Procedimiento de Verificación de Datos

Los procedimientos de verificación de datos se basan en supuestos tasados, como:

• Defecto en las autoliquidaciones: Falta de algún dato cuya consignación en la declaración o autoliquidación deba ser obligatorio (por ejemplo, falta de algún dato o código en los modelos 190, 390, 347).
• Errores aritméticos: Errores en cualquiera de los cálculos efectuados por el obligado tributario para determinar la base, cuota, cantidad a ingresar o a devolver.
• Datos declarados por el obligado tributario que no coinciden con los incluidos en otras declaraciones presentadas por él o por un tercero: Discrepancias entre las cantidades declaradas por el obligado tributario en concepto de rentas del trabajo o capital mobiliario respecto a las cantidades consignadas en los modelos resumen anual que deben presentar los pagadores o retenedores.
• Indebida aplicación de las normas: Sobrepasar los límites de reducción en la base por aportaciones a planes de pensiones.
• Aclaraciones o justificaciones de los datos consignados en las autoliquidaciones presentadas: Justificación de las reducciones por cuidado de hijos.

Procedimiento de Devolución

Se trata de devoluciones de cantidades que corresponden a ingresos excesivos, pero no indebidos. Este procedimiento puede iniciarse de tres formas:

• Mediante autoliquidación: De la que resulte cantidad a devolver. El plazo para proceder a la devolución se computará desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo voluntario de presentación de autoliquidaciones, salvo que la devolución se solicite a través de autoliquidación extemporánea, en cuyo caso se computará desde la presentación de esta última.
• Mediante solicitud: Cuando así esté previsto en la normativa reguladora de cada tributo (por ejemplo, el art. 119 de la LIVA que regula el procedimiento de devolución a los no establecidos en territorio de aplicación del impuesto).
• Mediante comunicación de datos.

El procedimiento de devolución terminará:

1. Por el acuerdo en el que se reconozca la devolución solicitada.
2. Por caducidad en los términos del artículo 104.3 de la LGT: “En los procedimientos iniciados a instancia de parte, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa producirá los efectos que establezca su normativa reguladora. A estos efectos, en todo procedimiento de aplicación de los tributos se deberá regular expresamente el régimen de actos presuntos que le corresponda”. En defecto de dicha regulación, los interesados podrán entender estimadas sus solicitudes por silencio administrativo, (salvo las formuladas en los procedimientos de ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución y en los de impugnación de actos y disposiciones, en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio).
3. Por el inicio de un procedimiento de verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección.

En caso de incumplimiento del plazo máximo de duración, sin que la Administración haya ordenado, se devengarán intereses de demora sobre la devolución que finalmente pudiera proceder, sin necesidad de que así lo solicite el obligado tributario.

Comunicación de Oficio

Mediante un requerimiento notificado al obligado tributario:

• En el que se le pone en su conocimiento el inicio del procedimiento de verificación de datos.
• Se le solicita que aporte la documentación necesaria para la oportuna verificación.
• Se le concede un plazo para aportar y efectuar alegaciones.
• Transcurrido dicho plazo, la Administración formulará la correspondiente propuesta de liquidación o declarará correcta la situación del contribuyente.
• Frente a la propuesta, el obligado tributario podrá aportar pruebas y efectuar alegaciones en el plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 días, transcurrido el cual el órgano competente dictará el acto de liquidación correspondiente que deberá ser motivado con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho que hayan sido tenidos en cuenta.

Derechos del Obligado Tributario

1. Derecho a rehusar la presentación de determinados documentos. Son dos los supuestos de hecho que habilitan al obligado tributario para ejercer su derecho a rehusar la presentación de ciertos documentos cuya aportación le ha sido requerida por la Administración:
   • Cuando se trate de documentos que no resulten exigibles por la normativa tributaria aplicable a la actuación o procedimiento tributario de que se trate.
   • Cuando se trate de documentos ya presentados por el obligado tributario y que se encuentren en poder de la Administración actuante.
2. Derecho a que se le expida certificación de las autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones que haya presentado o de extremos concretos contenidos en las mismas.
3. Derecho a obtener copia de los documentos que figuren en el expediente (arts. 99.4 de la LGT y 95 del RGGI). Límites de este derecho: que se trate de documentos que contengan datos que afecten a intereses de terceros, que los documentos puedan afectar a la intimidad de otras personas o cuando así lo disponga la normativa vigente.
4. Derecho de acceso a los registros y documentos que formen parte de un expediente ya concluido en la fecha en que se solicita dicho acceso.
5. Derecho a la aportación de pruebas en cualquier momento del procedimiento (art. 92 del RGGI).
6. Derecho al trámite de audiencia y de alegaciones.

Efectos Preclusivos de la Resolución Dictada en un Procedimiento de Comprobación Limitada

Según el artículo 140 de la LGT, dictada resolución en un procedimiento de comprobación limitada, la Administración tributaria no podrá efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado al que se refiere el párrafo a) del apartado 2 del artículo anterior, salvo que en un procedimiento de comprobación limitada o inspección posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en dicha resolución.

Diferencias entre el Procedimiento de Verificación de Datos y el de Comprobación Limitada

El procedimiento de verificación de datos tiene por objeto la aclaración o justificación de las discrepancias observadas en las declaraciones o autoliquidaciones presentadas por el obligado tributario o de los datos relativos a dichas declaraciones o autoliquidaciones. En el procedimiento de comprobación limitada se podrán comprobar los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria. En el desarrollo de estas funciones de comprobación se podrán calificar los hechos, actos, actividades, explotaciones y negocios realizados por el obligado tributario con independencia de la previa calificación que éste último hubiera dado a los mismos y el ejercicio o periodo en el que la realizó.

El primero se iniciará de oficio, mediante requerimiento de la Administración para que el obligado tributario aclare o justifique la discrepancia observada o los datos relativos a su declaración o autoliquidación o mediante la notificación de la propuesta de liquidación cuando la Administración cuente con datos suficientes para formularla. El segundo, se iniciará por acuerdo del órgano competente. El inicio de las actuaciones se notificará al obligado tributario mediante comunicación, en la que se le indicará la naturaleza y alcance de las actuaciones y se le informará sobre sus derechos y obligaciones en el curso de las mismas. Cuando los datos en poder de la Administración Tributaria sean suficientes para formular la propuesta de liquidación, el procedimiento podrá iniciarse mediante la notificación de esta propuesta.

Con respecto a la tramitación del procedimiento de verificación de datos, con carácter previo a la resolución o a la práctica de la liquidación provisional, la Administración notificará al obligado tributario la propuesta de resolución o de liquidación para que efectúe alegaciones en un plazo de diez días. En el procedimiento de comprobación limitada, el obligado tributario que hubiera sido requerido deberá personarse en el lugar, día y hora señalados para la práctica de las actuaciones, y deberá aportar la documentación y demás elementos solicitados. Con carácter previo a la resolución, la Administración notificará al obligado tributario la propuesta de resolución o de liquidación para que efectúe alegaciones en un plazo de diez días. Se podrá prescindir del trámite de alegaciones cuando la resolución contenga manifestación expresa de que no procede regularizar la situación tributaria como consecuencia de la comprobación realizada.