Portada » Economía » OPV y OPA: Funcionamiento y Regulación en el Mercado de Valores
El mercado de valores, comúnmente conocido como bolsa de valores, es el escenario donde se negocian diversos instrumentos financieros. Una distinción fundamental, según la legislación vigente, es si los valores están cotizados o no cotizados.
El artículo 61 de la Ley del Mercado de Valores (LMV) regula específicamente la Oferta Pública de Venta (OPV) de valores no admitidos a cotización en un mercado de valores. Esta regulación se originó en la década de los 90, cuando las sociedades que deseaban salir a bolsa realizaban previamente una oferta pública de valores con la expectativa de que el anuncio de las acciones facilitaría una mayor captación y colocación de las mismas. De acuerdo con la Ley del Mercado de Valores, la estructuración de una OPV es aplicable a aquellos valores que se introducen en el mercado primario.
Para que cualquier emisión de valores pueda ser ofrecida al público, debe ser registrada oficialmente en el mercado de valores. Para que una emisión destinada al público pueda ser inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
Es importante señalar que ninguna norma de la Ley del Mercado de Valores establece que el oferente deba ser necesariamente la propia sociedad emisora. Hasta este punto, nos referimos a un sistema que opera fuera del mercado habitual, ya que la cotización se realiza normalmente a través del mercado secundario.
En cualquier caso, la ley no distingue entre valores cotizados y no cotizados para la realización de una OPV. Podría darse el caso de que una persona, poseyendo valores ya cotizados, considere interesante ofrecer su venta a un precio inferior al de mercado, organizando para ello una OPV.
La diferencia entre una OPV de valores cotizados y no cotizados radica principalmente en aspectos formales y en si la operación se realiza en el mercado primario o secundario. Es fundamental que las acciones ya estén emitidas. Cuando la acción no cotiza (mercado primario), los valores se ponen a disposición del público. Una vez puestos en circulación, posteriormente se llevarán a cotizar en el mercado secundario. Es decir, las OPV no son exclusivas del mercado primario.
Las principales finalidades de una OPV son:
Conceptos clave y estructura de la OPV:
Ningún anuncio relacionado con la OPV puede ser publicado sin la aprobación previa de la CNMV. Durante el periodo de oferta, la sociedad emisora publica informes de investigación (research) que resumen las características y bondades de la sociedad, los cuales también deben ser aprobados por la CNMV. Si la oferta se refiere a acciones ya cotizadas en bolsa, está sujeta a un estricto seguimiento para evitar problemas que puedan poner en peligro la operación.
La Oferta Pública de Adquisición (OPA) es la operación contraria a la OPV. Se produce cuando una persona o entidad intenta adquirir una participación significativa (generalmente entre el 25% y el 30% o más) del capital de una sociedad cotizada.
Aunque las OPA fueron reguladas por primera vez en 1848 y su normativa evolucionó hasta 1991, es importante destacar que, si bien no siempre es obligatoria, se vuelve imperativa cuando una persona o entidad, mediante la adquisición de acciones (sumadas a las que ya poseía), alcanza un porcentaje significativo del capital de una sociedad cotizada. Esto obliga a formular una OPA.
Existen supuestos en los que una persona física o jurídica puede adquirir una participación significativa de forma no intencionada, lo que también puede desencadenar la obligación de formular una OPA:
El negocio bursátil por excelencia es la compraventa de valores. Tendrán la consideración de operaciones bursátiles las transmisiones a título de compraventa (según el artículo correspondiente de la LMV).
La irreivindicabilidad es un principio fundamental del sistema de valores, que significa que la persona que adquiere acciones no puede ser privada de su propiedad por reclamación de terceros. Es decir, una vez compradas, nadie puede reclamar la propiedad de esas acciones. Aunque la compraventa normal de acciones es la operación más común, la legislación contempla otras clases de operaciones bursátiles, como las operaciones a crédito o las operaciones a plazo (estas últimas prohibidas desde 1940).