Portada » Ciencias sociales » Biodiversidad y Economía Rentista en Venezuela: Desafíos Legales y Productivos
Según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica (del cual Venezuela es país suscriptor), la biodiversidad o diversidad biológica es la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman. Tal como lo señala el convenio, comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie, lo que permite la combinación de múltiples formas de vida.
Según el Programa de Monitoreo Ambiental de las Naciones Unidas, Venezuela ocupa actualmente la séptima posición en mayor diversidad de aves, con al menos 1.817 especies. Los especialistas reconocen que, en materia de biodiversidad, no se ha avanzado significativamente en el país, bien por falta de inversión o por la escasez de especialistas en investigación en esta área.
Según la asociación civil Vitales, de todas las especies de aves conocidas en Venezuela, 50 son endémicas, lo que significa que solo habitan en nuestro territorio.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establecida en su artículo 127 del Capítulo IX, establece la obligación y el deber de todo venezolano y de los habitantes de este país de garantizar y proteger los derechos ambientales de todas las generaciones, en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Incluidos dentro de estos derechos ambientales están la protección de la diversidad biológica y los recursos genéticos, de los que podrían beneficiarse todos los ciudadanos y descendencias.
A fin de hacer cumplir este mandato constitucional, el Estado venezolano, a través del Poder Legislativo, se ha visto en la obligación de crear un conjunto de leyes que regulen y garanticen el cumplimiento de esta disposición de orden constitucional. De este conjunto de leyes, la más importante a la hora de hablar sobre biodiversidad es la Ley Orgánica del Ambiente, la cual, dentro de su articulado, contempla un conjunto de preceptos que definen el régimen de protección de la diversidad.
Una economía rentista es aquella donde la renta (beneficio derivado de la explotación de recursos naturales) es predominante con respecto a otra basada en el desarrollo de las ganancias de productividad. Por esto, la acumulación es extensiva con base en un cambio tecnológico endógeno relativamente lento y baja productividad de los factores.
Este es el caso venezolano, donde la renta petrolera representa una cortina de humo con respecto al rezago en la industrialización, en la competitividad e incluso en la producción de bienes salarios.
Desde comienzos del siglo XX, nuestro país ha dado muestras de que tiene una economía fundada en la renta petrolera y que es una economía inestable. Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) se ha encargado por más de una década de emitir bonos para sustentar el enorme gasto público del gobierno de Chávez y ahora el de Maduro. Es decir, para cada problema, proyecto o necesidad que se le presenta al gobierno bolivariano, PDVSA emite bonos especiales para solventar dichas necesidades.
La dependencia del petróleo se puede asemejar a un círculo vicioso o virtuoso, dependiendo de la evolución positiva o negativa de los precios del crudo en el mercado internacional. Sin embargo, no basta que una nación tan llena de virtudes y riquezas solo pueda estar sostenida por este factor.
El presidente Nicolás Maduro, en aras de buscar alternativas, aprueba un decreto de emergencia económica y se plantea poner fin a la dependencia rentista petrolera a través de un nuevo sistema productivo, el cual aún no se ha consolidado.
Diferentes fuentes indican que Venezuela es el segundo mayor cliente mundial de Estados Unidos (después de México) en cuanto a compra e importación de gasolina. A la vez, es el país con las mayores reservas de petróleo y, por curioso que parezca, está enfrentando una escasez de gasolina que se refleja en interminables filas de automóviles a la espera del servicio en todo el territorio nacional. Más curioso aún es que, siendo un país productor de petróleo y sus derivados, solo en la ciudad de Caracas, a finales del mes de marzo, un 30% de las estaciones de servicio estaban cerradas por falta de combustible, e “incluso mandaron gasolina desde el interior del país”.
Un nuevo lineamiento surge el 14 de enero de 2016: la Agenda Económica Bolivariana, expresada en el Decreto 2184 de Emergencia Económica (Gaceta Oficial 40828). Cuyo fin debería ser garantizar la inversión en infraestructura productiva, agrícola e industrial, además del abastecimiento de alimentos y productos esenciales para la vida, asegurando la continuidad de las misiones sociales. Para ejecutarla, el presidente ideó 15 motores.
Quince motores cuyo combustible debería ser la fuerza productiva de las y los trabajadores, pero que son relegados a convertirse en un elemento terciario de la maquinaria del Estado burgués reformista y corrompido, en vista de que los dueños del 95% de los medios y objetos de producción están en manos de la clase dominante (burguesía y pequeña burguesía y sus hermanos alineados socialdemócratas entreguistas/socialrevolucionarios reformistas) que, con el eclecticismo oportunista y mediático, distraen al movimiento revolucionario obrero-popular, confundiendo a las bases en relación con el objetivo histórico del proletariado revolucionario, que es tomar el poder del Estado y poner los medios y objetos de producción en sus manos.
Cerrando tentativamente, hacemos una observación sobre una de las propuestas incluidas en este decreto de emergencia económica, la cual exponemos textualmente:
“Convertir los Abastos Bicentenarios en centros de distribución directa de los mercados comunales en manos de las comunas y consejos comunales.”
¿Dónde queda esta nueva intención sobre la participación y protagonismo del pueblo? Los responsables de toda la institucionalidad burocrática del Estado burgués, encubierta bajo el eufemismo del Poder Popular, como hasta ahora se le ha visto ver al pueblo en general, tienen doble compromiso:
Esto es dificultoso si no están cohesionados al principio de la corresponsabilidad y a la unidad de la clase obrera como fuerza transformadora de lo político, social, cultural y productivo. En ese reconocimiento, los responsables de estos motores, si no contribuyen a ese rol histórico, cargarían con un engaño más a los intereses de los desposeídos.
