Portada » Historia » De la Dictadura de Franco a la España Democrática
En enero de 1938 comenzaba la construcción del nuevo Estado. Se estableció como un sistema totalitario, inspirado en los Estados fascistas. Sus características ideológicas más notables fueron:
El Estado franquista no poseyó un texto constitucional, sino un conjunto de normas de rango superior, las llamadas Leyes Fundamentales, con las que la dictadura franquista pretendió dar una imagen de legalidad:
En los primeros tiempos, el régimen franquista se autodenominó nacionalsindicalista (pretendía ser una “tercera vía” diferenciada del capitalismo y del socialismo). Pero a partir de 1942-43, cuando la Segunda Guerra Mundial empezaba a decantarse hacia el bando aliado, cambió su denominación por la de democracia orgánica, a la que habría que dotar de unas instituciones que pudieran ser aceptables por los previsibles vencedores, los aliados. El régimen pretendía así desmarcarse del nazismo alemán y del fascismo italiano y acentuar su carácter católico y anticomunista (ya por esas fechas comenzaba a ponerse de relieve las diferencias entre la URSS y el resto del bando aliado, los países democráticos occidentales, que cristalizarían en la llamada “guerra fría”).
Pocos meses después de concluir la Guerra Civil, se inició la II Guerra Mundial, determinante para las relaciones internacionales del régimen. España se alineó con las potencias del Eje (Alemania e Italia) pero no entró en la Guerra (no beligerancia). Suministró materias primas al Eje y apoyó a Alemania en la invasión de la URSS con la División Azul. A partir de 1942, España volvió a la neutralidad y empezó a cuidar las relaciones con los aliados. Al finalizar la guerra, comenzó el bloqueo internacional (político y económico). Los embajadores de los países abandonaron España.
Con el comienzo de la Guerra Fría, la actitud de los países occidentales fue desentumeciéndose. EEUU restituye a su embajador en España en 1950. En diciembre del mismo año, la ONU ponía fin al aislamiento. Destacaron también la firma del Concordato con el Vaticano en 1953, los pactos militares con EEUU (septiembre de ese año) y el ingreso en la ONU en 1955. El régimen político español quedaba reconocido. En 1962 solicitó el ingreso en la Comunidad Económica Europea. No fue admitida, pero consiguió un Acuerdo Preferencial con ciertos privilegios comerciales (1970).
Cuando finalizó la guerra, la economía estaba profundamente desarticulada. Las muertes, la represión y el exilio causaron un enorme descenso de la población activa. Las autoridades optaron por la autarquía económica (autosuficiencia) y la intervención del Estado, según el modelo fascista italiano.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la ONU condenó el régimen español, decretando un bloqueo diplomático (retirada de embajadores de casi todos los países) y económico. Esto último en la práctica no se llevó a cabo del todo, pues los suministros de petróleo siguieron llegando. Además, la Argentina gobernada por el general Perón envió grandes cantidades de alimento. Se inicia un proceso de ruralización potenciando el trabajo agrario. Desde el Estado se controla el mercado. Los productores estaban obligados a vender la totalidad de la producción al Estado a un precio fijado por este, siendo el Estado el único que puede vender los productos a precio también regulado (cartillas de racionamiento). De inmediato surgieron los estraperlistas y el mercado negro que, gracias a la corrupción generalizada, permitió a las familias pudientes evitar la situación desesperada que sí tuvieron que afrontar la gran mayoría de los españoles.
Para el fomento de la industria, se creó el Instituto Nacional de Industria (INI), que otorgaba ayudas para la constitución de empresas. También se crearon empresas públicas en sectores estratégicos (Iberia, Endesa, Renfe). Ante el desastre provocado por la autarquía, Franco cambió el gobierno en 1951 para que llevasen a cabo medidas que impulsaran la economía. Estas medidas permitieron un desarrollo económico moderado.
En 1952 se puso fin al racionamiento y en 1954 la renta per cápita superó a la que había antes de la Guerra Civil. Sin embargo, provocó una subida de los precios (inflación), y comenzaron los primeros signos de descontento social en las calles.
En 1957 Franco remodeló el gobierno, poniendo como ministros a tecnócratas del Opus Dei (Navarro Rubio, Ullastres, López Rodó). Fue clave el Plan de Estabilización (1959) que sentó las bases para el crecimiento económico. Los caracteres principales fueron:
El Plan de Estabilización tuvo efectos positivos como el desarrollo industrial y turístico, la mejora del nivel de vida, la inversión de capital extranjero o renovación tecnológica. Pero a cambio, se produjo un notable incremento del paro, que tendrá como válvula de escape la emigración a la Europa en desarrollo.
A partir de 1963 se pusieron en marcha los Planes de Desarrollo, que intentaron orientar la inversión privada hacia sectores clave, los Polos de desarrollo. Pretendían la industrialización de las regiones más atrasadas y hubo en total tres planes de desarrollo, de periodicidad cuatrienal.
La eficacia de estas medidas fue inferior a la estimada y, aunque la economía siguió creciendo, lo hizo de forma desequilibrada, con regiones que se subieron al tren industrial, como Cataluña o País Vasco, y otras que siguieron vinculadas al mundo agrario, como Andalucía o Murcia.
No obstante, el desarrollo económico se tradujo en el aumento del bienestar: el rápido crecimiento de las ciudades, la construcción de viviendas, la difusión de los electrodomésticos, la televisión o los coches (en especial el Seiscientos, verdadero símbolo de la nueva era).
El franquismo impuso profundos cambios en la vida cotidiana con restricciones a las libertades democráticas y un absoluto control de la información, provocando un retroceso ideológico y cultural. La sociedad española de los años 40 y 50 estuvo marcada por el atraso, el hambre y la pobreza. Se produjo una vuelta al campo. La propaganda del régimen ensalzaba las virtudes de la vida sencilla del campo frente a los peligros de la vida en la ciudad. La Iglesia Católica impulsó una recatolización de la sociedad española con una labor especialmente activa en la educación. Las escuelas españolas, después de una gran purga, quedaron bajo control de los católicos. Se introdujo en la enseñanza clases obligatorias de Formación Política (para enseñar la teoría falangista) y existían organismos de encuadramiento social (Frente de Juventudes, Sección Femenina).
Con la expansión económica en los 60 y los consiguientes cambios demográficos (baby boom), la sociedad cambió, se hizo más moderna. Hubo mucha movilidad social. Con el éxodo rural, más de un millón de trabajadores emigraron a Francia, Suiza y Alemania.
La familia empezó a experimentar cambios: incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar (aunque de forma débil), el mayor nivel de ingresos de los padres hizo menos apremiante la aportación de los hijos a la economía familiar. Este mayor poder adquisitivo de las familias dio lugar al consumismo. Los hogares se empezaron a equipar con un nuevo menaje y con él nuevas formas de comercio (venta a plazos). Los medios de comunicación (prensa, radio y especialmente TV) facilitaron una mejor información y una más amplia cultura.
Aumentan las inversiones del Estado en enseñanza y el analfabetismo disminuyó. La Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de 1970 hizo obligatoria la escolaridad hasta los 14 años. La mayor parte de los jóvenes accedió a estudios que hasta entonces se habían considerado de tipo medio-alto. Hubo también cambios en el terreno religioso. Con el Concilio Vaticano II, un sector de la iglesia española empieza a distanciarse de Franco. La sociedad se hizo más secularizada, abierta y tolerante, más parecida a la europea.
El régimen, al llegar los años 70, había sido incapaz de adaptarse a los profundos cambios que se habían producido en España. Un momento decisivo fue el asesinato a manos de ETA del vicepresidente Carrero Blanco el 20-12-1973. Se conformaron dos grupos de políticos: los inmovilistas y los aperturistas o reformistas. En enero de 1974 se formó un nuevo gobierno presidido por Carlos Arias Navarro, aperturista.
La firma de cinco sentencias de muerte a miembros de ETA y del FRAP en septiembre de 1975 originó numerosas peticiones de clemencia de varios jefes de Estado y de gobierno. La ejecución provocó una oleada de protestas internacionales y conflictos diplomáticos, incluso con el Vaticano.
En octubre tuvo lugar el conflicto del Sáhara. Hasan II, rey de Marruecos, organizó la “Marcha Verde”, una invasión pacífica del territorio. El Acuerdo de Madrid (14 de noviembre) permitía el reparto del Sáhara español entre Marruecos y Mauritania. No se tuvieron en cuenta las reivindicaciones independentistas de los propios saharauis ni las resoluciones de la ONU recomendando la descolonización del territorio.
Suárez quería evitar a toda costa la posibilidad de que el Ejército se pusiera en pie de guerra y acabara la transición democrática con un golpe de Estado. Para ello adoptó dos medidas: nombrar como ministro de Defensa al general Gutiérrez Mellado, un hombre liberal cuya misión sería controlar a los posibles militares golpistas; y prometió que la transición a la democracia se realizaría respetando la legalidad vigente, es decir, sin apartarse de las leyes del Franquismo. Este era el objetivo de la Ley para la Reforma Política, presentada a las Cortes en septiembre de 1976.
Los diputados de las Cortes franquistas acabaron aceptando esta ley que implicaba su propia desaparición: definía al Estado como una democracia, asumiendo una de las reivindicaciones más importantes de la oposición al régimen franquista; proponía disolver las Cortes franquistas y transformarlas en un Congreso de los Diputados y un Senado escogidos por sufragio universal y anunciaba la convocatoria de unas elecciones democráticas con la participación de los partidos políticos. El 15 de diciembre de 1976, la Ley fue sometida a referéndum, consiguiendo una abultada mayoría de votos favorables.
En los meses que van desde diciembre de 1976 (referéndum de la Ley para la Reforma Política) hasta junio de 1977 (celebración de las primeras elecciones democráticas), la violencia callejera alcanzó sus mayores cotas, tanto por parte de ETA y el GRAPO (grupos de extrema izquierda) como de extrema derecha (atentado contra los abogados laboralistas de CC.OO. de Madrid, enero de 1977). La conflictividad en las universidades y en las empresas no cesó en ningún momento, contribuyendo así a crear la sensación de provisionalidad e inseguridad. Los rumores que hablaban de la inminencia de un golpe de Estado militar, alentados por la prensa de extrema derecha, fueron permanentes.
Tal y como había prometido, el presidente Suárez fue legalizando poco a poco a los partidos políticos y a los sindicatos. Fue especialmente conflictiva la legalización del PCE, ocurrida el Sábado Santo de 1977 para aprovechar que muchos militares estaban de vacaciones de Semana Santa, queriendo evitar así una posible reacción golpista.
Tras una intensa campaña, se celebraron con normalidad las primeras elecciones de la transición a la democracia el 15 de junio de 1977. El partido vencedor fue Unión de Centro Democrático (UCD), un partido de centro-derecha recién creado por el presidente Suárez (35 % votos).
El PSOE, con el 30 % de los votos, ganó la “batalla de la izquierda” al PCE (solo el 9 %). El partido de derecha, Alianza Popular, fue el otro gran derrotado (8 % de los votos). De todos los grupos nacionalistas, solo el PNV de Arzallus y los catalanes de Pujol obtuvieron representación parlamentaria.
El nuevo gobierno de Suárez formado en julio de 1977 ya tenía la legitimación de las urnas. Sus objetivos a partir de entonces serán combatir la crisis económica, iniciar negociaciones con la Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea), realizar una profunda reforma fiscal, comenzar el proceso de descentralización política y administrativa y, como tarea más inmediata y de mayor trascendencia, entablar conversaciones con las demás fuerzas políticas con el fin de negociar la redacción y aprobación de una constitución.
Respecto a la economía, hay que recordar que desde 1973 se vivía en todo el mundo una grave crisis económica cuyos efectos se reflejaban en la subida desmesurada de los precios (inflación del 26 % en 1977), el aumento del déficit público, el cierre de empresas y el crecimiento imparable del desempleo. La coincidencia de la transición política de la dictadura a la democracia con esta coyuntura de crisis económica internacional (con el consiguiente malestar social) hizo temer a muchos por la recién nacida democracia.
El nuevo ministro de Economía (Fuentes Quintana) y el propio presidente Suárez consiguieron que en octubre de 1977 los partidos políticos, sindicatos y empresarios firmaran un gran acuerdo económico, conocido como los Pactos de la Moncloa. Estos buscaron los puntos de vista comunes y dejaron de lado o cedieron en los aspectos donde no era posible el acuerdo. A esta forma de actuar se la llamó política del “consenso”.
Tras la aprobación de la Constitución, el gobierno optó por convocar elecciones generales para el 1 de marzo de 1979. Los resultados fueron muy similares a los de 1977, con un nuevo triunfo de la UCD. El último gobierno de Suárez se caracterizó por una profunda inestabilidad política y por una crítica permanente a su gestión. Entre los muchos problemas que dificultaron la labor del gobierno, se podrían destacar los siguientes:
En enero de 1981, Adolfo Suárez presentó su dimisión. En la tarde del 23 de febrero de 1981, mientras se procedía a la votación de Calvo Sotelo como nuevo presidente de gobierno, el Congreso de los Diputados fue asaltado por un grupo de guardias civiles al mando del teniente coronel Tejero. España vivió unas largas horas de tensión e incertidumbre. Finalmente se rindieron. La prueba más difícil a la que se había sometido la joven democracia española se había superado.
Calvo Sotelo como jefe de gobierno mantuvo casi intacto el gabinete de Suárez. Lo más destacable de su política interior fue el relanzamiento del proceso autonómico. En mayo de 1982 se formalizó el ingreso de España en la OTAN. Esta actuación del gobierno levantó una ola de protestas. El PSOE se comprometió, si ganaba las elecciones, a someter a referéndum nacional la permanencia de España en la OTAN.
Adolfo Suárez abandonó UCD en julio de 1982 y fundó un nuevo partido, el Centro Democrático y Social (CDS). Calvo Sotelo, decidió disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones para octubre de 1982. El PSOE ganó por mayoría absoluta. El triunfo del PSOE se puede considerar el final definitivo de la transición.
El PSOE, que había moderado su discurso, consiguió la mayoría absoluta en las elecciones de 1982 y se mantuvo en el poder hasta 1996 bajo el liderazgo de Felipe González. La situación económica siguió siendo muy delicada en los años 80, por ello el gobierno se vio obligado a llevar a cabo un duro reajuste económico, la Reconversión Industrial (1982-85) (cierre de empresas poco rentables con el consiguiente aumento del paro, privatización de empresas públicas…). El objetivo de la reconversión era reducir la inflación y llegar a una situación económica mínimamente competitiva de cara al Tratado de Adhesión de España y Portugal a la CEE (1986).
Una vez integrada en la CEE, la situación económica española fue mejorando (1986-1991) realizándose grandes inversiones públicas en carreteras y puertos. Sin embargo, la reconversión industrial había perjudicado sobre todo a los trabajadores; por ello, los sindicatos (UGT y CCOO) acusaron al gobierno de practicar una política neoliberal y proclamaron la huelga general en 1988, cuyo éxito empujó al PSOE a realizar notables reformas sociales.
Las reformas sociales condujeron al llamado “estado del bienestar”; se centraron en la educación universitaria y no universitaria. Se decreta la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años. Se universaliza la Seguridad Social. Se despenaliza el aborto.
El terrorismo de ETA fue especialmente cruel entre 1978 y 1991. Durante los 80, los gobiernos socialistas llevaron a cabo todo tipo de tácticas para acabar con el terrorismo: la negociación con Francia consiguió que este país negara el asilo a los etarras desde 1984, el consenso entre los partidos políticos contra el terrorismo (Pacto de Madrid, 1987 y Pacto de Ajuria Enea, 1988) e incluso la negociación con la propia ETA (Conversaciones de Argel, 1987-88). Por su parte, algunos políticos socialistas vascos se vieron mezclados en la organización de los GAL, grupos terroristas que actuaron contra ETA en el sur de Francia entre 1983-87.
En 1992 se celebraron las Olimpíadas de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. Con estos actos el gobierno quería dar propaganda internacional de su gestión que, tras 10 años de gobierno, había asegurado la democracia y había superado la crisis económica.
También en 1992 España participaba en la firma del Tratado de Maastricht. En este, la CEE (refundada como UE) decidía profundizar en la integración económica y política. Así se decretaban los criterios de convergencia para llegar a la moneda única. El cumplimiento de los criterios de convergencia (bajada de los tipos de interés, control de la inflación, del gasto público y de la deuda pública), ponían en evidencia los problemas estructurales de la economía española (más profundos en la crisis de 1992-93).
Mientras el PSOE gobernaba, la oposición política de derechas se fue reforzando. En 1989 Aznar refundó Alianza Popular con el nombre de Partido Popular. Ya en 1993 tuvo buenos resultados y obtuvo la mayoría relativa en las elecciones de 1996.