Portada » Economía » Fundamentos de la Política Fiscal y el Sistema Tributario en España
El sector público nacional lo integran:
Las Administraciones Públicas: Entre ellas se distinguen la Administración Central, formada por el Estado y los organismos autónomos, y que controla el grueso de los ingresos públicos; las Administraciones Territoriales, constituidas por las comunidades autónomas y las corporaciones locales, y la Seguridad Social.
Se financian principalmente a través de los impuestos, y el Estado es el recaudador más importante. Por su parte, la Seguridad Social se financia, sobre todo, con las cotizaciones sociales que aportan trabajadores y empresas.
Las Empresas Públicas: Tienen como misión conseguir objetivos fundamentales para la economía del país.
Las Instituciones de la Unión Europea: Afectan a España, como Estado miembro.
Uno de los grandes cambios es la descentralización y traspaso de competencias hacia las Administraciones territoriales.
En la descentralización destaca el creciente peso de las comunidades autónomas como instituciones intermedias entre la Administración central y la local. Este crecimiento ha sido paralelo al mayor protagonismo de las comunidades autónomas.
Hoy, las comunidades autónomas gestionan la tercera parte del gasto público. Si a ello se suman las entidades locales, resulta que casi la mitad del gasto público lo llevan a cabo las Administraciones territoriales. La Administración Central apenas controla el 22%, y el 35% restante corresponde a la Seguridad Social.
Las administraciones autonómicas y locales son responsables de la vivienda y los servicios comunitarios, la educación, la sanidad, etc. El Estado se encarga de la defensa nacional, de las grandes infraestructuras y de las relaciones exteriores, mientras que las prestaciones sociales son gestionadas por los organismos de la Seguridad Social.
Existen áreas de responsabilidad compartida.
Las Administraciones Públicas determinan anualmente cuánto gastarán al año siguiente y en qué, y deben prever los ingresos necesarios para financiar ese gasto. Calculan los recursos económicos que precisan para financiar los bienes y servicios que necesitan los ciudadanos. Estos cálculos sobre ingresos y gasto constituyen los presupuestos públicos:
Los presupuestos están equilibrados cuando los ingresos son iguales a los gastos. Cuando los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos, se produce déficit público. Existe superávit en caso contrario.
El déficit es cíclico cuando la economía está en recesión. Este tipo de déficit, al mejorar la economía, tiende a desaparecer. Si el déficit se mantiene año tras año, estamos ante un déficit estructural.
Cuando existe déficit, el Estado puede o bien aumentar los ingresos o bien recurrir al endeudamiento, es decir, pide a los particulares que inviertan sus ahorros en préstamos al sector público (deuda pública).
El conjunto de todos los gastos realizados por las Administraciones Públicas se denomina gasto público. Bajo este concepto se recoge una gran variedad de actuaciones.
Son los pagos que se hacen a la Seguridad Social y por los que se adquiere un derecho a percibir determinadas prestaciones.
Se clasifican en tres apartados: impuestos, tasas y contribuciones.
Son tributos por el uso de un bien o servicio ofrecido por la Administración.
Son tributos que pagan quienes se benefician de una obra o servicio público.
Los impuestos son pagos que los ciudadanos están obligados a hacer por ley para que el Estado y el resto de Administraciones Públicas dispongan de los recursos suficientes con los que financiar los gastos públicos.
La capacidad económica de una persona se manifiesta a través de sus ingresos (renta), a través de su riqueza (patrimonio) o a través de sus gastos (consumo).
El sistema tributario español está inspirado en el principio de progresividad, es decir, se grava con más impuestos a quienes más tienen y con menos a los que tienen menos.
El IRPF es un impuesto directo que grava la obtención de renta de los ciudadanos. A través de él se busca la aplicación de los principios de capacidad económica, progresividad y equidad.
Los impuestos se pueden calcular según distintos criterios:
El IRPF tiene en cuenta las circunstancias personales y familiares de los ciudadanos para conocer su verdadera capacidad económica. Para ello se establecen exenciones, reducciones y deducciones.
Hay una cantidad exenta que es el mínimo personal y familiar necesario para poder vivir. Además, existen “descuentos” que contemplan otros gastos que deben hacer las personas.
El contribuyente declara y autoliquida el IRPF de un año en los meses de mayo y junio del año siguiente. Pero este impuesto no hay que pagarlo de golpe en estos dos meses, sino que se abona poco a poco. Las empresas retienen una parte del sueldo que pagan a sus empleados cada mes a cuenta del impuesto, es decir, el IRPF se va pagando mes a mes a lo largo del año mediante las cantidades que se retienen de la nómina.
El concepto de presión fiscal se define como el cociente entre el total de ingresos fiscales y el PIB, y expresa, por tanto, la proporción del PIB que los contribuyentes dedican al pago de impuestos.
El equilibrio de una economía exige que la producción coincida con la cantidad demandada de bienes y servicios. Una demanda escasa provocará desempleo; un exceso de demanda, subida de precios. El reto está en conseguir que decisiones independientes de consumidores e inversores generen una cantidad de demanda suficiente para obtener el pleno empleo y la estabilidad de los precios.
La política fiscal está constituida por las medidas que los gobiernos llevan a cabo sobre el gasto público y los impuestos con objeto de facilitar el crecimiento económico y el empleo, la estabilidad de los precios y el control del déficit público.
Cuando la demanda agregada es escasa y caen la actividad económica y el empleo, el Gobierno tiene dos instrumentos para estimular la economía:
Cuando hay un exceso de demanda y existe riesgo de subida de precios, el Gobierno puede contraer la demanda utilizando los mismos instrumentos, pero en sentido inverso:
Los economistas monetaristas entienden que la política del Gobierno debe buscar el equilibrio presupuestario. Si hay recesión, la economía de mercado tiene mecanismos autocorrectores suficientes para restablecer el equilibrio, por lo que la intervención del Gobierno es innecesaria y debe limitarse a contener el gasto.
