I. Mandato Judicial

El mandato judicial es un contrato típico, definido en el artículo 2116 del Código Civil. Conforme al artículo 2118 del Código Civil, los servicios profesionales que implican representación frente a terceros se someten a las reglas del mandato.

El artículo 520 del Código Orgánico de Tribunales (COT) define a los abogados como quienes están facultados para defender ante los tribunales los derechos de las partes. Por su parte, el artículo 528 del COT permite aplicar supletoriamente las reglas del Código Civil, mientras que el artículo 529 del COT establece que el mandato de los abogados no termina por la muerte del mandante.

II. Formas de constituirlo

• Escritura pública: Otorgada ante notario o ante funcionario del Registro Civil cuando no exista notario.
• Acta ante un juez de letras o juez árbitro: Suscrita por los otorgantes.
• Ante el secretario del tribunal: Que conoce del asunto.
• En la presentación judicial:
  • Firma material: Debe ratificarse ante el secretario.
  • Firma electrónica avanzada: Puede constituirse electrónicamente, conforme al artículo 7 de la Ley N.º 20.886.
  • Firma electrónica simple: Requiere ratificación ante el secretario.

La Ley N.º 20.886 se aplica a los tribunales comprendidos en los incisos segundo y tercero del artículo 5 del COT.

III. Características importantes

Se entiende conferido para todo el juicio. El mandatario puede delegar el poder, salvo prohibición expresa. La delegación puede recaer en:

• Otro abogado.
• Alumno de Derecho de tercer, cuarto o quinto año.
• Egresado de Derecho hasta tres años después de rendir sus exámenes correspondientes.

Esto se relaciona con el ius postulandi, regulado principalmente por la Ley N.º 18.120.

IV. Facultades especiales del mandato

El mandato debe contener facultades expresas para:

• Desistirse de la acción.
• Aceptar la demanda contraria.
• Absolver posiciones.
• Renunciar a recursos o plazos.
• Transigir.
• Comprometer.
• Entregar a los árbitros facultades de arbitradores.
• Aprobar convenios.
• Percibir.

Para avenir o conciliar, el abogado debe tener facultades expresas. Si no las tiene, debe comparecer el mandante o ratificar lo obrado.

V. Renuncia al patrocinio y poder

Conforme al artículo 10 del Código de Procedimiento Civil (CPC), el abogado que renuncia debe:

1. Comunicarlo al mandante.
2. Informarle el estado del juicio.
3. Notificar dicha renuncia.

Según el documento adjunto sobre mandato judicial, la muerte del mandante no pone término al mandato del abogado.

Los Árbitros

El artículo 222 del COT define a los árbitros como jueces nombrados por las partes o por la autoridad judicial, en subsidio, para resolver un asunto litigioso.

El arbitraje se fundamenta principalmente en:

• La voluntad de las partes.
• La autoridad judicial, cuando la ley permite o exige el nombramiento subsidiario.

II. Diferencias con los tribunales ordinarios

Tribunales ordinarios	Tribunales arbitrales
Son permanentes	Son accidentales
Su competencia deriva de la ley	Generalmente deriva de la voluntad de las partes
Conocen una generalidad de asuntos	Conocen un asunto determinado
Tienen imperio	Carecen de imperio o lo tienen muy limitado
Pueden ejecutar directamente sus resoluciones	Para usar apremios normalmente deben recurrir a la justicia ordinaria

El imperio significa la facultad de hacer cumplir coactivamente lo resuelto.

La sentencia arbitral puede ser ejecutada por el árbitro cuando se trata de la sentencia definitiva y no ha vencido su plazo; en los demás casos, o cuando se requieren medidas compulsivas, debe acudirse a la justicia ordinaria. Esto se vincula con el artículo 635 del CPC.

III. Clases de árbitros

• Árbitro de derecho: Falla conforme a la ley. Tramita según las reglas aplicables a los tribunales ordinarios. Debe respetar las normas de procedimiento y de fondo.
• Árbitro arbitrador o amigable componedor: Falla conforme a su prudencia y equidad. Se somete principalmente a las reglas fijadas por las partes. A falta de acuerdo, aplica las normas pertinentes del CPC. No está obligado a fallar estrictamente conforme a la ley.
• Árbitro mixto: Tiene facultades de arbitrador respecto del procedimiento, pero debe fallar conforme a la ley.

IV. Capacidad para nombrar árbitros

Para nombrar árbitros arbitradores, las partes deben ser mayores de edad y libres administradoras de sus bienes. Para nombrar árbitros mixtos también se exige plena capacidad, aunque excepcionalmente los tribunales pueden autorizar ciertas facultades de arbitrador cuando existen incapaces y hay manifiesta conveniencia.

V. Requisitos para ser árbitro

Requisitos positivos: En general, se requiere ser mayor de edad, tener la libre disposición de los bienes y saber leer y escribir.

Excepciones: Los abogados habilitados pueden ser árbitros aunque sean menores de edad. El árbitro de derecho debe ser obligatoriamente abogado.

VI. Inhabilidades

No pueden ser nombrados árbitros:

• Las personas que litigan como partes en el asunto.
• El juez que actualmente conoce del asunto.
• Los jueces letrados y ministros de tribunales superiores, salvo excepciones legales.
• Los fiscales judiciales.
• Los notarios.

El artículo 243 del COT dispone que el árbitro nombrado por las partes solo puede ser inhabilitado por causas de implicancia o recusación sobrevinientes al nombramiento o ignoradas al momento de celebrar el compromiso.

VII. Fuentes del arbitraje

Las principales fuentes son:

• Voluntad de las partes.
• Autoridad judicial.
• La ley.
• Voluntad del causante o testador, especialmente en materia de partición.

VIII. Compromiso

Es el contrato por el cual las partes someten un asunto litigioso específico a un árbitro determinado. Debe constar por escrito y contener:

• Nombre y apellido de las partes.
• Nombre y apellido del árbitro.
• Asunto sometido a arbitraje.
• Facultades conferidas al árbitro.
• Lugar y tiempo en que debe ejercer sus funciones.

La omisión del nombre de las partes, del árbitro o del asunto sometido a arbitraje produce nulidad absoluta del compromiso.

IX. Cláusula compromisoria

Es el acuerdo por el cual las partes se obligan a someter a arbitraje un asunto, pero se reservan la designación del árbitro para después.

Diferencia esencial: En el compromiso el asunto y el árbitro están determinados; en la cláusula compromisoria se acuerda el arbitraje, pero el árbitro se designará posteriormente.

X. Nombramiento judicial subsidiario

Si no existe acuerdo sobre la persona del árbitro, la justicia ordinaria puede nombrarlo. La designación debe recaer en un solo individuo, distinto de los dos primeros propuestos por cada parte.

XI. Materias de arbitraje

1. Arbitraje forzoso

Son materias que la ley obliga a someter a árbitros, tales como:

• Liquidación de sociedades conyugales, colectivas o en comandita civil.
• Partición de bienes.
• Cuestiones relativas a cuentas de gerentes o liquidadores.
• Diferencias entre socios en ciertos tipos societarios.

2. Arbitraje prohibido

No pueden someterse a árbitros:

• Cuestiones sobre alimentos futuros.
• Derecho a pedir separación de bienes entre cónyuges.
• Causas criminales.
• Asuntos entre representante legal y representado.
• Materias en que debe ser oído el Ministerio Público.
• Materias laborales sobre derechos irrenunciables.

La regla general se encuentra en los artículos 229 y 230 del COT.

3. Arbitraje voluntario

Fuera de las materias forzosas o prohibidas, las partes pueden elegir entre la justicia ordinaria o la justicia arbitral (Art. 228 del COT).

Conflicto entre arbitraje forzoso y prohibido: Si una materia parece estar comprendida simultáneamente en ambas categorías, prevalece el arbitraje forzoso, conforme al artículo 230 del COT.

XII. Aceptación y juramento

El árbitro no está obligado a aceptar el cargo. Si lo acepta, debe declarar su aceptación, jurar desempeñarlo con fidelidad y comprometerse a actuar en el menor tiempo posible. Una vez aceptado el cargo, nace la obligación de desempeñarlo.

La obligación cesa cuando:

• Las partes acuerdan acudir a la justicia ordinaria.
• Las partes solicitan que otro árbitro resuelva.
• El árbitro es maltratado o injuriado.
• Contrae una enfermedad que le impide ejercer.
• Debe ausentarse del lugar del juicio.

XIII. Procedimiento arbitral

1. Árbitro de derecho: Aplica el procedimiento especial legal o, en su defecto, el ordinario. Puede requerir asesoría de un actuario. Carece de imperio.
2. Árbitro arbitrador: Aplica las reglas fijadas por las partes o, en su defecto, las normas mínimas del CPC. Falla conforme a prudencia y equidad.

XIV. Pluralidad de árbitros

Si existen dos o más árbitros, todos deben concurrir a la sustanciación y sentencia. Si no hay mayoría:

• Se llama al tercero, si existe.
• En arbitraje voluntario sin mayoría, el compromiso queda sin efecto.
• En arbitraje forzoso, deben nombrarse nuevos árbitros.

XV. Recursos

• Árbitro de derecho: Sus resoluciones admiten apelación, casación en la forma y casación en el fondo.
• Árbitro arbitrador: Procede casación en la forma (salvo renuncia). La apelación solo procede si se reservó expresamente. No procede casación en el fondo.
• Recurso de queja: Procede por falta o abuso grave ante la Corte de Apelaciones respectiva.

La Ley Procesal

1. Concepto contemporáneo

La ley procesal regula la formación, organización y atribuciones de los tribunales, así como las formas y garantías de los procedimientos para la tutela efectiva de los derechos fundamentales. Su naturaleza depende de su objeto de regulación.

2. Normas procesales orgánicas y funcionales

• Normas orgánicas: Regulan la constitución, organización, atribuciones, competencia y disciplina de los tribunales.
• Normas funcionales: Regulan la tramitación del proceso (plazos, actuaciones, prueba, notificaciones, recursos).

3. Normas ordenatoria litis y decisoria litis

• Ordenatoria litis: Organizan el proceso y su infracción afecta la forma del procedimiento.
• Decisoria litis: Inciden directamente en la decisión del conflicto. Su infracción es relevante para la casación en el fondo.

4. Aplicación de la ley procesal en el tiempo

La regla general es la aplicación inmediata (in actum). Sin embargo, existen conceptos clave:

• Retroactividad: Aplicación a hechos ocurridos antes de su vigencia.
• Ultractividad: Aplicación de una ley derogada a situaciones producidas bajo su vigencia.

Para su aplicación se deben revisar los límites constitucionales, las disposiciones transitorias y la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes (LERL).

5. Aplicación territorial

La ley procesal chilena rige en el territorio nacional (Art. 7 del COT). Excepcionalmente, se extiende al extranjero por principios de personalidad, universalidad o tratados internacionales.

6. Sentencias extranjeras

• Materia penal: Se reconoce valor a sentencias extranjeras (Art. 13 CPP) bajo la garantía de non bis in idem.
• Materia civil: Su ejecución se vincula con los artículos 242 a 245 del CPC mediante el procedimiento de exequátur, basado en tratados, reciprocidad o principios generales.

El Debido Proceso

El derecho al debido proceso asegura una tutela judicial efectiva a través de las siguientes garantías:

1. Derecho de acceso a la justicia: Activación de órganos jurisdiccionales.
2. Derecho de defensa: Defensa jurídica de intereses.
3. Derecho a la prueba: Ejercido conforme a las reglas procesales.
4. Derecho a una decisión judicial fundada: Exigencia de motivación.
5. Derecho a un recurso efectivo: Impugnación de decisiones.
6. Derecho a un procedimiento racional y justo: Respeto a garantías fundamentales.

El debido proceso exige que el desarrollo del proceso permita una defensa efectiva y una decisión jurisdiccional racional y fundada.