Portada » Economía » Estructura del Estado y Regulación Económica en Chile: Claves y Desafíos
Basado en el texto de Ferrada.
La Constitución Política de la República (CPR) establece los principios y reglas básicas que definen el marco fundamental en el cual se desarrolla la actividad económica en Chile. En ella se explicitan normas que determinan el marco conceptual en el que el Estado y los agentes privados se relacionan.
La CPR en Chile determina un sistema político-económico basado en:
En síntesis, se limita mucho el actuar del Estado, que para desarrollar actividades económicas debe estar autorizado por el Congreso. La Constitución consolida un modelo neoliberal de relaciones económicas.
La inserción del modelo neoliberal ha propiciado una especial atención en las regulaciones. Este modelo se ve manifestado en las privatizaciones, desregulaciones y el concepto de Estado subsidiario. Aunque mucho se ha hablado de las reglas de regulación, la pregunta clave es: ¿quién regula? El texto define las características básicas de aquellos órganos reguladores de las actividades económicas de mayor impacto.
La actividad regulatoria se entiende como un instrumento de ordenamiento del ejercicio del derecho de libre iniciativa empresarial. Es decir, el Estado no puede afectar ni obstaculizar el ejercicio de esta libertad. El poder regulatorio del Estado tiende a disminuirse. Los tribunales son “la cara más visible”, pero se encargan básicamente de resguardar a los privados.
Históricamente, se ha dado un proceso de privatización y concentración, lo cual ha implicado “conductas depredadoras” de los agentes privados, generando dificultad para que el Estado garantice la libre competencia. Es por lo anterior que la necesidad de regular se vuelve aún más fuerte, buscando dotar de mayores atribuciones y potestades a las instituciones reguladoras.
Distintos regímenes jurídicos se relacionan en materia de regulación. Por ejemplo:
Toda esta normativa conforma un complejo entramado de normas que es difícil sistematizar porque fueron creadas en distintos momentos, lo que dificulta su armonización.
No obstante lo anterior, hay algunos principios generales relativos a la regulación, en un contexto de Estado mínimo que busca garantizar las libertades económicas, la iniciativa empresarial, un amplio acceso a la actividad económica, la búsqueda de competencia y un rol subsidiario del Estado. Se busca un mercado abierto y competitivo para los privados. El Estado se limita a ejercer un rol técnico de garante del funcionamiento de los mercados, incentivando la actividad económica, y se encarga de cautelar que no existan monopolios y de garantizar la libre competencia. En ocasiones, el Estado tiene poder de fijación de tarifas (ej. telecomunicaciones).
Dentro de las funciones de los órganos reguladores están: facultades directivas, resolutivas, fiscalizadoras, sancionadoras y consultivas. Existe una pluralidad y heterogeneidad de órganos administrativos: departamentos ministeriales, subsecretarías, órganos autónomos, comisiones, consejos y superintendencias, todos con distinta dependencia respecto al poder central.
La conclusión es una clara heterogeneidad institucional.
En un intento por estandarizar, se puede mencionar que:
También hay instituciones fiscalizadoras definidas por ley, como la Contraloría General de la República (CGR), la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el Servicio de Aduanas, la Dirección del Trabajo y las Superintendencias, cuyos funcionarios tienen una escala de remuneración distinta.
Dado que la definición de políticas y planes siempre está en manos del gobierno, se debe avanzar hacia administraciones independientes en materia de regulación. Se propone crear órganos reguladores autónomos y técnicos para algunos sectores, junto con dotar a las actuales instituciones fiscalizadoras de mayores atribuciones, rompiendo la extrema dependencia del poder central. Adicionalmente, se propone racionalizar la estructura institucional para disminuir la heterogeneidad.
Basado en Barria, D. (2015), en G. Guajardo y A. Labrador (coordinadores), La empresa pública en México y en América Latina: entre el mercado y el Estado.
En 1939 se crea la CORFO, una agencia pública encargada de establecer planes de desarrollo económico, actuar como empresario y entregar subsidios a los privados. Aunque los antecedentes de empresas públicas en Chile datan del siglo XIX, fue bajo el esquema de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), desde 1950 en adelante, que tuvieron su época dorada.
Durante el gobierno de Salvador Allende, un conjunto de empresas privadas, incluidas las del cobre, pasaron al ámbito estatal. Este proceso, materializado en la toma de facto de empresas por parte de trabajadores, llevó a que el 70% de la propiedad industrial quedara bajo el sector social, proceso que terminó con el golpe de Estado.
Durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), gran parte de las empresas públicas chilenas fueron privatizadas, aunque algunas siguieron en manos del Estado, como CODELCO. Se devolvieron empresas al sector privado y se crearon las AFP (1980). La Constitución de 1980 impuso trabas a la actividad empresarial del Estado, como la necesidad de un quórum calificado. El Estado se enfocó principalmente en generar una institucionalidad adecuada para la actividad empresarial de actores privados, dando origen a las superintendencias.
Tanto Michelle Bachelet en su primer gobierno como Sebastián Piñera buscaron homologar la institucionalidad chilena a lo propuesto por la OCDE en los siguientes puntos:
Más allá de estos puntos en común, existen diferencias de enfoque, principalmente operativas, entre ambos mensajes presidenciales.
Realizar una revisión de la privatización de empresas en las últimas dos décadas. Entre 1973 y 1989, hubo pocos años sin alguna privatización. Se revisa la experiencia de 1974 a 1981, la reprivatización de empresas y bancos tras la crisis, y el programa que se inicia en 1985 y concluye en 1990.
La intervención del Estado se vuelve más significativa a partir de la crisis de la industria salitrera. Con la creación de CORFO (1939) se inicia un proceso de impulso a la industrialización. El Gobierno de la Unidad Popular privilegió la creación de empresas estatales y una mayor presencia del Estado en la agricultura con la «Reforma Agraria».
Se normalizó la situación de 259 empresas requisadas, que fueron devueltas a sus antiguos dueños, bajo el argumento de que existía un “estatismo exagerado”. La venta de empresas públicas permitió reducir presiones de gasto y proporcionar mayores ingresos. El gobierno militar privatizó una cantidad importante de activos productivos, terminó con la reforma agraria y vendió todos los bancos comerciales total o parcialmente estatizados.
El programa transfirió un monto significativo de activos al sector privado; entre 1974 y 1978 se recaudaron 730 millones de dólares. Esto dio origen a una concentración de la propiedad de las empresas y bancos privatizados en unos pocos grupos económicos.
Aunque la mayor parte de las empresas públicas fueron privatizadas, algunas de gran importancia quedaron en poder del Estado, como CODELCO, que genera el 40.5% de las exportaciones totales. El nuevo gobierno anunció que la política de privatizaciones consistiría principalmente en la asociación con el sector privado para la expansión de las empresas, más que en la venta de acciones de empresas ya existentes.
Basado en Garretón (2012). Rev. Mex. Sociol vol.74 no.2 México.
Ante la necesidad de mejorar la relación Estado-sociedad en un contexto de poca evolución, y frente a una institucionalidad que no se ha hecho cargo, surge una crisis del modelo de gobernabilidad. El texto analiza el caso de tres consejos: Pensiones, Calidad de la Educación, y Trabajo y Equidad.
Pueden provenir del programa de gobierno o surgir como respuesta a movimientos sociales. Su composición varía, pero siempre incluye tres grupos: expertos, políticos y sociedad civil. Se identifica una preponderancia de lo técnico; incluso la participación de la sociedad civil tuvo que orientarse a eso.
Fung analiza la participación a partir de tres pilares:
Basado en Aguilera, C. (2009). FLACSO.
Analiza seis comisiones presidenciales: Pensiones, Infancia, Educación, Transparencia, Educación Superior y Trabajo. El objetivo principal es ampliar la participación, formar espacios alternativos de deliberación e incorporar nuevas voces y actores sociales. En general, se puede decir que tienen un impacto positivo.
Surgen por distintas motivaciones (programa de gobierno vs. movimientos sociales). Se pone un importante énfasis en la transparencia a través de sitios web. Los presidentes de las comisiones suelen ser expertos-políticos. Las Comisiones Asesoras Presidenciales (CAP) buscan fomentar la participación ciudadana y desarrollaron audiencias paralelas.
Se generó un aprendizaje colectivo que permitió que el trabajo trascendiera las comisiones, generando redes. Este mecanismo no reemplaza la participación tradicional, sino que ayuda a articular consensos previos y a entregar un estado del arte a las discusiones. Generalmente se buscó el pluralismo ideológico y estuvieron compuestas en su mayoría por expertos, con una influencia importante de centros de pensamiento de diferentes tendencias. Las CAP se transformaron en espacios de diálogo y propuesta de políticas, aunque con limitados espacios para representar intereses amplios, constituyendo una innovación en la forma de hacer política.
Se debe fomentar la inclusión del pueblo mapuche en los procesos de toma de decisiones de la región de su mayor asentamiento, garantizando una representación política efectiva y su participación e incidencia.
Hoy, el foco está excesivamente puesto en la “ejecución presupuestaria”. Hay problemas graves de dispersión y la inversión regional sigue una huella inercial. El país tiene serios déficits de “pensamiento estratégico público”.
La misión de los Gobiernos Regionales (GOREs) es “la administración superior de cada región, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de ella”.
Uno de los problemas actuales es la asimetría en la especialización técnica entre profesionales del GORE y funcionarios sectoriales. Un nuevo diseño debería contribuir a la especialización y aumentar la “autoridad profesional” y capacidad de negociación frente a los sectores.
En 1988 se promulgó la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM), que ha tenido más de 40 modificaciones. Las iniciativas del Estado se han orientado hacia una mayor democratización y aspectos financieros. En 1992 se efectuó la primera elección democrática de alcaldes. La falta de mecanismos efectivos para medir la gestión municipal y la desconfianza ciudadana configuran una tensa relación entre el gobierno central y las municipalidades.
Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local. Su naturaleza es dual: son autónomas (gobiernos locales) pero también órganos de la Administración del Estado.
La clase política no ha considerado la descentralización como un tema relevante, en parte porque la ciudadanía no se ha manifestado notoriamente al respecto.
Uno de los objetivos de las reformas de gestión pública fue desarrollar sistemas de servicio civil bajo criterios de mérito y flexibilidad. El principio básico del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) es la neutralidad política.
Es relevante que la esencia del SADP Municipal sea efectivamente descentralizadora, con toma de decisiones en instancias regionales o locales. Esto permite una mayor pertinencia del perfil del directivo. Se sugiere aumentar los salarios en cargos directivos municipales para atraer candidatos idóneos.
Un factor central para entender la tensión entre el gobierno central y los municipios es la falta de confianza. Restituir o generar confianza es uno de los principios esenciales del sistema propuesto.
El alcalde es elegido por sufragio directo por un mandato de cuatro años y puede ser reelegido indefinidamente. Ejerce funciones exclusivas relativas a la gestión de la municipalidad y, junto con el consejo, las atribuciones conferidas a la municipalidad.
La participación ciudadana a nivel local es un medio de socialización política que genera nuevos espacios de articulación entre el Estado y los sujetos sociales, buscando mayor transparencia y evitando el particularismo.
Las fuentes del patrimonio municipal incluyen:
