Protagonismo del Rey: Reformismo en Lugar de Ruptura (1975-1976)

Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, Juan Carlos I accede a la Jefatura del Estado, restaurando la dinastía borbónica. A partir de este momento, se reimplanta la democracia.

A nivel político, se distinguían tres corrientes principales:

• Continuar con el franquismo, defendido por el «búnker» (las figuras más representativas del régimen).
• Ruptura democrática, que implicaba la disolución del franquismo y la creación de un nuevo gobierno, postura defendida por la Junta Democrática.
• Reformar el franquismo para alcanzar la democracia por vías legales, defendido por la Plataforma de Convergencia Democrática y el sector aperturista.

Pocos creían que Juan Carlos I, habiendo sido educado por Franco, sería el motor del cambio político. Don Juan Carlos I coincidía con su padre en la visión de una monarquía democrática, parlamentaria y constitucional. Para lograrlo, diseñaron un plan de reformas políticas que, partiendo de la legalidad franquista, permitiera establecer un régimen democrático.

Este programa no fue apoyado ni por el «búnker», que deseaba la continuidad del franquismo, ni por la izquierda, que abogaba por una ruptura democrática que eliminara por completo el régimen.

Pero la firmeza del Rey propició que, entre 1976 y 1977, se gestara un espíritu de consenso, llevando a las distintas partes a renunciar a sus posturas más extremas.

Primer Gobierno de la Monarquía: Continuidad de Arias Navarro e Imposibilidad de Cambio (1976)

El Rey confiaba plenamente en Torcuato Fernández-Miranda para llevar a cabo la Transición, pero debido a la presión de los sectores más conservadores, tuvo que nombrar a Arias Navarro.

La composición de su gobierno generó expectativas, ya que incluyó a franquistas, reformistas y dos figuras entonces poco conocidas: Adolfo Suárez y Rodolfo Martín Villa.

Arias Navarro implementó algunos «cambios» para intentar preservar el régimen: indultó a presos políticos, legalizó partidos políticos (excluyendo los nacionalistas y el comunista) y evitó abordar temas como las elecciones o las autonomías.

Con el tiempo, la crítica internacional hacia el nuevo gobierno y la monarquía se intensificó. El Rey se percató de que con Arias Navarro las reformas no serían posibles. Dado que una destitución directa no era aconsejable, el Rey le comunicó su descontento, lo que llevó a Arias Navarro a dimitir sin mayores impedimentos, al no tener ya intereses en sus cargos.

Segundo Gobierno de la Monarquía: Acceso a la Presidencia de Adolfo Suárez (1976-1977)

Tras intensas negociaciones, Torcuato Fernández-Miranda logró que Adolfo Suárez entrara en el Consejo del Reino. El Rey lo eligió como presidente del Gobierno, a pesar de que la opinión pública no lo veía con buenos ojos debido a su origen falangista y a la percepción de que estaba poco capacitado para el cargo. Ante el rechazo de muchos, Suárez tuvo que formar un nuevo gobierno, calificado popularmente como el «gobierno de los penenes» (personas sin experiencia política relevante).

El Rey contaba con figuras clave para reformar el sistema franquista: Manuel Gutiérrez Mellado en el ejército, Torcuato Fernández-Miranda en el Consejo del Reino y Adolfo Suárez como presidente del Gobierno. Aunque todos provenían del franquismo, no formaban parte de la oposición política al régimen, lo que les permitía impulsar las reformas desde dentro. El Rey actuaba como el «motor» y Suárez como el «actor» principal, iniciando así una reforma definitiva.

La Ley para la Reforma Política

Suárez, a pesar de la fuerte oposición, actuó desde dos frentes principales:

1. Negoció secretamente con la oposición y promovió la amnistía para el nacionalismo.
2. Buscó liquidar las Cortes franquistas.

Todo esto con el objetivo de desmantelar el franquismo desde dentro e imponer la democracia.

El primer paso crucial fue cuando Suárez logró que las Cortes franquistas autorizaran y aprobaran la Ley para la Reforma Política. Esta ley preveía la creación de unas Cortes bicamerales (Congreso de los Diputados y Senado) elegidas mediante sufragio universal en elecciones libres con la participación de diversos partidos políticos. Para dotarla de mayor legitimidad, la ley fue sometida y aprobada en referéndum, lo que supuso la liquidación definitiva del franquismo.

La ley aprobada permitió a los partidos políticos desarrollarse con total libertad; de hecho, el Partido Comunista fue legalizado semanas antes.

Elecciones Generales del 15 de junio de 1977

Las elecciones se celebraron pacíficamente y con una gran participación popular. La incertidumbre era considerable debido a la falta de precedentes y a la imposibilidad de prever la decisión del electorado.

La Unión de Centro Democrático (UCD) ganó con el 34% de los votos. Era el partido de Adolfo Suárez, que aglutinaba sensibilidades de centro-derecha y centro-izquierda. La derecha, representada por Alianza Popular (liderada por Manuel Fraga), obtuvo un 8% de los votos, lo que demostró la escasa aceptación de las opciones más conservadoras y vinculadas al franquismo.

La izquierda, que esperaba un mayor respaldo, especialmente del Partido Comunista (considerado la principal oposición al franquismo), obtuvo un resultado inferior al esperado. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Felipe González, consiguió un 28% de los votos. El Partido Comunista de España (PCE) y el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) obtuvieron 20 escaños en total, mientras que las formaciones vinculadas al franquismo lograron 16.

En resumen, el pueblo español optó por la modernización y el consenso, rechazando las posturas extremas y depositando su confianza en Adolfo Suárez para la elaboración de una nueva Constitución.

Primer Gobierno Democrático de Suárez (1977): Pactos de la Moncloa y Proceso Constituyente

Tras la victoria de la UCD, Adolfo Suárez formó gobierno, enfrentándose a la oposición del PSOE (liderado por Felipe González). El gabinete incluyó figuras clave como Manuel Gutiérrez Mellado (en el ejército), Enrique Fuentes Quintana (quien abordó la crisis económica) y Francisco Fernández Ordóñez (responsable de la primera reforma fiscal y, más tarde, de la ley del divorcio).

El primer gobierno democrático de Suárez tuvo que abordar dos tareas fundamentales tras las elecciones de 1977: la gestión de la grave crisis económica, que culminó en los Pactos de la Moncloa, y la elaboración de la Constitución de 1978.

Los Pactos de la Moncloa

Estos pactos fueron una respuesta a la grave crisis económica que afectaba a España en ese momento, caracterizada por una inflación cercana al 40% y un alto índice de paro. Todas las fuerzas políticas se unieron para lograr un acuerdo que permitiera estabilizar la economía y avanzar en la transición democrática. El plan de Enrique Fuentes Quintana, pieza clave de los Pactos, se centró en la contención de los salarios y una reforma fiscal para sanear las finanzas públicas. El éxito de los Pactos de la Moncloa permitió avanzar en la consolidación de la democracia y culminar la elaboración de la nueva Constitución.

La Constitución de 1978

La segunda tarea crucial fue la elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, que sustituyó a las Leyes Fundamentales del régimen franquista. Inicialmente, la Unión de Centro Democrático (UCD) pretendía un proceso rápido y técnico con expertos, pero la oposición del PSOE y el PCE (Partido Comunista de España) propuso un proceso más participativo. Esto resultó en la creación de una comisión con representantes de diversas fuerzas políticas. Se destaca la participación de los «siete padres de la Constitución», representantes de diferentes ideologías (UCD, PSOE, PCE, Alianza Popular y la minoría catalana). La Constitución fue aprobada con dos votos en contra y 14 abstenciones.

Características de la Constitución de 1978

La Constitución de 1978 se caracteriza por ser homologable a otras democracias occidentales, reconociendo derechos y libertades fundamentales, estableciendo una monarquía parlamentaria y una organización territorial descentralizada con un Estado de las Autonomías. Su carácter ecléctico refleja la influencia de diversas constituciones y la necesidad de integrar las experiencias de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Sin embargo, también se describe como ambigua e interpretable, lo que ha generado debates y diferentes interpretaciones a lo largo de los años.

Objetivos y Estructura de la Constitución

Con esta Constitución se perseguían varios objetivos: proteger al individuo y al pueblo, fomentar el avance cultural y económico, y consolidar la soberanía popular. En el Título I se establecen los derechos y libertades fundamentales, la abolición de la pena de muerte, la aconfesionalidad del Estado y la creación de la figura del Defensor del Pueblo para garantizar dichos derechos y libertades.

El Rey ostenta la Jefatura del Estado, con la Corona hereditaria en la línea de sucesión establecida. Sus atribuciones están subordinadas a la Constitución (como símbolo de la unidad y permanencia del Estado, sanción de leyes aprobadas en las Cortes, mando supremo de las Fuerzas Armadas, etc.).

La Constitución establece la separación de los tres poderes del Estado:

• Ejecutivo: Recae en el Gobierno, compuesto por un presidente elegido por el Congreso de los Diputados, un vicepresidente y los ministros nombrados por el Rey a propuesta del presidente.
• Legislativo: Ejercido por las Cortes Generales, un sistema bicameral formado por el Congreso de los Diputados y el Senado, elegidos por sufragio universal. El Senado representa el territorio.
• Judicial: Integrado por jueces y magistrados, independientes en el ejercicio de su función, y sometidos al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional.

Según la Constitución, España se configura como un Estado de las Autonomías, reconociendo la existencia de diferentes nacionalidades y regiones. Las comunidades autónomas son entidades territoriales con autogobierno. Con el desarrollo del proceso autonómico, España se ha organizado en 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas: Ceuta y Melilla.

El 88% de los votantes apoyó la Constitución en referéndum. Tras su aprobación, Suárez convocó nuevas elecciones, consolidando así el fin de la dictadura.

Una vez aprobada la Constitución, España se consolidó como un Estado democrático y de derecho, donde el Rey reina pero no gobierna. El papel de Juan Carlos I en la Transición y, posteriormente, en el intento de golpe de Estado del 23-F, fue fundamental para la consolidación democrática.

Etapas de Gobierno tras la Transición

Primera etapa: Gobiernos de la UCD (1977-1982)

Durante este periodo, el modelo de Adolfo Suárez comenzó a debilitarse por la falta de apoyos. Su labor legislativa no fue muy intensa y el principal problema que enfrentó fue la gestión de los estatutos de autonomía.

Se plantearon dos modelos para el acceso a la autonomía: el artículo 151 (vía rápida) y el artículo 143 (vía lenta, apoyada por Suárez). Andalucía optó por el 151, lo que supuso una primera fisura para Suárez. El debilitamiento del gobierno continuó debido a la falta de apoyos absolutos, la fuerte oposición (principalmente del PSOE), la conflictividad social y las disputas internas de la UCD. Esta situación llevó a la dimisión de Suárez.

Durante el proceso de investidura de su sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo, se produjo el intento de golpe de Estado del 23-F, liderado por Antonio Tejero. Este evento, paradójicamente, reforzó el apoyo a la democracia y marcó el declive definitivo de la UCD y de la figura política de Suárez.

Segunda etapa: Gobiernos Socialistas (1982-1996)

El PSOE ganó las elecciones de 1982 con una mayoría absoluta, un éxito que se repitió en las siguientes convocatorias. El objetivo principal del PSOE fue superar la crisis económica. Se tomaron medidas que fueron criticadas por la oposición, pero la favorable coyuntura internacional contribuyó a que España saliera de la crisis económica.

Tercera etapa: Gobiernos del Partido Popular (1996-2004)

El PP llegó al gobierno en 1996, primero con el apoyo de partidos nacionalistas y, posteriormente, con mayoría absoluta en el año 2000. La llegada del PP no supuso una ruptura con el modelo democrático establecido por el PSOE, sino el inicio de la alternancia política en la democracia española.

La crisis económica se superó durante la etapa del PP, gracias a una política antiinflacionista practicada por José María Aznar y a una coyuntura internacional de crecimiento económico.

El PP impulsó una modernización de las Fuerzas Armadas, reduciendo el número de efectivos y suprimiendo el servicio militar obligatorio.

Tras dos legislaturas del PP, el PSOE volvió a ganar las elecciones en 2004, en un contexto marcado por la guerra de Irak y los atentados del 11-M en Madrid.

El periodo de la Transición se considera finalizado cuando la alternancia en el gobierno entre izquierda y derecha se produce de forma regular y sin incidencias políticas significativas, bajo el marco de la Constitución de 1978.