Regulación Constitucional de Derechos y Libertades y su Sistema de Protección

Este apartado se centra en cómo la Constitución Española reconoce y protege diversos derechos y libertades fundamentales, estableciendo su alcance, limitaciones y mecanismos de defensa. La Carta Magna garantiza la dignidad y libertad individual de los ciudadanos a través de un amplio catálogo de derechos.

Derechos Fundamentales Clave

• Derecho a la vida y a la integridad física y moral (Artículo 15): Protege a todas las personas, sin importar su nacionalidad, frente a torturas y tratos degradantes. Prohíbe la pena de muerte y regula situaciones excepcionales como el aborto, la eutanasia y el suicidio, siempre bajo estricta regulación legal e intervención médica.
• Libertad ideológica, religiosa y de culto (Artículo 16): Este derecho posee una dimensión interna, que ampara las creencias personales, y una externa, que permite su manifestación pública, siempre que no altere el orden público. Se garantiza la neutralidad del Estado en materia religiosa.
• Libertad y seguridad personal (Artículo 17): Impide detenciones arbitrarias. Las detenciones deben ajustarse a la ley, tener una finalidad concreta y un plazo máximo de 72 horas. Los detenidos tienen derecho a ser informados, a contar con asistencia letrada y a no declarar contra sí mismos. Se establece el procedimiento de Habeas Corpus, que permite revisar la legalidad de una detención.

Otros derechos esenciales que forman parte del catálogo constitucional incluyen el derecho al honor, la intimidad, la imagen personal, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, la libertad de circulación y residencia, la tutela judicial efectiva y el derecho al matrimonio.

Sistema de Protección Constitucional

Para garantizar la efectividad de estos derechos, la Constitución contempla mecanismos especiales de protección. El más relevante es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, al que puede recurrirse cuando se han agotado todas las vías judiciales ordinarias y se ha vulnerado algún derecho fundamental.

La Monarquía Parlamentaria en España

Este apartado examina la figura de la monarquía parlamentaria como forma política del Estado español, establecida por la Constitución de 1978. En este sistema, el Rey ejerce funciones simbólicas como Jefe del Estado, pero no gobierna, marcando una clara separación con las antiguas monarquías absolutas.

Características de la Monarquía Parlamentaria

• Compatibilidad con la democracia: El Rey reina, pero no dirige el Estado.
• Funciones limitadas por la Constitución: Su papel principal es representar a España, moderar el funcionamiento de las instituciones y mantener relaciones diplomáticas.
• Poder efectivo: Reside en el Parlamento y el Gobierno.

Régimen Sucesorio

El régimen sucesorio está regulado por el Título II de la Constitución y se basa en la sucesión dinástica a partir de Don Juan Carlos I. Se rige por los principios de primogenitura y preferencia del varón sobre la mujer, aunque este último punto ha sido objeto de debate por cuestiones de igualdad.

Existen instituciones como la regencia y la tutela para los casos en que el Rey sea menor de edad o esté incapacitado. La regencia recae primero en los padres o parientes próximos del Rey, y si no hay disponibles, en las Cortes Generales. La tutela también está prevista para asegurar la gobernabilidad durante la minoría de edad del monarca.

Funciones del Rey

Las funciones del Rey se distribuyen en los tres poderes del Estado, siempre bajo el principio de la irresponsabilidad real y el refrendo:

• Poder Legislativo: Sanciona y promulga leyes, convoca elecciones y referéndums.
• Poder Ejecutivo: Propone al Presidente del Gobierno y nombra ministros.
• Otras funciones: Ostenta el mando supremo de las Fuerzas Armadas y tiene el derecho de gracia (indulto), aunque con limitaciones.

El Refrendo Real

Una figura clave es el refrendo: todos los actos del Rey deben ser validados por el Presidente del Gobierno o los ministros competentes. Esto significa que el Rey no tiene responsabilidad legal por sus actos oficiales, siendo el refrendo lo que otorga validez y eficacia a sus acciones. Existen excepciones, como los asuntos personales del Rey o de su Casa, que no requieren refrendo.

Las Cortes Generales: Representación y Poder Legislativo

Las Cortes Generales son el órgano en el que reside la soberanía popular y que representa al pueblo español, ejerciendo el poder legislativo del Estado.

Origen y Evolución

Su origen se remonta a las asambleas populares de la antigua Grecia, evolucionando hasta configurarse como una institución parlamentaria con la Constitución de 1812. Esta Constitución estableció un sistema unicameral que posteriormente se transformó en bicameral, con la creación del Senado y el Congreso de los Diputados.

Composición y Elección

• Congreso de los Diputados: Compuesto por un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados (actualmente 350), elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. La circunscripción electoral es la provincia, con Ceuta y Melilla como excepciones que eligen un diputado cada una. Los diputados son elegidos por un periodo de cuatro años.
• Senado: Como cámara de representación territorial, elige cuatro senadores por provincia, con particularidades en las islas y ciudades autónomas. Además, las comunidades autónomas designan senadores adicionales en función de su población.

Organización Interna

Ambas cámaras tienen órganos de dirección como la Presidencia, la Mesa y la Junta de Portavoces, y órganos de trabajo como el Pleno, las Comisiones y la Diputación Permanente.

Funciones y Proceso Legislativo

Las Cortes ejercen diversas funciones esenciales:

• Legislativas: Elaboración y aprobación de leyes.
• Presupuestarias: Aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
• Control del Gobierno: Supervisión de la acción del poder ejecutivo.

El proceso legislativo se desarrolla a través de proyectos de ley, que parten del Gobierno, o proposiciones de ley, que pueden originarse en las Cámaras o por iniciativa popular.

Estatuto de los Parlamentarios

Los parlamentarios gozan de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio de sus funciones, y están sometidos a un régimen de incompatibilidades y prohibiciones para asegurar su independencia y dedicación.