El Derecho Penal: Fundamentos, Principios y Límites

El Derecho Penal como Medio de Control Social

El Derecho Penal es un medio de control social. Existen, básicamente, dos medios de control social:

• Formal
• Informal

Los medios de control social buscan evitar determinados comportamientos que se consideran indeseables o inadecuados y que son socialmente reprochables. Para ello, se acude a amenazas de sanción en caso de que estas conductas se lleven a cabo.

Control Social Informal

El control social informal lo constituyen la familia, la escuela y determinados grupos sociales. Alude a los procesos de socialización de los individuos a través de determinadas instancias. Estas instancias no han sido siempre las mismas.

En líneas generales, se está de acuerdo en que la familia, la escuela, las creencias, la integración laboral, los grupos de amigos y los medios de comunicación son los principales responsables de la formación y adaptación de las personas. Estas instancias operan en un estadio más cercano al del Estado y, por ello, dejan sentir más sus efectos sobre el individuo.

Control Social Formal

El control social formalizado es ya estrictamente criminológico. Se refiere a los órganos del Estado creados específicamente para sancionar el delito y la conducta desviada. Estos órganos son la policía, la justicia y la cárcel, así como todas sus formas sucedáneas: seguridad privada, juzgados de menores, centros de internamiento para jóvenes, etc.

El Derecho Penal forma parte del control social formal y se caracteriza por prever las sanciones más graves —penas y medidas de seguridad— como forma de evitar los comportamientos que juzga especialmente peligrosos: los delitos.

Por tanto, el Derecho Penal es una forma de control social importante, por una parte, monopolizado por el Estado y, por otra, una de las parcelas fundamentales del poder estatal.

El Ius Puniendi: La Potestad Punitiva del Estado

El ius puniendi es el poder punitivo reservado al Estado y ejercido por medio de determinadas normas legales. Sus características son:

• Es el poder punitivo reservado al Estado y ejercido por medio de determinadas normas legales.
• Tales normas constituyen el Derecho Penal y deben determinar con precisión qué conductas pueden considerarse constitutivas de delito y qué penas pueden sufrir quienes las realizan.
• Es la expresión del principio de legalidad, donde radica su carácter formalizado y legitimado por la ley.

Conceptos Fundamentales del Derecho Penal

Derecho Penal en Sentido Objetivo y Subjetivo

Debemos saber que el Derecho Penal no es el único medio de control social que se ejerce a través de normas jurídicas que prevén sanciones formalizadas por ciertas conductas, como, por ejemplo, el Derecho Administrativo.

De modo que el Derecho Penal solo determina las penas y medidas de seguridad que puedan imponerse en un proceso judicial, porque también el Derecho Procesal Penal tiene el monopolio estatal y judicial.

Es importante saber que el Derecho Penal debe limitarse a ofrecer el último recurso, lo que conocemos como ultima ratio o intervención mínima, para el caso de que los demás medios de control social no resulten suficientes.

Según Liszt:

“Conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocia el crimen, como hecho, a la pena, como legítima consecuencia”.

• Sentido Subjetivo: Es el derecho que corresponde al Estado a crear y a aplicar el Derecho Penal Objetivo.
• Sentido Objetivo: Conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado, que asocia el crimen, como hecho, a la pena y/o medidas de seguridad, como legítima consecuencia.

También el Derecho Penal está compuesto por valoraciones, principios y prescripciones, que lo definirían como: “Conjunto de normas, valoraciones y principios jurídicos que desvaloran y prohíben la comisión de delitos y asocian a estos, como presupuesto, penas y/o medidas de seguridad, como consecuencia jurídica”.

Penas, Medidas de Seguridad y Responsabilidad Civil

• Penas: Mal con el que amenaza el Derecho Penal para el caso en que se realice una conducta considerada como delito. Es la sanción tradicional que caracteriza al Derecho Penal. Pueden ser penas privativas de libertad y otras penas.
• Medidas de seguridad: Es el medio de evitar el delito. Por lo tanto, no es la amenaza de un mal, sino un tratamiento dirigido a evitar que el sujeto peligroso llegue a cometer un delito.
• La Responsabilidad Civil derivada del delito: Es otra consecuencia jurídica del delito. Por ejemplo, ante un daño patrimonial a la víctima y a otros perjudicados, consiste en reparar el daño e indemnizar con el pago de una cantidad.

Función del Derecho Penal en un Estado Social y Democrático de Derecho

El debate en torno a la función de la pena no debe estudiarse sin situarlo en el contexto del Derecho propio de un determinado marco histórico-cultural. No se trata solo de preguntar por la función de la pena en sentido abstracto, sino de averiguar qué función corresponde a la pena en un Derecho Penal propio de un determinado modelo de Estado.

• La pena ha sido un instrumento que puede utilizarse con fines muy diversos, como se ha demostrado a lo largo de la historia: Derecho Penal primitivo, monarquías absolutas, etc. En el Estado liberal aparecieron importantes elementos, como los límites del Derecho Penal y la limitación jurídica de la potestad punitiva, es decir, el límite del Estado de solo castigar lo merecido, con algunos defectos que luego se fueron superando.
• Luego, la aparición del Estado liberal como Estado intervencionista que toma partido en el juego social, acentuó de nuevo la misión de la lucha contra la delincuencia y se prestó atención a la función de la prevención especial, que no había podido encontrar acogida en el Estado liberal.

Por otra parte, debemos saber que la intervención del Estado Social condujo en algunos países a sistemas totalitarios. Afortunadamente, después de la II Guerra Mundial y tras varios cambios, surge la fórmula sintética: Estado Social y Democrático de Derecho, que acogió la propia Constitución alemana de la posguerra y sirvió de punto de arranque de la Constitución Española de 1978.

Este modelo atribuye al Derecho Penal la función de prevención en la medida de lo necesario para la protección de los ciudadanos, lo que ya constituye un límite a la propia prevención. En un Estado Democrático y de Derecho, se deberá someter esa prevención penal a una serie de límites, herederos de la tradición liberal y del Estado de Derecho, y en parte reforzados por la necesidad de llenar de contenido democrático al Derecho Penal. Más adelante examinaremos esos límites.

El Principio de Legalidad: Origen y Sentido Político

El principio de legalidad se expresa en su aspecto formal con el aforismo “Nullum crimen, nulla poena, sine lege”, procedente de Von Feuerbach, reflejando una de las conquistas centrales de la Revolución francesa en el art. 8 de la Declaración de Derechos del Hombre de 20 de agosto.

El principio de legalidad limita el poder público sancionador o ius puniendi, supeditando este poder a los casos de comportamiento expresamente previstos en la ley, que no es más que el orden democrático legítimo.

El principio de legalidad está unido al Estado de Derecho y esto significa garantizar la seguridad jurídica. De modo que, en un Estado Social y Democrático de Derecho como es la fórmula ideológica del Estado español, los órganos encargados de ejercer la función punitiva deben tener en cuenta determinados límites a la hora de legislar al respecto.

Fundamentos del Principio de Legalidad en el Estado Moderno

1. El Estado Social sirve para legitimar la función de prevención en la medida que sea necesaria para proteger la sociedad, lo que implica varios límites que giran en torno a la exigencia de la necesidad social de la intervención penal.
2. El Estado Democrático obliga en lo posible a poner el Derecho Penal al servicio de los ciudadanos y puede verse como fuente de ciertos límites que hoy se asocian a la dignidad humana, la igualdad y la participación ciudadana.
3. El Estado de Derecho impone por sí solo un sometimiento de la potestad punitiva al Derecho, lo que da lugar a los límites derivados del principio de legalidad.

Estos tres aspectos permanecen estrechamente ligados, ya que emanan del Estado Social y Democrático de Derecho. Por lo que reiteramos que el principio de legalidad es una exigencia del Estado de Derecho.

Ningún hecho debe ser penado si no existe una previa ley penal (Art. 25.1 de la CE). Esto se aplica a todo el ordenamiento jurídico por ser la Constitución una ley vinculante, lo que comprendería todas las sanciones, ya sean penales o administrativas, que puedan aplicarse (art. 9.3 CE).

El principio de legalidad tiene un rico antecedente histórico en Von Feuerbach y en Cesare Beccaria, que lo asocian con la teoría del contrato social. Lo importante es que este principio adquirió un carácter fundamental en el Derecho Penal como principio constitucional y, a la vez, como principio penal. Esto tiene hoy en día una consecuencia práctica que radica en que ninguna sentencia condenatoria puede ser dictada aplicando una pena que no esté fundada en una ley previa, una ley en que el hecho imputado al autor esté amenazado con pena.

El principio de legalidad no es solo una exigencia de seguridad jurídica, sino que requiere la posibilidad de conocimiento previo de los delitos y las penas, por lo que se convierte en una garantía política: el ciudadano no podrá verse sometido por parte del Estado y de los jueces a penas que no admita el pueblo.

El postulado “nullum crimen, nulla poena, sine lege” pasó a formar parte de las constituciones modernas y Códigos Penales. Así está estipulado y previsto en los artículos 1, 2, 3 y 4 del Código Penal. Decía D. Luis Jiménez de Asúa que el principio de legalidad inspiró a la legislación de los países cultos.

Garantías del Principio de Legalidad

El principio de legalidad tiene cuatro garantías expuestas en el Código Penal español:

1. Garantía Criminal (art. 1 y 2 CP): Exige que el delito esté determinado por la ley.
2. Garantía Penal (art. 2 y 2.2 del CP): Requiere que la ley señale la pena que corresponda al hecho.
3. Garantía Jurisdiccional (art. 3.1 CP): Exige que los delitos y la imposición de las penas se determinen por medio de sentencia judicial y por un proceso legalmente establecido.
4. Garantía de Ejecución (art. 3.2 CP): Requiere que la ejecución de la pena se ajuste a una ley que la regule.

Exigencias de la Ley Penal Derivadas del Principio de Legalidad

1. Ley Previa (Lex Praevia): Se expresa en la prohibición de retroactividad de las leyes que castigan nuevos delitos o agravan su punición. Esto es un límite de la ley penal, con la excepción de la ley más favorable al reo.
2. Ley Escrita (Lex Scripta): Con esta exigencia queda descartada la costumbre o el derecho consuetudinario. La ley penal tiene que emanar del poder legislativo, con rango de Ley, y tiene que ser escrita.
3. Ley Cierta (Lex Certa): Exige que la ley sea precisa. Da lugar al mandato de determinación, que exige que la norma penal describa de forma clara y suficiente la conducta prohibida y su consecuencia, prohibiendo tipos y penas indeterminadas.
4. Ley Estricta (Lex Stricta): Exige un grado de precisión y descarta la analogía cuando esta perjudique al reo (analogía in malam partem). Esto es importante porque da lugar a una exigencia de tipicidad (Art. 4.1 CP).

Límites del Ius Puniendi en el Estado Social y Democrático de Derecho

Si el Derecho Penal en un Estado Social se legitima solo en cuanto protege a la sociedad, perderá su justificación si su intervención se demuestra inútil por ser incapaz de servir para evitar delitos. De modo que el principio de necesidad conduce, pues, a la exigencia de utilidad.

Límites Basados en la Necesidad Social de la Intervención Penal

• Principio de Utilidad de la Intervención Penal: Es la exigencia de que la intervención penal sea útil y necesaria para proteger a la sociedad.
• Principio de Subsidiariedad y Carácter Fragmentario del Derecho Penal: El Derecho Penal deja de ser necesario cuando la protección puede conseguirse por otros medios menos lesivos para los derechos individuales. Esto conduce al principio de intervención mínima o ultima ratio. El llamado carácter fragmentario significa que el Derecho Penal no debe sancionar todas las conductas lesivas, sino solo los ataques más peligrosos para los bienes jurídicos.
• Principio de Exclusiva Protección de Bienes Jurídicos: El Derecho Penal en un Estado Social ha de justificarse como sistema de protección de la sociedad. Protege los intereses sociales que, por su importancia, merecen protección del Derecho, y estos se denominan bienes jurídicos. Estos deben tener una importancia fundamental, lo que es una exigencia del Estado Social y Democrático de Derecho.

Límites Basados en los Principios Democráticos

Un Estado Democrático debe llenar al Derecho Penal de un contenido respetuoso con la imagen del ciudadano, dotado de una serie de derechos derivados de la dignidad humana y de la igualdad. Por lo que recoge los siguientes principios:

• Principio de Dignidad Humana: Este principio, central en la Ilustración, está hoy vinculado a la función del Derecho Penal y de las penas, al principio de resocialización y al respeto a la dignidad humana.
• Principio de Culpabilidad: La culpabilidad es lo opuesto a la inocencia y exige, como presupuesto de la pena, que pueda culparse a quien la sufra del hecho que la motiva.
• Principio de Proporcionalidad: Exige que la gravedad de las penas o medidas de seguridad sea proporcional a la gravedad del hecho imputado.
• Principio de Resocialización: La democracia exige la participación de todos los ciudadanos en la vida social. Esto requiere que el Derecho Penal evite la marginación indebida del condenado. Por ello, se debe dar preferencia a penas y medidas que no entrañen la separación de la sociedad y, cuando la privación de libertad sea inevitable, configurar su ejecución de forma que evite, en lo posible, efectos desocializadores.