Portada » Economía » Gestión de Proyectos de Inversión: Mantenimiento, Evaluación Ex Post y Mecanismos Privados en Perú
Los costos de mantenimiento son todos los gastos incurridos durante la fase de funcionamiento de la inversión, destinados a preservar o mantener la capacidad de producción y el nivel de servicio de los activos que participan en el proceso de producción de bienes y servicios entregados por la Unidad Productora (UP).
Aunque no representan gastos de capital (inversión), su estimación es crucial en la fase de Formulación y Evaluación, puesto que realizar el mantenimiento periódico requerido por activo contribuye a garantizar la sostenibilidad de la inversión en la fase de Funcionamiento.
Durante la fase de Identificación (análisis de la UP), se deben realizar las siguientes verificaciones:
Se deberán actualizar las estimaciones de acuerdo con las modificaciones realizadas y sincerar el programa de mantenimiento.
La Evaluación Ex Post de las Inversiones es un examen sistémico e independiente de una inversión, realizado con el fin de analizar la eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad y relevancia o pertinencia de sus objetivos, conforme han sido planteados en los documentos técnicos (fichas técnicas o estudios de preinversión), después de haber culminado la ejecución física e iniciada la fase de funcionamiento.
La fase de funcionamiento corresponde al periodo en el cual un proyecto de inversión ya ejecutado entra en operación y empieza a generar los bienes o servicios previstos. En esta etapa, el proyecto deja de ser una proyección teórica y pasa a un escenario real donde se puede verificar su eficiencia, eficacia y sostenibilidad. Esta fase es fundamental porque permite observar si la inversión responde a los objetivos planteados, si los recursos se están utilizando adecuadamente y si los beneficios estimados se cumplen en el tiempo. Además, constituye el punto de partida para identificar oportunidades de mejora y garantizar que el proyecto continúe siendo viable social, económica y operativamente.
La evaluación ex post es el proceso mediante el cual se analiza el desempeño real del proyecto una vez que ya se encuentra en operación. Su finalidad es contrastar los resultados obtenidos con los estimados durante la formulación y ejecución. Esta evaluación permite identificar desviaciones, medir impactos y obtener información objetiva que contribuya a optimizar la gestión de proyectos futuros. La evaluación ex post considera indicadores de rentabilidad, eficiencia en el uso de recursos, calidad del servicio prestado y contribución al desarrollo local o institucional. También permite detectar fallas en la formulación o ejecución, así como reconocer buenas prácticas replicables.
La evaluación ex post de corto plazo se realiza inmediatamente después de que el proyecto entra en funcionamiento, generalmente dentro del primer año de operación. Su propósito principal es verificar el nivel de cumplimiento de los objetivos inmediatos, tales como la puesta en marcha del servicio, el funcionamiento adecuado de la infraestructura, el rendimiento inicial de los equipos y la respuesta de los usuarios ante el nuevo bien o servicio. Esta evaluación también permite identificar problemas tempranos que podrían afectar la sostenibilidad futura del proyecto, como deficiencias operativas, sobrecostos de mantenimiento, falta de capacitación del personal o baja aceptación por parte de la población beneficiaria.
La fase de funcionamiento y su respectiva evaluación ex post son esenciales para garantizar que la inversión pública o privada mantenga su utilidad y relevancia en el tiempo. Esta etapa permite verificar que los recursos se usen adecuadamente, que las operaciones cumplan estándares de eficiencia y que los beneficios lleguen realmente a la población objetivo. Asimismo, proporciona información crítica para ajustar procesos, corregir fallas, mejorar la calidad del servicio y fortalecer la sostenibilidad financiera y técnica del proyecto. La evaluación en esta fase también retroalimenta el ciclo de inversión, contribuyendo a una mejor formulación de futuros proyectos y al fortalecimiento institucional.
La inversión privada en el Perú se consolidó como un pilar fundamental de la economía a inicios de la década de 1990, cuando el Estado impulsó un proceso de promoción para transferir al sector privado la gestión de sectores económicos previamente administrados por entidades estatales. Este cambio buscaba mejorar la eficiencia, atraer capitales, promover la competencia y reducir la carga fiscal asociada a empresas públicas.
En 1993, la nueva Constitución reforzó este marco mediante la denominada Constitución Económica, que estableció principios clave:
Además, reconoció la posibilidad de firmar convenios de estabilidad jurídica y permitió recurrir al arbitraje nacional e internacional para resolver controversias en materia económica. La inversión privada quedó definida legalmente por primera vez en el Decreto Legislativo N.º 674 como aquella que proviene de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, distintas del Estado y de cualquier ente público.
A nivel institucional, la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada (DGPPIP), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), es el órgano encargado de formular y proponer las políticas, lineamientos y normas orientadas a promover y desarrollar la inversión privada en el país. Su rol es esencial para garantizar coherencia entre la política económica y los mecanismos que incentivan la participación del sector privado en infraestructura y servicios públicos.
En cuanto al marco normativo, el Perú ha desarrollado leyes y reglamentos orientados a modernizar e integrar las modalidades de inversión privada, destacando aquellas que regulan:
Estos mecanismos permiten cerrar brechas de infraestructura y garantizar servicios eficientes mediante modelos de gestión compartida o delegada.
El Estado peruano ha impulsado, desde el año 2008, mecanismos alternativos a la obra pública tradicional con el fin de acelerar el cierre de brechas y promover la participación del sector privado. Entre estos mecanismos destacan:
Mediante las APP se desarrollan proyectos de infraestructura pública, servicios públicos, innovación tecnológica o investigación aplicada. Según el Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1362, una APP puede aplicarse a proyectos relacionados con redes viales, sistemas de transporte, aeropuertos, puertos, saneamiento, salud, educación, energía, telecomunicaciones y otros servicios de interés social. Estas asociaciones permiten que el privado participe en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de los proyectos, asumiendo riesgos compartidos con el Estado.
Los PA son promovidos por entidades públicas con facultad para disponer de sus activos. Dichos proyectos buscan atraer inversión privada sobre bienes de titularidad estatal, ya sea mediante venta parcial o total, permuta, contratos de cesión de uso, arrendamiento, usufructo o superficies. Esta modalidad permite valorizar activos públicos subutilizados y promover su aprovechamiento eficiente por parte del sector privado. La operación se realiza a través del Organismo Promotor de la Inversión Privada (OPIP) de cada entidad.
Las OXI constituyen un mecanismo donde empresas privadas financian y ejecutan proyectos de inversión pública y, a cambio, obtienen certificados para el pago del impuesto a la renta. Este mecanismo involucra actores como el MEF, los gobiernos subnacionales, el sector privado y los organismos promotores. Sus principales beneficios incluyen la aceleración de la ejecución de obras, mayor eficiencia en la gestión de proyectos, reducción de brechas y fortalecimiento de la relación entre empresas y comunidades.
La inversión privada es un componente clave para el crecimiento económico y la modernización del país, ya que facilita la movilización de capital, la incorporación de tecnologías, la generación de empleo y el desarrollo de infraestructura. Las modalidades APP, PA y OXI permiten complementar la inversión pública y mejorar la calidad de los servicios, especialmente en sectores donde el Estado enfrenta limitaciones presupuestales o técnicas. Asimismo, la institucionalidad creada garantiza transparencia, asignación eficiente de riesgos y sostenibilidad en la operación de los proyectos. Estas herramientas constituyen un mecanismo estratégico para reducir brechas sociales, impulsar la competitividad territorial y promover un desarrollo equilibrado entre regiones.
