Contenido y Extinción de Convenios Administrativos (Art. 49 y 51 LRJSP)

Contenido del Convenio Administrativo (Art. 49 LRJSP)

El contenido esencial de un convenio administrativo, según el artículo 49 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), incluye:

• La determinación de los sujetos que suscriben el convenio administrativo.
• La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración Pública.
• El objeto del convenio administrativo y las actuaciones que deben realizar los sujetos que lo suscriben.
• Las obligaciones de cada uno de los sujetos que suscriben el convenio administrativo.
• Las consecuencias que conllevaría el incumplimiento de las obligaciones.
• La vigilancia de la correcta ejecución del convenio administrativo.
• El régimen de modificación del convenio administrativo.
• El plazo de vigencia del convenio administrativo.

Extinción de Convenios Administrativos (Art. 51 LRJSP)

Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución:

1. El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin que se haya acordado su prórroga.
2. El acuerdo unánime de todos los firmantes.
3. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguno de los firmantes.
4. La decisión judicial que declare la nulidad del convenio.
5. Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

Materias Atribuidas y Excluidas de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Arts. 2 y 3 LJCA)

Ámbito de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Art. 2 LJCA)

El artículo 2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) establece el ámbito de esta jurisdicción, incluyendo:

• La LJCA excluye los actos políticos o de gobierno, pero sí permite la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que sean procedentes.
• Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos.
• Los actos y disposiciones de corporaciones de derecho público en el ejercicio de funciones públicas.
• Los actos administrativos de control o fiscalización respecto de los dictados por los concesionarios de servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas.
• La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

Materias No Correspondientes a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Art. 3 LJCA)

Según el artículo 3 de la LJCA, no corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

• Las cuestiones atribuidas expresamente a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración Pública.
• El recurso contencioso-disciplinario militar.
• Los conflictos de jurisdicción entre los juzgados y tribunales y la Administración Pública, y los conflictos de atribuciones entre órganos.
• Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las normas forales fiscales de las Juntas Generales de los territorios históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponden en exclusiva al Tribunal Constitucional.

La Motivación del Acto Administrativo (Art. 35 Ley 39/2015, LPAC)

El artículo 35 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), establece la obligatoriedad de motivar ciertos actos administrativos. Deben ser motivados:

• Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
• Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje, así como los que declaren su inadmisión.
• Los actos que se aparten del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.
• Los acuerdos de suspensión de actos, sea cual sea el motivo de la suspensión, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56.
• Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias.
• Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
• Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por parte de la Administración en procedimientos iniciados de oficio.
• Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.
• Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban dictarse en virtud de una disposición legal o reglamentaria expresa.

Derechos de los Interesados en el Procedimiento Administrativo (Art. 53 Ley 39/2015, LPAC)

El artículo 53 de la Ley 39/2015 (LPAC) reconoce una serie de derechos fundamentales a los interesados en cualquier procedimiento administrativo:

• Derecho de información: A conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.
• Identificación: A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
• A no presentar documentos originales: En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tienen derecho a obtener una copia autenticada del mismo.
• A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya estén en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por estas.
• A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico, y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, los cuales deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
• A obtener información y orientación sobre los requisitos jurídicos o técnicos.
• A actuar asistidos por un asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.
• A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2.
• Cualesquiera otros derechos que les reconozcan la Constitución y las leyes. (Incluye el sistema de recursos).