Principios del Derecho Sancionador Tributario

En el ámbito tributario sancionador, la proximidad estructural con el derecho penal obliga a que se respeten los principios constitucionales de los artículos 24.2 y 25.2 de la Constitución Española (CE). Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional (STC 18/1981) y lo ha plasmado el legislador en los artículos 178 a 180 de la Ley General Tributaria (LGT).

Principio de Legalidad

Exige que toda conducta sancionable esté prevista en una norma con rango de ley, lo que se traduce en una precisa tipificación de infracciones y sanciones. La LGT cumple esta exigencia en su regulación, aunque en la práctica se plantean dudas en la calificación jurídica de ciertos supuestos, especialmente en lo que respecta a la graduación de las sanciones.

Principio de Culpabilidad

Con base en la STC 164/2005, impide sancionar si no concurre dolo o culpa, incluso en forma de simple negligencia. Se presume la diligencia del obligado cuando actúe conforme a interpretaciones razonables de la norma o a criterios administrativos conocidos, incluidos los publicados en manuales o en consultas tributarias de terceros, siempre que exista identidad sustancial.

Principio de Antijuridicidad

No puede sancionarse cuando la conducta no sea antijurídica, es decir, si existe causa de justificación, como fuerza mayor, falta de capacidad, decisiones colectivas no compartidas o deficiencias en programas oficiales de ayuda.

Principio de No Concurrencia (Non bis in idem)

Según este principio, un mismo hecho no puede ser sancionado dos veces si coinciden sujeto, hecho y fundamento, sin perjuicio de que una misma conducta pueda originar diversas infracciones con distinto fundamento.

Excusa Absolutoria

Finalmente, el derecho tributario reconoce un principio propio, la excusa absolutoria, que excluye la imposición de sanciones cuando el contribuyente regulariza voluntariamente su situación antes de que exista requerimiento administrativo, si bien deberá asumir los recargos correspondientes conforme al artículo 27 de la LGT.

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Infracción Tributaria: Tipos y Clasificación

Una infracción tributaria es toda acción u omisión, dolosa o culposa (en cualquier grado de negligencia), realizada por un sujeto (no tiene que ser obligadamente sujeto pasivo del tributo, sino que la regulación de estos sujetos infractores es más amplia, arts. 181 y 182 LGT) que supone una vulneración de un mandato fiscal que esté tipificada y sancionada como tal en la LGT u otra Ley.

Tipos Comunes de Infracciones Tributarias

Dejar de Ingresar Deuda en Plazo

Se refiere a la falta de ingreso de la deuda tributaria en el plazo establecido, sin presentación espontánea.

• Si no hay ocultación y el importe es menor o igual a 3.000 € → Leve (sanción: 50%).
• Si hay ocultación y el importe es mayor a 3.000 € → Grave (sanción: 50%-100%).
• Si se usan medios fraudulentos → Muy Grave (sanción: 100%-150%).

Nota: En retenciones o ingresos a cuenta, nunca es leve; siempre grave o muy grave.

Obtención de Devoluciones Indebidas

• Generalmente Grave: sanción del 15% o multa de 300 €.
• Si hay fraude, podría llegar a Muy Grave.

Solicitud Indebida de Beneficios Fiscales

• Grave: 15% sobre la base, o multa fija.

No Presentar o Presentar Incorrectamente Declaraciones sin Perjuicio Económico

• Leve: multa fija de 200 €.
• Si es declaración censal → 400 €.
• Si es por medios distintos a los electrónicos → 250 €.

Incumplimiento de Obligaciones Contables, Registrales o de Facturación

Puede ser leve, grave o muy grave, según la naturaleza del incumplimiento:

• Si hay facturas falsas → Muy Grave (hasta 75%).
• Si es falta de libros → Grave.
• Si es un descuido formal → Leve.

Uso de Sistemas Informáticos para Falsear Cuentas

Considerado Grave o Muy Grave:

• Tenencia de estos sistemas: 50.000 € por año.
• Fabricación/venta: 150.000 €.

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Sanciones Tributarias: Tipos y Consecuencias

Cuando la Administración Tributaria detecta que se ha cometido una infracción, puede imponer una o varias sanciones. Los tipos principales son:

Tipos de Sanciones

• Multa Fija: Es una cantidad concreta, como por ejemplo 200 € por no presentar una declaración en plazo, aunque no haya perjuicio económico. No depende del importe defraudado.
• Multa Proporcional: Se calcula como un porcentaje sobre la base o cuota defraudada. Por ejemplo, si se dejaron de pagar 5.000 €, la sanción puede ser del 50%, 75%, 100% o incluso 150% según la gravedad de la infracción.
• Pérdida de Beneficios Fiscales o Subvenciones: Si la infracción es grave o muy grave, se puede perder el derecho a recibir subvenciones públicas o deducciones fiscales durante un periodo de hasta 5 años.
• Prohibición de Contratar con el Sector Público: Se puede prohibir contratar con el Estado, Comunidades Autónomas o Ayuntamientos hasta por 5 años.

Aplicación y Reducción de Sanciones Tributarias

El proceso de aplicación de una sanción sigue unos pasos definidos:

Cálculo de la Sanción Mínima

Primero, Hacienda calcula una sanción mínima:

• Si la infracción es grave, la sanción inicial es del 50% de lo defraudado.
• Si es muy grave, la sanción inicial es del 100%.

Incremento de la Sanción

Posteriormente, la sanción puede aumentarse si se dan ciertas circunstancias (art. 187 LGT), como por ejemplo:

• Que haya reincidencia (haber sido sancionado previamente por la misma infracción).
• Que exista ocultación o uso de medios fraudulentos (como facturas falsas).
• Que el perjuicio económico para Hacienda sea importante.
• O que se incumplan gravemente las obligaciones de facturación.

Reducción de la Sanción por Colaboración

La sanción también se puede reducir si el contribuyente colabora con la Administración:

• Si se firma un acta con acuerdo (se llega a un acuerdo con la Administración y no se recurre ni se deja de pagar), la sanción se reduce un 65%.
• Si se firma un acta de conformidad (se aceptan los hechos aunque no haya acuerdo), la sanción se reduce un 30%.
• Y si se paga voluntariamente y no se recurre, se puede aplicar una reducción adicional del 40%.

Estas reducciones se pueden acumular, por lo que, en muchos casos, la sanción final puede ser considerablemente menor que la sanción inicial.

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Procedimiento Sancionador Tributario

El procedimiento sancionador tributario se regula en los artículos 209 a 212 de la LGT, y se caracteriza por su tramitación separada respecto a los procedimientos de aplicación de los tributos, salvo en las actas con acuerdo o si el obligado tributario renuncia expresamente a esa tramitación separada.

Iniciación del Procedimiento

La iniciación del procedimiento debe realizarse en el plazo máximo de tres meses desde que se haya notificado, o se entienda notificada, la correspondiente liquidación o resolución de la que derive la posible infracción. Este plazo es de caducidad, por lo que, si se incumple, la acción sancionadora caduca, aunque no haya prescrito el derecho a sancionar.

Fase de Instrucción y Propuesta de Resolución

Durante la fase de instrucción, la Administración debe incorporar formalmente al expediente sancionador todas las pruebas o circunstancias obtenidas en el procedimiento anterior que vayan a utilizarse. A continuación, se formula la propuesta de resolución, en la que deben constar de forma motivada:

• Los hechos imputados.
• Su calificación jurídica.
• La infracción cometida (o, en su caso, la declaración de inexistencia de infracción o de responsabilidad).
• La sanción propuesta, indicando los criterios de graduación aplicados.

Notificación y Alegaciones

La propuesta de resolución se notifica al interesado, otorgándole un plazo de 15 días para formular alegaciones, presentar documentos y proponer pruebas.

Terminación y Plazos

El procedimiento debe terminar mediante resolución en el plazo máximo de seis meses desde la notificación de inicio hasta que se notifique o se entienda notificada la resolución sancionadora. Si se supera ese plazo, opera la caducidad del procedimiento, lo que supone la extinción del derecho a sancionar en ese caso concreto, sin posibilidad de reinicio.

Impugnación de la Sanción

La resolución puede ser impugnada mediante recurso o reclamación económico-administrativa, y el contribuyente puede hacerlo de forma independiente a la liquidación. Además, puede recurrir la sanción sin perder la reducción del 30% por conformidad, siempre que no impugne la regularización tributaria.

La interposición del recurso suspende automáticamente la ejecución de la sanción, sin necesidad de presentar garantías, hasta que la resolución sea firme en vía administrativa. Durante ese tiempo, no se devengan intereses de demora.

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¿Qué es la Prescripción Tributaria?

La prescripción es una forma de extinguir derechos u obligaciones por el transcurso del tiempo sin que se haya actuado para hacerlos valer. En Derecho tributario, el plazo general es de 4 años, salvo excepciones. La regula la Ley General Tributaria (LGT) en los artículos 66 a 70, con una excepción importante en el art. 66 bis.

Derechos que Prescriben en Materia Tributaria

Hay dos grandes grupos de derechos que pueden prescribir:

I. Derechos de la Administración Tributaria

1. Derecho a determinar la deuda tributaria

   Ej.: Hacienda no liquida un impuesto cuando debería.

   📆 Prescribe a los 4 años desde el día siguiente a cuando acababa el plazo para declarar.

2. Derecho a exigir el pago de una deuda ya liquidada o autoliquidada

   Ej.: No se reclama una deuda notificada.

   📆 Prescribe a los 4 años desde el día siguiente al fin del plazo para pagar.

   • Si hay responsabilidad solidaria: cuenta desde que vence el plazo del deudor principal.
   • Si es subsidiaria: desde la notificación de la última actuación contra el deudor principal.

3. Derecho a exigir el cumplimiento de obligaciones formales

   Ej.: No se exige la presentación de libros o documentos.

   📆 Prescribe a los 4 años desde el día siguiente al plazo para cumplir esa obligación.

4. Derecho a imponer sanciones tributarias

   Ej.: Se detecta una infracción pero no se inicia expediente sancionador.

   📆 Prescribe a los 4 años desde el día en que se comete la infracción.

5. Derecho a exigir el pago de sanciones tributarias ya impuestas

   Ej.: La sanción es firme pero no se ejecuta.

   📆 Prescribe a los 4 años desde el día siguiente al fin del plazo para pagarla.

II. Derechos del Obligado Tributario (el Contribuyente)

1. Derecho a solicitar devoluciones y reembolso de garantías

   Ej.: Ingreso indebido o ganancia de recurso/sentencia.

   📆 Prescribe a los 4 años desde:

   • El día del ingreso indebido,
   • El primer día en que se pudo pedir, o
   • La firmeza de la sentencia o resolución que lo reconoce.

2. Derecho a obtener esas devoluciones y reembolsos

   Ej.: Hacienda reconoce la devolución, pero no la paga.

   📆 Prescribe a los 4 años desde:

   • El fin del plazo legal para devolver, o
   • La notificación del acuerdo de devolución.

Excepciones a la Prescripción (Art. 66 bis LGT)

Hay dos excepciones importantes al plazo general de prescripción:

1. Comprobación de ejercicios prescritos con efectos en no prescritos

   Hacienda puede investigar hechos antiguos si tienen efecto en ejercicios no prescritos (por ejemplo, bases imponibles negativas de años anteriores que aún no se han compensado).

   👉 El derecho a comprobar prescribe a los 10 años.

2. Derecho a comprobar no prescribe en general

   El derecho a investigar hechos pasados (aunque no haya derecho a liquidar) no prescribe nunca si afectan a ejercicios aún no prescritos.

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Extinción de la Responsabilidad Tributaria

Extinción de la Responsabilidad por Infracciones

La responsabilidad por infracciones tributarias se extingue por las siguientes causas:

• Fallecimiento del sujeto infractor persona física (en las personas jurídicas y entes sin personalidad sí se transmite a los liquidadores, socios, partícipes o comuneros).
• Prescripción: cuatro años desde que se cometió la infracción.
• Caducidad del procedimiento (3 meses para iniciarlo y 6 meses para concluirlo).
• Regularización voluntaria (cumplimiento extemporáneo y espontáneo).

Extinción de la Responsabilidad por Sanciones

La responsabilidad por sanciones tributarias se extingue por:

• Pago o cumplimiento de la sanción.
• Prescripción de la sanción.
• Compensación.
• Condonación mediante ley.
• Fallecimiento de todos los obligados (personas físicas infractoras o sucesoras del ente infractor).

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La Relación Jurídico-Tributaria: Derechos y Deberes

La relación jurídico-tributaria es el vínculo jurídico que se establece entre la Administración tributaria y el obligado tributario como consecuencia de la aplicación de los tributos. Este vínculo da lugar a un conjunto de derechos, deberes y potestades recíprocos entre ambas partes (art. 17 LGT).

Obligaciones del Obligado Tributario

En el marco de esta relación, el obligado tributario asume, por un lado:

• Obligaciones materiales, como el pago del tributo (obligación principal) o el abono de recargos e intereses de demora (obligaciones accesorias).
• Obligaciones formales, como presentar declaraciones, conservar documentación, facilitar inspecciones, etc.

Obligaciones entre Particulares

Además, la relación jurídico-tributaria puede incluir obligaciones entre particulares, como las obligaciones de repercusión del impuesto (IVA) o de retención a cuenta por parte de pagadores (como empresas o entidades).

Obligaciones de la Administración Tributaria

Por su parte, la Administración también tiene obligaciones jurídicas, como la devolución de ingresos indebidos, el reembolso de garantías, y el pago de intereses de demora cuando corresponda.

Naturaleza y Fundamento

Esta relación no es meramente vertical, sino que tiene un carácter bilateral, al implicar obligaciones jurídicas exigibles a ambas partes. Su fundamento se encuentra en la ley tributaria, y responde a necesidades financieras del Estado (fundamento económico), al ejercicio del poder político (fundamento político-social) y al marco constitucional vigente (fundamento jurídico-positivo).

En definitiva, la relación jurídico-tributaria configura un marco normativo completo, donde se articulan derechos y deberes que garantizan tanto la financiación pública como la seguridad jurídica de los contribuyentes.