Portada » Historia » España en Transición: De Franco a la Democracia Consolidada
Tras la muerte de Franco en 1975, España inició la Transición hacia la democracia, un proceso complejo que culminó en 1982 con la victoria del PSOE. La situación estaba marcada por la incertidumbre, el recuerdo de la Guerra Civil y la existencia de tres posturas políticas: el continuismo franquista (búnker), la reforma desde dentro (aperturistas como Fraga y Suárez) y la ruptura democrática (oposición antifranquista).
La oposición estaba dividida: el nacionalismo catalán (CDC) y vasco (PNV) pedían autonomía, y ETA actuaba con violencia. La izquierda tampoco estaba unida: el PSP tenía poca influencia, el PCE (con Carrillo) lideraba la oposición y el PSOE (reorganizado en Suresnes con Felipe González) empezaba a consolidarse. Surgieron dos plataformas: la Junta Democrática (PCE) y la Plataforma de Convergencia Democrática (PSOE, PNV, UGT).
Juan Carlos I fue proclamado rey en noviembre de 1975. Aunque al principio mantuvo un discurso continuista, impulsó la transición. Su primer gobierno, dirigido por Arias Navarro, fue sustituido en 1976 por Adolfo Suárez, quien lideró una reforma democrática a través de la Ley para la Reforma Política, aprobada en referéndum en diciembre de 1976. Se decretó la amnistía, se legalizaron partidos como el PCE y el PSOE, y se suprimieron instituciones franquistas.
Las elecciones de junio de 1977 consolidaron el proceso democrático. Venció la UCD de Suárez, mientras el PSOE se consolidaba como alternativa. Se firmaron los Pactos de la Moncloa y se restauraron autonomías como la Generalitat de Cataluña. En 1978 se aprobó la Constitución, que establecía una monarquía parlamentaria, un sistema democrático y el Estado de las Autonomías.
En 1979, la UCD volvió a ganar, pero tuvo que afrontar crisis económica, terrorismo de ETA y extrema derecha, y tensiones internas. Suárez dimitió en 1981, y le sucedió Calvo Sotelo, que tuvo que hacer frente al intento de golpe de Estado del 23-F, frustrado por la intervención del rey.
El gobierno de Calvo Sotelo impulsó medidas como la Ley del Divorcio, el desarrollo autonómico y la entrada en la OTAN. Sin embargo, la crisis de la UCD y la situación económica provocaron elecciones anticipadas en 1982, que dieron la victoria al PSOE. Se inició así una nueva etapa con la democracia consolidada, aunque amenazada por el terrorismo de extrema derecha y ETA, que no aceptaba el nuevo sistema.
Tras las elecciones de 1977, UCD formó gobierno y se constituyeron unas nuevas Cortes encargadas de redactar una Constitución. Para ello, se nombró una Comisión que eligió a siete diputados, conocidos como los “padres de la Constitución”, representantes de distintas fuerzas políticas. El PNV no participó, lo que condicionó su apoyo posterior. Se buscó un consenso amplio para evitar constituciones partidistas como en el siglo XIX. Finalmente, fue aprobada por las Cortes, refrendada el 6 de diciembre de 1978 (87,7% a favor) y promulgada el 29 de diciembre.
La Constitución de 1978 establece que España es un Estado social y democrático de derecho con soberanía nacional. Define una monarquía parlamentaria y reconoce la división de poderes: el legislativo (Congreso y Senado), el ejecutivo (Gobierno), y el judicial (jueces, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional). El Rey queda como jefe del Estado con funciones simbólicas.
Se proclama un Estado aconfesional, aunque reconoce relaciones con la Iglesia. En el Título I se recogen derechos y libertades fundamentales (vida, integridad, expresión, culto, educación), así como derechos sociales (trabajo, sanidad, huelga, vivienda…). Se abolió la pena de muerte. La única reforma constitucional hasta 2006 fue en 1992, para permitir votar en municipales a ciudadanos de la UE residentes en España.
Uno de los aspectos más novedosos fue el Título VIII, que compatibiliza la unidad de España con su diversidad regional, estableciendo un Estado descentralizado. Antes de aprobarse la Constitución, ya se iniciaron procesos preautonómicos en Cataluña (Generalitat, con Tarradellas) y el País Vasco (Consejo General Vasco), extendiéndose luego a otras regiones.
Durante la segunda legislatura de UCD se desarrolló el Estado de las Autonomías. Las comunidades podían formarse por dos vías: la rápida (art. 151), para nacionalidades históricas (como Andalucía), y la lenta (art. 143), con un proceso más largo. Esta distinción generó tensiones.
Entre 1979 y 1983 se aprobaron los estatutos de 17 comunidades autónomas (Cataluña y Euskadi en 1979, Galicia en 1980, Andalucía en 1981, y el resto en 1983). Ceuta y Melilla se convirtieron en Ciudades Autónomas en 1995. Cada comunidad tiene una Asamblea Legislativa y un Gobierno. Para su funcionamiento se aprobaron leyes clave: la LOFCA (1980), sobre financiación, y la LOAPA (1982), para armonizar competencias.