El Principio de Relatividad del Contrato: Alcance y Fundamentos Jurídicos

Conforme al artículo 1257.1 del Código Civil (CC), los contratos solo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos, salvo en cuanto a estos, los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean transmisibles por su naturaleza, por pacto o por disposición de la ley. Por otra parte, el artículo 1091 del CC considera el contrato como fuente de obligaciones, disponiendo que: “las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”.

De esta manera, la expresión “principio de relatividad del contrato” pone de manifiesto que la eficacia del contrato, como categoría jurídica, no tiene un alcance general respecto de la colectividad, como sí ocurre con la norma jurídica, sino un alcance limitado a las partes contratantes. El contrato, pues, es por principio, relativo.

Han de considerarse “partes contratantes” quienes asumen las obligaciones u ostentan los derechos derivados de cualquier relación contractual, con independencia de su material y efectiva participación en la celebración u otorgamiento del contrato. Así, son partes quienes por voluntad propia y con consciencia de arrogarse una determinada posición contractual se consideran titulares de ella, aunque no celebren el contrato por sí mismos, sino a través de algún auxiliar suyo (como un abogado) o algún otro intermediario. En caso de fallecer uno de los contratantes, sus herederos serán considerados igualmente partes, siempre y cuando el contenido contractual no se encuentre transido de derechos u obligaciones de carácter personalísimo. Este principio significa que los contratos despliegan únicamente su eficacia entre las personas que los celebraron y sus causahabientes. Se debe tener en cuenta el artículo 1732 del CC, que regula los contratos de mandato.

Eficacia del Contrato en Relación con Terceros

La jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) establece que, con carácter excepcional, el principio de relatividad del contrato puede quebrarse en más de un caso.

Contratos a Favor y en Daño de Terceros

Contratos a Favor de Terceros

El artículo 1257 del Código Civil permite que el contrato contenga alguna estipulación en favor de una persona ajena al mismo. En este caso, esa tercera persona podría exigir el cumplimiento de la obligación siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado, antes de que fuese revocada. Ocurre así, paradigmáticamente, cuando una persona celebra un seguro de vida en favor de su cónyuge viudo o, en su defecto, de sus hijos. Cabe decir que el beneficiario, al no ser parte contractual, no tiene por qué acreditar capacidad de obrar alguna, ni siquiera es necesario que sea una persona existente en el momento de la celebración del contrato, ya que, en todo caso, la gestión de sus intereses podría ser perfectamente atendida por sus representantes legales.

Contratos en Daño de Terceros

Estos contratos representan una excepción al principio de relatividad del contrato. Son aquellos en los que el contrato tiene por objeto o causa ocasionar un daño o resultado perjudicial a un tercero ajeno al mismo. Por ejemplo, cuando para burlar a los acreedores se celebran contratos en cuya virtud se pretende enajenar determinados bienes y dejarlos a salvo de la ejecución de aquellos, es obvio que se está procurando un evidente resultado dañoso. Otro ejemplo sería quien contrata a un grupo de matones para que intimiden o lesionen a un tercero.

Contratos con Persona a Designar

Consiste en la celebración de un contrato en el que uno de los contratantes, al que se le denomina *estipulante*, se reserva la facultad de designar, en un momento posterior a la celebración del contrato y dentro de un plazo prefijado, a una tercera persona. Esta persona, desconocida en el momento de la celebración del contrato, acabará ocupando el lugar del estipulante, desligándose este último del contrato.

La característica principal de esta categoría contractual radica en la vinculación que uno de los contratantes asume, incluso sabiendo que la otra parte puede desentenderse del contrato designando a un tercero. Este tercero pasará a ser parte del contrato, generalmente con eficacia retroactiva, como si hubiera participado en la celebración del mismo.

Promesa del Hecho Ajeno

Consiste en aquella estipulación donde una de las partes contratantes, denominada *promitente*, se obliga frente a otra, llamada *estipulante*, a que una tercera persona le entregue algo o le preste algún servicio. En este supuesto, hay que distinguir dos fases:

1. Fase anterior a que el tercero acepte la obligación.
2. Fase en la que el tercero acepta la obligación.

En la primera fase, el promitente (persona obligada a que el tercero realice algo) queda obligado si el tercero rehúsa el cumplimiento de su obligación. Pero, si el tercero acepta su obligación, el promitente queda desligado del contrato.

A su vez, cabe decir que esta categoría se caracteriza por las siguientes notas:

1. El promitente debe actuar por sí mismo, en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin arrogarse frente al promisario representación alguna del tercero. Si la hubiera, quedaría directamente vinculado, y si no existiera el mecanismo representativo del contrato, este habría de considerarse nulo.
2. La prestación propia del promitente debe configurarse como una *obligación de resultado* y no de medios. Por lo tanto, en caso de que el interés del promisario quede insatisfecho, este podrá exigir al promitente la aplicación de las reglas generales del incumplimiento de las obligaciones.
3. Por lo común, los casos de promesa del hecho ajeno son contratos de carácter oneroso, pues el promitente “pone precio” (no raramente elevado) a su gestión o a su intermediación, con independencia del marco de derechos y obligaciones previsto para las eventuales relaciones entre promisario y tercero.

Cesión del Contrato

En virtud de la cesión contractual, cabe la posibilidad de transmitir la posición contractual de una persona en un determinado contrato. Cabe mencionar que la cesión contractual es sumamente frecuente en la práctica comercial. Sin embargo, el ordenamiento jurídico español no la regula de forma específica, por lo que se considera un negocio atípico. No obstante, la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo (TS) la admite basándose en el principio de autonomía de la voluntad, recogido en el artículo 1255 del Código Civil.

El TS exige dos requisitos para que se produzca la cesión contractual:

1. Que los contratantes primitivos y la persona a favor de la cual uno de aquellos contratantes primitivos cede su posición estén totalmente de acuerdo. Ello conlleva que la cesión del contrato presupone una relación triangular.
2. Que se trate de obligaciones bilaterales o *sinalagmáticas*, que creen obligaciones para ambas partes y que no se hayan cumplido íntegramente.

Como regla general, la cesión del contrato conlleva la liberación o desvinculación del contratante cedente. No obstante, cabe voluntariamente el pacto en contrario, que consiste en que el cedente responda en caso de incumplimiento por parte del cesionario; si no se establece, queda liberado.

La Nulidad del Contrato: Concepto y Efectos

El concepto de nulidad contractual, también conocida como *nulidad absoluta* o *nulidad radical*, se refiere a un contrato que, por causa de un defecto, no es susceptible de producir efectos ni consecuencias jurídicas. Es equiparable a un contrato inexistente o a considerar que nunca se ha celebrado.

Causas de la Nulidad Absoluta

1. Cuando el contrato carece de alguno de los requisitos esenciales establecidos en el artículo 1261 del Código Civil, o cuando la forma es un requisito *ad solemnitatem*.
2. Situaciones de cotitularidad o copropiedad, es decir, cuando un bien pertenece a varias personas. Caben dos posibilidades:
   1. Realizar sobre el mismo un acto de administración: Dicho acto es aquel encaminado a que el bien produzca su rendimiento ordinario. Se exige tener una mayoría de cuota en la cosa que se va a dar en administración.
   2. Realizar sobre el mismo un acto dispositivo: Se divide en actos de enajenación y de gravamen, y se necesita el consentimiento unánime.
3. Cuando el contrato contraviene los límites del principio de autonomía de la voluntad (artículo 1255 CC), lo que lo convierte en inexistente.

Efectos de la Nulidad

El Derecho dota a la acción de nulidad una serie de características:

1. El contrato nulo no precisa ser declarado judicialmente, ni una previa impugnación. Al ser inexistente, no es necesario que el juez declare que no existe. Sin embargo, en algunos casos sí es necesaria la declaración judicial, especialmente cuando la causa es ilícita.
2. Es *perpetua* e *insubsanable*, por lo tanto, no produce efecto jurídico alguno.
3. No está sometida a plazos de prescripción, es decir, es *imprescriptible*.

Una vez declarada la nulidad, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido objeto del contrato, así como sus frutos y el precio con los intereses. La finalidad principal es lograr que las partes afectadas retornen a la misma situación personal y patrimonial que tenían antes del evento invalidante. Dicha restitución debe tener, en principio, una forma *específica* o *in natura* (devolviéndose los contratantes precisamente las cosas que fueron transmitidas en virtud del contrato nulo).

Nulidad Parcial

Existe un supuesto denominado “nulidad parcial” que es cada vez más frecuente en la práctica. Se habla de nulidad parcial cuando el contrato contiene una o varias cláusulas ilegales, pese a la validez y adecuación al ordenamiento jurídico del conjunto esencial del mismo. Es decir, el consentimiento, el objeto, la causa y, en su caso, la forma, son intachables, pero algunas cláusulas o aspectos específicos son contrarios a una norma imperativa.

La Anulabilidad del Contrato

Los contratos anulables, a diferencia de los nulos, son aquellos que reúnen todos los requisitos para su validez, pero adolecen de un vicio susceptible de producir su invalidez o ineficacia en un momento posterior. Son válidos mientras no se ejercite una acción de anulabilidad.

Causas de la Anulabilidad

1. Falta de capacidad de obrar: Si un menor emancipado dispone de un bien inmueble sin el consentimiento de sus padres o tutores, el contrato es susceptible de ser anulable, ya que el disponente no tiene la capacidad de obrar necesaria.
2. Vicios del consentimiento: Son anulables los contratos celebrados con error, dolo, violencia o intimidación.
3. Los contratos celebrados por uno de los cónyuges sin el consentimiento del otro, cuando este último fuere necesario.

Efectos de la Anulabilidad

La anulabilidad no opera automáticamente; debe ser solicitada a instancia de parte, sin que el juez pueda deducirla de oficio. Solo están legitimados para entablar la acción de anulabilidad los vinculados por el propio contrato, y dentro de ellos, solo el contratante que adolezca de una falta suficiente de capacidad de obrar o que haya sufrido el error, dolo, violencia o intimidación. La otra parte no puede, en ningún caso, solicitar la anulabilidad del mismo. También en estos supuestos, la jurisprudencia faculta a terceros para declarar la anulabilidad cuando estas personas acreditasen que el contrato celebrado les perjudica.

La acción para declarar la anulabilidad tiene un plazo de 4 años y es de *caducidad* (no es susceptible de interrupción). En supuestos de intimidación o violencia, el plazo comienza a contar desde la consumación del contrato. En el caso de personas que carecen de la capacidad de obrar necesaria, la acción comenzará a contar desde que la persona adquiera dicha capacidad. En cuanto a los contratos realizados por un cónyuge sin consentimiento del otro, cuando el consentimiento de este fuese necesario, el plazo comenzará a contar desde la disolución del régimen económico matrimonial o del matrimonio, o cuando el cónyuge que debió prestar el consentimiento sea consciente de la celebración del contrato.

Al igual que en la nulidad absoluta, cuando se declare la anulabilidad, las partes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido objeto del contrato.

El Mutuo Disenso

El mutuo disenso implica la celebración de un contrato atípico con efectos contrarios al anteriormente celebrado, mediante el cual las partes se desligan de las obligaciones nacidas entre ellas por un contrato previo. Cualesquiera relaciones obligatorias son susceptibles de extinción por mutuo disenso, ya sean instantáneas o duraderas, y se hayan comenzado a cumplir o no.

La distinción, no obstante, tiene su importancia a la hora de establecer los efectos del mutuo disenso, que serán, lógicamente, los pactados. Si el mutuo disenso afecta a una relación instantánea aún no ejecutada, sus efectos normalmente se limitarán a suponer la mera extinción de las obligaciones generadas por el contrato inicial. Si, por el contrario, se trata de una relación duradera que ha venido siendo cumplida por las partes, se plantearán los oportunos problemas para determinar si la desvinculación tiene o no efectos retroactivos, si han de efectuarse reintegros liquidatorios, si nacen obligaciones de restitución, etc.

En definitiva, ante el incumplimiento de ambas partes contratantes y la apreciación de una voluntad resolutoria concurrente, se aplica la doctrina de la resolución por mutuo disenso, que es admisible en cualquier contrato.

El Desistimiento Unilateral

El artículo 1256 del Código Civil establece un principio fundamental en materia de contratos: “la validez y cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de una de las partes contratantes”. Esta regla tiene algunas excepciones en determinados contratos. En algunos casos, el legislador o la ley permite a una o ambas partes contratantes desligarse o desistir unilateralmente del contrato.

Un ejemplo es el contrato de mandato (cuando alguien se obliga a prestar algo o a hacer algo por cuenta de otra persona). El Código Civil permite al mandante revocar a su libre voluntad el contrato, dejándolo sin efecto alguno y sin indemnización.

La Resolución por Incumplimiento Contractual

La resolución por incumplimiento es un supuesto esencial de ineficacia del contrato, regulado en el artículo 1124 del Código Civil. Este artículo establece, a grandes rasgos, que la facultad de resolver las obligaciones derivadas de un contrato se encuentra implícita en las obligaciones recíprocas para el caso de que uno de los obligados no cumpliese lo que le incumbe.

Además, este artículo establece que el perjudicado (la parte contractual que sufre el incumplimiento) podrá optar entre:

1. Exigir el cumplimiento de la obligación de la otra parte.
2. La resolución del contrato con indemnización de daños y perjuicios en ambos casos.

Asimismo, este artículo dispone que el perjudicado podrá pedir la resolución incluso después de haber solicitado el cumplimiento, cuando este último resulte imposible. Los tribunales de justicia decretarán la resolución, salvo que exista una causa justificada que les autorice a señalar un plazo de cumplimiento (cuando no proceda la aplicación del artículo 1124). Todo esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceras personas adquiridos de buena fe; es decir, el contrato no pierde su objeto.

Criterios de Aplicación del Artículo 1124 del Código Civil

1. En primer lugar, tiene que haber reciprocidad entre las obligaciones derivadas del contrato. Es decir, que cada una de las obligaciones haya sido querida como equivalente de la otra, y por tanto exista entre ambas una mutua condicionalidad. Ejemplo: el contrato de arrendamiento.
2. El segundo requisito exigido es que se haya producido la falta de ejecución o inejecución de una de las obligaciones derivadas del contrato. Existe una división doctrinal: hay autores que consideran que, para aplicar el artículo 1124, el incumplimiento debe ser culpable. Sin embargo, otros autores consideran que es indiferente si el incumplimiento se produce por culpa de uno de los obligados o sin culpa del mismo.
3. En tercer lugar, la persona que exige el cumplimiento o la resolución (el perjudicado) tiene que haber cumplido previamente su propia obligación. Es decir, en las obligaciones recíprocas, si uno de los obligados incumple, la otra parte no puede incumplir su parte de la obligación.
4. Finalmente, por parte del demandado, debe existir una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento o, según el Tribunal Supremo, algún hecho que impida de modo definitivo el cumplimiento de la obligación.

La Cláusula Rebus Sic Stantibus: Alteración de las Circunstancias Contractuales

Según esta cláusula, en los contratos de larga duración, se sobreentiende la existencia de una condición tácita que permite la revisión del contrato en caso de que las circunstancias originales varíen de forma extraordinaria, provocando un desequilibrio contractual significativo. La jurisprudencia española establece los siguientes requisitos para que quepa la aplicación de esta cláusula:

• Que entre las circunstancias existentes en el momento de celebración del contrato y las concurrentes en el momento de su cumplimiento o ejecución se haya producido una alteración extraordinaria.
• Que, a consecuencia de dicha alteración, resulte una desproporción exorbitante y fuera de todo cálculo entre las prestaciones convenidas.
• Que no exista otro medio (jurídicamente hablando) de remediar el desequilibrio de las prestaciones.
• Que las nuevas circunstancias fueran imprevisibles para las partes en el momento de celebración.
• Que quien alegue la cláusula *rebus sic stantibus* tenga buena fe y carezca de culpa.

Cabe señalar que la aplicación de esta cláusula no se limita al ámbito del Derecho privado, ya que la jurisprudencia ha reiterado su incidencia en la contratación administrativa.

La Rescisión del Contrato

Se entiende por contrato rescindible aquel que, siendo válidamente celebrado, deviene ineficaz en un momento posterior debido al perjuicio causado a una de las partes o a un tercero ajeno al contrato. En estos casos, el contrato puede perder su eficacia en base a lo que se denomina rescisión contractual.

Características de la Rescisión

1. Tiene un carácter *subsidiario*: Solo se puede acudir a la rescisión contractual con carácter excepcional, cuando el perjudicado no pueda obtener la reparación del perjuicio sufrido por ninguna otra vía legal para mitigar el daño.
2. La acción rescisoria no se puede aplicar cuando las cosas objeto del contrato se encuentren en poder de una tercera persona que ha actuado con buena fe.
3. Esta nota deriva de la característica anterior: El perjudicado tiene que estar en condiciones de poder devolver lo que recibió en virtud del contrato rescindible.
4. Esta rescisión contractual, como supuesto de ineficacia, implica que, si se produce la ineficacia, la situación se retrotrae al momento anterior a la celebración del contrato.
5. La acción de rescisión contractual tiene un plazo de 4 años. Se considera un plazo de *caducidad*, es decir, que no caben interrupciones del mismo.

Causas de Rescisión de un Contrato

Solo en casos excepcionales se puede aplicar la acción rescisoria; es decir, no siempre que se produzca un perjuicio se puede aplicar. Los casos son los siguientes:

En primer lugar, hay que distinguir entre rescisión por lesión (cuando el perjuicio se infringe a una de las partes contratantes) y rescisión fraudulenta (el perjuicio lo sufre un tercero ajeno al contrato).

Rescisión por Lesión

• En aquellos contratos que puedan celebrar los tutores sin autorización judicial, siempre que las personas a las que representen (los pupilos) sufran un perjuicio patrimonial superior a la cuarta parte del valor de la cosa que haya sido objeto del contrato.
• Lo mismo ocurre con los contratos celebrados por los representantes de los declarados ausentes (sin autorización judicial), que también serán rescindibles cuando estos sufran un perjuicio superior a la cuarta parte del valor de la cosa objeto del contrato.
• El tercer supuesto afecta a la partición de la herencia. En la partición de la herencia, cuando se produzca una lesión superior a la cuarta parte del valor de la cosa adjudicada, se entenderá que existe rescisión por lesión. En este caso, habrá que tener en cuenta el valor de las cosas al tiempo de la adjudicación.

Rescisión Fraudulenta

Se produce cuando el contrato tiene por objeto defraudar los derechos de terceras personas ajenas al mismo. Un supuesto común es cuando un deudor se libera de todo o parte de su patrimonio, disponiendo de sus bienes en favor de un tercero con la intención de perjudicar el derecho de crédito de su acreedor. Este supuesto se considera rescindible. La jurisprudencia aplica un criterio extensivo; es decir, en caso de dudas sobre la existencia de fraude en perjuicio de terceros, el TS entiende que se debe proteger a ese tercero.