La Segunda República Española: Orígenes, Constitución y Reformas Clave (1931-1933)

1. Caída de la Monarquía en 1931

La crisis económica mundial iniciada en 1929 alcanzó también a España, donde ocasionó un rápido incremento del desempleo y un creciente descontento social. Ante la nueva coyuntura, la dictadura fue perdiendo paulatinamente los apoyos de sus inicios.

El 27 de enero de 1930, Primo de Rivera, gravemente enfermo, presentó su dimisión a Alfonso XIII, quien la aceptó. Dos meses después, el dictador fallecía en su exilio en París. Alfonso XIII trató de volver al régimen constitucional existente hasta 1923, y a tal fin nombró jefe de Gobierno al general Berenguer, inaugurando la llamada «dictablanda«.

La oposición republicana se movilizó rápidamente, y en agosto de 1930 estableció el Pacto de San Sebastián, un acuerdo para poner fin a la monarquía, al que se unieron los socialistas y algunos intelectuales como Fernando de los Ríos, Ortega y Gasset y Gregorio Marañón.

También se creó un Comité Revolucionario presidido por Niceto Alcalá Zamora. En febrero de 1931, el almirante Aznar formó un nuevo gobierno. Como parte de la estrategia para volver a la normalidad parlamentaria y constitucional, se convocaron elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Estos comicios se convirtieron en un plebiscito sobre la monarquía y fueron ganados por las candidaturas republicanas.

El 14 de abril de 1931 era proclamada la Segunda República Española y el Comité Revolucionario, presidido por Niceto Alcalá Zamora, se convirtió en Gobierno provisional. Ese mismo día, el rey abandonó España camino del exilio.

El fin de la monarquía no fue el resultado de una revolución, sino del deterioro del propio sistema político, iniciado con la Crisis del 98, progresivamente debilitado durante las crisis posteriores (1909, 1917 y 1923) y definitivamente desprestigiado durante la dictadura militar.

El 28 de junio se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes. Aunque ningún partido consiguió una mayoría para poder gobernar en solitario, el PSOE, con 116 escaños, se convirtió en el principal grupo parlamentario, seguido por el Partido Republicano Radical de Lerroux (90 diputados) y por las organizaciones de la izquierda republicana (Partido Republicano Radical Socialista, Acción Republicana de Azaña, ERC y la ORGA galega). La derecha republicana de Alcalá-Zamora y Miguel Maura y los monárquicos fueron los principales derrotados.

El ejecutivo quedó en manos de la coalición republicano-socialista, que ratificó en sus cargos al jefe de Gobierno (Niceto Alcalá Zamora) y a los ministros del Gobierno Provisional. La primera tarea de las nuevas Cortes fue elaborar una nueva Constitución de carácter republicano.

2. La Constitución de 1931

Las Cortes Constituyentes se reunieron el 14 de julio de 1931. Por las dificultades en su redacción, quedó de manifiesto que no sería una Constitución de consenso, sino que se impondría la mayoría parlamentaria formada por los socialistas y los republicanos de izquierda.

La Constitución tenía un carácter progresista y democrático, que se evidenciaba en contenidos como la definición de España como «una República de trabajadores de todas las clases sociales», al tiempo que se manifestaba la renuncia a la guerra como instrumento de las relaciones internacionales. El Estado se configuraba de forma «integral», pero se aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones.

También se establecía el principio de la soberanía popular, la forma de gobierno republicana y unas Cortes de carácter unicameral y una división de poderes muy acentuada. El poder Legislativo residía en el parlamento con una clara preeminencia de este frente al Gobierno y al Jefe del Estado.

El Presidente de la República, elegido por los diputados y un número idéntico de compromisarios electos por los ciudadanos, tenía escasas atribuciones y un mandato de 6 años.

Se hacía una amplia declaración de derechos y libertades, y se recogía una preocupación por los temas sociales.

Se garantizaba la igualdad absoluta ante la ley, la educación y el trabajo, así como la no discriminación por razón de origen, sexo o riqueza. Se instauraba la educación primaria obligatoria y gratuita. Se reconocía al Gobierno la facultad de expropiar bienes de utilidad social y defendía el trabajo como una obligación social.

Se establecía el sufragio universal a los mayores de 23 años, y por primera vez se concedía el voto a la mujer. Por último, se declaraba la laicidad del Estado (separación Iglesia-Estado) y se reconocían el matrimonio civil y el divorcio.

La Constitución fue aprobada el 9 de diciembre de 1931. Obtuvo el rechazo absoluto de los partidos de derechas y de los sectores católicos. Tampoco contó con el consenso de los partidos republicanos más moderados. Alcalá-Zamora (que había dimitido de la presidencia del Gobierno por no estar de acuerdo con el contenido de los artículos sobre materia religiosa) fue nombrado Presidente de la República y Manuel Azaña le sustituyó en el cargo de presidente del Gobierno.

4. El Bienio Reformista (1931-1933)

La política de reformas, desarrollada especialmente durante el Bienio Reformista, fue impulsada por el gobierno de Manuel Azaña y se basó en la alianza entre la burguesía republicana de izquierdas y el obrerismo socialista.

Estas reformas consistieron en:

• Legislación socio-laboral. Su artífice fue el socialista Largo Caballero y se concentró en la Ley de Términos Municipales, la Ley de Jurados Mixtos y la Ley de Laboreo Forzoso. También se estableció por ley la jornada laboral de 8 horas. Estas normas pretendían mejorar y dignificar la situación de los trabajadores del mundo rural y el urbano.
• La Ley de Reforma Agraria de 1932, intentó dar solución al problema de los campesinos sin tierras. Su objetivo era crear una clase media rural, propietaria de sus explotaciones y que habría de ser la que estimulara la producción industrial. Esta Ley permitía la expropiación sin indemnización de las tierras de una parte de la nobleza (los Grandes de España), mientras que las cultivadas deficientemente, las arrendadas sistemáticamente o las que pudiendo ser regadas no lo eran, se podían expropiar indemnizando a sus propietarios.

La aplicación de la Ley se encomendó al Instituto de la Reforma Agraria (IRA), que contaba con un presupuesto anual para indemnizar a los propietarios expropiados y se encargaba, también, de facilitar los asentamientos de familias campesinas. Las complejidades legales y burocráticas y las limitaciones presupuestarias no tardaron en convertir la reforma en una decepción para el campesinado pobre (asentando a más de 4.000 familias de las 60.000 previstas). Esto generó frustración entre los campesinos que no veían cumplidas sus expectativas.

La Ley contó con la radical oposición de los grandes propietarios agrícolas y con los que tenían fincas de hasta 100 hectáreas, que hicieron causa común con los grandes terratenientes manifestando su rotunda oposición a la República.

• La legislación sobre la Iglesia. Su intención era limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la sociedad española. La Constitución estipuló la no confesionalidad del Estado, la libertad de cultos y la supresión del presupuesto de culto y clero. También se permitieron el matrimonio civil y el divorcio, y se secularizaron los cementerios. Se retiraron los crucifijos de las escuelas y se prohibió a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza.

La Ley de Congregaciones (1933) limitó la posesión de bienes a las órdenes religiosas y preveía la posibilidad de disolverlas en caso de peligro para el Estado. La puesta en práctica de la política laicista llevó a la jerarquía eclesiástica a rechazar la República y a movilizar a los católicos en su contra.

• La Ley de Reforma de la Oficialidad (1931), cuyo objetivo era desburocratizar una institución vieja y obsoleta, que contaba con un gran número de oficiales mal pagados, con escasas posibilidades de promoción y que era excesiva para las necesidades defensivas y estratégicas del país. La Ley ofrecía a los oficiales en activo la posibilidad de retirarse voluntariamente y en óptimas condiciones. Se suprimieron algunos rangos tradicionales, se clausuraron las capitanías generales.