Derecho Penal Laboral: Infracciones contra los Derechos de los Trabajadores

Omisión de Alta en la Seguridad Social (Art. 311.2.a CP)

Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de ocupación sin alta en la Seguridad Social, previsto y penado en el artículo 311.2.a) del Código Penal.

Juicio de Tipicidad y Elementos Objetivos

• La conducta de la acusada, María Antonia, en su calidad de administradora única, colma los elementos objetivos del tipo.
• El tipo exige que en empresas de entre diez y cincuenta trabajadores se omita el alta de al menos el 50% de la plantilla.
• Cumplimiento del requisito: Se verificó que 7 de los 12 empleados carecían de afiliación, lo que supone un 58,33% del total.
• La situación administrativa irregular de dos trabajadores queda absorbida por el mayor desvalor de la acción principal de falta de aseguramiento masivo.

Individualización de la Pena

El precepto señala una pena acumulativa de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses. Conforme a las reglas del artículo 66 del Código Penal y atendiendo al principio de proporcionalidad, y dada la ausencia de agravantes y antecedentes penales, se procede a recorrer la pena en su mitad inferior y fijarla en su extensión mínima.

Condena: María Antonia es condenada a una pena de 6 meses de prisión y una pena de 6 meses de multa, con cuota diaria a determinar en ejecución según capacidad económica y sujeta a la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal en caso de impago.

Delito contra la Seguridad e Higiene en el Trabajo (Art. 316 CP)

La Audiencia Provincial estima que los hechos satisfacen plenamente el tipo penal del artículo 316 del Código Penal, al constatarse una infracción flagrante de la normativa de prevención de riesgos laborales que generó un peligro grave y concreto para la vida e integridad física del trabajador.

El fundamento de la condena reside en el incumplimiento de los deberes esenciales de formación e información previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La víctima, un ciudadano extranjero sin experiencia previa en el sector forestal y recién incorporado, fue instado a manejar maquinaria peligrosa (una motosierra) sin recibir instrucción técnica ni equipos de protección, creando un riesgo jurídicamente desaprobado que se materializó en el accidente.

Distinción con el Art. 311 CP e Intervención Mínima

Respecto a la acusación por el delito del artículo 311 del Código Penal, el tribunal concluye que la conducta no encaja en el tipo. Si bien existían irregularidades administrativas (ausencia de contrato escrito y de alta en la Seguridad Social), estas no alcanzaron la entidad suficiente para considerar que se impusieron condiciones laborales que suprimieran o restringieran los derechos de los trabajadores mediante engaño o abuso de necesidad, operando aquí el principio de intervención mínima penal frente a la infracción administrativa.

Compatibilidad y Concurso de Delitos

En el plano dogmático, se reconoce la plena compatibilidad y posibilidad de concurso entre los artículos 311 y 316 del Código Penal, dado que ambos preceptos tutelan bienes jurídicos heterogéneos y autónomos (las condiciones de la relación laboral y la seguridad física del trabajador, respectivamente). Su aplicación conjunta es viable jurídicamente siempre que se acrediten los elementos típicos de ambas infracciones, circunstancia que no concurrió en el presente caso por insuficiencia probatoria respecto al artículo 311.

Derecho Penal Ambiental: Contaminación y Delitos de Peligro

Delito contra los Recursos Naturales en Espacio Protegido (Art. 325 y 326 CP)

Bajo la vigencia de la normativa actual, los hechos probados protagonizados por el acusado, José, son constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente en su modalidad agravada, tipificado en el artículo 325.1 en relación con el 326.1.e) del Código Penal.

Tipicidad y Peligro Hipotético

La conducta, consistente en la acumulación descontrolada de estiércol, colma los elementos objetivos del tipo, configurándose como un delito de peligro hipotético. La alta carga contaminante de los lixiviados y la permeabilidad del suelo generaron un riesgo grave para el equilibrio de los sistemas naturales, consumándose la infracción sin necesidad de acreditar un resultado lesivo material.

La comisión de los hechos en el «Parc Agrari», calificado como espacio natural protegido, activa automáticamente el subtipo agravado.

Evolución Jurisprudencial y Reforma de la LO 1/2015

Resulta crucial destacar que la antigua doctrina del Tribunal Supremo (TS), que bajo la redacción anterior absolvía estas conductas basándose en una interpretación estricta del principio de taxatividad al distinguir entre la acción dinámica de «verter» líquidos y la estática de «depositar» sólidos, deviene hoy inaplicable.

La reforma operada por la LO 1/2015 clausuró dicha brecha de impunidad mediante la tipificación del término «depósitos» y la cláusula de comisión «directa o indirecta», permitiendo imputar objetivamente al autor la contaminación por lixiviación como consecuencia de su gestión negligente e invalidando cualquier defensa basada en la ausencia de una acción directa de vertido.

Pena impuesta: 2 años de prisión, multa de 18 meses e inhabilitación especial de 1 año para oficio relacionado.

Delitos contra la Salud Pública: Tráfico de Drogas y Prueba Indiciaria

Dificultad Probatoria del Elemento Subjetivo: El Animus Traslativo

La cuestión jurídica nuclear se centra en la dificultad probatoria del elemento subjetivo del injusto, específicamente la preordenación al tráfico o animus traslativo, requisito indispensable para diferenciar la conducta punible de la posesión para el autoconsumo, la cual resulta atípica en el ámbito penal.

Aplicación de la «Teoría del Excedente»

Para desvirtuar la presunción de inocencia, es imperativo acudir a la prueba de indicios, siendo la referencia jurisprudencial primaria la denominada «teoría del excedente».

• Indicio Cuantitativo: La aprehensión de 25 pastillas (2,8 gramos de MDMA) arroja una provisión suficiente para aproximadamente seis días, situándose en el límite fronterizo de la tolerancia jurisprudencial (que suele aceptar acopios para cinco días).
• Insuficiencia: Valorada conjuntamente con la condición acreditada de Pedro como consumidor de perfil alto, esta cantidad impide afirmar con la certeza necesaria que la sustancia estuviera destinada a la venta a terceros.
• Indicios Periféricos: La posesión de 350 euros en moneda fraccionada y la ubicación en los aledaños de una discoteca carecen de univocidad incriminatoria, pues son circunstancias plenamente compatibles con la dinámica de ocio de un consumidor habitual.

Sentencia Absolutoria por Atipicidad

La existencia de una hipótesis alternativa razonable y la falta de contundencia del cuadro probatorio obligan, por imperativo del principio in dubio pro reo, a dictar una sentencia absolutoria por atipicidad penal de la conducta, procediéndose a la remisión de los hechos a la autoridad gubernativa para su sanción bajo la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Escenario Subsidiario de Condena (Art. 368 CP)

No obstante, si el Tribunal considerase acreditada la finalidad de tráfico, los hechos serían constitutivos de un delito contra la salud pública del artículo 368 del Código Penal. En este escenario:

1. Se descartaría la agravante de venta en establecimiento abierto al público (art. 369.1.3ª) por haberse realizado la intervención en el exterior del local.
2. La escasa entidad del hecho (mínima cantidad de droga y circunstancias personales del autor) haría operativa la cláusula de atenuación del párrafo segundo del artículo 368 CP.

Esto reduciría la pena en un grado, fijando el marco punitivo entre 1 año y 6 meses y 3 años de prisión.

Corrupción Pública: Concurso Real y Tipicidad en Delitos contra la Administración

Cohecho Pasivo Propio (Art. 419 CP) y Prevaricación Administrativa (Art. 404 CP)

La conducta de María constituye un ataque al correcto funcionamiento de la Administración Pública, calificándose jurídicamente como un concurso real de delitos entre el cohecho pasivo propio (artículo 419 del CP) y la prevaricación administrativa (artículo 404 del CP).

Análisis de Tipicidad del Cohecho

Se verifica que la acusada aceptó una promesa remuneratoria a cambio de realizar un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo. Es crucial destacar que el tipo penal equipara plenamente el beneficio propio al obtenido «en provecho de un tercero», por lo que la ajenidad del beneficiario directo no excluye el dolo. La gravedad del injusto se incrementa al haberse ejecutado efectivamente el acto ilícito acordado.

Dicha ejecución material, consistente en el archivo de un expediente sancionador debidamente fundamentado, colma a su vez los elementos del delito de prevaricación, al dictarse una resolución injusta a sabiendas.

Régimen Concursal y Penas Acumuladas

La relación concursal entre ambas figuras no es de absorción, sino de acumulación, dado que el propio artículo 419 CP establece expresamente la cláusula de salvaguarda «sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado», obligando a sancionar por separado la venta de la función pública y la ilegalidad de la resolución dictada.

Penas impuestas:

• Cohecho Pasivo Propio: Prisión de 3 a 6 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial de 9 a 12 años.
• Prevaricación Administrativa: Inhabilitación especial de 9 a 15 años.

Esto sitúa a la acusada ante un escenario de ingreso efectivo en prisión (mínimo de 3 años) y una inhabilitación profesional total que oscilaría entre los 18 y 27 años. Idéntica responsabilidad criminal de prisión y multa se extiende al empresario corruptor en concepto de autor de un delito de cohecho activo del artículo 424 del CP.

Tráfico de Influencias por Particular (Art. 429 CP) vs. Autoridad (Art. 428 CP)

Desde una estricta perspectiva técnico-penal, el supuesto exige una calificación diferenciada que sitúa a Federico como autor de un delito consumado de tráfico de influencias cometido por particular (artículo 429 CP), mientras que la responsabilidad del cargo público queda supeditada a una mayor carga probatoria.

Responsabilidad del Particular (Federico)

Su conducta colma la tipicidad al actuar como extraneus que ejerce una influencia eficiente sobre una autoridad (el Presidente de la Diputación) mediante el prevalimiento de la situación derivada de su relación personal y profesional. Concurre el dolo específico de obtener un beneficio económico propio (la comisión) y ajeno (la adjudicación), perfeccionándose el delito con el mero despliegue de dicha influencia, con independencia del resultado resolutorio.

Dificultades Probatorias para el Cargo Público

La subsunción de la conducta del Presidente en el tipo del artículo 428 CP presenta óbices significativos. Dada la ausencia de jerarquía administrativa directa entre la Diputación y el órgano de contratación autonómico, la acusación debe acreditar en el plenario que la «presión» ejercida poseía una idoneidad y entidad suficientes (basadas en una ascendencia política o moral prevalente) para doblegar la imparcialidad de la mesa de contratación, transformando una mera recomendación en un ilícito penal.

Además, resulta indispensable probar el elemento subjetivo del injusto: que el mandatario actuó con pleno conocimiento del carácter espurio de la operación y del pacto lucrativo subyacente, pues la falta de dolo o la creencia de actuar en interés público conducirían a la atipicidad de su conducta.

Enriquecimiento Ilícito (Art. 438 bis CP) vs. Financiación Ilegal

El análisis jurídico-penal sustantivo obliga a realizar una escisión valorativa que conduce a la incriminación de Laura de forma exclusiva por un delito de enriquecimiento ilícito, descartándose la relevancia penal de las conductas relativas a la financiación del partido político.

Delito de Enriquecimiento Ilícito

La conducta de la acusada colma plenamente las exigencias del artículo 438 bis del Código Penal, al haberse constatado un incremento patrimonial de más de 300.000 euros no justificado durante el periodo legalmente fiscalizable (hasta cinco años posteriores a su cese). Dicha cuantía rebasa holgadamente el umbral objetivo de punibilidad de 250.000 euros, perfeccionándose el delito ante la negativa o imposibilidad de acreditar el origen lícito de los fondos, lo que lesiona el bien jurídico de la probidad en la función pública.

Atipicidad de la Financiación Ilegal

Respecto a la recepción de 40.000 euros provenientes de una persona jurídica mediante testaferros, la conducta deviene atípica en sede penal por imperativo del principio de legalidad. Si bien el artículo 304 bis del Código Penal tipifica la financiación ilegal, su apartado segundo establece un requisito cuantitativo esencial de 100.000 euros para las donaciones procedentes de sujetos prohibidos. Al no alcanzarse dicha cifra, los hechos quedan relegados al ámbito del derecho administrativo sancionador en virtud del carácter fragmentario y de ultima ratio del Derecho Penal.

Condena por Enriquecimiento Ilícito: Prisión de 6 meses a 3 años, multa del tanto al triplo del beneficio obtenido (300.000 a 900.000 euros) e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de 2 a 7 años.