Grados de Invalidez de los Actos Administrativos

En el ámbito del Derecho Administrativo, la invalidez de los actos puede manifestarse en dos grados principales: la nulidad de pleno derecho y la anulabilidad. Se distinguen cuatro diferencias fundamentales entre ambas:

• 1. Imprescriptibilidad vs. Prescripción: La nulidad es un vicio de carácter imprescriptible, lo que significa que puede ser alegada en cualquier momento. Por el contrario, la anulabilidad prescribe por el transcurso de un plazo determinado, limitando el tiempo para su alegación.
• 2. Efectos Retroactivos vs. Efectos desde la Declaración: La declaración de nulidad de un acto tiene efectos retroactivos (ex tunc), lo que implica la eliminación radical del acto, considerándose que nunca ha existido. En contraste, la anulación provoca efectos desde el momento de la declaración (ex nunc), lo que significa que, aunque el acto sea eliminado, sí tuvo existencia hasta ese momento.
• 3. Vicio de Orden Público vs. Alegación de Parte: La nulidad es un vicio de orden público, lo que permite al tribunal apreciarla de oficio, incluso si no ha sido alegada por las partes en la demanda. Por el contrario, los vicios de anulabilidad deben ser alegados expresamente por las partes en el proceso. Si un vicio de anulabilidad se recalifica como nulidad, el juez sí puede actuar, dada la mayor gravedad de la nulidad.
• 4. Insubsanabilidad vs. Subsanabilidad: La nulidad es un vicio insubsanable, lo que impide su enmienda mediante una actuación administrativa posterior. En cambio, la anulabilidad es un vicio subsanable, permitiendo que los actos anulables sean convalidados.

La Autotutela Administrativa: Declarativa y Ejecutiva

La Administración Pública posee la capacidad de proteger sus propios intereses y hacer cumplir sus decisiones, lo que se conoce como autotutela. Se distinguen dos tipos:

Autotutela Declarativa

La autotutela declarativa implica que los actos administrativos son eficaces y aplicables desde el momento de su dictado, sin necesidad de requisitos adicionales (Art. 38.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas – LPAC).

Autotutela Ejecutiva

La autotutela ejecutiva confiere a la Administración Pública la potestad de ejecutar sus propios actos por sí misma cuando el particular no los cumple, también conocida como ejecución de oficio (Art. 99 LPAC).

Ejecución de los Actos Administrativos

Cuando un particular no cumple voluntariamente un acto administrativo, la Administración Pública dispone de diversos medios para su ejecución forzosa:

Apremio sobre el Patrimonio

Consiste en la actuación directa sobre los bienes del sujeto obligado, que acaban siendo embargados por la Administración Pública. Su uso es el más común y se aplica para:

• Ejecutar el contenido de actos administrativos.
• Cuando la Administración Pública ha tenido que realizar ejecuciones subsidiarias.
• Imponer multas coercitivas.
• Casos de obligaciones personalísimas que sean convertidas en obligaciones de resarcimiento de daños y perjuicios por imposibilidad de su ejecución material.

Ejecución Subsidiaria

La Administración Pública (o un tercero por encargo de esta) sustituye al sujeto obligado en el cumplimiento del acto, pero a costa del obligado. Se transforma la obligación inicial en otras dos:

• Soportar la actuación de otro sujeto.
• Pagar los gastos de la operación.

Multa Coercitiva

Consiste en la presión económica al sujeto obligado, conminándole la Administración Pública a ejecutar el acto bajo la advertencia de que, en caso contrario, deberá abonar una cantidad líquida. Es importante destacar que, a pesar de su denominación, no es una sanción, sino una medida de constreñimiento. Opera para la ejecución de los siguientes actos:

• Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado.
• Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración Pública no la estimara conveniente.
• Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona, es decir, que no sean personalísimos.

Compulsión sobre Personas

Consiste en la coerción no ya económica, sino física del sujeto obligado. Este medio está restringido a las obligaciones personalísimas de no hacer o de soportar. Dada su incidencia sobre el derecho constitucional a la libertad, necesita estar autorizado expresamente por una ley. Las personas al servicio de la Administración Pública que realicen estos actos deben tener la condición de funcionarios.

Fases del Procedimiento Administrativo

El procedimiento administrativo se estructura en varias fases clave para garantizar la legalidad y la eficacia de la actuación administrativa:

Iniciación

Se inicia mediante un acto de incoación del expediente, adoptado por la Administración Pública de oficio o a solicitud de personas interesadas.

Iniciación de Oficio

Por acuerdo del órgano competente, aunque el estímulo puede ser variado:

• Iniciativa propia del órgano.
• Por orden de un superior.
• Petición razonada de otros órganos.
• Denuncia de un particular.

Iniciación a Solicitud del Interesado

Se rige por los siguientes aspectos:

1. Requisitos Mínimos de la Solicitud

• Aspectos formales.
• Objeto de la solicitud.
• Contenido accidental.
• Modelos oficiales.
• Solicitudes conjuntas.
• Documentación complementaria y declaración responsable.

2. Medios de Presentación de la Solicitud

• En el registro electrónico de la Administración Pública u Organismo al que se dirijan.
• En las oficinas de correos.
• En las oficinas de asistencia en materia de registros.

3. Subsanación de Defectos y Mejora de la Solicitud

Cuando se omite un documento o se detectan defectos, el interesado dispone de un plazo de diez días para subsanar o mejorar la solicitud, a contar desde la comunicación de la Administración.

Instrucción

Consiste en la realización de una serie de actos al objeto de proporcionar al órgano decisor los elementos de juicio necesarios para adoptar la decisión más ajustada a Derecho y al interés público.

1. Alegaciones

• Declaraciones escritas del interesado orientadas a justificar sus pretensiones, que puede presentar en cualquier momento, pero siempre antes del trámite de audiencia.
• Deben ser tenidas en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
• Representan la argumentación del interesado para justificar sus pretensiones.

2. Información Pública

• Se podrá acordar cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera (potestativo).
• El anuncio se publicará en el diario oficial correspondiente, a efectos de que, en un plazo no inferior a 20 días, y a la vista del expediente, pueda “cualquier persona” formular las propuestas que estime pertinentes.

3. Prueba

• Acto de trámite destinado a verificar la realidad de los hechos que han de servir de fundamento a la resolución final.
• La apertura del periodo de prueba se realiza por la Administración Pública: de oficio o a instancia de parte interesada.
• La Ley permite cualquier medio de prueba admitido en Derecho.

4. Informes o Dictámenes

• Actos de trámite destinados a ilustrar al órgano decisor en los aspectos técnicos o jurídicos del asunto a decidir.
• Tipologías:
  • Preceptivos o facultativos.
  • Vinculantes o no vinculantes.
• Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.

5. Audiencia al Interesado

• Trámite de carácter preceptivo.
• Su omisión podría dar lugar a la indefensión del interesado y la invalidación de las actuaciones posteriores.

Terminación

El procedimiento puede finalizar de distintas maneras:

1. Por Resolución

• Acto que pone fin al procedimiento.
• Es frecuente que le preceda la llamada “propuesta de resolución”: corresponde dictarla al órgano instructor, después del trámite de audiencia y antes del informe de la asesoría jurídica u órgano consultivo. Tiene carácter preceptivo y vinculante.
• Lo normal y deseable es que sea expresa.
• Contenido de la resolución:
  • Debe incluir la decisión administrativa.
  • No es obligatorio motivarla salvo en los supuestos del Art. 35.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP).

2. Terminación Convencional

• Es otra modalidad de terminación normal del procedimiento.
• Límites: Los pactos o convenios no pueden:
  • Ser contrarios al Ordenamiento Jurídico.
  • Versar sobre materias no susceptibles de transacción.
• Deben tener por objeto la satisfacción del interés público que tienen encomendado.

3. Desistimiento de la Solicitud y Renuncia al Derecho

Constituyen otros modos de terminación del procedimiento administrativo que suponen el apartamiento voluntario de la acción emprendida.

• Desistimiento de la solicitud: Decisión del interesado de no proseguir con el procedimiento para que se resuelva la petición solicitada.
• Renuncia al Derecho: Decisión con importantes consecuencias materiales: el interesado pierde la titularidad del derecho afectado, no pudiendo en el futuro volver a reproducir una petición fundada en el derecho al que renunció.

Estas decisiones pueden adoptarse en cualquier momento del procedimiento:

• Ya sea por comparecencia ante el funcionario que instruye el expediente, mediante escrito o a través de representante.
• La Administración Pública está obligada a su aceptación sin más trámite.

4. Por Caducidad

Implica la paralización del procedimiento. Supuestos:

• A. Por inactividad del interesado: En procedimientos iniciados a instancia del interesado, se requiere advertencia previa por la Administración Pública de que, transcurridos tres meses sin la debida actuación del interesado, declarará su caducidad con archivo del expediente.
• B. Por inactividad de la Administración Pública: En procedimientos iniciados de oficio susceptibles de producir efectos desfavorables para los interesados, se entenderán caducados cuando haya transcurrido el plazo máximo sin que haya recaído y se haya notificado resolución expresa, salvo que la paralización del expediente sea imputable al interesado, en cuyo caso se interrumpe el cómputo del plazo para resolver y notificar el procedimiento.

5. Imposibilidad Material

Circunstancias de muy variada índole que impidan o priven de sentido al procedimiento, siendo preciso, en tal caso, una resolución motivada.

Silencio Administrativo

El silencio administrativo es una técnica jurídica que atribuye un significado (concesión o denegación) a la inactividad de la Administración Pública cuando esta no resuelve y notifica un procedimiento dentro del plazo legal establecido. Surge del incumplimiento por parte de la Administración Pública de su deber legal de dictar y notificar una resolución expresa en plazo. Su objetivo es garantizar los derechos de los ciudadanos frente a la inactividad administrativa, por lo que cualquier interpretación debe favorecer al interesado.

Clases de Silencio Administrativo

• Silencio Administrativo Desestimatorio: El interesado puede considerar que su pretensión ha sido desestimada por silencio administrativo “a los solos efectos de posibilitar la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente”. No produce un verdadero acto administrativo, sino una “ficción legal” cuyo único efecto es abrir la vía de recurso. El ciudadano puede optar por interponer el recurso correspondiente, esperar una resolución expresa de la Administración, o iniciar un nuevo procedimiento mediante una solicitud.
• Silencio Administrativo Estimatorio: Significa la aprobación de la pretensión formulada por el particular. La norma suple la inactividad de la Administración Pública, concediendo ope legis al particular lo solicitado. El silencio estimatorio da lugar a la producción de un verdadero acto administrativo “presunto”. Se entiende que ha habido un acto administrativo presunto, pero acto administrativo. Mediante reglamento se puede establecer el silencio administrativo estimatorio, pero no el desestimatorio.

Recursos Administrativos

Los recursos administrativos son mecanismos que permiten a los interesados impugnar los actos de la Administración Pública.

Recurso de Reposición (Art. 123 LPAC)

Características principales:

• Instancia: A instancia de parte.
• Plazo de interposición: 1 mes contra actos expresos y 3 meses contra actos presuntos.
• Órgano competente: El mismo que dictó el acto, quien también lo resolverá.
• Actos revisables: Actos desfavorables que agotan la vía administrativa.
• Carácter: Voluntario.
• Motivos de revisión: Cualquier causa que genere invalidez.
• Plazo de resolución: 1 mes.
• Efecto del silencio: Desestimatorio.

Recurso de Alzada (Art. 121 LPAC)

Características principales:

• Instancia: A instancia de parte.
• Plazo de interposición: 1 mes contra actos expresos y 3 meses contra actos presuntos.
• Órgano competente: El órgano superior jerárquico al que dictó el acto.
• Actos revisables: Actos desfavorables que NO agotan la vía administrativa.
• Carácter: Obligatorio (para agotar la vía administrativa).
• Motivos de revisión: Cualquier causa que genere invalidez.
• Plazo de resolución: 3 meses.
• Efecto del silencio: Desestimatorio.

Recurso Extraordinario de Revisión

Recurso previsto para remediar situaciones de injusticia notoria producidas por actos viciados pero firmes, es decir, para aquellos supuestos en que:

• Hayan transcurrido los plazos para interponer un recurso ordinario.
• Hayan sido desestimados los recursos ordinarios.