1. Derecho público y privado

1.1 Concepto de derecho

El concepto de derecho será diferente según el punto de vista:

• Desde el punto de vista de las relaciones humanas: el derecho es el conjunto de principios y normas que sirven para regular la convivencia en la sociedad.
• Desde el punto de vista subjetivo: el derecho sería la facultad concedida por las normas jurídicas a una persona para hacer algo o exigir una determinada conducta a otras personas.

En toda comunidad deben existir unas normas o reglas que han de ser respetadas por todos los ciudadanos. Para que se pueda lograr este objetivo deben ser:

• Justas: en su elaboración y aplicación han de guiarse por una idea de justicia, de conducta convenida por la sociedad.
• Obligatorias: pueden ser impuestas por la autoridad y su cumplimiento puede ser exigido de forma coactiva.

1.2 Clases de normas jurídicas

Derecho público: regula las relaciones en las que toman parte las distintas Administraciones públicas cuando actúan ejerciendo las funciones públicas que son el objeto de su actividad. Se incluyen muchas ramas del Derecho, como el Derecho penal y el Derecho administrativo.

Derecho privado: se encarga de regular las relaciones que se establecen entre los particulares, teniendo en cuenta que en ocasiones la Administración también puede actuar como si se tratase de un particular. Comprende el Derecho civil y el Derecho mercantil.

Derecho laboral: regula las relaciones entre empresarios y trabajadores.

El derecho administrativo es la parte del ordenamiento jurídico que regula la Administración pública, su organización y sus servicios, así como sus relaciones con los ciudadanos.

2. Fuentes del Derecho

Jurisprudencia: criterio reiterado por el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar las normas para resolver los conflictos. La jurisprudencia completará el ordenamiento jurídico al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho.

Tratados internacionales: acuerdos suscritos entre el Estado español y otros Estados u organismos internacionales. No serán de aplicación directa en España hasta que no se publiquen íntegramente en el Boletín Oficial del Estado.

2.1 Clases de fuentes del Derecho

Si atendemos al sentido de la expresión fuentes del Derecho:

• Fuentes formales: son las distintas formas en que se manifiestan las normas jurídicas (la Constitución, las leyes, los reglamentos).
• Fuentes materiales: son los órganos encargados de elaborar las normas jurídicas (Cortes Generales, Gobierno).

Si atendemos al alcance de las normas:

• Fuentes directas: son las fuentes que contienen la norma jurídica y son directamente aplicables (ley, reglamento, costumbre).
• Fuentes indirectas: son las fuentes que no contienen la norma, pero ayudan a interpretarla o aplicarla (principios generales del Derecho y jurisprudencia).

2.2 Ejemplos de principios generales del Derecho

• Autonomía de la voluntad: en los contratos, las partes pueden pactar lo que consideren oportuno siempre que no sea contrario a las leyes, la moral o el orden público.
• Principio de legalidad administrativa: la Administración sólo podrá actuar para ejecutar los mandatos de la ley.
• Principio non bis in idem: una persona no puede ser sancionada dos veces por la misma infracción.

3. El ordenamiento jurídico

El ordenamiento jurídico es el conjunto de las normas jurídicas que están vigentes en un territorio en un determinado momento. Estas normas no están agrupadas de cualquier forma, sino que están ordenadas jerárquicamente, de modo que, en caso de conflicto entre ellas, se pueda determinar qué norma será la que se debe aplicar.

3.1 Jerarquía normativa

El principio de jerarquía normativa determina que cada norma tiene un rango o nivel determinado, e implica que las normas de rango superior prevalecen sobre las de rango inferior (carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior).

3.2 Normas que componen el ordenamiento jurídico

El principio de jerarquía normativa agrupa la normativa en una escala, en función del rango y la aplicación de las normas jurídicas. No todas las normas están en el mismo nivel jerárquico, sino que siguen una estructura similar a una pirámide:

1. Constitución.
2. Normas con rango de ley: leyes (orgánicas y ordinarias), decretos leyes y decretos legislativos.
3. Normas con rango inferior a la ley: reglamentos estatales, autonómicos y locales.

A medida que descendemos por la pirámide, en cada nivel habrá más normas y de menor rango.

Constitución

La Constitución de 1978 fue aprobada por las Cortes Generales y ratificada mediante referéndum por el pueblo español (6 de diciembre de 1978). Sus características principales son:

• Es la norma suprema del ordenamiento jurídico: todas las demás normas estarán supeditadas a ella, y si otra norma la contradice será declarada inconstitucional y anulada.
• Es extensa: consta de 169 artículos divididos en un título preliminar y diez títulos numerados.
• Es una norma rígida: es muy difícil modificar su contenido.

El control de la adecuación a la Constitución de toda la normativa se lleva a cabo por un órgano especial: el Tribunal Constitucional.

Tratados internacionales

El Estado español puede establecer acuerdos con otros Estados y organizaciones internacionales que, cuando se ratifican y publican en el BOE, se incorporan al ordenamiento español con el rango de ley. Si un tratado internacional incluyera disposiciones contrarias a lo establecido en la Constitución, sería necesaria la reforma previa de esta.

Reales decretos legislativos y textos refundidos

• Textos articulados: las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley en materias determinadas no reservadas a la ley orgánica. Los dicta el Gobierno (por ejemplo, el Código Civil). En estos casos, el Parlamento aprueba una ley de bases en la que fija los criterios que debe seguir el Gobierno para elaborar el texto articulado.
• Textos refundidos: cuando existe una pluralidad de textos legales que regulan una misma materia, se encomienda al Gobierno que los unifique en un único texto para simplificar su regulación.

Normas con rango inferior a la ley: reglamentos

Además de las leyes, existen normas de carácter general denominadas reglamentos, en virtud de la potestad que tiene la Administración para dictar normas jurídicas, denominada potestad reglamentaria. Estas normas están supeditadas a la Constitución y a las normas con rango de ley. Pueden ser dictadas por los distintos órganos de la Administración pública central, autonómica o local.

• Reglamentos estatales: se ordenan en: reales decretos del Consejo de Ministros y del presidente del Gobierno; órdenes acordadas por las Comisiones Delegadas del Gobierno; órdenes ministeriales acordadas por los respectivos ministros; y disposiciones de órganos o autoridades inferiores, cuyo rango se establece en función de su propio rango jerárquico.
• Reglamentos autonómicos: el ejercicio de la potestad reglamentaria sigue el mismo modelo que la Administración General del Estado, teniendo en cuenta los respectivos estatutos y leyes de cada comunidad autónoma. Es ejercida por el presidente de la comunidad, el Consejo de Gobierno, los consejeros y el resto de órganos de la Administración autonómica. Se denominan decretos y órdenes.
• Reglamentos locales: la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que los titulares de la potestad reglamentaria son los plenos de los Ayuntamientos y de las Diputaciones Provinciales. Se denominan reglamentos orgánicos, ordenanzas o bandos (por ejemplo, el reglamento orgánico del Ayuntamiento de Barcelona).

Leyes

Son las normas jurídicas aprobadas por las Cortes Generales o por los Parlamentos de las distintas comunidades autónomas. Se clasifican en:

• Leyes orgánicas: tratan temas como los derechos fundamentales y libertades públicas, el régimen electoral, los estatutos de autonomía y cualquier otro que establezca la Constitución. Para su aprobación o modificación es precisa la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
• Leyes ordinarias: cualquier otra ley que no esté reservada a la ley orgánica. Para su aprobación o modificación solo se necesita la mayoría simple de los votos.

Las distintas comunidades autónomas pueden elaborar leyes, dentro de las competencias que tienen asumidas, que únicamente podrán aplicarse dentro de sus respectivos territorios.

Otras normas con rango de ley: legislación delegada

Se trata de normas que, aunque son dictadas por el Gobierno, tienen el mismo rango que las normas emitidas por las Cortes Generales. Existen dos tipos:

• Decretos legislativos: la autorización se produce antes de dictar la norma.
• Decretos leyes: la autorización tiene lugar después (convalidación).

Reales decretos leyes: se dictan por el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad, con previa acreditación en cada caso. Una vez dictados deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación por el Congreso de los Diputados para su convalidación. No podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a las materias reguladas en el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general.

4. Derecho civil y Derecho mercantil

El Derecho privado es la parte del Derecho que se encarga de regular las relaciones que se establecen entre los particulares o la Administración. Dos de sus principales ramas son el Derecho civil y el Derecho mercantil.

4.1 Derecho civil

Reúne la normativa general que regula las relaciones, tanto patrimoniales como personales, entre personas físicas o jurídicas, sean públicas o privadas, siempre que actúen como personas privadas. Se denomina también Derecho común, ya que contiene las disposiciones generales para todo el ordenamiento jurídico: cuando una rama específica no contenga regulación sobre una determinada materia, se acudirá al Derecho civil.

Según el Código Civil, las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho, que constituyen las fuentes del Derecho civil. Dentro de la ley se incluye el propio Código Civil como norma básica, así como su normativa de desarrollo.

4.2 Derecho mercantil

El Derecho mercantil o Derecho del comercio regula las normas aplicables a los comerciantes en el desarrollo de sus actividades y a los actos de comercio. Para los actos de comercio se aplica, en primer lugar, el Código de Comercio; en segundo lugar, los usos del comercio; y, en defecto de ambos, el Derecho común.

5. Elaboración y aprobación de las normas jurídicas

La vida de las normas jurídicas se desarrolla en varias fases que incluyen su elaboración y aprobación, aplicación y control de su cumplimiento. En los Estados democráticos cada una de estas fases se encomienda a uno de los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), para garantizar la independencia de cada uno de ellos.

5.1 Elaboración y aprobación de las normas con rango de ley

El poder legislativo corresponde a las Cortes Generales, integradas por dos cámaras: el Congreso de los Diputados (cámara baja) y el Senado (cámara alta), con una estructura y un funcionamiento similares.

Iniciativa: corresponde al Gobierno, mediante los proyectos de ley, y al Congreso y al Senado, mediante las proposiciones de ley. Las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir al Congreso una proposición de ley. Se reconoce también la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley: se necesitan al menos 500.000 firmas acreditadas, y no procederá en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

Aprobación: el proyecto de ley ha de ser aprobado en Consejo de Ministros, que lo presentará al Congreso. Una vez aprobado por el Congreso, su presidente lo comunicará de forma rápida y sin demora al presidente del Senado. El Senado, en el plazo de dos meses a partir de la recepción del texto, puede oponer su veto o introducir enmiendas. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta.

El proyecto no podrá ser presentado al Rey para su sanción sin que el Congreso ratifique el texto inicial por mayoría absoluta en caso de veto, o por mayoría simple una vez transcurridos los dos meses desde su interposición, o votando los cambios propuestos, aceptándose o no por mayoría simple.

Los requisitos formales para que la ley pueda aplicarse son la sanción y la promulgación, mediante las cuales el Rey ratifica la ley, ordena que se cumpla y dispone su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El Rey sancionará en un plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

5.2 Ejecución de las leyes

El poder ejecutivo se atribuye al Gobierno y a la Administración pública, que deben aplicar las normas aprobadas por el Parlamento y tomar las medidas necesarias para su efectivo cumplimiento. El Gobierno está integrado por el presidente, los vicepresidentes, los ministros y los demás miembros que establezca la ley. Sus miembros se reúnen en el Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas según los asuntos que se vayan a tratar.

El desarrollo de las leyes se lleva a cabo por las distintas Administraciones públicas, integradas por un conjunto de órganos cuya misión es colaborar con el Gobierno para conseguir sus objetivos.

5.3 Control de cumplimiento de las leyes

En caso de incumplimiento de las normas jurídicas interviene el poder judicial, integrado por jueces y magistrados que administran la justicia en nombre del Rey. El órgano encargado del gobierno de los jueces y magistrados es el Consejo General del Poder Judicial, integrado por el presidente del Tribunal Supremo y por 20 miembros propuestos por el Congreso de los Diputados y por el Senado.

5.4 Normativa autonómica

En las comunidades autónomas, los órganos responsables de la elaboración y aprobación de sus propias leyes son las Asambleas Legislativas, siempre dentro de las competencias reconocidas en la Constitución y en sus respectivos estatutos de autonomía, y con efectividad únicamente dentro del territorio de cada comunidad. La ejecución y aplicación de la normativa autonómica corresponde al Consejo de Gobierno de cada comunidad y a sus respectivos consejeros. El control de su cumplimiento corresponde, como en el caso de la normativa estatal, a los juzgados y tribunales integrantes del poder judicial.

5.5 Elaboración y aprobación de las normas con rango inferior a la ley

Las normas con rango inferior a la ley se elaboran, aprueban y ejecutan por los respectivos órganos del Estado, de las comunidades autónomas y de las Administraciones locales, en virtud de las potestades administrativas que tienen atribuidas, y su legalidad es controlada por los tribunales de justicia. El poder de crear reglamentos se denomina potestad reglamentaria y se fundamenta en la necesidad de que la Administración establezca normas complementarias o de desarrollo de las leyes. Los reglamentos entran en vigor después de su publicación en el Boletín Oficial correspondiente.

6. Documentación e información jurídica

La Constitución Española otorga gran importancia a la publicación de las normas jurídicas. Por un lado, la garantiza en su artículo 9; por otro, establece la inmediata publicación de las leyes aprobadas por las Cortes Generales, tras la sanción real, y condiciona la eficacia de los tratados internacionales a su publicación oficial en España.

6.1 Normativa de la Unión Europea

En el ámbito de la Unión Europea, la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea es el organismo encargado de editar sus publicaciones. Para ello emite diariamente el Diario Oficial de la Unión Europea y ofrece diversos servicios en línea para acceder gratuitamente a información de interés, como EUR-Lex para la normativa y TED para las licitaciones.

Diario Oficial de la Unión Europea: es el boletín donde se publica toda la información relevante de alcance jurídico que se produce en el ámbito de la Unión. Se publica todos los días laborables en todas las lenguas oficiales de la Unión y se divide en:

• Serie L: legislación. Publica toda la normativa comunitaria.
• Serie C: comunicaciones e informaciones.
• Suplemento S: contratos públicos cuya publicación en la Unión Europea sea obligatoria.
• Anexo: debates del Parlamento Europeo.

EUR-Lex: servicio en línea que permite acceder gratuitamente a la legislación de la Unión Europea y a otros documentos públicos. Dispone de diversas opciones de búsqueda y permite descargar los archivos en formatos útiles para su almacenamiento y utilización. Cada documento tiene un código denominado CELEX.

6.2 Normativa nacional

Se puede acceder a la normativa a través de las diferentes bases de datos públicas y privadas. Tanto los boletines como las bases de datos se encuentran en formato digital.

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Es el diario oficial del Estado español y el medio de publicación de las leyes, disposiciones y actos de inserción obligatoria. Se acompaña, además, de un suplemento independiente en el que se publican las resoluciones del Tribunal Constitucional. Se estructura en las siguientes secciones:

• Sección I (disposiciones generales): tratados internacionales, normativa con rango de ley del Estado, leyes de las comunidades autónomas, reglamentos y disposiciones de carácter general (estatales y emanadas de los Consejos de Gobierno).
• Sección II (autoridades y personal): dos subsecciones. La A recoge nombramientos, situaciones e incidencias. La B recoge oposiciones y concursos (resoluciones relativas a procedimientos selectivos de personal).
• Sección III (otras disposiciones): disposiciones de obligada publicación que no tienen carácter general ni corresponden a las demás secciones (por ejemplo, becas).
• Sección IV (administración de justicia): notificaciones y anuncios de juzgados y tribunales.
• Sección V (anuncios): tres subsecciones. La V.A recoge la contratación del sector público; la V.B, otros anuncios oficiales, como los de organismos públicos; y la V.C, los anuncios particulares que deban tener alcance general.

Otros boletines oficiales

Existen otros boletines oficiales que no tienen un ámbito general y estatal, sino que están limitados por razón de territorio o de materia:

• Boletines territoriales: son los diarios oficiales de las comunidades autónomas, que afectan a cada comunidad y son aprobados por su Consejo de Gobierno. También existen los boletines oficiales de las provincias, cuyo ámbito territorial es cada provincia.
• Boletines de organismos públicos: distintos boletines cuyo ámbito está limitado por el contenido de las disposiciones.

Boletines parlamentarios y otros boletines especializados

• Parlamentarios: tanto el Congreso como el Senado y las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas recogen los proyectos que están tramitando.
• De Defensa: publica las disposiciones oficiales de este ministerio y las novedades relativas a la situación del personal.
• Del Registro Mercantil: publica todos los actos y anuncios referentes a empresarios inscritos en los distintos registros mercantiles.