Administración electrónica vs. Administración digital

Administración electrónica: es la incorporación de medios electrónicos para digitalizar procedimientos existentes («pasar del papel a la pantalla» o convertir impresos a PDF). Mantiene estructuras fragmentadas y actúa a solicitud del ciudadano.

Administración digital: implica el rediseño profundo de los servicios públicos orientándolos a las necesidades reales y eventos vitales de las personas. Utiliza la gestión estratégica de datos, la interoperabilidad y la proactividad.

Ejemplo del evento vital: nacimiento

El modelo electrónico exige a los padres escanear certificados y tramitar por separado en el Registro Civil, la Seguridad Social y el Ayuntamiento. El modelo digital coordina automáticamente a todos los organismos públicos desde el propio centro sanitario, sin que la familia actúe de intermediaria.

Las 5 etapas de evolución normativa en España

• Informatización: uso de la tecnología como herramienta de gestión estrictamente interna.
• Posibilidad (Ley 30/1992): uso potestativo y voluntario de medios electrónicos cuando estuvieran disponibles.
• Derecho (Ley 11/2007): reconocimiento formal del derecho de la ciudadanía a relacionarse electrónicamente con la Administración.
• Generalización (Leyes 39 y 40/2015): integración definitiva del funcionamiento electrónico como régimen común y ordinario del sector público.
• Transformación digital: rediseño de servicios, integración de datos y proactividad.

El informe CORA y los límites de la digitalización formal

Informe CORA (2012/2013): concluyó que la modernización tecnológica no sirve de nada si no se acompaña de una transformación organizativa que elimine duplicidades, simplifique cargas y comparta medios comunes.

Problemas de la digitalización formal

• Persistencia de procedimientos complejos en pantalla.
• Distancia entre la norma regulada y su implantación real.
• Inercia del diseño pensado para papel.
• Desarrollo tecnológico desigual entre Administraciones.

Conceptos internacionales e impulsos europeos

e-Government: uso de tecnologías digitales en el gobierno y la administración pública.

e-Governance: concepto más amplio que incluye gobernanza, participación ciudadana y procesos democráticos mediados por tecnología.

Impulso de la UE: evolución desde el Programa IDA (años 90) y el Plan de Acción 2016-2020 (digital por defecto, solo una vez, interoperabilidad), hasta la Década Digital 2030 y la Declaración Europea sobre Derechos Digitales centrada en las personas.

Posibilidad técnica vs. habilitación jurídica y principios constitucionales

Principio general: que la tecnología permita cruzar datos o automatizar tareas no significa que la Administración tenga permiso legal para hacerlo. El Derecho fija la competencia, la finalidad y las garantías.

• Art. 103 CE (eficacia): la digitalización de un procedimiento ineficiente no lo hace eficaz; la tecnología debe perseguir resultados reales para el interés general.
• Art. 9.3 CE (seguridad jurídica): garantía de certeza, previsibilidad, autenticidad, integridad y trazabilidad en los entornos digitales.
• Art. 18.4 CE (informática y derechos): fundamento de la protección de datos personales. Limita el uso de la informática para preservar el honor y la intimidad.

Unidad del marco estatal vs. autonomía organizativa (STC 55/2018)

Art. 149.1.18.ª CE: atribuye al Estado la competencia sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común.

Tensión con la autonomía: el Estado establece garantías e interoperabilidad comunes, pero las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mantienen su potestad de autoorganización.

STC 55/2018: declaró inconstitucional una previsión sobre registros de apoderamientos de la Ley 39/2015 por invadir competencias de gestión autonómica.

Conclusión: marco común no significa organización idéntica.

El núcleo normativo general y los Esquemas Nacionales (ENI y ENS)

• Ley 39/2015: regula el procedimiento administrativo común y las relaciones con la ciudadanía.
• Ley 40/2015: regula la organización interna, la actuación automatizada y las relaciones entre Administraciones Públicas.
• RD 203/2021: reglamento que desarrolla y sistematiza ambas leyes.
• ENI (RD 4/2010): Esquema Nacional de Interoperabilidad para conectar sistemas.
• ENS (RD 311/2022): Esquema Nacional de Seguridad para proteger la información y los servicios públicos.

Brecha territorial y la función de las Diputaciones Provinciales

Heterogeneidad municipal: gran diferencia entre municipios grandes (con recursos propios) y pequeños (con dependencia técnica y económica).

Papel de las Diputaciones: la legislación de régimen local obliga a las Diputaciones a prestar asistencia técnica y servicios compartidos de administración electrónica a los municipios de menos de 20.000 habitantes.

El ciudadano como «mensajero» y el principio «solo una vez» (art. 28)

El problema: la fragmentación sin integración obliga al ciudadano a pedir y entregar documentos entre organismos que ya los poseen.

• Art. 28 Ley 39/2015: reconoce el derecho a no aportar documentos que obren en poder de la Administración y la obligación de esta de recabarlos.
• PID: herramienta técnica que permite a las AAPP consultar o verificar datos (desempleo, renta) electrónicamente.
• Límites: exige competencia, proporcionalidad, finalidad y base jurídica (protección de datos).

Las 3 dimensiones de la interoperabilidad y el fallo semántico

• Organizativa: quién posee el dato, para qué finalidad y quién responde de su actualización.
• Técnica: compatibilidad de redes, formatos y protocolos.
• Semántica: mismo significado del dato intercambiado.

Ejemplo del «domicilio»: si la Agencia Tributaria (domicilio fiscal) envía el dato a un Ayuntamiento (que necesita el domicilio de empadronamiento), la falta de una definición común genera notificaciones erróneas o pérdida de expedientes.

Tipos de interoperabilidad

• Administración tradicional: modelo basado en el soporte papel y la atención presencial, en el que la persona debe desplazarse y actuar como canal físico e intermediario entre las distintas Administraciones para aportar certificados y documentos.
• Administración electrónica fragmentada: modelo en el que los organismos digitalizan sus procedimientos de forma aislada e incomunicada; aunque el trámite es digital en la forma, se mantiene la lógica tradicional y el ciudadano sigue actuando como mensajero digital entre instituciones.
• Administración interoperable: modelo en el que los sistemas de información de las distintas Administraciones están técnicamente conectados y jurídicamente coordinados para intercambiar datos de forma automática e integrada cuando proceda, garantizando que el ciudadano deje de actuar como mensajero y haciendo efectivo su derecho a no aportar documentos que ya obren en poder del sector público.

Título III de la Ley 40/2015 y la Comisión Sectorial de Administración Electrónica

• Colaboración: deber general de ayuda sin necesidad de convenio.
• Cooperación: compromiso voluntario conjunto a través de acuerdos u órganos.
• Coordinación: imposición legal para garantizar la coherencia entre actuaciones.

Comisión Sectorial: órgano técnico de cooperación multilateral (AGE, CCAA y EELL) para asegurar la compatibilidad, instar soluciones comunes y elaborar las Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI).

Infraestructuras clave y reutilización (art. 157 Ley 40/2015)

Cinco herramientas

• Red SARA: comunicaciones.
• DIR3: órganos y unidades.
• SIA: procedimientos.
• SIR: registros.
• PID: datos.

Art. 157 Ley 40/2015 y CTT: obligación de consultar el Centro de Transferencia de Tecnología (CTT) y reutilizar aplicaciones existentes antes de gastar fondos en desarrollos propios.

«Conectar no es integrar» y el concepto de API

Sistemas conectados ≠ servicio integrado: las máquinas pueden pasar datos, pero obligar al usuario a realizar cinco trámites paralelos. La integración unifica la respuesta ante la persona.

API (Interfaz de Programación de Aplicaciones): es una «puerta controlada» entre sistemas que permite solicitar información de forma autorizada, estructurada, limitada a una finalidad y trazable.

Persona vs. interesado y capacidad de obrar

• Persona: categoría general de relación con la Administración.
• Capacidad de obrar (art. 3): aptitud para actuar válidamente (personas físicas y jurídicas, menores según la ley, entidades sin personalidad).
• Interesado (art. 4): posición jurídica cualificada en un procedimiento concreto: promotores, titulares de derechos afectados o titulares de intereses legítimos personados.

Derechos generales (art. 13) vs. derechos del interesado (art. 53)

• Art. 13 (cualquier persona): derechos generales de acceso a la información, asistencia en medios electrónicos, identificación y protección de datos.
• Art. 53 (solo interesados): derechos procedimentales específicos: acceder al expediente abierto, alegar, conocer el sentido del silencio y no aportar documentos.

Regla de elección de canal (art. 14.1), sujetos obligados (art. 14.2) y caso práctico

• Personas físicas (art. 14.1): libertad de elección de canal (derecho).
• Obligados (art. 14.2): personas jurídicas, entidades sin personalidad, profesionales colegiados, representantes y empleados públicos.
• Caso práctico (art. 68.4): si un obligado presenta en papel, la Administración exige subsanación electrónica. La fecha de presentación válida a efectos de plazos es la de la subsanación electrónica, no la del papel.

Asistencia, funcionario habilitado (art. 12) y las OAMR ante la brecha digital

• Funcionario habilitado (art. 12): empleado público que realiza el trámite en nombre del ciudadano que carece de medios, previa identificación y consentimiento expreso.
• Representante habilitado (art. 5.7): tercero privado o entidad habilitada para actuar jurídicamente por otro.
• Brecha digital (4 niveles): acceso (dispositivos), competencias (conocimientos), uso (servicios complejos) y resultados (utilidad del trámite).
• OAMR (Oficinas de Asistencia en Materia de Registros): puente físico y permanente de asistencia e inclusión activa que garantiza el derecho a una atención multicanal.

Buena administración, usabilidad real vs. accesibilidad formal

Buena administración: exige imparcialidad, motivación, plazos razonables y respeto de las garantías procedimentales en entornos digitales.

Desplazamiento de cargas: simplificar no es poner al ciudadano a escanear, validar y hacer el trabajo manual en su casa.

Accesibilidad formal vs. usabilidad real: no basta con cumplir estándares de lectura de pantalla (formal); el trámite debe ofrecer lenguaje claro, instrucciones precisas y un diseño centrado en la persona.

El modelo multicanal (RD 203/2021) y el valor del correo y las redes sociales

Tres funciones

• Información: portales web.
• Asistencia: teléfono 060, correo, redes sociales, webchat.
• Actuación formal: sede electrónica y registro.

Límite del correo y las redes: enviar un email a un funcionario o un mensaje en X no equivale a registrar formalmente un documento ni produce efectos procedimentales.

Identificación vs. firma electrónica (art. 11 Ley 39/2015) y herramientas de acceso

• Identificación: acredita quién accede («soy esta persona»). Regla general para consultas o trámites simples.
• Firma electrónica: acredita identidad, manifestación de voluntad e integridad del documento. Exigida solo en los supuestos del art. 11 (solicitudes, recursos, renuncias, declaraciones).
• Cl@ve: infraestructura común de identificación y autenticación (no es sede ni registro).
• @firma: plataforma interna de validación de firmas.
• Cartera Digital (eIDAS 2 reformado): app europea para acreditar identidad y atributos (títulos, edad) con validez transfronteriza.

Firma digitalizada no es lo mismo que firma electrónica: escanear la firma manuscrita en un PDF no ofrece garantías de integridad ni de autenticidad.

Sede electrónica, PAGe y Mi Carpeta Ciudadana

• Sede electrónica: dirección electrónica con garantías jurídicas reforzadas de titularidad, autenticidad, responsabilidad y seguridad (usa sellos y código seguro de verificación, CSV).
• Portal web: espacio informativo e institucional sin valor procedimental.
• PAGe (administracion.gob.es): puerta de entrada unificada que organiza la oferta de servicios de la Administración.
• Mi Carpeta Ciudadana: área personalizada donde la persona consulta sus expedientes, datos y notificaciones.

Registro electrónico general vs. cauce específico y el REA

• Registro electrónico: canal oficial para dejar constancia formal de la entrada y salida de documentos. El Registro General no puede usarse para eludir un canal o formulario específico exigido por la norma del procedimiento.
• REA: registro electrónico de apoderamientos que permite inscribir poderes (generales, por organismo o por trámite) mediante apoderamiento apud acta, para comprobar representaciones de forma automática sin pedir papeles en cada trámite.

Coherencia multicanal como exigencia jurídica (RD 203/2021)

Coherencia multicanal: un mismo trámite no puede cambiar de nombre, pedir requisitos distintos o dar instrucciones contradictorias en la web, la app o el teléfono.

Consecuencia jurídica: la falta de claridad o las instrucciones engañosas generan inseguridad jurídica y pueden vulnerar el ejercicio real de los derechos de la ciudadanía.