El Proceso Monitorio y los Procesos Especiales de la Jurisdicción Social

El Proceso Monitorio

El proceso monitorio es una novedad introducida por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LJS). Según el artículo 101 de la LJS, su aplicación está restringida a los siguientes supuestos:

• Se ha de tratar de reclamaciones de cantidad, derivadas de la relación laboral, dirigidas a empresarios que no se encuentren en situación de concurso.
• Las reclamaciones no han de exceder de seis mil euros y han de estar referidas a cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada.
• Ha de existir la posibilidad de su notificación por los procedimientos previstos en los artículos 56 y 57 de la norma procesal laboral.

El precepto rechaza que tal proceso especial pueda interponerse frente a Entidades gestoras o colaboradoras de la Seguridad Social, y ha establecido una fase procedimental muy similar a la prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 812 a 818).

Inicio del Proceso Monitorio

El monitorio principia con el escrito-solicitud, el cual deberá contener:

• Identidad completa y precisa del empresario deudor, datos de identificación fiscal, domicilio completo y demás datos de localización, y en su caso de comunicación, por medios informáticos y telefónicos.
• Domicilio completo y demás datos de localización, y en su caso de comunicación, por medios informáticos y telefónicos del demandante.

El referido escrito deberá ir acompañado, además de las oportunas copias, de los documentos (también con sus copias) de los que resulte un principio de prueba de la relación laboral y de la cuantía de la deuda:

• Copia del contrato, recibos de salarios, comunicación empresarial o reconocimiento de deuda, certificado o documento de cotización o informe de vida laboral.
• Documentación justificativa de haber intentado la previa conciliación o mediación cuando estas sean exigibles.

Tramitación y Requerimiento

Tras la presentación de la solicitud, el Letrado de la Administración de Justicia comprobará que se cumplen los requisitos exigidos, y de apreciar defectos concederá un plazo de cuatro días para su subsanación. En este último caso, o de no subsanarse los defectos en el plazo conferido, dará cuenta al juez para que resuelva sobre la admisión o inadmisión de la petición.

Si la solicitud reúne los requisitos exigidos o han sido subsanados los defectos apreciados, se requerirá al empresario para que, en el plazo de 10 días:

• Pague al trabajador, o
• Se oponga a la solicitud, para lo cual podrá alegar las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada.

Este requerimiento incluirá el apercibimiento de que, de no pagar la cantidad reclamada ni comparecer alegando las razones de la negativa al pago, se despachará ejecución contra él. Este requerimiento no podrá practicarse mediante edictos.

Del requerimiento se dará traslado por igual plazo al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), plazo que se ampliará respecto del mismo por otros diez días más si manifestase que necesita efectuar averiguaciones sobre los hechos de la solicitud, en especial sobre la solvencia empresarial.

Posibles Desenlaces del Proceso

Una vez practicado el requerimiento, puede suceder una de estas cuatro situaciones:

1. Pago o consignación: Si se ha abonado o consignado el total importe, se archivará el proceso, previa entrega de la cantidad al solicitante.
2. Falta de oposición: Si no ha habido oposición ni del empresario ni del FOGASA, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y dará traslado al demandante para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud.
3. Oposición total: Si se formula oposición, se dará traslado a la parte actora, que podrá, en los cuatro días siguientes, presentar ante el Juzgado de lo Social la demanda correspondiente. En tal caso, se procederá seguidamente al señalamiento de los actos de conciliación y juicio en la forma ordinariamente prevista. Si no se presenta la demanda, se sobreseerán las actuaciones.
4. Oposición parcial: Si el deudor se opone parcialmente, el demandante podrá solicitar del juzgado que se dicte auto acogiendo la reclamación en cuanto a las cantidades reconocidas o no impugnadas. Este auto servirá de título de ejecución, que el demandante podrá solicitar mediante simple escrito sin necesidad de esperar a la resolución que recaiga respecto de las cantidades controvertidas.

Recursos y Efectos

El auto a través del cual se despache la ejecución es oponible por la vía del art. 239.4 LJS, y en tal oposición podrá alegarse la falta de notificación del requerimiento.

Es decir, cabría recurso de reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a la constitución del título. No se admite la compensación de deudas como causa de oposición a la ejecución.

Del escrito de reposición se dará traslado para impugnación a la parte contraria, salvo que el órgano jurisdiccional social acuerde seguir el trámite del art. 238 LJS.

Sin embargo, contra el auto resolutorio de la oposición no procederá recurso de suplicación.

Solo cuando haya oposición y el solicitante del monitorio acuda al procedimiento ordinario correspondiente, la sentencia que se dicte en el mismo alcanzará los efectos de cosa juzgada.

Procesos Especiales en la Jurisdicción Social (LJS)

A continuación, se enumeran los principales procesos especiales regulados en la Ley de la Jurisdicción Social (LJS), detallando su objeto y regulación específica.

1. Despido disciplinario: Procedimiento regulado en los artículos 103 a 113.
2. Clasificación profesional: Procedimiento regulado en el artículo 137.
3. Proceso de conflictos colectivos: Procedimiento regulado en los artículos 153 a 162.
4. Reclamación económica (salarios): Sustituye al monitorio cuando la cuantía supera los 6.000 €.
5. Extinción del contrato por causas objetivas y otras causas de extinción. Despidos colectivos: Regulado en los artículos 120 a 124.
6. Procedimiento de oficio: Regulado en los artículos 148 a 150.
7. Reclamación al Estado del pago de los salarios de tramitación en juicios por despido: Regulado en los artículos 116 a 119.
8. Impugnación de convenios colectivos: Procedimiento regulado en los artículos 163 a 166.
9. Tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas: Procedimiento regulado en los artículos 177 a 184.
10. Impugnación de los estatutos de los sindicatos o de su modificación: Regulado en los artículos 173 a 175.
11. Materia electoral: Procedimiento regulado en los artículos 127 y siguientes.
12. Movilidad geográfica y modificación sustancial de las condiciones de trabajo: Procedimiento regulado en el artículo 138.
13. Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral: Incluye permisos de lactancia y reducción de la jornada por motivos familiares. Proceso regulado en el artículo 139.
14. Seguridad Social: Procedimiento regulado en los artículos 140 a 147.
15. Vacaciones: Procedimiento sobre las vacaciones, regulado en los artículos 125 y 126.
16. Proceso de impugnación de sanciones: Proceso regulado en los artículos 114 y 115.