Portada » Derecho » Fundamentos del Sistema Jurídico Español: Poderes, Normas y Derecho Laboral
La estructura del Estado se fundamenta en la división de poderes, un sistema esencial para garantizar el equilibrio y proteger los derechos ciudadanos. Esta división asigna funciones específicas a órganos independientes:
En el ámbito estatal, el Senado y el Congreso de los Diputados, que en conjunto forman las Cortes Generales, son los responsables de redactar y aprobar las leyes. A nivel autonómico, esta función recae en las asambleas legislativas de cada comunidad.
La aplicación de las leyes dictadas por el poder legislativo es competencia del Gobierno (también conocido como Ejecutivo), los ministerios y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas.
Los tribunales de justicia son los encargados de resolver los posibles conflictos y reclamaciones que surjan por el incumplimiento o la interpretación de las normas jurídicas, asegurando la correcta aplicación de la ley.
Mediante sufragio universal, y de acuerdo con la Ley de Partidos Políticos, los ciudadanos eligen a sus representantes en el poder legislativo, quienes a su vez eligen al poder ejecutivo.
A diferencia de los poderes legislativo y ejecutivo, que están vinculados a los partidos políticos, el poder judicial debe mantener una estricta independencia e imparcialidad, sin filiación política alguna, para garantizar una interpretación y aplicación justa de la ley.
El ordenamiento jurídico español se nutre de diversas fuentes, que establecen el marco normativo:
Son normas jurídicas escritas que se difunden en boletines oficiales (estatales, provinciales, autonómicos, etc., según su ámbito territorial) para asegurar que todos los ciudadanos puedan conocerlas.
A diferencia de las leyes, la costumbre es una norma jurídica no escrita. Consiste en una conducta que la sociedad asume de manera continuada en el tiempo y por tradición, y que finalmente se convierte en norma. Solo rige en ausencia de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral y al orden público, y que pueda ser probada.
Considerados el «alma del Derecho», son un conjunto de reglas que expresan las creencias y convicciones fundamentales de la sociedad, presentes en mayor o menor medida en todas las leyes y costumbres.
Ejemplos destacados incluyen el principio de buena fe, que favorece a quienes actúan con honestidad, y el principio de debido proceso, que garantiza a toda persona el derecho a ciertas garantías mínimas, como ser oído por un juez, para asegurar un proceso justo.
El sistema normativo español se organiza jerárquicamente, con la Constitución en la cúspide:
Es la columna vertebral del ordenamiento jurídico español y la norma suprema que cualquier otra ley debe respetar. También conocida como Carta Magna, se estructura en dos partes principales: los principios, deberes y derechos del Estado y del individuo; y los principios rectores de la política económica y social del Estado.
Son leyes de especial relevancia que regulan el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, la aprobación de los estatutos de autonomía, el régimen electoral general, las leyes de educación y cualquier otra materia que la Constitución exija que sea regulada por ley orgánica.
Regulan todas las materias restantes, es decir, aquellas que no están reservadas a las leyes orgánicas. Son las más numerosas y abarcan un amplio espectro, desde la ley del ruido hasta la de publicidad, pasando por normativas sobre residuos, sociedades limitadas o la ley hipotecaria.
Son elaboradas por el Gobierno, pero poseen la misma fuerza que una ley:
Normas con rango de ley que el Gobierno elabora cuando ha sido expresamente autorizado por las Cortes Generales mediante una ley de delegación.
Son normas con rango de ley dictadas por el Ejecutivo en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Deben ser sometidas a votación en el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días para su convalidación o derogación.
Son normas que desarrollan el contenido de las leyes o regulan temas de menor importancia. Se distinguen según el organismo emisor:
Reglamentos aprobados por el Consejo de Ministros o el Gobierno en pleno. Es crucial no confundirlos con las normas con rango de ley.
Ejemplo: El Estatuto de los Trabajadores, que es un Real Decreto Legislativo, establece la obligación de informar al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato. La forma de esta comunicación se detalla en los Reales Decretos 1659/1998 y 1424/2002.
Reglamentos aprobados por un ministro en el ámbito de su competencia.
Reglamentos que regulan materias que afectan a varios ministerios.
Normas dictadas por las direcciones generales, que son departamentos en los que se subdividen los ministerios.
El Derecho Laboral surgió en el siglo XIX como una respuesta del Estado a las duras condiciones de trabajo de la era industrial y a las crecientes demandas de los sindicatos y partidos políticos del movimiento obrero, entonces ilegales.
Dada la tendencia de los trabajadores a asociarse para defender sus derechos, este campo del derecho regula principalmente dos tipos de relaciones:
Para comprender mejor el Derecho Laboral, es fundamental precisar las características que definen el «trabajo» en este contexto. No todas las actividades laborales se rigen por las mismas normas. Actualmente, el término «trabajo» en el ámbito laboral se refiere a la actividad que cumple con las siguientes características esenciales: