que huyeron a Rusia, Francia, México, entre otros países. También el Gobierno republicano y los ejecutivos de Cataluña y Euskadi se exiliaron en Francia, donde continuaron su actividad hasta el final del franquismo.
Dentro de España, la oposición activa fue limitada. Destacaron los maquis, guerrilleros antifranquistas que llevaron a cabo sabotajes y acciones armadas desde zonas rurales, aunque fueron rápidamente controlados. En los años 40 y 50 surgieron movimientos obreros clandestinos, impulsados por las malas condiciones laborales, y protestas estudiantiles que exigían libertades y reformas universitarias.
En Cataluña y el País Vasco, a pesar de las prohibiciones, comenzaron movimientos para defender su cultura y lengua, inicialmente pequeños pero que con el tiempo fueron creciendo.
En este contexto surgió también ETA (Euskadi Ta Askatasuna) en 1958, una organización terrorista vasca de carácter nacionalista, socialista y revolucionario. A lo largo de su historia, sufrió divisiones internas, pero la rama conocida como ETA militar sería la que continuaría activa hasta su disolución en 2018.
En los años 40, España adoptó una política económica autárquica basada en la autosuficiencia, con el objetivo de reactivar la economía nacional y enfrentar el aislamiento internacional. Tras la Guerra Civil, España quedó arruinada, con graves pérdidas humanas y materiales. Además, su apoyo al Eje durante la Segunda Guerra Mundial provocó un bloqueo internacional: fue excluida de la ONU y del Plan Marshall. Ante este aislamiento, el franquismo impulsó la autarquía, inspirada en los modelos de Mussolini y Hitler.
La autarquía se articuló en tres ámbitos: en el comercio exterior, el Estado impuso aranceles y limitó las importaciones, lo que encareció productos esenciales como el petróleo; en la industria, se fundó el Instituto Nacional de Industria (INI) en 1941, promoviendo empresas públicas como Endesa, Renfe, Iberia y Seat; en la agricultura, se anularon las reformas republicanas, se bajaron los precios de los productos básicos y la producción agrícola disminuyó debido a técnicas atrasadas.
Las consecuencias fueron graves: estancamiento económico, descenso de producción y consumo, parálisis del comercio exterior y deterioro del nivel de vida. La escasez de alimentos llevó al racionamiento (1939-1952) y al auge del mercado negro. Además, se generaron monopolios estatales, crecieron la miseria, la especulación y la corrupción, y se incrementaron enfermedades como la tuberculosis y la mortalidad infantil. La autarquía alejó a España del bienestar europeo.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Franco proclamó su neutralidad, aunque mostró una clara simpatía por las potencias del Eje, que lo habían apoyado durante la Guerra Civil. Esta postura provocó, tras la victoria aliada, el aislamiento internacional de España: se le negó la entrada en organizaciones internacionales, se retiraron embajadores y no recibió ayuda económica como el Plan Marshall.
Sin embargo, el inicio de la Guerra Fría modificó este escenario. El enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética hizo que Occidente valorara el anticomunismo de Franco. Así, el régimen franquista se volvió un aliado estratégico en la lucha contra el comunismo. Para mejorar su imagen, Franco reorganizó su gobierno, alejándose de su pasado más vinculado al fascismo, y adoptó medidas que facilitaron el acercamiento a los países occidentales.
El reconocimiento internacional de España se consolidó en 1953, cuando firmó importantes acuerdos: uno con Estados Unidos, que permitía la instalación de bases militares estadounidenses en territorio español a cambio de ayuda económica y militar, y otro con la Santa Sede, que reforzó su histórica alianza con la Iglesia Católica. Finalmente, en 1955, España fue admitida en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), logrando así su plena integración en la comunidad internacional.
Tras la Guerra Civil, España sufrió un aislamiento internacional que fue disminuyendo durante la Guerra Fría, cuando Occidente buscó aliados anticomunistas. Este acercamiento permitió que España firmara acuerdos con EEUU y el Vaticano en 1953, y que entrara en la ONU en 1955. Esta apertura facilitó el desarrollo económico que transformaría el país en los años 60.
En 1959, el Plan de Estabilización marcó el fin de la autarquía. Con ministros tecnócratas, vinculados al Opus Dei, se aplicaron reformas orientadas al libre mercado, gracias al apoyo de organismos como la OCDE y el FMI. La liberalización económica permitió la entrada de inversiones extranjeras y el acceso a los mercados internacionales.
El crecimiento económico fue notable: el turismo, la emigración y la inversión extranjera impulsaron lo que se llamó el “milagro español”. El boom turístico atrajo a millones de europeos, las remesas de emigrantes mejoraron la economía y la inversión exterior modernizó la industria.
Todo esto provocó profundas transformaciones sociales: la población creció (baby boom), se intensificó el éxodo rural y la emigración a Europa, y surgió una sociedad más consumista y moderna. Creció la clase media, mejoraron los niveles de vida, y la televisión y la influencia extranjera cambiaron la mentalidad de los españoles, alejándolos del atraso social de las décadas anteriores.
En los últimos años de la dictadura franquista, con la salud de Franco deteriorándose, la represión disminuyó y la oposición se fortaleció. En el interior, el Partido Comunista de España (PCE) era el más organizado y con mayor apoyo, mientras que el PSOE, con su dirección en el exilio, tenía menos presencia.
El nacionalismo vasco, representado por el PNV, también ganó influencia, y surgieron nuevos partidos nacionalistas. En 1964, nació Comisiones Obreras, que se consolidó como el sindicato más importante, superando a la UGT y la CNT, que no lograron reorganizarse eficazmente.
Las protestas laborales se intensificaron, combinando reivindicaciones económicas con demandas de libertades políticas. A la vez, el movimiento estudiantil creció sin cesar, mostrando el rechazo de la juventud al régimen.
La Iglesia Católica, tras el Concilio Vaticano II, se distanció del franquismo; muchos sacerdotes jóvenes, vistos como «curas rojos» por el régimen, sufrieron represión y encarcelamientos.
En 1962, el IV Congreso del Movimiento Europeo en Múnich reunió a 118 opositores al franquismo, quienes exigieron reformas democráticas para facilitar el ingreso de España en el Mercado Común. Franco calificó este encuentro como el «contubernio de Múnich» y persiguió a los participantes.
Por último, surgió ETA como una escisión radicalizada del PNV, iniciando acciones armadas contra el régimen.
El tardofranquismo, última etapa de la dictadura, culminó con la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975. En los primeros años 70, el régimen afrontó múltiples problemas. Franco, debilitado físicamente, nombró a Juan Carlos de Borbón como sucesor (1969) y a Carrero Blanco como presidente (1973). Tras el asesinato de Carrero por ETA, Arias Navarro asumió la presidencia, sin lograr cohesionar a inmovilistas y aperturistas dentro del régimen.
La Iglesia, antes firme aliada, se distanció; el conflicto vasco y críticas como la del obispo Añoveros evidenciaron la ruptura. Paralelamente, la oposición se fortaleció con nuevas alianzas políticas y la actividad de grupos armados como ETA, GRAPO y FRAP. La represión se intensificó con ejecuciones como la de Salvador Puig Antich y de miembros del FRAP y ETA.
La crisis del petróleo de 1973 afectó gravemente a España: aumentaron precios, paro y cierres industriales. Además, la cuestión del Sáhara agravó la situación. España, debilitada, renunció a celebrar el referéndum de autodeterminación y entregó el territorio a Marruecos y Mauritania tras la Marcha Verde organizada por Marruecos.
En este contexto de crisis política, social y económica, la dictadura franquista llegó a su fin, marcando el inicio de la transición hacia la democracia.
El 1 de abril de 1939 terminó la Guerra Civil y comenzó el régimen franquista, una dictadura militar y totalitaria que se prolongaría durante 36 años y en la que la represión, el miedo y el silencio se convirtieron en parte de la vida cotidiana.
Este régimen golpeó con especial virulencia en el País Vasco, amenazando las bases sociales y culturales, y en particular, pisoteando la identidad y la autonomía vascas. Esta represión provocó que surgieran la resistencia y la oposición; la lucha contra el régimen se desarrolló a lo largo de toda la dictadura y gran parte de la sociedad vasca demostró su resiliencia y compromiso en esta lucha tan larga y dura.
Durante la Guerra Civil, el territorio vasco quedó dividido: Nafarroa y Araba se unieron al bando franquista, mientras Gipuzkoa y Bizkaia apoyaron a la República. Gipuzkoa cayó pronto en manos franquistas y Bizkaia resistió hasta 1937, siendo la última provincia ocupada. Esta situación provocó un fuerte exilio, especialmente tras la ofensiva franquista de septiembre de 1936, cuando miles de vascos huyeron a Francia, Bélgica y Rusia.
Los exiliados fueron internados en campos de refugiados franceses, donde sufrieron falta de libertad, alimentación y condiciones higiénicas. La situación empeoró durante la ocupación nazi de Francia, cuando muchos fueron perseguidos y deportados a campos de concentración y exterminio.
El Gobierno Vasco organizó evacuaciones, siendo la primera, en marzo de 1937, la de niños hacia San Juan de Luz. Tras el bombardeo de Durango y Gernika, en abril, se organizó la evacuación masiva de civiles con ayuda británica y francesa. En junio, tras la caída del cinturón de hierro de Bilbao, se produjeron las últimas evacuaciones, y el Gobierno Vasco huyó, primero a Cataluña y luego a Francia.
Con la Segunda Guerra Mundial, en 1941, el Gobierno Vasco se trasladó a Estados Unidos. Finalmente, en marzo de 1945, se firmó el Pacto de Bayona, donde partidos y sindicatos vascos en el exilio ratificaron su apoyo al Gobierno Vasco y su lucha contra la dictadura.
Tras la Guerra Civil, España quedó devastada y el País Vasco, pese a su tradición industrial (siderurgia, industria naval), sufrió un gran retroceso económico. La falta de materias primas, energía, personal e infraestructuras, junto con la política de autarquía y proteccionismo, impidió la reactivación de su economía. Aunque la situación mejoró algo tras el Plan de Estabilización de 1959, el crecimiento fue más rápido en el País Vasco que en el resto de España.
En los años 60 y 70, con la apertura económica y los Planes de Desarrollo, el País Vasco experimentó una fuerte industrialización. Sectores como la acería, la química y la automoción crecieron especialmente en Bilbao y San Sebastián, atrayendo a numerosos inmigrantes. El empleo fue casi total y el sector secundario dominó la economía. El crecimiento se mantuvo hasta la crisis del petróleo de 1973. Cabe destacar la aparición en 1956 del movimiento cooperativista en Arrasate, con la fundación de Ulgor (más tarde Fagor).
La industrialización provocó un gran crecimiento demográfico y urbano. Bilbao, por ejemplo, sufrió problemas de chabolismo por la falta de viviendas. Sin embargo, el aumento del poder adquisitivo permitió mejoras: acceso a viviendas en propiedad, expansión del consumo de electrodomésticos y nuevas fuentes de energía (luz y gas). La sociedad vasca se modernizó y mejoró notablemente su nivel de vida.
La consolidación del franquismo en Euskadi fue violenta y compleja. En la posguerra (1939-1950), miles de personas fueron encarceladas, fusiladas o desterradas. Se prohibió el euskara y se suprimieron las instituciones autonómicas, anulando el Estatuto de Autonomía de 1936. Bizkaia y Gipuzkoa, que apoyaron a la República, perdieron los Conciertos Económicos. La Iglesia católica se alió con el franquismo y promovió una educación nacional-católica.
Durante las décadas de 1950-1960, la economía mejoró tras la suavización del bloqueo internacional. La industrialización provocó el éxodo hacia las ciudades y aumentaron las huelgas y los conflictos laborales, con represión como respuesta. En este contexto surgió ETA, que comenzó su lucha armada a finales de los años 60. En 1970, el Proceso de Burgos juzgó a miembros de ETA, pero las condenas a muerte fueron conmutadas tras las protestas populares e internacionales.
En los años 70, aumentaron las movilizaciones obreras y estudiantiles, y surgieron iniciativas para proteger el euskera, como las ikastolas y grupos culturales. A pesar de la represión, se reivindicó la identidad vasca.
En conclusión, Euskadi vivió entre represión, industrialización y resistencia. La lucha antifranquista, la presión obrera y ETA contribuyeron a la crisis del régimen, preparando a la sociedad vasca para la democracia y la autonomía tras la muerte de Franco en 1975.
La oposición al franquismo en el País Vasco fue inicialmente desorganizada, pero a partir de 1960 se fortaleció notablemente. Tras la Guerra Civil, el Gobierno Vasco, bajo el liderazgo de José Antonio Agirre, se exilió, primero en Francia y luego en América Latina, buscando apoyo internacional y defendiendo la causa vasca. El Pacto de Bayona de 1945 consolidó el apoyo de diversas fuerzas antifranquistas en el exilio al Gobierno Vasco. Las acciones del exilio fueron clave para mantener la visibilidad de la causa vasca y aumentar la presión internacional contra el régimen.
A pesar de la represión del franquismo, diversos grupos, incluidos el PNV y ETA, se resistieron. ETA surgió en 1959 como una escisión juvenil del PNV con el objetivo de luchar contra la represión, pero pronto adoptó métodos violentos y terroristas. A finales de los 60 y 70, ETA ejecutó atentados contra mandos franquistas y militares.
En cuanto a la cultura, el euskera y las tradiciones vascas fueron gravemente oprimidas, pero la defensa de la identidad vasca, incluida la lengua, fue un eje fundamental de la oposición. Los sindicatos nacionalistas como LAB lucharon por los derechos de los trabajadores y contra la represión.
La Iglesia, aunque inicialmente controlada por el régimen, se distanció del franquismo en la década de 1960. En 1960, 339 curas vascos firmaron un manifiesto en defensa de las libertades y los derechos culturales del pueblo vasco, y en 1974, un obispo de Bilbao denunció públicamente la represión.
La muerte de Franco en noviembre de 1975 marcó el fin de un régimen franquista en crisis. En 1973, tras el asesinato de Carrero Blanco por ETA, Carlos Arias Navarro asumió la presidencia con el objetivo de asegurar la continuidad del franquismo. Sin embargo, la creciente conflictividad social y la consolidación de la oposición a la dictadura abrieron el camino hacia la transición política. En 1974, la Iglesia vasca, encabezada por el obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, comenzó a distanciarse del régimen y a criticar la represión, especialmente en lo que respecta a la identidad y la cultura vasca. Añoveros defendió públicamente estos derechos, lo que provocó un enfrentamiento con el gobierno franquista, que intentó exiliarlo, pero finalmente dio marcha atrás ante la amenaza de un conflicto con el Vaticano.
En paralelo, el auge de la actividad terrorista de ETA llevó a la promulgación de la Ley Antiterrorista en agosto de 1975, que establecía la pena de muerte para delitos terroristas. La ejecución de varios miembros de ETA y del FRAP, en septiembre de 1975, desató una ola de condenas internacionales. Finalmente, la muerte de Franco dejó al régimen franquista sin liderazgo, mostrando la imposibilidad de un franquismo sin el dictador y acelerando la transición a la democracia.
A los dos días de la muerte de Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey y, tras su ascenso, cesó a Arias Navarro, nombrando a Adolfo Suárez como presidente del Gobierno en julio de 1976. Suárez, con un pasado falangista, tuvo que gobernar en un clima de alta tensión política, buscando la reconciliación entre posturas enfrentadas durante casi 40 años. En 1977, promulgó la Ley para la Reforma Política, disolviendo las Cortes franquistas y adoptando medidas para la celebración de elecciones democráticas, como la legalización de partidos y el indulto de presos políticos.
Se legalizaron más de 150 partidos, incluyendo al PSOE y PCE de izquierda, y a Alianza Popular (AP), encabezado por Fraga Iribarne. Los nacionalistas, como el PNV y CIU, también obtuvieron representación. Las primeras elecciones democráticas desde 1936 se celebraron el 15 de junio de 1977, donde la UCD fue la lista más votada, seguida por el PSOE, mientras que la extrema derecha no obtuvo representación.
Los Pactos de la Moncloa, firmados entre el Gobierno, los partidos, sindicatos y empresarios, fueron esenciales para consolidar la democracia en España. A través de medidas económicas, políticas y sociales, garantizaron la estabilidad política y social, facilitando la transición pacífica y la aprobación de la Constitución de 1978.
En 1977 se aprobó la Ley de Amnistía, cuyo objetivo principal era perdonar los delitos políticos cometidos durante el franquismo, la dictadura y la Guerra Civil, permitiendo la liberación de los presos políticos y el regreso de los exiliados. Para la oposición, la amnistía representaba una forma de “borrar” los enfrentamientos de la Guerra Civil y abrir el camino hacia la democracia.
Entre sus características, la ley otorgaba amnistía para los delitos políticos relacionados con el franquismo, cometidos tanto en la Guerra Civil como en la dictadura. Facilitó la liberación de presos políticos y el retorno de los exiliados, promoviendo la reconciliación nacional y la estabilidad política y social tras años de represión.
Aunque se consideró necesaria para la transición pacífica, la ley fue criticada por las víctimas del franquismo y por grupos de izquierda, ya que impedía juzgar los crímenes cometidos por el régimen. Con el tiempo, la ley ha sido objeto de debate: si bien fue fundamental en la transición española, también ha sido vista como polémica por dejar impunes ciertos crímenes del franquismo.
El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones libres en España desde 1936, con el objetivo de elegir a los diputados encargados de redactar una nueva constitución. Siete diputados de diferentes partidos, conocidos como los padres de la Constitución, fueron elegidos para elaborar el primer borrador.
El texto final de la Constitución fue aprobado en las Cortes y sometido a referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo ratificado con un 88% de los votos a favor. El rey Juan Carlos I, contrario a las intenciones de Franco, apoyó la transición hacia la democracia y firmó la Constitución. El proceso fue un ejemplo de consenso y diálogo entre diferentes fuerzas políticas, que coincidieron en la necesidad de una democracia parlamentaria y en garantizar derechos y libertades.
Los contenidos principales de la Constitución incluyen la Monarquía parlamentaria con un rey con poderes limitados, la soberanía nacional en el pueblo, la separación de poderes, y derechos fundamentales como la igualdad y la libertad de expresión. También reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y suprime la pena de muerte.
En Euskadi, partidos nacionalistas como el PNV y Herri Batasuna rechazaron la Constitución, solicitando la autodeterminación y criticando la falta de claridad sobre Euskadi y Navarra.
En Euskadi, aunque los partidos nacionalistas rechazaron la Constitución, participaron activamente en la creación del Estatuto de Autonomía en 1979, que les otorgó un significativo grado de autogobierno. El Estatuto reconoció competencias en áreas como educación, sanidad y cultura, y permitió la creación de un parlamento y un gobierno autonómico.
El Estatuto de Gernika fue elaborado por el PNV con el apoyo de sectores de izquierda (EE, PSOE, UCD) y fue aprobado en referéndum el 25 de octubre de 1979. El principal problema fue la inclusión de Navarra, pero finalmente, Navarra optó por su propio régimen autonómico, dejando el País Vasco compuesto por Gipuzkoa, Bizkaia y Álava.
El Estatuto establece la creación de la Comunidad Autónoma Vasca, con la capital en Vitoria-Gasteiz, y reconoce la ikurriña y las banderas de cada territorio histórico. El euskera y el castellano son lenguas cooficiales, y se crea el Gobierno Vasco, formado por el Lehendakari y sus Consejeros. El Parlamento Vasco es elegido por sufragio universal y tiene 75 diputados. También se devuelven los Conciertos Económicos a Gipuzkoa y Bizkaia, se crea la policía autonómica (Ertzaintza) y se otorgan competencias amplias en diversas áreas. En marzo de 1980 se celebraron las primeras elecciones autonómicas, con una victoria del PNV.
El proceso de democratización en España estuvo marcado por diversos frentes de violencia política.
Violencia de ultraderecha: Tras la muerte de Franco, grupos ultraderechistas intentaron obstaculizar la transición. El grupo más destacado fue el Batallón Vasco Español, responsable de numerosas víctimas mortales. Un ejemplo fue la Matanza de Atocha (1977), donde cinco abogados fueron asesinados. Otro hecho importante fue el golpe de Estado fallido del 23F en 1981, cuando un grupo de guardias civiles intentó tomar el Congreso, poniendo en peligro la democracia.
Violencia del Estado: El nuevo sistema democrático enfrentó el reto de mantener el orden sin recurrir a métodos autoritarios. Esto llevó a un aumento de la represión, como la Ley Antiterrorista de 1979 y la actuación de los GAL, grupos paramilitares creados para combatir a ETA. Estos métodos generaron un dilema ético sobre el uso de tácticas autoritarias en una democracia. Durante estos años, hubo muertes por torturas y brutalidad policial.
Violencia terrorista: Grupos de izquierda como GRAPO, FRAP y principalmente ETA, fueron responsables de numerosas muertes. ETA, con su foco en el País Vasco y Navarra, fue el grupo más mortífero, dirigiendo ataques principalmente contra policías y guardias civiles. En total, durante la transición, hubo 318 muertes por violencia ultraderechista o estatal y 340 por ETA.
Durante la Transición, los conflictos sociales reflejaron las tensiones ante los cambios políticos, económicos y sociales. Aunque la democracia se consolidó, estos conflictos dejaron huella en el proceso.
El conflicto sobre la entrada de España en la OTAN generó un fuerte debate. El gobierno de Felipe González defendió la integración, pero la oposición la veía como un símbolo de militarización. El movimiento pacifista organizó protestas, y en 1986, un referéndum aprobó la adhesión con un 52,5% de votos a favor, dejando la sociedad dividida.
En los derechos civiles, el movimiento feminista luchó por la igualdad de género, la ley del aborto y la educación sexual. El colectivo LGTBIQ+ también pidió la despenalización de la homosexualidad y el reconocimiento de sus derechos. Los movimientos estudiantiles reclamaron reformas educativas y libertad política.
Otro conflicto fue el debate sobre la memoria histórica. Los sectores del franquismo intentaron mantener una visión conservadora del pasado, mientras que los opositores al régimen exigían el reconocimiento de las víctimas de la represión y la recuperación de su memoria. Estos conflictos marcaron la transición hacia la democracia, reflejando las diferencias ideológicas y la necesidad de construir una nueva convivencia.