Funciones del Tribunal Constitucional (TC)

El Tribunal Constitucional (TC) es el máximo intérprete de la Constitución Española y desempeña funciones cruciales para la salvaguarda del ordenamiento constitucional. Sus principales competencias son:

• Control de la Constitucionalidad de las Leyes

  El TC se encarga de verificar que las leyes, disposiciones normativas con rango de ley y actos con fuerza de ley se ajusten a la Constitución. Este control se ejerce a través de:

  • Recursos de inconstitucionalidad.
  • Cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por tribunales ordinarios.

• Control de la Constitucionalidad de los Tratados Internacionales

  El Tribunal puede declarar la inconstitucionalidad de los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución Española, asegurando que no se vulneren los principios fundamentales del ordenamiento jurídico.

• Garantía de los Derechos Fundamentales mediante el Recurso de Amparo

  Resuelve los recursos de amparo presentados por los ciudadanos cuando consideran que sus derechos fundamentales han sido vulnerados por actos de autoridades públicas o decisiones de tribunales ordinarios que no los protejan adecuadamente.

• Resolución de Conflictos de Competencias

  Dirime los conflictos de competencias que surjan entre:

  • El Estado y las Comunidades Autónomas.
  • Los diferentes órganos del poder público (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
  • Los órganos del poder judicial y otros órganos del Estado.

• Interpretación Vinculante de la Constitución

  Tiene la capacidad de realizar una interpretación vinculante de la Constitución, estableciendo criterios que deben seguir los tribunales y otros órganos del poder público.

• Control de la Validez de los Actos de los Poderes Públicos

  Puede declarar la inconstitucionalidad de los actos de los poderes públicos que infrinjan la Constitución, asegurando la coherencia del sistema jurídico y la supremacía constitucional.

• Decisiones sobre la Disolución de las Cortes Generales

  Tiene la competencia de declarar la disolución de las Cortes Generales cuando se den las condiciones establecidas por la Constitución (como en caso de disolución anticipada o en otras circunstancias excepcionales).

• Función Normativa en el Ámbito Constitucional

  Cumple una función normativa al establecer la interpretación y aplicación de la Constitución, actuando como garante de su integridad y autoridad.

• Garantía de la Soberanía Popular y la Representación Política

  Tiene la responsabilidad de asegurar que los procedimientos electorales y las representaciones políticas se ajusten a los principios constitucionales, especialmente a la soberanía popular y el principio de representatividad.

• Resolución de Recursos por Violación de la Ley del Referéndum

  Se encarga de resolver los recursos planteados por la violación de la Ley del Referéndum y otras leyes fundamentales que garantizan el funcionamiento adecuado del sistema político y electoral.

• Actuación en Procesos de Reforma Constitucional

  Tiene la función de controlar los procedimientos de reforma constitucional en relación con los principios que no pueden ser modificados, tales como los derechos fundamentales y la estructura básica del Estado.

• Control de la Constitucionalidad de las Normas del Procedimiento

  En ocasiones, el Tribunal también tiene la competencia de controlar la constitucionalidad de las normas del procedimiento, especialmente en aquellos casos que afectan los derechos fundamentales o los principios democráticos.

Funciones del Parlamento (Cortes Generales)

El Parlamento español, denominado Cortes Generales (compuesto por el Congreso de los Diputados y el Senado), ejerce diversas funciones esenciales en el sistema democrático:

Función Legislativa

El Parlamento tiene la competencia de elaborar, modificar y derogar leyes. Este proceso se lleva a cabo a través de la aprobación de proyectos de ley que pueden ser presentados por el Gobierno, los miembros del Congreso o el Senado. Las leyes aprobadas por ambas Cámaras deben ser sancionadas y promulgadas por el Rey.

Función de Control del Gobierno

El Parlamento ejerce el control sobre el Gobierno mediante varios mecanismos:

• Interpelaciones y preguntas: Los parlamentarios pueden exigir explicaciones al Gobierno sobre su actuación.
• Moción de censura: El Congreso puede destituir al Gobierno si obtiene el apoyo de la mayoría absoluta de los diputados.
• Cuestión de confianza: El Gobierno puede solicitar un voto de confianza al Congreso para asegurar su respaldo mayoritario.

Función Representativa

El Parlamento actúa como representante de la soberanía popular, ya que sus miembros son elegidos por los ciudadanos a través de elecciones generales. Representa a la sociedad en su conjunto y da voz a las diversas regiones y grupos políticos del país.

Función de Aprobación de los Presupuestos Generales del Estado

El Parlamento tiene la responsabilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que establecen la asignación de recursos para las políticas y actividades del Gobierno. Esto incluye la evaluación y aprobación de los ingresos y gastos del Estado.

Función de Designación y Control de Otros Órganos

El Parlamento participa en la designación de altos cargos, como los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). También tiene competencia sobre la organización de la justicia en España, garantizando la independencia del poder judicial.

Función Constituyente

El Parlamento desempeña un papel clave en la reforma constitucional. Cualquier modificación de la Constitución requiere procedimientos específicos con mayorías cualificadas en el Congreso y el Senado, y en algunos casos, la ratificación mediante referéndum.

Función de Ratificación de Tratados Internacionales

El Parlamento debe autorizar la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de determinados tratados internacionales negociados y firmados por el Gobierno. Esto asegura que los acuerdos internacionales estén en conformidad con la Constitución y los intereses nacionales.

Función de Control de la Política Exterior

Aunque la dirección de la política exterior corresponde al Gobierno, el Parlamento ejerce funciones de control y participa en la autorización de tratados internacionales, garantizando que se ajusten a los principios constitucionales.

Función de Control de la Administración Pública

El Parlamento supervisa la actuación de la Administración Pública y puede ejercer funciones de control a través de comisiones parlamentarias. Además, se asegura de que las acciones del Gobierno y las administraciones respeten la legalidad.

Función Electoral

El Parlamento participa en la elección de diversos órganos y cargos fundamentales del Estado, como el Defensor del Pueblo, los miembros del Tribunal de Cuentas y parte de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Función de Ratificación de la Disolución de las Cortes

El decreto de disolución de las Cortes Generales por parte del Presidente del Gobierno debe cumplir los procedimientos constitucionales, sin requerir una ratificación parlamentaria posterior a la disolución misma.

Función de Investidura del Presidente del Gobierno

Tras las elecciones generales, el Rey propone un candidato a Presidente del Gobierno, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria. El candidato propuesto debe obtener la confianza del Congreso de los Diputados para ser investido.

Elecciones al Parlamento Europeo

Las elecciones europeas se celebran cada cinco años para elegir a los miembros del Parlamento Europeo (MEPs), quienes representan a los ciudadanos de los 27 países miembros de la Unión Europea. Se utiliza un sistema de representación proporcional, en el que los escaños se asignan en función de los votos obtenidos por los partidos políticos o candidatos. Existe un principio de proporcionalidad degresiva para garantizar una representación adecuada de los países con menor población.

El Parlamento Europeo tiene competencias legislativas significativas, ya que colegisla junto con el Consejo de la Unión Europea en áreas clave como comercio, medio ambiente, derechos humanos y política económica. Además, es responsable de aprobar el presupuesto de la UE y tiene poder para modificar o rechazar propuestas legislativas.

El Parlamento también desempeña un papel fundamental en el control democrático de las instituciones europeas, especialmente de la Comisión Europea, ya que elige al presidente de la Comisión y aprueba al Colegio de Comisarios propuesto por los gobiernos nacionales y el presidente electo. Aparte de sus funciones legislativas y de control, el Parlamento tiene competencias en política exterior y en la ratificación de tratados internacionales.

A pesar de su relevancia, la participación electoral suele ser más baja que en las elecciones nacionales, lo que ha generado inquietudes sobre cómo mejorar la implicación de los ciudadanos en los procesos políticos a nivel europeo. Sin embargo, las elecciones europeas siguen siendo un instrumento clave para dar voz a los ciudadanos en las decisiones que afectan a toda la Unión Europea.

El Concepto de Parlamentarismo Imperfecto

El parlamentarismo imperfecto es un sistema político en el que, si bien el Parlamento tiene un papel central, no posee la plena capacidad para controlar de manera efectiva al Ejecutivo ni para garantizar por sí solo la estabilidad política. Este modelo se caracteriza por un equilibrio a veces inestable entre los poderes legislativo y ejecutivo. Algunas razones que pueden llevar a esta situación son:

• Influencia del Ejecutivo sobre el Parlamento: El Ejecutivo (Gobierno) puede tener una influencia considerable sobre el Parlamento, especialmente si el partido o coalición gobernante dispone de una mayoría sólida o controla mecanismos como la cuestión de confianza o la disolución anticipada. Esto puede limitar el control parlamentario efectivo.
• Relación Gobierno-Parlamento: A diferencia del parlamentarismo clásico, donde el Gobierno depende estrictamente del apoyo parlamentario continuo, en sistemas con rasgos de parlamentarismo imperfecto, el Ejecutivo puede gozar de cierta autonomía o estabilidad incluso sin un apoyo mayoritario constante, debido a mecanismos constitucionales o a la dinámica de partidos.
• Potencial Inestabilidad: La dificultad para formar o mantener coaliciones de gobierno estables o la fragmentación parlamentaria pueden generar inestabilidad política, afectando la cohesión en el proceso legislativo y la formulación de políticas.

Procedimientos de Reforma Constitucional en España

En España, los procedimientos de reforma constitucional están regulados por los artículos 167 y 168 de la Constitución de 1978. Existen dos vías:

Procedimiento Ordinario (Artículo 167 CE)

Se utiliza para reformas que no afectan a partes consideradas esenciales de la Constitución.

1. Iniciativa: Puede ser impulsada por el Gobierno, el Congreso, el Senado o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
2. Aprobación en el Congreso: Requiere una mayoría de tres quintos (3/5) de los diputados (actualmente 210).
3. Aprobación en el Senado: Requiere también una mayoría de tres quintos (3/5) de los senadores. Si no se alcanza, una comisión mixta paritaria intentará consensuar un texto. Si persiste el desacuerdo y el texto obtiene mayoría absoluta en el Senado, el Congreso puede aprobar la reforma por mayoría de dos tercios (2/3).
4. Referéndum (Facultativo): Se puede convocar si lo solicita, dentro de los quince días siguientes a la aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras (35 diputados o 27 senadores). Si no se solicita, la reforma se considera aprobada.
5. Sanción y Promulgación: El Rey sanciona y promulga la reforma, que se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Procedimiento Agravado (Artículo 168 CE)

Se aplica a reformas que supongan una revisión total de la Constitución o afecten a:

• El Título Preliminar (principios básicos del Estado).
• El Capítulo II, Sección 1ª del Título I (derechos fundamentales y libertades públicas).
• El Título II (La Corona).

Los pasos son:

1. Aprobación Inicial: Requiere una mayoría de dos tercios (2/3) en el Congreso (234 diputados) y en el Senado.
2. Disolución de las Cortes: Tras la aprobación inicial, las Cortes Generales se disuelven automáticamente y se convocan nuevas elecciones generales.
3. Ratificación por las Nuevas Cortes: Las nuevas Cámaras elegidas deben ratificar la decisión de reforma y estudiar el nuevo texto constitucional.
4. Aprobación Final: El nuevo texto debe ser aprobado nuevamente por mayoría de dos tercios (2/3) en ambas Cámaras (Congreso y Senado).
5. Referéndum (Obligatorio): Una vez aprobada la reforma por las Cortes Generales, debe ser sometida obligatoriamente a referéndum para su ratificación por el pueblo español.
6. Sanción y Promulgación: Si el referéndum es favorable, el Rey sanciona y promulga la reforma.

La principal diferencia radica en la mayor rigidez del procedimiento agravado, reservado para cambios estructurales o fundamentales, que exige mayorías más altas, disolución parlamentaria y un referéndum obligatorio.

Los Límites Implícitos a la Reforma Constitucional

Los límites implícitos (o no expresos) a la reforma constitucional se refieren a aquellos principios o elementos estructurales de la Constitución que, aunque no se prohíba explícitamente su modificación en el texto, se consideran intocables por interpretación doctrinal y jurisprudencial debido a su carácter esencial para el orden constitucional.

Estos límites derivan de la propia naturaleza y fundamentos del sistema:

• La Forma de Estado y de Gobierno: Aunque no existe una cláusula pétrea explícita, modificar la esencia de la monarquía parlamentaria o la estructura territorial del Estado (Estado de las Autonomías) podría considerarse que excede los límites materiales implícitos, ya que alteraría pilares fundamentales definidos en el Título Preliminar.
• El Carácter Democrático del Estado: La Constitución define a España como un Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE) cuya soberanía reside en el pueblo español (art. 1.2 CE). Una reforma que atentara contra los principios democráticos, la soberanía popular o el pluralismo político vulneraría la base misma del sistema y, por tanto, se considera implícitamente limitada.
• La Dignidad Humana y los Derechos Fundamentales Inherentes: Si bien los derechos fundamentales pueden ser reformados (siguiendo el procedimiento agravado para los de la Sección 1ª, Capítulo II, Título I), una modificación que suprimiera la esencia de la dignidad humana (art. 10.1 CE) o los derechos inviolables que le son inherentes, o que eliminara el principio de igualdad (art. 14 CE), sería incompatible con los fundamentos del ordenamiento constitucional.

Estos límites no están codificados, sino que se infieren de la coherencia y los valores supremos que inspiran la Constitución.

Características Principales de la Constitución de Cádiz (1812)

La Constitución de Cádiz de 1812, conocida popularmente como “La Pepa”, fue un texto pionero y fundamental en la historia constitucional española y un referente del liberalismo decimonónico. Sus características más destacadas son:

• Soberanía Nacional: Proclamó que la soberanía residía esencialmente en la Nación (art. 3), rompiendo con el principio absolutista de la soberanía real. La Nación española se definía como la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.
• Monarquía Constitucional y Moderada: Estableció una monarquía hereditaria pero limitada por la Constitución (art. 14). El Rey tenía funciones ejecutivas, pero su poder estaba considerablemente restringido por las Cortes.
• División de Poderes: Siguiendo las ideas ilustradas, consagró la separación de los poderes:
  • Legislativo: Residía en las Cortes con el Rey (art. 15). Las Cortes eran unicamerales y representaban a la Nación.
  • Ejecutivo: Correspondía al Rey (art. 16), que nombraba a sus Secretarios de Despacho (ministros).
  • Judicial: Pertenecía a los tribunales establecidos por la ley (art. 17), introduciendo la independencia judicial.
• Sistema Representativo: Las Cortes eran elegidas mediante un complejo sistema de sufragio universal masculino indirecto en varios grados. Representaban a la Nación y no a estamentos.
• Declaración de Derechos y Libertades: Incluyó una serie de derechos individuales, aunque de forma dispersa en el texto: igualdad ante la ley (en materia de impuestos y fueros), libertad de imprenta (para escritos no religiosos), inviolabilidad del domicilio, derecho a la propiedad, garantías procesales y habeas corpus.
• Confesionalidad Católica: Declaró la religión católica como la única y verdadera de la Nación española, prohibiendo el ejercicio de cualquier otra (art. 12).
• Estado Unitario y Centralizado: Diseñó una administración territorial uniforme basada en provincias y municipios, buscando la centralización y la igualdad jurídica en todo el territorio.
• Milicia Nacional: Creó un cuerpo de ciudadanos armados para la defensa del orden constitucional y las libertades.