Portada » Derecho » Fundamentos y Desafíos de la Aplicación del Derecho Internacional en el Sistema Jurídico Chileno
Tribunal permanente con sede en La Haya, creado por el Estatuto de Roma (1998).
Juzga a personas (no Estados) por los crímenes más graves:
Solo actúa si los tribunales nacionales no quieren o no pueden juzgar.
Tiene competencia complementaria y funciona bajo el principio de jurisdicción universal limitada.
La Organización Mundial del Comercio (OMC) tiene su propio sistema para resolver disputas comerciales entre Estados miembros.
Aunque no es un tribunal internacional clásico, sus decisiones son vinculantes y muy influyentes en el Derecho Comercial Internacional.
Autores: Ximena Fuentes Torrijo y Diego Pérez Farías
Revista de Derecho UCN, Vol. 25, N.º 2, 2018, pp. 119–156
Es la posibilidad de aplicar normas internacionales directamente en el ordenamiento jurídico interno, sin necesidad de una ley nacional que las incorpore. Esto se asocia con la autoejecución de los tratados.
Los autores plantean que esta práctica desplaza al Congreso Nacional, ya que permite que jueces apliquen normas con fuerza de ley sin que hayan sido dictadas conforme al procedimiento legislativo.
Esto socava la legitimidad democrática y vulnera la separación de poderes.
Una teoría restrictiva del efecto directo, basada en tres criterios:
Porque obliga a repensar el modo en que Chile incorpora el derecho internacional, equilibrando el cumplimiento de las obligaciones internacionales con el respeto al principio democrático y la función legislativa del Congreso.
Respuesta breve: La posibilidad de aplicar normas internacionales en el derecho interno sin necesidad de ley nacional.
Respuesta breve: Porque permite que jueces apliquen normas como si fueran leyes, vulnerando la competencia exclusiva del Congreso y afectando la legitimidad democrática.
Respuesta breve: Que sea claro y completo, que no regule materias de ley, y que haya intención expresa de que se aplique directamente.
Este resumen se basa en el artículo titulado “El derecho internacional como excusa para …” (Revista de Derecho Valdivia, Nº 35, 2022, pp. 343–380).
El artículo analiza cómo ciertos estándares de derechos humanos —como el derecho al agua potable— son invocados por actores estatales y judiciales como justificación (o excusa) para la adopción de políticas y decisiones administrativas o legislativas. Se examina si esta argumentación fortalece realmente los estándares internacionales o si, por el contrario, funciona como una estrategia instrumentada sin compromiso efectivo.
El autor plantea que llamar al “derecho internacional” como excusa sirve para legitimar acciones estatales sin asumir compromisos reales. Sin un entramado normativo interno robusto, estas invocaciones pueden tener el efecto contrario a la protección efectiva de derechos, generando una ilusión de cumplimiento.