Lección 1: Origen y Evolución de los Derechos

1. Derechos y Libertades: Origen y Evolución

1.1. Introducción

Puede afirmarse que la libertad es la base sobre la que descansa el reconocimiento y tutela de los demás derechos. El problema jurídico de la libertad y de los demás derechos radica en su reconocimiento formal como elemento propio de la naturaleza humana y su manifestación en el ámbito social.

Las dimensiones de la libertad más relevantes para los regímenes democráticos actuales son:

• La que permite el desarrollo libre del sujeto individualmente o a través de los grupos en que se integra.
• La que permite su contribución como ciudadano al desarrollo de la organización social, la libertad política y la participación en los asuntos públicos.

La libertad, así conceptuada en sus vertientes pública y privada, se manifiesta en una pluralidad creciente de derechos y libertades concretos que afectan a diversos ámbitos de la vida del ser humano.

El concepto ampliamente utilizado de Derechos Humanos ha alcanzado su formulación depurada en tiempos recientes, manifestando los siguientes requisitos:

• Incorporar una pretensión moral o consagrar un derecho básico.
• Poseer un cierto grado de universalidad o generalidad.
• Incorporar garantías efectivas para su cumplimiento o exigibilidad.

Aunque se trata de un concepto moderno, es interesante analizar los precedentes históricos que nos conducen a él.

1.2. Los Derechos hasta la Llegada del Estado Constitucional

1.2.1. La Baja Edad Media

En Grecia y Roma, la distinción entre hombres libres y esclavos era considerada como natural. El cristianismo llegó tan solo a reivindicar ciertos ámbitos humanos que debían quedar bajo la potestad del poder religioso. En la Baja Edad Media, los primeros derechos reconocidos alcanzaban solo a una pequeña parte de la población, carecían de sistemática y solían tener carácter temporal.

En España, los fueros o las cartas pueblas recogían privilegios locales de carácter fiscal, acotando el poder de la nobleza y del monarca.

En la Carta Magna inglesa (1215), Juan sin Tierra se obligaba a respetar ciertos derechos de los barones de su reino.

1.2.2. La Escuela Española del Derecho Natural

El debate entre Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria, a raíz de los excesos de los conquistadores y colonos en América, llevó a enunciar una serie de principios, como que todos los hombres nacen igualmente libres y que tienen, por tanto, capacidad para elegir a sus gobernantes.

Esta doctrina influyó en las Leyes de Burgos de 1512 y las Leyes Nuevas de 1542, protectoras de los derechos de los indígenas, abriendo el camino para el reconocimiento de otras libertades.

1.2.3. El Humanismo Renacentista y la Reforma

El humanismo renacentista se caracterizó por la defensa de la dignidad del hombre, su libertad, su capacidad para la creación (artística, literaria, científica, etc.) y por un modo de vida acorde con estos principios. Aparece la libertad de comercio y contratación, y se abre la posibilidad de reconocimiento de otros derechos, como la libertad de pensamiento, facilitada por la invención de la imprenta y la difusión de la cultura.

Los principios humanistas de Erasmo, aplicados a la vida religiosa, llevaron a la Reforma de Lutero. Este defendía que el hombre es únicamente responsable ante Dios. La Reforma provocó, eventualmente, la exigencia del reconocimiento de la opción religiosa personal, siendo el precedente de la libertad religiosa e ideológica, tanto de ejercicio individual como colectivo.

1.3. Los Derechos en los Orígenes del Estado Constitucional

1.3.1. Documentos Ingleses del Siglo XVII

En materia de derechos y libertades, el derecho escrito es una de las fuentes del Derecho inglés, coexistiendo el Common Law y la legislación del Parlamento. Los textos ingleses encuentran su fundamento en la historia y la tradición. Destacan los siguientes:

• Petition of Rights (1627): incorpora las libertades que deben ser respetadas en adelante por el rey (Carlos I la aprobó).
• Habeas Corpus Amendment (1679): establece la puesta a disposición del juez de cualquier detenido en un plazo determinado.
• Bill of Rights (1689): primera declaración de carácter nacional, limita el poder de la Corona y afirma el del Parlamento.

Características comunes de los documentos anteriores:

• Se apoyan en documentos anteriores.
• No tienen carácter universal, limitándose a aportar soluciones a problemas concretos.
• No son constitutivos o creadores de derechos, manifestando un carácter declarativo.

En estos textos, fruto de su época y de una sociedad estamental, se consagran aún notables desigualdades ante la ley.

1.3.2. Las Declaraciones Americanas de los Siglos XVII y XVIII

Precedentes, inspirados por la tradición del Common Law y por el iusnaturalismo racionalista:

• Cuerpo de libertades de la Bahía de Massachussets (1641): pretende limitar el poder del Gobernador y defiende que los derechos naturales deben ser considerados como leyes y no deben imponerse penas que los infrinjan o incumplan.
• Acta de Tolerancia de Maryland (1669-1670): reconoce la tolerancia religiosa (solo entre cristianos).
• Normas fundamentales de Carolina (1669-1670): organiza la comunidad política.

El iusnaturalismo se manifiesta más intensamente tras la aprobación del Bill of Rights por Guillermo de Orange en los siguientes textos:

• Carta de privilegios de Pensilvania (1701).
• Declaración de derechos y agravios (1765): firmada en New York por representantes de 9 colonias contra la Ley del Timbre.
• Declaración de deberes norteamericanos (1774): en el Congreso de Filadelfia, contra la presión fiscal.
• Declaración de levantamiento de armas (1775).

Y, sobre todo, en los más significativos:

• Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia (1776): consagra una tabla de derechos y libertades del hombre, proclamando la libertad, la vida, la propiedad, la seguridad y la libertad religiosa como derechos básicos tutelados por el Estado. Las declaraciones de otros Estados seguirían su ejemplo.
• Declaración de Independencia (4 de Julio de 1776): en línea con la anterior, contempla al individuo como tal y no como miembro de un estamento.

Ambas declaraciones positivizan los más característicos principios del iusnaturalismo racionalista:

• La soberanía popular.
• La igualdad de todos los hombres en su dignidad.
• El reconocimiento de unos derechos inalienables de la persona: la vida, la libertad, la seguridad, la propiedad y la búsqueda de la felicidad, tutelados por el Estado.
• El derecho a la rebelión si los gobernantes no cumplen el pacto de proteger a la comunidad.

La Constitución americana de 1787 no incorporó una declaración expresa de derechos, que aparece con las primeras 10 enmiendas (Bill of Rights) en 1791:

• 1ª Enmienda: libertad de cultos, expresión, prensa, asociación, reunión y petición al Gobierno.
• 2ª Enmienda: derecho a poseer y llevar armas.
• 3ª Enmienda: inviolabilidad del domicilio en tiempos de paz y en guerra.
• 4ª Enmienda: secreto de la correspondencia.
• 5ª, 6ª y 7ª Enmiendas: garantías procesales, derecho a la defensa y a juicio con Jurado; derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito; derecho a la propiedad privada y a la expropiación mediante justiprecio; prohibición de castigos crueles.
• 8ª Enmienda: prohibición de fianzas y multas excesivas y de infligir penas crueles y desusadas.
• 9ª Enmienda: interpretación extensiva de los derechos.
• 10ª Enmienda: atribución de poderes a los Estados y al pueblo.

Las enmiendas posteriores han completado el catálogo de derechos, destacando las siguientes:

• 13ª Enmienda: abolición de la esclavitud (1865).
• 14ª Enmienda: Derecho de ciudadanía (1868).
• 15ª, 19ª, 24ª y 27ª Enmiendas: Derecho de sufragio.

1.3.3. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano

La Revolución Francesa fue obra de burgueses preocupados por combatir la corrupción gubernamental, los privilegios estamentales y decididos a participar directamente en los asuntos públicos. Recogieron en la Declaración de Derechos el pensamiento de destacados autores franceses, además de la influencia de corrientes del iusnaturalismo racionalista:

• Montesquieu: separación de poderes.
• Fisiócratas: derecho de propiedad y liberalismo económico.
• Voltaire: tolerancia religiosa.
• Rousseau: idea de la ley como expresión de la voluntad popular.
• Locke: concepto del contrato social, por el que los hombres se reservan unos derechos y ceden otros a la comunidad.

La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) proclamaba los siguientes derechos y principios:

• El fin de toda asociación política es la conservación de la comunidad.
• Tales derechos naturales son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
• La libertad e igualdad de derechos de todos los hombres.
• El derecho a participar en la elaboración de las leyes y a acceder a los cargos públicos.
• Separación de poderes.
• Libertad de opinión, prensa, conciencia y culto.
• Presunción de inocencia y garantías procesales para los detenidos.
• Irretroactividad de las leyes penales.
• Derecho de propiedad.

En las declaraciones de derechos norteamericanas destaca el hombre defendiéndose frente a las injusticias del poder, mientras las francesas toman un discurso más filosófico para justificar la toma y ejercicio del poder por una figura o concepto ideal del ciudadano.

La Declaración francesa presenta los siguientes caracteres distintivos:

• Individualismo: el sujeto de los derechos es el individuo, no reconociéndose el derecho de asociación.
• Universalidad: los derechos se hacen universales para los hombres, excluyendo en muchos casos a las mujeres, especialmente en cuanto a la participación política.
• Libertad e Igualdad: la libertad del hombre se concreta en aspectos determinados (de pensamiento, religiosa, etc.). La igualdad se concibe como formal o ante la ley. No se reconoce la igualdad civil de mulatos y esclavos.
• Organización Política: el Estado debe proteger la libertad, la propiedad y la seguridad mediante una organización acorde con los principios de soberanía nacional y la división de poderes.
• Trascendencia: el tono del texto es de marcada solemnidad.
• Abstracción: uso de un vocabulario conceptual no definido.

Sin ser un texto revolucionario en sí mismo, la Declaración contribuyó a la desintegración del orden feudal, inició la consideración de los derechos como inherentes al hombre y protegidos por la ley, estimuló el proceso de codificación, consagró la libertad de pensamiento y la tolerancia religiosa, con la consecuencia de la secularización del Estado, y favoreció el capitalismo y la industrialización, con el acceso al poder de la burguesía.

1.4. Los Derechos Durante los Siglos XIX y XX

1.4.1. En el Ámbito Interno: Especial Referencia a España

El régimen liberal emergente en los albores del siglo XIX tenía por objetivo la lucha contra el Antiguo Régimen. El constitucionalismo ofrecerá cobertura jurídico-formal a este movimiento durante bastantes años. Hay que distinguir un liberalismo político y un liberalismo económico. El segundo se basa en las teorías de Adam Smith, mientras el primero defiende el reconocimiento de la soberanía nacional, la separación de poderes, la igualdad ante la ley y algunos derechos básicos como la propiedad. Hay que entender la igualdad como la eliminación de los privilegios estamentales en beneficio, sobre todo, de la naciente burguesía.

En España se desarrolló una variante conocida como liberalismo doctrinario (moderantismo), versión restrictiva del movimiento liberal originario.

En Francia, el régimen liberal, en su ruptura con el Antiguo Régimen, supuso una revolución burguesa o liberal, basada en la desaparición de privilegios, la igualdad ante la ley, la liberalización de la propiedad y la extensión del comercio. Se ha puesto en duda si tal revolución burguesa llegó a producirse realmente en España.

La realidad es que, con una burguesía débil y una economía esencialmente agraria, la transformación social y política fue más lenta y gradual, con periodos revolucionarios y contrarrevolucionarios intercalados.

Durante el siglo XIX, España conoció 8 constituciones (incluyendo el Estatuto de Bayona y la Constitución no nata de 1856) y diversos proyectos. Nunca tuvieron valor normativo supremo. Por tanto, era la ley la que cubría amplios ámbitos relativos a derechos y libertades.

Con todo, la mayoría de las constituciones del siglo XIX incorporaron formalmente algunos derechos (la de 1812 contemplaba la libertad, la seguridad, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de expresión,…), aunque su eficacia quedara vulnerada con frecuencia por la poca sujeción del poder político al Derecho y por la falta de valor normativo supremo de la Constitución.

Las Constituciones de 1812, de 1837, la nonata de 1856 y la de 1869, de corte liberal, incorporaron un amplio catálogo de derechos y libertades. Las Constituciones conservadoras de 1834 y 1845 restringieron tanto los derechos como las garantías para su ejercicio.

La Constitución canovista de la Restauración, promulgada en 1876, no era muy explícita en materia de derechos y libertades, remitiéndose frecuentemente a leyes de desarrollo.

La Constitución republicana de 1931 incorporaba un extenso catálogo de derechos y libertades, incluyendo derechos económicos y sociales, y consagrando en su Título IX un Tribunal de Garantías Constitucionales competente sobre el control de constitucionalidad y sobre la tutela de los derechos. Sin embargo, la Ley de Defensa de la República, elevada a rango constitucional, limitaba considerablemente las garantías de los derechos y libertades.

Tras la Guerra Civil, el régimen franquista supuso un paréntesis constitucional, hasta la aprobación en referéndum el 6 de Diciembre de 1978 de la CE en vigor.

1.4.2. El Ámbito Internacional: Especial Referencia a Europa

El mantenimiento de la paz y el reconocimiento conjunto de derechos y libertades se han constituido en objetivos comunes e interactuantes en el ámbito internacional, como resultado de las dos grandes guerras del siglo XX. Evolución:

• a) La Sociedad de Naciones: Constituida a instancias del Presidente Wilson tras la 1ª Guerra Mundial, en 1919, contaba con una Asamblea, un Consejo y una Secretaría permanente. Su propósito era mantener la paz en el mundo, asegurar la justicia y tutelar a las poblaciones incapaces de regirse por sí mismas. Tales principios se vieron desvirtuados en la práctica, al constituir de hecho un “consorcio de vencedores” centrado en asegurar a las potencias victoriosas sus conquistas políticas y territoriales.
• b) La Commonwealth: Surgió a partir de 1907 para unir Gran Bretaña con los llamados Dominios (Canadá, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, India e Irlanda – desde 1922). Es una organización sui generis, que adolece de cierta imprecisión e incoherencia.
• c) Consolidación del sistema internacional de protección de derechos y libertades: Destacan la Organización de las Naciones Unidas, a nivel global, así como el Consejo de Europa y, después, la UE, además de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Tras la Conferencia de Yalta, se redactó la carta fundacional de la Organización de las Naciones Unidas en una Conferencia organizada al efecto en San Francisco en 1945. En 1947 se puso en marcha el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, que llevó a la creación de la OECE (Organización Europea de Cooperación Económica) en 1949.

Ese mismo año se creó el Consejo de Europa para la defensa de los derechos y libertades, formado inicialmente por el Benelux, Francia, Italia, Dinamarca, Suecia y Reino Unido. Sus órganos eran el Consejo de Ministros, una Asamblea consultiva, la Comisión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 1950 se aprueba el Convenio de Roma, para la salvaguarda de los derechos fundamentales y libertades públicas. En el campo militar se crea primero la UEO y posteriormente la OTAN, que ya incluye a Canadá y EE. UU.

En 1975 se inaugura en Helsinki la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea (CSCE), participando el bloque de los países socialistas, así como EE. UU. y Canadá. El Acta final o Acta de Helsinki estableció en su principio VII el “respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluída la libertad de pensamiento, de conciencia o de religión”. En 1989 se introdujo el concepto de la dimensión humana.

• d) Los derechos en la UE: La Comunidad Europea tiene como objetivo la integración económica de sus Estados miembros, manteniendo la aspiración, como fin último, de alcanzar la unidad política de Europa, objetivo inseparable del reconocimiento y defensa de unos principios y unos derechos comunes a todos los Estados miembros.

Como se ha dicho antes, su precedente está en la CECA, creada en 1952. La iniciativa de creación de la Comunidad Europea de Defensa (CED) quedó frustrada por el rechazo en 1954 del Parlamento francés a ratificar el correspondiente Tratado constitutivo. Sí prosperó algo más tarde la creación de un mercado común europeo, precedente directo de la actual UE.

2. La Función de los Derechos

Partiendo de la función general de configurar y proteger una esfera de libertad individual, se pueden distinguir las siguientes funciones específicas de los derechos:

• Garantía de la libertad individual frente a intromisiones del Estado o de terceros.
• Participación en lo colectivo y en lo político.
• Asegurar el “valor público de la solidaridad” para permitir el ejercicio real de la libertad individual, superando las desigualdades sociales y económicas.
• La función de disenso, con objeto de prevenir el abuso por parte de las mayorías, fortaleciendo así la propia libertad, aunque disienta de la mayoría.

Los derechos representan una esfera de la vida del sujeto en la cual este es soberano y actúa libremente, a la vez que dicho ámbito queda protegido de intromisiones de los poderes públicos, nacionales o internacionales, y de las acciones de otros sujetos. Los derechos son concreciones del valor libertad en su vertiente positiva, definiendo esferas concretas de actuación del sujeto y ámbitos de obligaciones determinadas del poder. A diferencia de la libertad en abstracto, precisan de una clara determinación de su ámbito y alcance, por cuanto constituyen zonas concretas de autonomía en que se desenvuelven las voluntades individuales. La función básica de los derechos es la articulación y tutela de la libertad personal.

3. Las Generaciones de Derechos

La doctrina ha dividido y clasificado los derechos en generaciones, que se corresponden con los sucesivos modelos de Estado de Derecho y siguen una evolución paralela.

Siguiendo a R. Sánchez Ferriz, el Estado liberal cobijó a las dos primeras generaciones (derechos civiles y políticos primero y, posteriormente, los económicos, sociales y culturales), mientras que el Estado Social promueve la tercera generación de derechos, o “derechos de la solidaridad”. La autora considera una cuarta generación de derechos.

3.1. El Estado Liberal de Derecho: Las Primera y Segunda Generaciones de Derechos

El Estado liberal de Derecho y las constituciones escritas que lo formalizaron tomaban como principio la limitación jurídica del poder como garantía de la libertad individual.

Partía de la separación entre la sociedad civil y el Estado, y mantenía un margen de operación circunscrito a la organización política en sentido estricto. Las relaciones entre los individuos eran ajenas al Estado, que se limitaba a realizar y mantener los servicios públicos no cubiertos por la iniciativa privada, así como garantizar el orden público y la defensa del país frente al exterior.

• La primera generación de derechos representa los derechos individuales más básicos: vida, libertad, propiedad, seguridad y un reducido derecho de participación política. Son libertades-resistencia propias del liberalismo de la primera mitad del siglo XIX. El sujeto es el hombre individualmente considerado, reconociéndose el derecho formalmente, aunque no se configuren garantías para su ejercicio.
• La segunda generación de derechos, que aparece en la segunda mitad del siglo XIX, incorpora cierta extensión del sufragio – solo masculino – y ciertas libertades públicas, así como el derecho de asociación.

3.2. El Estado Social: La Tercera Generación

En el Estado social (o Estado de bienestar social) el sector privado y el sector público interactúan, avanzando la política social hacia la igualdad real desde la igualdad formal.

La tercera generación de derechos incluye así:

• Los derechos económico-sociales: se refieren a ciertos aspectos de la vida de los ciudadanos en relación con la sociedad, tienen contenido económico respecto de aspectos sociales y sin ellos el ciudadano no puede alcanzar, o ve seriamente dificultado, su desarrollo personal y social (salario mínimo, protección económica de los menores, ancianos, minusválidos, etc.).
• Los derechos de prestación: obligan al Estado a crear y mantener las condiciones materiales necesarias para el ejercicio efectivo de ciertos derechos, como la educación o la tutela judicial. Actualmente, casi todos los derechos, en mayor o menor medida, son derechos de prestación y requieren algún tipo de actuación positiva del Estado para ser accesibles al ciudadano.

En lo que respecta al Derecho internacional, se puede considerar que ha recepcionado la primera y segunda generación de derechos, iniciando el reconocimiento también de derechos que integrarían una cuarta generación, si bien no se han reconocido ni tutelado igualmente los derechos económicos, sociales y de prestación de la tercera generación, dado el impacto que tales derechos tienen en las políticas presupuestarias nacionales.

Es notable, sin embargo, la confluencia entre el ámbito internacional y el de los Estados nacionales en lo que respecta a los derechos de cuarta generación que se describen a continuación.

3.3. El Estado Social: La Cuarta Generación de Derechos

La cuarta generación de derechos no surge de un cambio en el modelo de Estado social, sino de la evolución social, científica y técnica. En algunos casos se trata de derechos preexistentes, pero que sufren variaciones como consecuencia de las nuevas tecnologías. Está integrada por los siguientes grandes bloques:

1. Los derechos relativos a la protección del ecosistema y al patrimonio de la humanidad:
   • Derecho al medio ambiente y al mantenimiento y desarrollo equilibrado del hábitat.
   • Derecho a la biodiversidad y a la bioseguridad.
   • Derecho a la obtención de alimentos que no alteren ni pongan en peligro la identidad genética ni la salud humana.
   • Derecho de acceso a los entornos naturales.
   • Derecho al reconocimiento y protección del patrimonio cultural.
   • Derecho al progreso y a un desarrollo industrial y tecnológico sostenible.
   • Derecho a la obtención de productos industriales y farmacéuticos que no alteren ni menoscaben la integridad ni identidad del ser humano.
2. Los derechos relativos a un nuevo estatuto jurídico sobre la vida humana:
   • Derecho a la vida: abolición de la pena de muerte y estatuto jurídico del preembrión, embrión y feto.
   • Derecho a la integridad psicológica y moral.
   • Derecho a la libertad de autodeterminación física: tratamientos médicos y consentimiento informado.
   • Derecho a la identidad genética: clonación y derecho a la información genética.
   • Derecho a renunciar a la propia vida: suicidio y eutanasia.
   • Derecho a la reproducción humana.
   • Derecho a la protección eficaz de la salud.
   • Derecho a la libertad de investigación y aplicación técnica y científica biomédica.
3. Los derechos derivados de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información:
   • Derechos de la comunicación y la información: a una información completa y veraz; al acceso a la información de relevancia para la Humanidad; a la información genética; a comunicar libremente ideas, pensamientos u opiniones por cualquier medio, público o privado; al acceso a los medios técnicos de comunicación públicos y privados; a la autodeterminación informativa; a la protección de datos de carácter personal o familiar.
   • Derechos en la red: derechos informáticos; a conocer la identidad del emisor de información u opiniones; a la vida privada, a la intimidad y al honor en la red; a la propia imagen en la red; a la propiedad intelectual en la red.
   • Derechos de los menores ante las nuevas tecnologías informativas y de comunicación: en los medios de comunicación, información u opinión; protección específica de la infancia en la red; derecho al acceso a la cultura a través de los medios de comunicación e información.

Tal como se indicó antes, el Derecho internacional ha recepcionado la primera y segunda generación de derechos, iniciando activamente el reconocimiento también de derechos que integrarían la cuarta generación, si bien no se han reconocido ni tutelado igualmente los derechos económicos, sociales y de prestación de la tercera generación, dado el impacto que tales derechos tienen en las políticas presupuestarias nacionales.

4. El Sistema de Derechos y Libertades

En el ordenamiento jurídico español coexisten normas emanadas de los órganos centrales del Estado, de los órganos de las Comunidades Autónomas y de organizaciones, instituciones o acuerdos internacionales. Estas últimas revisten especial importancia en lo que respecta a los derechos y libertades, dado el reconocimiento y tutela que estos han encontrado en el ámbito internacional.

Por tanto, el sistema de derechos y libertades español no es exclusivamente de producción interna, coexistiendo el nivel central con el autonómico (los respectivos Estatutos incluyen referencias a los derechos y libertades en el ámbito de las CCAA, remitiéndose generalmente a los reconocidos en la CE) y el nivel internacional de reconocimiento y tutela de derechos. En el nivel internacional hay que distinguir entre los acuerdos o pactos concretos y los actos emanados de organizaciones internacionales creadas para tutelar los derechos, así como el ámbito territorial de aplicación (ONU, Consejo de Europa, UE).

(Nota: Se ha detectado que el epígrafe 4 podría no existir en el capítulo original del libro, y que el texto presenta erratas y repeticiones. Se mantiene la estructura y contenido según el documento proporcionado.)