El Procedimiento Administrativo: Conceptos Fundamentales y Régimen Jurídico

El procedimiento administrativo es el conjunto ordenado de trámites y actuaciones que la Administración Pública debe seguir para dictar sus actos y resoluciones. Comprender sus principios, actores, plazos y mecanismos de impugnación es esencial para garantizar la seguridad jurídica y la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Principios Informadores del Procedimiento Administrativo

Los principios que rigen el procedimiento administrativo aseguran su correcto desarrollo y la protección de los interesados:

• Principio de Contradicción: Se define como la posibilidad de hacer valer, dentro del procedimiento, los distintos intereses en juego. Garantiza el derecho de las partes a ser oídas y a presentar pruebas.
• Principio de Oficialidad: Hace referencia a que la tramitación del procedimiento no queda sometida a la voluntad de los interesados, sino que es impulsada de oficio por la Administración.
• Principio Pro Actione: Este principio se traduce en la necesaria interpretación y aplicación de las normas en los términos más favorables posibles al ejercicio del derecho de acción y a la consecución de una decisión sobre el objeto del procedimiento. Tiene diversas aplicaciones, buscando evitar formalismos excesivos que impidan el acceso a la justicia.
• Principio de Igualdad: Establece que el órgano instructor del procedimiento debe tomar las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a la igualdad de los interesados en el procedimiento, evitando discriminaciones.
• Principio de Celeridad: Exige la tramitación del procedimiento con toda la rapidez o prontitud que sea posible, evitando dilaciones indebidas.
• Principio de Imparcialidad: Obliga a la Administración Pública a actuar con objetividad, sin favoritismos ni prejuicios, en el ejercicio de sus funciones.
• Principio de Gratuidad: Indica que el procedimiento es gratuito, salvo los gastos de los interesados que deriven de pruebas cuyos costes no tenga que soportar la Administración.

El Interesado en el Procedimiento Administrativo

¿A quién se considera interesado?

Los interesados en un procedimiento administrativo son las personas físicas o jurídicas que, teniendo capacidad jurídica y de obrar, cuentan con la necesaria legitimación. Los interesados pueden servirse de representantes en sus relaciones con la Administración Pública.

Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

• Quienes lo promuevan como titulares de derechos e intereses legítimos, individuales o colectivos.
• Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte en el procedimiento.

Derechos de los Interesados

Los interesados en el procedimiento administrativo gozan de una serie de derechos fundamentales, entre los que destacan:

• A conocer en cualquier momento el estado de la tramitación del procedimiento, el sentido del silencio administrativo aplicable y a acceder y obtener una copia de los documentos contenidos en el expediente.
• A no presentar documentos originales, salvo que una norma con rango de ley establezca lo contrario.
• A no presentar documentos y datos no exigidos por las normas aplicables o que ya obren en poder de la Administración.
• A formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
• A obtener información acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

Cómputo de Plazos en el Procedimiento Administrativo

El correcto cómputo de los plazos es crucial en el procedimiento administrativo:

• Cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que son horas hábiles. Los plazos por horas no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas.
• Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que son días hábiles, es decir, se excluyen del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos. Los plazos pueden señalarse por días naturales cuando así lo declare una ley o el Derecho de la Unión Europea.
• Los plazos señalados por día se empezarán a contar a partir del día siguiente a aquel en el que tenga lugar la notificación o la publicación del acto.
• Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entiende prorrogado al próximo día hábil.
• Cuando los plazos se fijen en meses o en años, se computarán a partir del día siguiente a aquel en el que tenga lugar la notificación o publicación del acto. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Funcionamiento del Registro Electrónico

El registro electrónico es una herramienta fundamental para la interacción con la Administración Pública:

• Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las 24 horas.
• La presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
• Los documentos presentados en día inhábil se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. Por ejemplo: el día 1 de mayo es festivo, una persona presenta un documento a las 9:00 a.m. y otra persona a las 10:00 a.m.; tendrá preferencia el de las 9:00 a.m.
• El inicio del cómputo de plazo vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico.

El Silencio Administrativo: Consecuencias de la Falta de Respuesta

Procedimientos Iniciados a Instancia del Interesado

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la regla general es el silencio positivo, lo que significa que la solicitud se entiende estimada si la Administración no resuelve expresamente en plazo. No obstante, existen excepciones en las que el silencio será negativo:

• Cuando una ley, norma de la Unión Europea o Derecho internacional aplicable en España establezca lo contrario.
• Las solicitudes en procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición (artículo 29 de la Constitución Española).
• Las solicitudes cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público.

Procedimientos Iniciados de Oficio

El sentido de la falta de respuesta por parte de la Administración en este tipo de procedimientos varía según su objeto y las consecuencias en la esfera jurídica del interesado.

Los procedimientos en los que la Administración ejercite potestades sancionadoras, de intervención o susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, el silencio por parte de la Administración provocará la caducidad del procedimiento. Esto implica el archivo de las actuaciones y la imposibilidad de iniciar un nuevo procedimiento por los mismos hechos, salvo en casos específicos.

Resoluciones Tardías

Las resoluciones expresas dictadas fuera de plazo tienen efectos distintos según el tipo de silencio administrativo:

• En los casos en los que el silencio sea positivo, la resolución expresa posterior solo podrá ser confirmatoria del acto presunto. No podrá dictarse una resolución expresa contraria al sentido del silencio.
• En los casos en los que el silencio sea negativo, el silencio solo tiene los efectos de permitir la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que proceda. La Administración mantiene la obligación de resolver expresamente.

Los Recursos Administrativos y Contencioso-Administrativos

Los ciudadanos disponen de diversos recursos para impugnar los actos administrativos:

• Recurso de Alzada

  Se interpone contra actos que no agotan la vía administrativa, es decir, actos dictados por un órgano que tiene un superior jerárquico. El plazo para interponer el recurso de alzada es de un mes (para actos expresos) y de tres meses (para actos presuntos). El plazo para resolver en alzada es de tres meses.

  • Si la Administración no resuelve en plazo, el silencio es positivo, entendiéndose estimado el recurso.
  • Si resuelve y desestima el recurso, el interesado tiene el plazo de dos meses para recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

• Recurso Potestativo de Reposición

  Se interpone contra actos que agotan la vía administrativa y ante el mismo órgano que los dictó. El plazo para interponer el recurso de reposición es de un mes (para actos expresos) y de tres meses (para actos presuntos). El plazo para resolver el recurso potestativo de reposición es de un mes.

  • Si la Administración no resuelve en plazo, el silencio es negativo, entendiéndose desestimado el recurso.
  • Si resuelve y deniega el recurso, el interesado tiene el plazo de dos meses para recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

• Recurso Contencioso-Administrativo

  Es el recurso judicial que se interpone ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa contra actos que agotan la vía administrativa o contra la desestimación por silencio de un recurso administrativo. El plazo para interponerlo varía según el acto impugnado (generalmente dos meses para actos expresos y seis meses para actos presuntos o desestimaciones por silencio).

Importante: Los recursos de alzada y potestativo de reposición son incompatibles. Esto significa que si se interpone un recurso de alzada, no se puede interponer posteriormente un recurso potestativo de reposición, y viceversa. Una vez agotada la vía administrativa (ya sea por resolución expresa o por silencio), se abre la vía contencioso-administrativa.