Portada » Derecho » Fundamentos del Acto Administrativo: Proceso, Tipos y Recursos Legales
Un acto administrativo es la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta a la potestad reglamentaria.
Los actos administrativos son realizados por cualquier órgano de la Administración Pública.
El reglamento se dirige a un conjunto indeterminado de personas (carácter general), mientras que el acto administrativo se destina a una persona o un conjunto específico de personas.
Los actos administrativos se pueden clasificar de diversas maneras:
Algunos ejemplos prácticos de actos administrativos que afectan al administrado incluyen:
Un acto administrativo expreso es aquel que se manifiesta formalmente por escrito, comunicando de manera explícita la decisión de la Administración.
El silencio administrativo se produce cuando la Administración no emite una resolución expresa en el plazo establecido por la normativa aplicable.
En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, el silencio administrativo es, por regla general, positivo, lo que implica la estimación de la solicitud, salvo que una norma con rango de ley establezca lo contrario.
Los actos definitivos ponen fin a un expediente administrativo, resolviendo el fondo del asunto. Por otro lado, los actos de trámite forman parte del procedimiento sin resolver el fondo, siendo preparatorios para la resolución final.
Los actos administrativos dictados por la Administración producen efectos, por regla general, desde la fecha en que se dictan.
La publicación de un acto administrativo sustituye a la notificación individual en los siguientes casos:
Los grados de invalidez de un acto administrativo son:
Son anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
Un ejemplo de irregularidad no invalidante de un acto administrativo sería una resolución que contiene varias páginas y no están correctamente numeradas.
El expediente administrativo es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
Las fases principales del procedimiento administrativo son:
Un procedimiento administrativo puede iniciarse de dos maneras:
Una solicitud redactada por un particular para iniciar un procedimiento administrativo debe contener, como mínimo, los siguientes datos:
Las solicitudes de inicio de trámites administrativos pueden entregarse en diversos lugares:
El interesado dispone de un plazo de 10 días hábiles para subsanar una solicitud que contenga algún error o para aportar los documentos requeridos.
Los actos de instrucción en un procedimiento administrativo incluyen:
Significa que el órgano administrativo competente accede a la petición o propuesta del interesado, resolviendo favorablemente el procedimiento.
La caducidad de un procedimiento administrativo se produce cuando el interesado, en un procedimiento iniciado a su instancia, incumple su obligación de aportar la documentación requerida o realizar alguna actuación esencial en el plazo establecido, paralizando el procedimiento por causa imputable a él.
Un recurso administrativo es un acto mediante el cual el interesado impugna un acto administrativo ante la propia Administración que lo dictó, con el fin de que sea modificado, anulado o revocado.
Significa que todo recurso debe estar debidamente fundamentado, exponiendo de forma clara y razonada los motivos de impugnación y los argumentos jurídicos que lo sustentan.
Las principales clases de recursos administrativos son:
Por defecto, los plazos administrativos se cuentan por días hábiles, lo que significa que no se incluyen los domingos ni los días festivos.
El recurso contencioso-administrativo es la vía judicial para impugnar actos y disposiciones de la Administración Pública ante los tribunales de justicia, una vez agotada la vía administrativa.
La jurisdicción contencioso-administrativa es el conjunto de órganos judiciales especializados encargados de controlar la legalidad de la actuación de las Administraciones Públicas y de resolver los conflictos que surjan entre estas y los ciudadanos, una vez agotada la vía administrativa.
El plazo general para interponer un recurso contencioso-administrativo es de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación del acto que ponga fin a la vía administrativa. En el caso de actos presuntos (silencio administrativo), el plazo es de seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
Significa que, para acudir a la vía judicial contencioso-administrativa, es obligatorio contar con la asistencia de un abogado y la representación de un procurador, salvo en casos excepcionales previstos por la ley.