Orígenes y Evolución de la Unión Europea

La Unión Europea (UE) tiene sus raíces en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), creada en 1951. Posteriormente, la Comunidad Económica Europea (CEE) se constituyó con el Tratado de Roma en 1957.

La CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero) se creó en 1951 con el objetivo de poner en común las materias primas esenciales para la industrialización de Europa: el carbón y el acero. Su propósito fundamental era fomentar la interdependencia económica y evitar futuros conflictos bélicos derivados del control de estas materias primas. En este sentido, la UE, en su evolución, persigue objetivos similares de paz y prosperidad.

El objetivo fundamental de la Comunidad Económica Europea (actualmente Unión Europea) era el fomento de los intercambios de bienes entre sus miembros, expandiendo su alcance más allá del carbón y el acero a todos los demás productos.

La Comunidad Económica Europea (CEE) nació fundamentalmente para evitar la repetición de los conflictos que habían asolado Europa, especialmente tras la Primera y Segunda Guerra Mundial.

El Tratado de Maastricht (1992) es el hito fundacional de la Unión Europea tal como la conocemos. La diferencia entre una Comunidad Económica y una Unión Económica radica en que la primera se centra principalmente en facilitar los intercambios económicos, mientras que la segunda implica una integración mucho más profunda entre los países miembros, abarcando políticas comunes en diversas áreas.

Instituciones de la Unión Europea

Las instituciones son los organismos que rigen la Unión Europea, constituyendo su estructura organizativa.

• El Consejo Europeo: Es el organismo que define la orientación política general y las prioridades de la Unión Europea. Está compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, junto con su Presidente y el Presidente de la Comisión Europea. Se reúne habitualmente cuatro veces al año, aunque su Presidente puede convocar reuniones extraordinarias para tratar asuntos urgentes.
• El Consejo de la Unión Europea (o Consejo de Ministros): Es la principal institución legislativa de la UE, junto con el Parlamento Europeo. Está compuesto por los ministros de cada Estado miembro, en función de la materia que se vaya a tratar (ej. ministros de economía, de agricultura, etc.).

Las decisiones en el Consejo de la Unión Europea se adoptan, en la mayoría de los casos, por mayoría cualificada. Esta requiere el voto favorable de al menos el 55% de los Estados miembros (actualmente 15 de 27 países) que representen, como mínimo, el 65% de la población total de la UE.

• El Parlamento Europeo: Es la institución legislativa de la UE elegida directamente por los ciudadanos europeos. Sus miembros (eurodiputados) son elegidos por sufragio universal directo en elecciones que se celebran cada cinco años, distribuyéndose los escaños entre los países miembros en función de su población.

Sus funciones principales incluyen:

• Aprobar la legislación de la Unión Europea.
• Ejercer el control democrático sobre las demás instituciones de la UE.
• Aprobar el presupuesto de la Unión Europea.
• Elegir al Defensor del Pueblo Europeo.
• Aprobar acuerdos internacionales importantes.
• Elegir al Presidente de la Comisión Europea.

La Comisión Europea: Su función principal es representar y defender los intereses de la Unión Europea en su conjunto. Está compuesta por un comisario por cada Estado miembro, quienes deben actuar con total independencia de sus gobiernos nacionales. Cada comisario es responsable de una cartera específica (ej. transportes, medio ambiente, competencia, etc.). La Comisión se renueva cada cinco años, en un plazo de seis meses tras las elecciones al Parlamento Europeo.

• El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): Está integrado por un juez por cada Estado miembro. El Tribunal General, que forma parte del TJUE, tiene la misión de asistir al Tribunal de Justicia principal para hacer frente al elevado número de casos planteados.
• El Tribunal de Cuentas Europeo: Se compone de un miembro por cada Estado miembro de la UE, designados por el Consejo por un periodo renovable de seis años. De entre sus miembros se elige a un Presidente por un periodo de tres años. Su principal función es comprobar la correcta ejecución del presupuesto de la Unión Europea.

El Acto Administrativo

Características del Acto Administrativo

• Solo son actos administrativos aquellos que dicta la Administración Pública con sujeción al Derecho Administrativo. Deben estar amparados por la legislación; por ejemplo, un alcalde no puede imponer una multa si carece de la potestad legal para ello.
• Se dictan en virtud de una potestad administrativa legalmente atribuida.
• Son emitidos por el órgano competente y se ajustan al procedimiento legalmente establecido. Por ejemplo, las multas deben ser comunicadas en plazos específicos (ej. 6 meses para infracciones graves, 1 mes para leves); si no se notifican en dicho plazo, el acto administrativo podría ser nulo o anulable, dependiendo de la normativa aplicable.
• No pueden vulnerar la Constitución ni las leyes.
• El acto administrativo debe ser publicado donde corresponda, si así lo exige la normativa.
• El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será adecuado a los fines que persiguen.
• Las resoluciones y actos administrativos de carácter particular no pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general.

Elementos del Acto Administrativo

• Subjetivos: Se refieren al órgano que emite el acto. Un acto administrativo debe ser realizado por el órgano que ostenta la competencia legal para ello. Las competencias están distribuidas entre las distintas administraciones (estatal, autonómica, local).
• Objetivos: Se refieren al contenido y al fin del acto administrativo. El objetivo puede ser la imposición de una sanción, la adopción de una decisión, la resolución de un recurso, etc. Cualquier decisión tomada por la administración debe materializarse en un acto administrativo.
• Motivación: Todos los actos administrativos deben estar motivados, es decir, deben expresar de forma clara y concisa los hechos y fundamentos de derecho que los justifican. La falta de motivación puede acarrear la nulidad del acto. El administrado afectado tiene derecho a conocer los motivos para poder ejercer su derecho de defensa y recurrir el acto. Por ejemplo, una multa de tráfico sin especificar el lugar o la infracción impide al ciudadano defenderse adecuadamente.
• Formales: Se refieren a la forma en que se exterioriza el acto. Todos los actos administrativos deben cumplir con una forma determinada y ser comunicados de manera fehaciente, es decir, de forma que quede constancia de su recepción por el interesado.

Eficacia y Validez del Acto Administrativo

Sujetos obligados a la notificación electrónica:

• Las personas jurídicas (sociedades anónimas, limitadas, etc.).
• Las entidades sin personalidad jurídica (comunidades de bienes, fundaciones, etc.).
• Quienes ejerzan una actividad profesional que requiera colegiación obligatoria (arquitectos, abogados, etc.).
• Todos aquellos que ejerzan una actividad profesional.

Si el interesado se niega a recibir una notificación o no la recoge en el plazo establecido (generalmente 10 días), se considerará notificada a todos los efectos, aunque no haya sido firmada. Todo acto administrativo debe ser debidamente notificado para su eficacia.

Nulidad y Anulabilidad del Acto Administrativo

Un acto es nulo de pleno derecho cuando adolece de un vicio grave que implica su inexistencia jurídica desde el origen, careciendo de efectos públicos y no pudiendo ser convalidado. Por ejemplo, si un acto es dictado por un órgano manifiestamente incompetente (como un encargado de hacienda del ayuntamiento imponiendo una multa de tráfico sin potestad para ello), es nulo. En cambio, si te llega una multa con una matrícula incorrecta, ese hecho es anulable, ya que el vicio es subsanable o recurrible, y el acto produce efectos mientras no sea anulado.

• Un acto anulable es aquel que presenta defectos menos graves que, si son recurridos y estimados, pueden llevar a su anulación. Produce efectos jurídicos mientras no sea anulado.
• Un acto nulo es como si nunca hubiera existido.

La anulabilidad se refiere a la posibilidad de que una disposición o acto administrativo sea anulado si incurre en algún defecto que no es subsanado en el plazo establecido. Los actos anulables producen efectos jurídicos mientras no sean declarados nulos o anulados.

Términos y Plazos en el Procedimiento Administrativo

El plazo es un período de tiempo durante el cual se puede realizar un acto o trámite (por ejemplo, si se concede un plazo de 10 días para un trámite, este puede realizarse en cualquier momento dentro de esos días).

El término es el momento o la fecha límite en que debe realizarse un acto o trámite (por ejemplo, si se fija un término de 10 días para un trámite, este debe realizarse al finalizar esos días).

Procedimiento Administrativo y Recursos

El Procedimiento Administrativo Común

La Constitución Española de 1978 dispone que la ley regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

El Silencio Administrativo

La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

En cada procedimiento se establece el plazo máximo que tiene la Administración para resolver y notificar, el cual no puede exceder de seis meses. Si no se fija un plazo específico, este será de tres meses y se contará, en los procedimientos iniciados de oficio, desde el momento en que se acordó su iniciación.

Cuando transcurre este plazo sin que la Administración haya dictado y notificado resolución expresa, se produce el silencio administrativo. La ley establece sus consecuencias y efectos en función de cómo se haya iniciado el procedimiento, determinando en cada caso si ese silencio se considera positivo (estimatorio) o negativo (desestimatorio). Los actos producidos por silencio administrativo también se denominan actos presuntos.

Recursos Administrativos

Si el acto administrativo aún no ha puesto fin a la vía administrativa, es decir, que todavía puede ser recurrido ante un órgano superior, el interesado puede interponer el recurso de alzada o, en su caso, el recurso de reposición. Estos recursos son incompatibles entre sí en cuanto a su interposición simultánea.

Un acto administrativo no pone fin a la vía administrativa cuando aún es susceptible de ser impugnado ante un órgano superior dentro de la propia Administración, permitiendo al interesado agotar las vías de reclamación administrativas antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

• Recurso de reposición: Se interpone ante el mismo órgano administrativo que dictó el acto impugnado, solicitando su revisión o modificación. Se utiliza cuando se considera que el órgano ha incurrido en un error o cuando se aportan nuevas circunstancias que podrían cambiar la decisión.
• Recurso de alzada: Se interpone ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto administrativo. Es el recurso adecuado cuando se impugna la legalidad del acto o la competencia del órgano inferior.

Es importante destacar que, si se interpone el recurso de reposición, no se puede interponer simultáneamente el de alzada. Una vez resuelto el de reposición (o transcurrido el plazo para su resolución por silencio), se puede interponer el recurso de alzada.

• Recurso extraordinario de revisión: Se interpone contra actos administrativos firmes en vía administrativa, es decir, aquellos contra los que ya no cabe ningún recurso ordinario. Su interposición está limitada a causas tasadas y muy específicas, como la aparición de documentos de valor esencial desconocidos o errores de hecho manifiestos en el acto administrativo (ej. una multa con datos erróneos como matrícula o vehículo).

Un acto es nulo cuando se ha dictado sin la motivación legalmente exigida o con una motivación insuficiente.

Un acto es anulable cuando presenta defectos que, sin ser de la gravedad de la nulidad, afectan a su validez o a la correcta aplicación de la normativa.

Documentos Administrativos y Administración Electrónica

Documentos Oficiales Más Usuales

• Solicitud o Instancia: Es el documento mediante el cual los interesados inician un procedimiento administrativo, solicitando una actuación o reconocimiento de un derecho por parte de la Administración.
• Acuerdo: Es la resolución o decisión adoptada por la Administración en respuesta a una solicitud o en el curso de un procedimiento. Tras un acuerdo, el interesado puede tener la posibilidad de presentar alegaciones si considera que no se han tenido en cuenta determinadas circunstancias.
• Alegaciones: Son los argumentos, hechos o fundamentos de derecho que los interesados presentan durante un procedimiento administrativo para defender sus intereses, oponerse a una propuesta de resolución, o solicitar la revisión de un acuerdo.

Documentos de Comunicación Administrativa

• Oficio: Es un documento oficial utilizado para la comunicación escrita entre diferentes organismos o unidades administrativas (ej. entre un ayuntamiento y la Agencia Tributaria).
• Nota Interior: Documento de comunicación interna utilizado entre unidades o departamentos que pertenecen al mismo órgano administrativo.

• Certificado: Documento oficial que acredita o da fe de un hecho, acto o situación de carácter personal o administrativo, con la finalidad de que surta efectos en el ámbito público o privado.
• Resolución: Es el documento que formaliza la decisión expresa del órgano competente en un procedimiento administrativo, poniendo fin al mismo y resolviendo todas las cuestiones planteadas.
• Certificado de Acto Presunto: Es un documento que acredita la producción de un acto por silencio administrativo. Si la Administración no ha dictado y notificado resolución expresa en el plazo legal, el interesado puede solicitar un certificado que acredite la existencia de dicho acto presunto, especificando si es positivo o negativo.

La Administración Electrónica

Identidad Digital y Notificaciones Electrónicas

La normativa establece que las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo mediante la comprobación de su nombre y apellidos o razón social, según corresponda, a través de documentos oficiales como el Documento Nacional de Identidad (DNI) o el Número de Identificación Fiscal (NIF).

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de diversos sistemas que garanticen su identidad, como el DNI electrónico, certificados digitales o sistemas de clave concertada (Cl@ve).